La falta de una perspectiva de género en la impartición de justicia puede conllevar a la justificación de la violencia cometida contra las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres, además de ser una peligrosa vía que puede fomentar la repetición de más agresiones en su contra, advirtió la Secretaría de Gobernación.
A través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), condenó enérgicamente la violencia sexual de la que fuera víctima una menor de edad en enero de 2015 en Boca del Río, Veracruz, por cuatro jóvenes plenamente identificados.
La enérgica condena y el pronunciamiento es respaldado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA).
“La violencia en contra las mujeres, niñas y adolescentes, en cualquiera de sus expresiones, es y debe ser inaceptable”, coincidieron las distintas instancias en un comunicado, donde aclararon que el ejercicio real de los derechos por parte de las niñas, adolescentes y mujeres no puede tolerar la violencia de género y la discriminación.
Respecto a la reciente resolución dictada en el caso por el juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito en el Estado de Veracruz, indicaron que “con pleno respeto del arbitrio jurisdiccional, se advierte con preocupación que en ésta se califique a las mujeres como víctimas de violencia sexual en función de la interpretación de supuestas intenciones -que deben entenderse como presumidas de los hechos mismos-”.
Además, “de imponerles cargas de las cuales se hace depender su carácter de víctimas, y de presumir su consentimiento sin entender la naturaleza del caso o la vulnerabilidad en que se encuentran”.
En tal sentido, las instituciones firmantes reprobaron y condenaron cualquier acto que violente los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres, y transmitieron al gobierno veracruzado su disposición para colaborar en la atención del asunto, así como su acompañamiento a la víctima y su familia, en caso de que así lo deseen.
Destacaron que la violencia sexual es una de las formas de violencia más reprobables y ultrajantes, denigrando a las niñas, adolescentes y mujeres al concebirlas como objeto y, por tanto, al vulnerar su libertad, dignidad e integridad física.
Además, este tipo de violencia tiene las peores y más severas consecuencias, entre ellas, lesiones físicas, traumas psicológicos, el posible contagio de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.
Refirieron que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las leyes generales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), y la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, se establece la obligación de todos los poderes públicos y órdenes de gobierno de garantizar el interés superior de la niñez.
De igual forma, se establece su derecho a la no discriminación, a una vida libre de violencia y a la integridad personal.
“Estos derechos deben ser garantizados para los 40 millones de personas menores de 18 años que viven en México, y en particular para las niñas y adolescentes que viven una situación de mayor vulnerabilidad, violencia y discriminación por su condición de género”, acotaron.
Con cifras del Segundo Diagnóstico Nacional de Violencia Sexual en México, que realizó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), indicaron que cada año se cometen al menos 600 mil delitos sexuales.
De ellos, nueve de cada 10 víctimas son mujeres y en particular cuatro de cada 10 son menores de 15 años de edad.
A ello se agrega que los menores no revelan que sufrieron violencia sexual, por miedo, vergüenza, culpa o porque no reconocen su victimización, concluyeron.
NTX/MiHeL
