Mark Zuckerberg, el presidente del gigante de las redes sociales, Facebook, asumió hoy la total responsabilidad por los errores que comprometieron la información de casi 90 millones de usuarios.

Durante una audiencia legislativa ante los comités Judicial y de Comercio del Senado, el joven de 33 años que empezó Facebook en un dormitorio de la Universidad de Harvard en 2004, reconoció que no hizo lo suficiente para evitar que su ecosistema fuera usado con fines maliciosos.

“Eso incluye noticias falsas, interferencia foránea en las elecciones, palabras de odio, así como desarrolladores de programas y privacidad de datos”, señaló Zuckerberg ante los senadores y en medio de una nube de fotógrafos y periodistas que cubrió la audiencia.

“No asumimos una visión suficientemente amplia de nuestra responsabilidad y eso fue un gran error. Fue mi error y lo siento. Yo empecé Facebook, yo lo dirijo y soy responsable por lo que pase”, remató.

Zuckerberg, quien logró hacer crecer su empresa de apenas unos cientos de estudiantes de las universidades élite de Estados Unidos a más de 2.2 mil millones de usuarios en 14 años, fue virtualmente regañado por varios senadores, algunos de los cuales lo duplican en edad.

“Los usuarios merecen saber cómo su información es compartida y protegida”, le dijo el octogenario senador Chuck Grassley, presidente del Comité Judicial.

El presidente del Comité de Comercio, John Thune, señaló que los senadores deseaban saber cómo Facebook iba a encarar las “significativas preocupaciones sobre el papel de la empresa en la democracia, los malos actores y la privacidad de los usuarios”.

Apenas la semana pasada, Facebook reconoció que hasta 87 millones de usuarios fueron afectados por el posible uso indebido de su información personal por parte de la consultoría política Cambridge Analytica, en las elecciones presidenciales del 2016.

Cambridge Analytica, fundada por quien sería después el jefe de campaña de Donald Trump, obtuvo sin permiso de Facebook datos de los perfiles de millones de usuarios, que luego habrían sido aprovechados para reorientar los votantes durante las elecciones presidenciales de 2016.

Facebook también enfrenta una investigación de la Comisión Federal de Comercio y de procuradores generales de al menos 37 estados y territorios que solicitan información a la compañía sobre sus procedimientos de seguridad de datos.

Zuckerberg aceptó en la audiencia legislativa que ahora entiende que no es suficiente darle a los usuarios herramientas para conectarse entre sí.

“No basta con darle a la gente una voz, tenemos que asegurarnos que no la estén usando para perjudicar a otras personas o propaguen desinformación”, señaló.

Zuckerberg se comprometió a enviar al Senado una serie de propuestas de legislación que ayuden a proteger la privacidad de los usuarios.

NTX

El procurador de California, Xavier Becerra, anunció que apelará el fallo del juez federal estadunidense con sede en San Diego, que autorizó a la administración del presidente Donald Trump a construir nuevos muros fronterizos a pesar de las demandas de violación de leyes federales.

El procurador Becerra y el Centro de Diversidad Biológica Center presentaron los avisos formales de apelación para revocar una decisión anunciada en febrero pasado por el juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos, Gonzalo Curiel, quien en meses pasados fue criticado por Trump debido a sus raíces mexicanas.

Para Curiel, el gobierno federal no abusó de su discrecionalidad al suspender las leyes ambientales, en su apuro por poner en marcha los proyectos de erigir muros a lo largo de la frontera en el suroeste del país.

Tras el fallo, el Centro de Diversidad Biológica anunció su apelarción, mientras que Becerra señaló la posibilidad de que el estado pida revisar la decisión en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos.

“Cuando dijimos que un muro medieval a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México no pertenece al siglo XXI, lo decíamos en serio”, señaló el procurador.

“Existen leyes ambientales y de salud pública, y seguimos creyendo que la administración de Trump está violando esas leyes. No nos quedaremos de brazos cruzados. Estamos comprometidos a proteger a nuestra gente, nuestros valores y nuestra economía del exceso federal”, advirtió.

Las demandas cuestionaron una ley que permitió al gobierno federal no cumplir con las leyes y regulaciones ambientales al construir proyectos de seguridad fronteriza.

Argumentaron que esa ley estaba desactualizada y que el Congreso nunca tuvo la intención de que fuera una exención para todos los proyectos fronterizos, y sostuvieron que violaba las disposiciones constitucionales de separación de poderes y los derechos de los estados.

En su decisión, Curiel dijo que la ley era constitucional y le daba al Departamento de Seguridad Nacional una gran libertad en materia de seguridad fronteriza.

NTX

La Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela, bajo control opositor, rechazó hoy introducir en su agenda el debate sobre el antejuicio de mérito por corrupción contra el presidente Nicolás Maduro, que aprobó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio.

El jefe de la Asamblea, Omar Barboza, dijo que el órgano judicial designado por el poder Legislativo no ha notificado todavía la petición de un proceso penal contra Maduro.

“Esta Asamblea Nacional tiene toda la intención de tratar el tema, pero las estipulaciones constitucionales deben cumplirse a cabalidad. No se ha recibido la notificación formal que manda la Constitución para que se inicie de forma legal el proceso”, señaló.

Agregó que cuando se cumplan los requerimientos, la cámara emitirá su decisión.

