La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) afirmó contar con “elementos de convicción” de que funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) cometieron actos de tortura “contra numerosas personas” procesadas, detenciones arbitrarias, transgresiones al debido proceso y quebranto a la verdad de los hechos en el caso Ayotzinapa.
En un severo pronunciamiento en torno a las conclusiones dela investigación interna de la PGR sobre las irregularidades cometidas en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, señaló que “estos hallazgos fueron compartidos con las autoridades correspondientes de PGR desde el año pasado y con el Mecanismo de seguimiento al caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El organismo internacional exhortó al gobierno mexicano a transparentar los resultados de dichas pesquisas y hacerlas del conocimiento de la sociedad, dado la gravedad del caso y al legítimo interés público que existe.
Desde hace casi un año la PGR inició una investigación interna sobre las irregularidades cometidas en la integración del expediente de Ayotzinapa, cuyos resultados fueron dados conocer apenas el pasado 9 de febrero.
Las conclusiones exoneran a Tomás Zerón de Lucio, ex director de Agencia de Investigación Criminal, y otros nueve funcionarios, de cualquier responsabilidad penal, dejando solo “faltas administrativas”.
Zerón de Lucio es señalado de sembrar evidencias en el río San Juan de Cocula para soportar la versión de que los 43 estudiantes fueron incinerados y sus restos arrojados en ese lugar, ya que fue videograbado en la zona con bolsas.
La ONU-DH lamentó el viraje que dio la investigación de las irregularidades cometidas, pues en un inicio la Visitaduría de la PGR se había apegado a los más altos estándares internacionales en materia derechos humanos para integrar el expediente.
Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas, dijo que sin embargo, el resultado final “representó una oportunidad perdida para efectivamente atender las serias violaciones cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa”.
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