En medio de las continuas protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro que ha elevado la cifra de muertos a más de 70, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió un antejuicio de mérito contra la fiscal general Luisa Ortega, lo que abre la puerta para su eventual remoción del cargo.

Colocada por decisión propia a la cabeza de los opositores dentro del propio gobierno de Maduro, la fiscal Ortega ha presentado sendos recursos para invalidar la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reformar la carta magna de 1999, el conocido documento impreso en miniatura por el fallecido presidente Hugo Chávez que la creó.

La fiscal dijo que se trata de un mecanismo que no cumple las leyes y que viola derechos humanos, pues el pueblo no fue convocado para decidir si activa o no el mecanismo.

Además, Ortega pidió la anulación de la designación de 33 magistrados del TSJ, por presuntos vicios en el proceso de nombramiento en diciembre de 2015, y presentó otros recursos contra la Constituyente de Maduro.

La sentencia sobre el antejuicio contra Ortega, con ponencia de la magistrada Marjorie Calderón, presidenta de la Sala de Casación Social, arguye que la decisión fue tomada según al artículo 279 de la Constitución.

Esa normativa establece los mecanismos con que pueden ser removidos los integrantes del Poder Moral, compuesto por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General.

A solicitud del oficialismo, el TSJ puso en marcha con su decisión el mecanismo que podría desembocar en la posible remoción de Ortega como jefe del Ministerio Público. El pleno del Tribunal Supremo le notificó la noticia a Ortega y al impulsor del antejuicio, el diputado oficialista Pedro Carreño, tras declararse facultada para iniciar el procedimiento.

En tanto, la oposición, que tiene mayoría en la Asamblea Nacional, recordó que el ente legislativo es el único al que corresponde emprender una acción contra la fiscal, según indicó el primer vicepresidente del legislativo, Freddy Guevara.

El líder legislativo Julio Borges señaló que para enfrentar esta decisión del TSJ la oposición entrará en una “fase decisiva de la lucha por la democracia”, y llamó “a todo el país a unirnos en la sustitución del régimen”.

Ortega es acusada de “traidora” por el oficialismo desde que en abril pasado calificó como una ruptura del orden constitucional una decisión del TSJ de despojar a la Asamblea Nacional de sus atribuciones legales, en un fallo que luego fue retirado, y luego por su oposición a la Constituyente.

Carreño solicitó la semana pasada al TSJ iniciar el procedimiento de destitución de la fiscal, la congelación de sus bienes y prohibir su salida del país, y este martes la Sala Plena se declaró en sesión permanente para estudiar las medidas solicitadas.

Mientras eso sucede, el presidente Maduro ratificó en el cargo que ocupa desde 2014 al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, y sustituyó a todos los jefes de las fuerzas militares.

Como parte de las medidas de relevo, el presidente sustituyó al jefe de la Guardia Nacional (policía militarizada), mayor general Antonio Benavides, quien ha sido objeto de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos por supuesta violación de derechos humanos, por el mayor general Sergio Rivero.

Como jefe de las Milicias, un cuerpo de civiles que apoya en las tareas de las fuerzas militares, designó al mayor general Luis Tellería, en sustitución del general César Vegas, entre otros nombramientos.

“Gracias Benavides. En los próximos días irá a nuevas responsabilidades y en los próximos meses a nuevas batallas”, señaló Maduro, quien agradeció el desempeño del oficial en estas “horas difíciles y complejas” de protestas, las cuales comenzaron en abril pasado y han dejado 75 muertos.

Las protestas se iniciaron luego que la Asamblea Nacional (congreso unicameral), de mayoría opositora, acusó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de haber dado un golpe de Estado con dos sentencias que la despojaron de sus atribuciones.

Ante los nuevos mandos militares, Maduro insistió en que la Asamblea Constituyente que convocó para reformar la Carta Magna es el “único camino a la paz” en medio de las protestas.

La oposición rechaza la Constituyente de Maduro con el argumento de que es un fraude, y ha manifestado que tampoco participará en las elecciones de sus 545 miembros, previstas para el próximo 30 de julio.

