Los niños venezolanos son los que menos voz tienen en medio de la crisis humanitaria que atraviesa este país, aunque son quienes más sufren por la falta de garantías a derechos básicos, como la alimentación, salud, educación y recreación.

En 2017 murieron por desnutrición 205 menores de edad, destaca el Informe Somos Noticias, presentado por el Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) y el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

El Estado venezolano ignora a los menores de edad, y sus padres y representantes se ven imposibilitados de cumplir con su alimentación, destaca el informe que subraya que a los niños se les ve en situación de calle e incluso trabajando en la informalidad.

El Cecodap y el OVV presentaron los resultados del Informe Somos Noticia, correspondiente al año 2017, en donde dieron seguimiento a datos de 30 medios de comunicación social, en los que se hizo mención y publicación de hechos punibles en los que los menores de edad eran los protagonistas.

Resaltaron que 205 menores de edad murieron por desnutrición, 270 fallecieron por contaminación intrahospitalaria, 92 por falta de medicamentos, 49 infantes se intoxicaron por consumo de alimentos provenientes de la basura, 67 porque no fueron vacunados, 168 presentaron cuadros maláricos.

Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, dijo que todo lo encontrado en los medios califica como violencia estructural.

En total encontraron cuatro mil 852 casos, en los que las muertes fueron los eventos más lamentables (violencia), pero de igual manera otros semejantes como que 162 menores viven en refugios y en invasiones y el hecho de que 704 niños tuvieron problemas con el acceso a la educación.

Trapani destacó el hecho de que los niños niñas y adolescentes también se ven afectados por las restricciones y el severo control en el acceso a los alimentos y por las fallas permanentes de los servicios públicos.

A ello añadió que la familia se está fracturando como consecuencia de la severa crisis y surge ahora un nuevo patrón de los niños dejados atrás. Solo en 2017 contabilizaron en ese monitoreo de medios 82 casos, cifra que sostiene no bajó este año.

Datos de las zonas, de las condiciones familiares, de lo qué pasó con esos pequeños, no los suministró debido a la poca información reseñada como contexto en la prensa. Además, una vez el caso se institucionaliza no hay forma de hacerle seguimiento, en caso de que realmente reciba atención.

Del informe se desprende una frase: “Un país sin juventud”. Y la razón es que los datos más alarmantes apuntan a que hay un ascenso de las muertes violentas: cinco mil 890 jóvenes con edades entre 12 y 29 años fueron víctimas de la violencia delincuencial y policial.

En paralelo las muertes por incumplimiento de derechos fundamentales, como los citados al inicio y otro producto también de la falta de atención a los niñas, niños y adolescentes.

No solo es enviarlos a la escuela o atenderles una fiebre, es ver sus necesidades y si tienen un proyecto de vida. La crisis actual los lleva a la frustración y a algo que no tiene vuelta atrás: el suicidio.

En 2017 se quitaron la vida 34 menores, cuatro entre 7 y 11 años y 25 entre 12 y 17 años. Cifras estas para reflexionar en eso: en un país sin juventud.

Al final de la presentación, Trapani consciente de que hay muchas ONG´s trabajando en los derechos humanos de la niñez, exigió al Estado una política de atención y prevención que minimice el impacto de la violencia.

NTX/I/JCM/JEH