La administración del presidente Donald Trump busca poner fin a la política de liberación automática de mujeres embarazadas recluidas en sus centros de detención, de acuerdo con un memorando oficial divulgado hoy por la cadena CNN.

El memorando de la nueva política fue enviado por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) al Congreso, en lo que representa un cambio respecto a las directrices de la administración Obama que se inclinaba a liberar a las mujeres salvo en casos de circunstancias extremas.

De acuerdo con la nueva directriz, según el reporte de CNN, autoridades migratorias dejarán de liberar de manera automática a las mujeres embarazadas bajo custodia migratoria, ya sea porque son indocumentadas o porque están sujetas a la deportación.

La política deja en claro, sin embargo, que el ICE no detendrá a todas las embarazadas, sino que se hará bajo una evaluación de caso por caso.

Bajo la nueva política, el ICE retendrá sólo a aquellas mujeres cuya detención sea necesaria para llevar a cabo su deportación, o porque sean consideradas en riesgo de fuga o un peligro para la comunidad.

ICE buscará además liberar a las mujeres embarazadas en su tercer trimestre de embarazo y hará un esfuerzo para que los centros de detención migratoria ofrezcan los servicios que requieren las mujeres y padres de familia.

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El juez federal de la corte del distrito este de Nueva York, Nicholas Garaufis, anunció hoy que puede proceder la demanda que señala que el presidente Donald Trump terminó de forma ilegal el programa de acción diferida DACA por prejuicios raciales contra los inmigrantes mexicanos.

Garaufis afirmó que las declaraciones denigrantes de Trump contra los migrantes mexicanos, que integran casi el 80 por ciento de los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), permitían hacer una “inferencia plausible” de que su motivo para finalizar esa iniciativa fueron sus prejuicios raciales.

Los demandantes, encabezados por el activista mexicano Martín Batalla Vidal y respaldados por fiscales generales de 15 entidades de Estados Unidos, han presentado ante la corte numerosas declaraciones de Trump como evidencia de sus prejuicios raciales.

El mandatario se ha referido a inmigrantes mexicanos como “violadores” que han introducido el crimen y las drogas a Estados Unidos, además de que los ha descrito como “malos hombres” y ha calificado a presuntos pandilleros latinos como “animales”.

Trump cuestionó además si un juez de origen mexicano podría ser imparcial debido a que, pese a haber nacido en Estados Unidos, sus padres eran de México.

Al respecto, el juez destacó que aunque los insultos raciales no violan en sí mismos un principio legal, “sí pueden ser evidencia de que la acción oficial fue motivada por fines discriminatorios ilegales”.

La decisión de Garaufis se produjo luego de que en febrero pasado bloqueara la suspensión del DACA, una orden emitida también por un juez federal de San Francisco.

Tras el fallo, el programa podrá mantenerse, pese a que Trump había anunciado en septiembre pasado que el DACA, que beneficia a cerca de 800 mil inmigrantes indocumentados, sería suspendido a partir de este mes en Estados Unidos.

El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, celebró la decisión de Garaufis en un mensaje en su cuenta de Twitter, y explicó que su oficina espera continuar con el litigio para proteger a los jóvenes beneficiarios del DACA.

“Como hemos argumentado desde el principio, la rescisión del presidente Trump del DACA fue ilegal”, manifestó Schneiderman.

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Las dos Coreas acordaron este jueves que la cumbre entre el presidente surcoreano, Moon Jae-in y el líder norcoreano, Kim Jong-un, se celebre el próximo 27 de abril en la zona fronteriza de Panmunjom.

El presidente Moon y el líder Kim se reunirán en la Casa de la Paz, en el lado sur de la aldea fronteriza de Panmunjom, también conocido como de la Zona de Seguridad Conjunta (JSA), según los resultados de los diálogos de alto nivel entre las dos Coreas.

Esa zona es el único punto de la militarizada frontera entre los dos vecinos en el que soldados norcoreanos y surcoreanos se ven las caras.

La cumbre tiene como objetivo principal fijar un escenario idóneo para dialogar sobre la desnuclearización de la península de Corea, algo con lo que el líder norcoreano se comprometió durante su reunión con el presidente chino, Xi Jinping.

Ambas partes han acordado también sostener contactos a nivel de trabajo el próximo miércoles, para discutir temas de protocolo y seguridad relacionados con la cumbre, según adelantó la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

A esta cumbre le seguirá otra histórica reunión que Kim mantendrá en mayo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tratar la posible desnuclearización del régimen y que supondrá la primera vez que se ven las caras los mandatarios de Pyongyang y Washington.