En tanto, datos publicados por el gobierno de Brasil dieron cuenta de que los venezolanos fueron en 2016 los ciudadanos extranjeros más numerosos en pedir asilo en el gigante sudamericano, superando a los haitianos y a los africanos.

Los datos, dados a conocer en el marco del Día Mundial del Refugiado, indican que en 2017 el número de demandantes crecerá exponencialmente ante la severa crisis política y económica en Venezuela. En 2016, tres mil 375 venezolanos pidieron refugio en Brasil, un aumento superior al 300 por ciento respecto a 2015.

En segundo lugar se ubicaron los cubanos (mil 370 personas) y después los angoleños (mil 353), mientras los haitianos –que habían liderado la lista de refugiados durante años tras el devastador terremoto de 2010- cayeron drásticamente.

La crisis política en Venezuela provoca preocupación en Brasil, país que teme en su frontera norte una oleada migratoria de venezolanos huyendo de la violencia y la inestabilidad.

Datos del Ministerio de Justicia de Brasil señalan que en los primeros cinco meses del presente año el número de solicitudes de asilo de venezolanos duplicó todas las de 2016, hasta superar los ocho mil demandantes.

Brasil, que comparte más de dos mil kilómetros de frontera con Venezuela, teme que un recrudecimiento de la violencia política en el país vecino, donde ya murieron 75 personas en las protestas y miles fueron heridas, cause un flujo de emigrantes por el Amazonas hacia su territorio.

NTX/MiHeL

Seis semanas de protestas contra el gobierno venezolano dejaron ya 44 muertos, unos mil heridos y más de mil 200 detenidos, un saldo frente al cual el presidente Nicolás Maduro y la oposición se muestran inflexibles en sus posiciones. Nadie retrocede, pero tampoco avanza.

La crisis política venezolana sigue aumentando de decibeles con cada protesta opositora, a la que Maduro responde con una mayor represión y la gente en su contra actúa con mayor firmeza y más movilizaciones.

Mientras, los venezolanos siguen sin un horizonte definido para una próxima elección, a no ser la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la jugada de Maduro para reformar la Carta Magna para sacarse del encima la incómoda Asamblea Nacional (Congreso) dominada por una mayoría opositora.

Esto pese a que la actitud del mandatario despierte la desconfianza de un ambiente internacional descreído del gobierno bolivariano.

Los analistas se preguntan por qué Maduro se niega a llamar a unas elecciones regionales o locales que podrían tranquilizar el clima, en espera del gran año de la definición electoral de 2018, cuando están previstas las presidenciales.

En cuestión de poco más seis meses el conflicto político venezolano registró un brusco deterioro, con un signo característico:

Nadie sabe cuándo habrá elecciones. Los últimos comicios fueron los legislativos, en diciembre de 2015, en los que el oficialismo cargó con una abrumadora derrota.

En octubre pasado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, admitió las órdenes de varios tribunales penales para suspender la activación de un referéndum revocatorio del mandato de Maduro, que venía impulsando la oposición con firmas de electores.

Cuando se vio que la consulta se estancó en barreras legales y en la negativa del presidente, Lucena anunció que las elecciones de gobernadores previstas para diciembre de 2016 fueron cambiadas para junio de 2017 y que las de alcaldes se efectuarían en su fecha, en diciembre de este año.

La oposición acusó a Maduro de ordenar al CNE suspender las elecciones regionales hasta nuevo aviso, esperando un repunte de alicaída posición en las encuestas o un impulso de los precios petroleros que mejoraran la asfixia económica.

En los primeros meses de 2017, la oposición instó a Lucena a fijar la fecha de las regionales, presentando un cronograma que diera claridad al horizonte electoral.

Sin embargo, el CNE admitió como necesaria una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordenó a los partidos políticos legalizar sus inscripciones para poder participar en futuros comicios.

Desde marzo, la medida obligó a los partidos a llamar a sus militantes para que respaldaran con sus firmas la legalización de los partidos.

