La semana pasada, la administración del Presidente Peña se abstuvo de llevar a cabo el segundo aumento establecido para el precio de la gasolina. La justificación técnica de tal decisión es que los actuales niveles del precio internacional del petróleo y el tipo de cambio (dos de los principales elementos de la fórmula para el cálculo del precio de la gasolina en México), no registraron variaciones significativas respecto a su cierre de 2016.
El gobierno argumenta que redujo ligeramente la tasa del impuesto IEPS (Impuesto Especial sobre Productos Especiales) a través de un estímulo fiscal, utilizando ingresos excedentes. Esta decisión le ayuda políticamente al gobierno a no empeorar sus niveles de aprobación con la ciudadanía, que recientemente mejoraron un poco con la cancelación del Presidente a la reunión prevista con Trump en Washington.
Sin embargo, la decisión no favorece en la comunicación sobre la estrategia a seguir en cuanto al proceso de liberalización del precio de la gasolina y el fortalecimiento de las finanzas públicas del país. Tampoco contribuye a incentivar la modernización del sector, ya que las inversiones podrían limitarse ante la incertidumbre de que sigue la intervención pública en el precio del combustible. Las Finanzas Públicas no han mejorado a pesar de los recortes presupuestales implementados. Al cierre de 2016, la deuda total del sector público subió a 49.1% del PIB, cinco puntos porcentuales más alta que en 2015.
El gobierno federal sigue teniendo dificultades financieras. En un escenario donde el pago del servicio de la deuda seguirá creciendo (por la expectativa de alzas de tasas de interés y presión de la moneda mexicana) y con poco margen de maniobra para aumentar ingresos públicos que controlen los niveles actuales de deuda y déficit público, este tipo de decisiones no abonan en mejorar los fundamentos del sector público. Los ingresos públicos seguirán limitados, ya que se condicionó no aumentar más los impuestos, los ingresos provenientes del sector petrolero seguirán bajos por varios años más, y el crecimiento económico seguirá siendo muy modesto (nuestra expectativa es de una expansión del PIB de sólo 1.5% para 2017).
Todo el ajuste tendrá que venir del gasto público, que afecta a su vez al crecimiento económico y difícilmente se logre reducirlo, ante las amenazas del entorno externo y el clima político (al acercarse nuevas elecciones para presidente). El IEPS a gasolina y diesel se ha convertido en una fuente importante de ingresos públicos. El año pasado estos ingresos representaron el 5.7% del total (1.4% del PIB), un crecimiento de 22.5% en términos reales respecto a 2015. La importancia crece ya que si se excluye el remanente de operación del Banco de México, los ingresos del sector público sólo crecieron 0.7% en 2016. Es muy probable que este 2017 la recaudación no mejore, ante la incertidumbre existente en los mercados globales.
Las necesidades de recursos seguirán siendo una prioridad. El gobierno debe de enfocarse en reducir los niveles de deuda pública como porcentaje del PIB, el principal elemento que están considerando las agencias calificadoras para evaluar si ajustan o no la calificación de la deuda soberana. Se requieren mayores ajustes al gasto. La ciudadanía debemos de entender que aunque puede haber variaciones en el precio en el corto plazo, para que se presente una tendencia a la baja en el precio del combustible tienen que suceder dos condiciones necesarias: las empresas que venden gasolina sean muchos más competitivas y que exista mayor competencia; y, PEMEX logra refinar la mayoría de la gasolina que se consume en el país. De estos dos elementos, quizás el primero se pueda cumplir más rápido, pero aún así no es inmediato y puede demorar entre 1 y 2 años.
El segundo, de acuerdo a las perspectivas de la reforma energética, quizás para 2022 se pueda alcanzar. El gobierno necesita evitar comportamientos monopólicos entre las empresas participantes en la cadena de la gasolina y si los hay, castigarlas. Adicionalmente, debe continuar trabajando en fomentar la entrada de nuevos competidores y dar seguridad atacando el robo de combustible. El posponer el aumento en el precio de la gasolina programado para las primeras dos semanas de febrero también distorsiona un poco las expectativas de inflación.
Por lo pronto, en la reunión de Banco de México de este próximo jueves 09 de febrero, esperamos que la autoridad se pronuncie por un alza de entre 25 a 50 puntos base. La inflación registrada en enero fue lo suficientemente alta para anticipar este movimiento. Además, el alza le servirá al Banxico para desinflar expectativas de presiones inflacionarias para los próximos trimestres, que por ahora, para el 2018 se mantienen ancladas.