Las cumbres de abril y mayo han desatado una frenética actividad diplomática, que ha puesto un punto y aparte en el aislamiento del régimen y que alcanzó esta semana su máximo punto con el viaje sorpresa de Kim Jong-un a Beijing para reunirse por primera vez con el presidente chino, Xi Jingping.

Las dos Coreas siguen técnicamente en guerra desde que finalizó el conflicto armado de tres años entre ambas naciones en 1953. En lugar de firmar un armisticio signaron un cese del fuego.

La del 27 de abril será la tercera cumbre intercoreana después de la dos celebradas en Pyongyang en 2000 y 2007 entre el entonces líder del Norte, Kim Jong-il, y los mandatarios del Sur, Kim Dae-jung y Roh Moo-hyun.

Las relaciones intercoreanas han mejorado desde que Corea del Norte decidió participar en los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang del 9 al 25 de febrero en Corea del Sur.

Ambas partes llegaron a un acuerdo para celebrar la cumbre en una reunión entre los enviados especiales de Kim y Moon en Pyongyang a principios de este mes, según Seúl.

Es la primera vez que los dos países celebran una reunión a nivel ministerial desde enero, cuando discutieron los detalles de la participación de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos de Invierno.

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El gobernador de Florida, Rick Scott, firmó una ley que prohíbe a ese estado de la Unión Americana invertir en compañías que hagan negocios con el gobierno de Venezuela.

La norma había sido aprobada el 8 de marzo por los legisladores estatales y era de esperarse la firma del gobernador, quien fue uno de sus principales promotores.

“Juntos, arrojaremos luz sobre la inaceptable tiranía política y violencia infligida por (el presidente Nicolás) Maduro y sus despiadados matones”, dijo Scott al proponer la medida.

La ley 359, que entra en vigor el 1 de julio, prohíbe a la Junta de Administración Estatal (SBA) “invertir en acciones, títulos de deuda u otras obligaciones” con cualquier compañía en Estados Unidos que haga negocios con el gobierno de Venezuela.

La propuesta fue diseñada luego de que el banco de inversiones Goldman Sachs comprara bonos venezolanos a menos de la tercera parte de su precio. La transacción desató la ira de los opositores a Maduro, que acusaron a Goldman Sachs de apoyar la “dictadura”.

Por su parte, el gobierno de Suiza anunció la víspera una serie de sanciones contra Venezuela y la congelación de activos, por sus presuntas violaciones a los derechos humanos y la democracia, secundado las medidas tomadas por la Unión Europea (UE) en enero pasado.

En un comunicado, el Consejo de Estado anunció su decisión de congelar activos y prohibir viajar al país a varias personas y representante de varias compañías y organizaciones, incluidos siete ministros venezolanos y funcionarios de alto rango, según un reporte del sitio Swissinfo.

Al igual que las sanciones impuestas por la UE, el gobierno suizo incluyó en la lista de sanciones al expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, al ministro del Interior, Néstor Reverol, y al presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno.

Las sanciones suizas incluyen la prohibición de la venta o exportación a Venezuela de armas y bienes que pueden ser utilizados para la represión interna, así como equipos usados para monitorear e interceptar las comunicaciones por Internet y por teléfono.

En su declaración oficial, Suiza destacó que estaba “seriamente preocupada por las reiteradas violaciones de las libertades individuales en Venezuela, donde el principio de separación de poderes se ve gravemente socavado y el proceso en vista de las próximas elecciones adolece de una grave falta de legitimidad”.

Esto ocurre en momentos en que Venezuela se prepara para las elecciones del 20 de mayo, en las que Maduro buscará ser reelegido hasta 2025 y que son tachadas como un fraude por la oposición, cuyos principales líderes están presos o han sido inhabilitados políticamente.

El año pasado, una oleada de protestas que exigían la salida del poder de Maduro dejó 125 muertos, en un contexto de profunda escasez, una inflación proyectada por el FMI para este año de 13.000 por ciento y una fractura social que está provocando una crisis de refugiados en Latinoamérica.

En agosto pasado, Washington impuso medidas financieras contra el país y su petrolera PDVSA.

Según datos del censo de 2016, unos 300 mil venezolanos viven en Estados Unidos. De ellos, casi la mitad (144 mil) residen en Florida.

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