Luego del procedimiento, los principales grupos dejaron claras sus aspiraciones: Primero Justicia dijo que su único candidato a la presidencia era Henrique Capriles, Voluntad Popular señaló que es Leopoldo López y Acción Democrática lanzó a Henry Ramos Allup.

Con el correr de los días, Capriles fue inhabilitado por 15 años para optar por un cargo político, López sigue preso cumpliendo una condena de casi 14 años de cárcel y Ramos tiene pendiente una demanda impulsada por Maduro por supuesta insania mental.

Esto fue antes de que el TSJ emitiera, a finales de marzo dos sentencias que despojaron de sus funciones a la Asamblea Nacional, lo que fue considerado por los diputados como un golpe de Estado.

La oposición mantenía esperanzas de que se fijaran las elecciones regionales entre junio y octubre, algo que hasta ahora sigue en el limbo.

Luego de seis semanas de protestas, con movilizaciones casi diarias y una dura represión de los cuerpos de seguridad, el panorama político sigue en un túnel oscuro ante la falta de una convocatoria electoral.

La declaración de la fiscal general, Luisa Ortega, de que los fallos del TSJ determinaron una ruptura institucional fracasó en fortalecer los reclamos opositores.

Entonces, la oposición no solo tomó como bandera la destitución de los magistrados que firmaron las polémicas sentencias, sino que reflotó las exigencias que tuvo en un frustrado diálogo con el Gobierno a fines de 2016: un cronograma electoral, respeto a la Asamblea Nacional, liberación de los políticos presos y solución al desabastecimiento de alimentos y medicinas.

Maduro se sacó de la manga la propuesta de una Constituyente, que según él, contribuirá a devolverle la paz al país.

Sin embargo, sus reiteradas afirmaciones de que esa Constituyente tendrá carácter originario y plenipotenciario, lo que hacen es generar más dudas.

La Asamblea unicameral denunció la propuesta como ilegal, aunque sabe que está ante la posibilidad de que si la Constituyente se impone podría reformar el poder Legislativo o disolver la cámara de mayoría opositora, un objetivo que Maduro no ha ocultado.

Según el gobernante, la Constituyente tendrá unos 500 delegados, la mitad de los cuales serán escogidos en unas elecciones de segundo grado, en las que votarán grupos auspiciados por el Gobierno como consejos comunales, sindicatos y otras agrupaciones.

La Asamblea Nacional desconfía de las declaraciones de Maduro de que los miembros de la Constituyente serán elegidos por el voto universal, directo y secreto, pues las directrices dictadas aseguran una mayor presencia del oficialismo.

El diputado José Guerra dijo estar seguro de que Maduro no logrará imponer la Constituyente, en vista del rechazo popular a su propuesta.

“Nosotros queremos elecciones, pero de verdad. Es imposible que imponga su Constituyente porque tiene un rechazo del 80 por ciento de la población. Como están las cosas, el Gobierno no gana ni una elección de reina de carnaval”, dijo Guerra a Notimex.

Guerra, una cara frecuente en las manifestaciones, recalcó que para darle viabilidad al país se necesita una solución electoral a la crisis. “De no haber una salida democrática, tendremos un país fragmentado, ingobernable”, alertó.

El analista Michael Penfold señaló en un trabajo que en todos los escenarios posibles de salida a la crisis los militares son actores fundamentales, incluso en aquellos en los que las nuevas alianzas o negociación el asunto parecen una transacción estrictamente política.

La represión a las manifestaciones ha mostrado hasta donde están dispuestos a ir los militares para apuntalar a Maduro.

“Muchos expertos enfatizan la importancia que juegan los moderados de ambos bandos para garantizar un cambio democrático. Mi impresión es que esta enseñanza para el caso venezolano es mucho más compleja y debe ser precisada: lo importante es que la oposición se mantenga unida más allá de la distinción entre moderados y radicales. El cambio democrático es virtualmente imposible sin unidad”, concluyó Penfold.

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