Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles, presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra el Juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.
La queja se basó en el hecho de que el juzgador tenía conflicto de interés y pese a ello no se excusó del caso.
“Esta cuestión es también una conducta presuntamente delictiva, según el Código Penal el juez que comparezca a un juicio sabiendo que tiene un impedimento legal para hacerlo, puede ser sancionado penalmente”, dijo el abogado Hernández.
En entrevista a la salida de los juzgados federales, dijo que la penalidad que se le podría aplicar a dicho juez podría ser mayor que la del delito por el que está siendo juzgada la propia Rosario Robles.
“De manera que esto no será lo único que presentemos, sino que acudiremos a la Fiscalía General de la República”, dijo el litigante al agregar que será la citada dependencia quien deberá determinar si se configura o no el delito.
A su salida del CJF, los abogados de Robles se trasladaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) donde presentaron también una queja contra el auto de vinculación a proceso y prisión preventiva.
“Consideramos que el auto, sobre ese auto que determina la prisión preventiva, sin que exista una justificación legal para ello, además de violar la ley y poder ser constitutivo de delito, conculca los derechos humanos de Rosario Robles”, dijo.
Advirtió que de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos la prisión preventiva debe ser la última instancia, un caso de excepción, es decir que deben reunirse muchos requisitos, ninguno de los cuales se reunió en este caso.
“Por eso nosotros consideramos que más que una prisión preventiva se trata de un encarcelamiento indebido, una prisión indebida que está sufriendo mi cliente con motivo de asuntos políticos y ahora veo que también con asuntos que ligan al Juez con quien ha manifestado públicamente que fue Rosario Robles, aunque no lo ha probado, quien mando a su marido René Bejarano a prisión”.
Posteriormente, los abogados también irán a la Fiscalía General de la República a denunciar penalmente al juez Delgadillo Padierna.
Rosario Robles fue vinculada a proceso el 13 de julio pasado luego de dos audiencias en la que la FGR la acusó de no haber denunciado o impedido el desvío de 5 mil 73 millones de pesos.
Dicho desvío, según la denuncia, fue hecho a través de la firma de convenios de colaboración entre las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y universidades.
Por parte de las dependencias federales, dichos convenios fueron firmados por funcionarios cercanos a Robles, entre ellos Emilio Zebadúa y Ramón Sosamontes.
Al vincularla a proceso, el juez Delgadillo Padierna consideró que existen evidencias para presumir que Robles cometió el delito de omisión al no informar a su superior jerárquico, el presidente Enroque Peña, o evitar dicha práctica.
Dijo que no solo no lo evitó, sino que cometió la omisión en forma dolosa, reiterada y continúa, porque sabía la existencia de la estructura que firma contratos ilegales y dolosamente omitió denunciarlo o evitar su actuación.
Además de que el mismo esquema se permitió en dos secretarías distintas y fue cometido por las mismas personas en ambas.
“María del Rosario no quiso actuar porque los directamente señalados de realizar los actos indebidos formaban parte de su equipo de trabajo y en forma tácita, les permitió continuar con actividades ilícitas a pesar de que ella, era la única que podría indicarles que actuaran en forma distinta”.
Con información de EL FINANCIERO