Los sistemas públicos de pensiones de los estados en México tendrán presiones en los siguientes cinco años, a pesar de tendencias demográficas favorables, consideró Moody’s Investors Service.

La calificadora internacional señaló que casi todos los estados mexicanos han implementado reformas paramétricas en la última década a su sistema de pensiones, cuyo impacto se materializará en los próximos cinco a 10 años.

Pese a estas reformas, agregó, los sistemas públicos de pensiones -que en su mayoría se encuentran bajo un esquema de beneficios definidos- tendrán presiones en los siguientes cinco años, debido a que se espera que los fondos de reserva de pensiones que existen actualmente se agoten totalmente.

En un nuevo reporte, la agencia evaluadora apuntó que las pensiones no fondeadas de los estados mexicanos son una preocupación crediticia que va en aumento.

Aunque la asequibilidad y perfil de riesgo de los planes de pensiones estatales varían extensamente de un estado a otro, para 10 estados, los pasivos de pensiones no fondeados ya ejercen presión financiera.

Estos estados cuyos pasivos por pensiones no fondeados exceden el 100 por ciento de los ingresos totales son: Estado de México, Baja California, Tabasco, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Chiapas, Sonora, Puebla y Nuevo León.

Comentó que las contribuciones tanto de los patrones como de los empleados han sido insuficientes y los beneficios pueden ser relativamente muy generosos para algunos estados, factores que han resultado en pasivos no fondeados.

Aunque la mayoría de los estados han implementado reformas de pensiones paramétricas, los pasivos por pensiones no fondeados representan una mediana de 106 por ciento de los ingresos totales, añadió Moody’s.

Con información de NOTIMEX