El tema no estaba en la agenda de debate, pero la fracción 16 de julio, una escisión opositora, planteó que se discutiera, después que el TSJ en el exilio aprobó el procedimiento contra Maduro, en una sesión que se realizó el lunes en Bogotá.

La Asamblea debe avalar el fallo para seguir adelante con el proceso que, sin embargo, es ignorado por Maduro.

Horas después, el abogado Salvatore Lucchese denunció que la policía política, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), ordenó la detención de la diputada opositora Gaby Arellano por haber apoyado públicamente el antejuicio contra Maduro.

El TSJ en el exilio, conformado por magistrados designados por la Asamblea Nacional y que es desconocido por el gobierno, acordó en Bogotá que hay evidencias suficientes para enjuiciar a Maduro por corrupción, entre otros por el caso de la constructora brasileña Odebrecht, y solicitó a la Interpol emitir un alerta roja para su detención.

La acusación fue presentada por la fiscal general destituida, Luisa Ortega Díaz, pero el fallo judicial apenas tiene sentido simbólico, ya que el TSJ no es reconocido como autoridad legítima del país.

“Este TSJ legítimo procede a la privación de libertad del presidente de la república, y en consecuencia, se ordena que la Fuerza Armada y todos los cuerpos de seguridad acaten esta ley”, señala la sentencia.

El fiscal general interino, Tarek William Saab, calificó como “delictiva” la acción pretendida por el TSJ en el exilio, que dijo está conformado por pseudoabogados usurpadores.

“Actuamos en contra de estos abogados antivenezolanos, usurpadores y traidores a la patria que, además, tienen código rojo internacional”, alertó.

Ortega denunció en su acusación que Odebrecht financió parte de su campaña electoral de 2013 y que una vez en la presidencia ordenó en pago de una cifra millonaria a la constructora, que obtuvo al menos 11 contratos para colosales obras de infraestructura, las cuales quedaron paralizadas.

La Asamblea estima un perjuicio a la nación por esas obras de más de 16 mil millones de dólares.

NTX

El director general de Facebook, Mark Zuckerberg, se reunió ayer en privado con legisladores antes de testificar en el Capitolio sobre el escándalo sobre la violación de la privacidad de datos de usuarios de esa red social.

Según una declaración que entregó por anticipado a los legisladores, dijo que la red no hizo lo suficiente para evitar el mal uso de información de usuarios y ofreció disculpas.

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El juez Sergio Moro, quien condenó en primera instancia y envió a prisión la semana pasada a Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó conceder al expresidente brasileño el derecho de recibir visitas más que un día por semana, mientras una decena de gobernadores planeaba encontrarse con él en prisión.

Moro, quien ordenó la semana pasada el ingreso a prisión de Lula da Silva, dijo que no concederá ningún derecho extraordinario al exmandatario de 72 años, condenado a 12 años y un mes de cárcel.

“Fue autorizado un aparato de televisión”, además se habilitó una sala especial en la sede de la policía para el expresidente, refirió.

Así, un grupo de 11 gobernadores de Brasil –la mayoría de estados del noreste, feudo electoral de la izquierda- no podrá visitar este día a Lula da Silva en la ciudad de Curitiba, en el sur del país, donde se encuentra recluido desde el sábado para purgar la pena por corrupción y lavado de dinero.

El Partido de los Trabajadores (PT), formación fundada por Lula da Silva, dijo que el expresidente sigue siendo su candidato a los comicios presidenciales de octubre y transfirió su ejecutiva a Curitiba en un intento por usar su encarcelamiento como caballo de batalla electoral.

Pocas informaciones han trascendido desde que Lula se entregó a la policía el sábado, en una jornada dramática para el expresidente: recibe visitas solo de sus abogados, se alimenta con normalidad con la comida de la cárcel y se dedica a la lectura.

El Supremo Tribunal Federal (STF) podría analizar en los próximos días un recurso para evaluar la constitucionalidad de los ingresos en prisión de condenados apenas en segunda instancia (como Lula da Silva), lo que podría beneficiar al exmandatario.

Las encuestas muestran un Brasil dividido acerca de la prisión del exmandatario; por una parte se le considera culpable de actos de corrupción, pero por otra lidera con un tercio del total la intención de voto para los comicios de octubre.

NTX

El asesor de seguridad interna de la Casa Blanca, Tom Bossert, renunció hoy a su cargo, a menos de una semana de la salida del Consejero de Seguridad Nacional, H.R. McMaster.

La renuncia fue confirmada por la vocera presidencial, Sarah Sanders, quien en un comunicado indicó que el presidente estadunidense Donald Trump está agradecido con la gestión de Bossert en beneficio de la seguridad del país.

“Tom (Bossert) condujo los esfuerzos de la Casa Blanca para proteger el territorio nacional de amenazas terroristas, fortaleciendo nuestras ciberdefensas y respondiendo a una seria de desastres naturales”, destacó.

Con su salida, Bossert se sumó a una lista de más de 30 funcionarios de medio y alto nivel de la Casa Blanca y de la administración que han optado por renunciar a sus cargos o han sido despedidos por el mandatario durante los pasados 15 meses.

La renuncia de Bossert se da un día después que el nuevo Consejero de Seguridad Nacional, Tom Bolton, asumió el cargo en sustitución de McMaster, quien dejó el cargo el viernes pasado.

Fuentes familiarizadas con el tema dijeron a una cadena de televisión local que fue el propio Bolton quien empujó por la salida de Bossert como parte del proceso para armar su propio equipo de trabajo.

NTX