El presidente Andrés Manuel López Obrador acordó con los gobernadores del país una Convención Nacional Hacendaria para la revisión de la Ley de Coordinación Fiscal, por la cual el gobierno federal transfiere recursos a estados y municipios.
Tras una reunión presencial entre López Obrador y los mandatarios en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y Ejecutivo de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, dieron a conocer en conferencia de prensa los acuerdos a los que llegaron.
Sánchez Cordero dijo que uno de los principales acuerdos tiene ver con la preocupación de los gobiernos estatales debido a la reducción de sus ingresos por la pandemia del Covid-19.
Por ello, mencionó, el presidente se comprometió ante los mandatarios estatales a que analizará la Ley de Coordinación Fiscal, pero con objetividad, transparencia y diálogo.
“Acordaron promover la discusión de la hacienda pública y la coordinación fiscal en el corto y mediano plazo a través de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, órgano del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en el que participan todos los secretarios de Finanzas de todas las entidades federativas y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, dijo.
Indicó que los gobernadores que así lo deseen podrán incorporarse a las reuniones de esta comisión.
Juan Manuel Carreras dijo que esto implicará iniciar mesas de trabajo técnico con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, acompañados por gobernadores, “para ir construyendo una ruta en coordinación con el gobierno hacia una Convención Nacional Hacendaria para la revisión del actual mecanismo de distribución de recursos públicos”.
Desde hace una década, y ahora con mayor énfasis por el impacto negativo de la pandemia, los gobiernos estatales han buscado cambios a la Ley de Coordinación Fiscal con el propósito de recibir mayores recursos de la Federación.
Dicha ley establece que la Recaudación Federal Participable a los estados será de 20% de lo que obtenga la Federación por todos sus impuestos (IVA, IEPS, entre otros), así como por los derechos de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por dichas contribuciones.
Con información de El Economista