La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) advirtió que “se acabó la fiesta” para los defraudadores fiscales, ya que se impulsa una reforma para equiparar este delito con el de delincuencia organizada, lo cual permitirá seguir la huella del dinero y llegar a las cabezas o beneficiarios finales.
El titular de la PFF, Carlos Romero Aranda, señalo que la problemática que se enfrenta con la legislación actual es que los delitos fiscales son delitos no graves, “y se convirtió propiamente en un deporte nacional defraudar al fisco federal”.
Destacó que con las reformas legales promovidas para equiparar la defraudación fiscal con delincuencia organizada y se considere un delito grave sin derecho a fianza para evitar que los delincuentes salgan libres, se podrá mejorar la recaudación, inhibir conductas delictivas y coadyuvar para inhibir esquemas de lavado de dinero.
“Las personas que se dedican a esto deben entender que se acabó la fiesta, deben entender que ya no lo pueden hacer y que las instituciones están colaborando brazo a brazo, hombro con hombro en estos”.
Así, con las investigaciones y colaboración de instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Auditoria Superior de la Federación (ASF), Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la propia PFF, se conseguirá llevar a los delincuentes peligrosos a la cárcel por los delitos de defraudación fiscal, lavado de dinero, corrupción o peculado.
Romero Aranda comentó que el defraudador fiscal es delincuente de “cuello blanco”, pues la regla general es que son individuos profesionales o de negocios con un alto estatus social y económico, “nunca hay un defraudador o un individuo que vaya a extorsionar que no sea encantador”.
Con estas características, dijo, se quita el estigma de que sea un delincuente, por lo tanto es muy bien visto en sociedad ya que las personas que se dedican al lavado de dinero y a la defraudación fiscal, llamados “factureros”, se mueve en los mejores círculos, tienen helicópteros, están en clubs de golf.
“Se quitan el estigma de defraudadores, de delincuente y se convierten en personas de un alto estatus social, pesar de que son delincuentes con organizaciones criminales que operan en perjuicio de cualquier institución”.
Refirió que en la normatividad hay dos tipos de delitos fiscales: los patrimoniales (defraudación fiscal y contrabando) y los de conducta (cambio de domicilio fiscal sin aviso, no inscrito en RFC o no llevar contabilidad).
A diferencia del delito de lavado de dinero, en el caso de defraudación fiscal, el fisco si aspira a tener una recuperación, añadió el procurador Fiscal de la Federación.
Explicó que la problemática en la legislación es que los delitos fiscales son delitos no graves, “y se convirtió propiamente en un deporte nacional el defraudar al fisco federal”.
Esto, debido a que por corrupción o protección a delincuencias, permeó la percepción de que “no pasa nada” y que no había un factor de riesgo que impedía defraudar al fisco federal.
De acuerdo con información del SAT, de 2014 a 2018, expuso, el monto de evasión fiscal por empresas factureras está calculado en dos billones de pesos, son 500 mil pesos al año o la décima parte del presupuesto nacional al año lo que se defrauda por estos esquemas.
El marco jurídico actual no permite llegar hasta los beneficiarios finales porque en las empresas de lavado de dinero o factureras, hay personas de escasos recursos que se prestan o firman como accionistas o administradores de las mismas.
No obstante, afirmó, perseguir a estas personas es “criminalizar a la pobreza. No podemos llegar a sancionar y pretender meter a la cárcel a las personas que simplemente por una causa de necesidad firmaron como accionistas, son usadas para estos fines”.
No podemos criminalizar la pobreza, pero la encomienda que tenemos es llegar a las cabezas, resaltó el titular de la PFF.
Por ello, en el Senado se analiza una reforma en la cual se propone modificar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Seguridad Nacional, con objeto de equiparar los delitos de defraudación fiscal y de defraudación fiscal equiparada con delincuencia organizada.
Destacó que ese esquema de excepción va a permitir tener escuchas, cateos o infiltrados, pues cuando estas personas mueven grandes cantidades se pierde la pista una vez que hacen efectivo las “millonadas” de dinero que mueven.
“Lo que buscamos con estas reformas es seguir la huella del dinero, mediante investigación de escuchas o grupos de inteligencia, para poder empezar a hacer cateos, ver al beneficiario final y, sobre todo, llegar a las cabezas”, mencionó.
“Lo que queremos es que al delincuente peligroso, al que hace de la defraudación fiscal su modo de vida, los que viven de estos esquemas, esos defraudadores, encantadores, que vemos jugando golf, que vemos en helicópteros, que vemos en los ferraris, esos no los queremos en la calle”, agregó.
Romero Aranda insistió en que para evitar salgan libres luego de pagar la reparación del daño, con estas reformas se podrán meter a la cárcel y catalogarlos como delincuentes peligrosos.
Con información de NOTIMEX
