Suman 176 los presos “políticos” que pueden protegerse por la nueva ley de amnistía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre ellos Gonzalo Medina González, preso desde 2013, acusado de terrorismo, robo y privación ilegal de la libertad, dado que fue líder de la policía comunitaria de Tixtla, y Dominga González, condenada a 50 años por el asesinato de Alejandro Issak Basso.
De igual forma, está en la lista Marco Antonio Suástegui, preso con el cargo de ser responsable de una masacre ocurrida en enero de este año en el poblado de La Concepción, Guerrero, en la cual murieron 11 personas.
Ayer, la senadora Nestora Salgado, designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para revisar los casos de las personas presas por intereses políticos, que pueden ser sujetas de la amnistía, informó que ya tiene cita con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a fin de entregarle el expediente de los 176 casos susceptibles de ser amnistiados.
Interrogada sobre algunos de los casos significativos que incluye la lista, dijo que “tenemos muchos emblemáticos, como el caso de Tlanixco, como los presos de la CECOP en Guerrero, La Parota; un compañero mío, Gonzalo Medina, que es un preso emblemático; tenemos de Chiapas, de Oaxaca, son un montón.
De acuerdo con la información pública sobre esos tres casos conocidos, Gonzalo Medina González es líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y fue detenido con los cargos de terrorismo, robo agravado, privación ilegal de la libertad y lesiones.
Damiana González Martínez, junto con Rómulo Arias Mireles, Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González, fueron condenados a 50 años de cárcel por el asesinato de Alejandro Issak Basso, ocurrido en San Pedro Tlanixco.
Marco Antonio Suástegui es líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras de La Presa La Parota (Cecop) y está acusado de liderar la masacre de 11 personas.
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