El Departamento de Justicia de Estados Unidos apelará la decisión de un juez federal que limitó el decreto migratorio del presidente Donald Trump, el cual impide a personas de seis países de mayoría musulmana ingresar a territorio estadounidense.
El anuncio se produce luego que el juez federal de Hawai, Derrick Watson, falló la víspera que los abuelos, nietos, cuñados, tíos, sobrinos y primos de personas que residen en Estados Unidos deben quedar excluidos del decreto migratorio de Trump.
El procurador general Jeff Sessions afirmó que con su decisión, el juez Watson “ha sustituido indebidamente sus preferencias políticas por las del Poder Ejecutivo, desafiando tanto las prerrogativas legales del Poder Ejecutivo como la directiva de la Suprema Corte de Justicia”.
Sessions lamentó que, una vez más, una corte federal haya intervenido en la implementación de políticas de seguridad nacional por mandato presidencial.
“La Suprema Corte ha debido corregir antes a esta corte, y ahora, con renuencia, tendremos que volver a la Suprema Corte para reivindicar nuevamente el imperio de la ley y el deber del Poder Ejecutivo de proteger a la nación”, sostuvo el procurador en una declaración.
Watson amplió las categorías de personas que no podrán ser afectadas por el decreto migratorio de Trump y determinó que los nexos que los refugiados mantienen con agencias de reubicación en Estados Unidos que han prometido recibirlos, constituyen una forma de relación que los exenta de la prohibición.
La decisión significó un revés para la administración Trump, porque debilitó los límites que había impuesto sobre las personas procedentes de Irán, Sudán, Somalia, Yemen, Siria y Libia, luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia del mes pasado.
La corte indicó entonces que la prohibición sobre estos seis países podrá ser implementada “respecto a los extranjeros que carecen de una relación de buena fe con una persona o entidad en Estados Unidos”.
Tras el fallo, visto como una victoria parcial para la administración Trump después de la decisión de cortes federales de suspender la implementación de la orden ejecutiva, el gobierno anunció las categorías de personas de estos países que no serían afectadas.
Sin embargo, Watson consideró que la interpretación que el gobierno dio a la decisión de la Suprema Corte fue equivocada, y por eso su decisión de ampliar la definición de los nexos de buena fe, aludidos por el máximo órgano judicial.
Explicó que su determinación fue guiada por la consideración sobre si los extranjeros tienen una conexión o un vínculo en Estados Unidos, como lo estableció la Suprema Corte de Justicia.
“El sentido común, por ejemplo, dicta que la definición de miembros cercanos de la familia debe incluir a los abuelos. De hecho, los abuelos son el epítome de los familiares cercanos, la definición del gobierno los excluye. De manera simple, eso no puede ser”, argumentó el juez de Hawai.
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