De 2015 a finales de 2018, 6 mil 111 efectivos de la Sedena y la Semar abandonaron sus filas, de acuerdo con datos oficiales de ambas secretarías. Bajos sueldos, exceso de trabajo derivado de la estrategia contra los grupos criminales y demasiada responsabilidad ante la sociedad son lo que los expertos identifican como los principales factores del problema.

Estas bajas podrían representar un riesgo en las operaciones de seguridad de las Fuerzas Armadas, puesto que aunque su capacidad no se ve mermada, el problema es que no hay un seguimiento de hacia dónde se van.

“Muchos de estos desertores se quedan sin oportunidades de empleo porque les queda una ficha roja a nivel federal: no pueden ser policías o personal de seguridad privada. Es muy probable que terminen trabajando para un grupo criminal, porque son los únicos que les ofrecen un trabajo con el dinero suficiente para mantener a sus familias”, asegura César Gutiérrez Priego, abogado especialista en derecho militar.

Con información de EL UNIVERSAL