La reforma del Poder Judicial que impulsa el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador ha encendido la alarma tras la decisión del Senado de extender por dos años el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo que ha incentivado el temor en diferentes sectores sobre una posible pérdida de la independencia de la justicia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones humanitarias, opositores y hasta integrantes del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) cuestionaron la decisión tomada la semana pasada por senadores de esa fuerza, en alianza con otros partidos, de incluir en la nueva ley del Poder Judicial -que contempla sanciones más duras por corrupción para los funcionarios judiciales y extiende los castigos a los detenidos- un artículo transitorio para ampliar hasta 2024 el período del presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, y el mandato de los consejeros de la Judicatura Federal hasta 2026.