La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reconoció que los hechos ocurridos el 2 de Octubre de 1968 constituyeron un crimen de Estado. A 50 años, no debe haber perdón ni olvido, consideró su titular, Jaime Rochín del Rincón.
Precisó que a medio Siglo de la masacre, México evoca a sus víctimas y las recuerda porque el tiempo no ha hecho sino fortalecer su memoria; “venimos a dignificarlas, porque la tinta oficialista no podía manchar sus nombres para siempre”, expresó.
En entrevista con Notimex, se refirió a la primera resolución de reparación colectiva emitida por la Comisión que encabeza sobre los hechos ocurridos hace diez décadas, misma que contempla cuatro puntos principales.
Uno, el reconocimiento de que las acciones del gobierno tuvieron una serie de impactos y daños en el ámbito individual, pero también en el colectivo, pues se marcó la identidad de los manifestantes al señalarlos por su ideología.
Lo anterior, dijo, generó una polarización social en torno al Movimiento estudiantil, cuyos integrantes siguen demandando acceso pleno a la verdad, a la memoria y a la justicia.
Dos, la implementación de medidas de satisfacción de carácter colectivo, mediante las iniciativas Colección M68 y Ciudadanos en Movimiento, la cual consiste en una amplia recopilación de documentos en formato digital, integrada por decena de acervos públicos y privados.
Ese material, anotó, permitiría dar cuenta de los distintos ciclos de movilización social que desde la década de los sesenta a la fecha, ha contribuido al reconocimiento de los derechos en México.
“Su objetivo es preservar y divulgar la memoria, a través del acceso libre, público y gratuito a expedientes, fotografías, grabaciones y documentos que permitan la reconstrucción de los hechos.
Tres, la reparación simbólica colectiva que servirá de soporte a la reflexión, a la información y a la memoria, mediante la Intervención Tlatelolco 68-18, del Monumento a la Ausencia.
Este proyecto del artista Yael Bartana, inaugurado la víspera en el piso del patio central del Centro Cultural Universitario Tlatelolco donde 400 pares de huellas fueron impresas para recordar a las víctimas.
“Las huellas representan el punto más alto en las versiones sobre el número estimado de estudiantes asesinados en la masacre, creando un espacio que denuncia la ausencia”, anotó el Comisionado Rochín del Rincón.
Y, cuatro, la resolución incorpora el pleno reconocimiento de que las medidas de satisfacción de carácter colectivo no condicionan, ni extinguen, el derecho de las víctimas a tener acceso a la reparación integral del daño a título individual.
Además, “se reconoce su derecho imprescriptible y el de la sociedad mexicana en su conjunto, a conocer la verdad sobre los hechos ocurridos hace 50 años.
Rochín del Rincón resaltó que al asumir esta responsabilidad, la Comisión se dio a la tarea de brindar el reconocimiento a las víctimas del 68 y de trabajar en un proceso que reivindique su dignidad.
Detalló que la reparación colectiva pretende detonar procesos de verdad, justicia y memoria, al tiempo que se materializa con las iniciativas Colección M68, Ciudadanías en Movimiento e Intervención Tlatelolco 6818.
Es así, que la reparación colectiva reconoce que “la represión a los estudiantes de Tlatelolco en 1968 y posteriormente los movimientos sociales derivaron en un amplio uso de las ejecuciones, arrestos arbitrarios, tortura y desapariciones forzadas para someter a los grupos inconformes al sistema”.
El Comisionado Ejecutivo refirió que el Movimiento estudiantil es un parteaguas para la defensa y protección de los derechos humanos, de ahí que la Comisión lleva a cabo su primera reparación colectiva a través de medidas de satisfacción.
“Con esta reparación el Estado mexicano reconoce una de las páginas más trágicas en su historia moderna”, recalcó.
“Es necesario que el Estado reconozca de manera activa, la necesidad de restauración de los hechos de la verdad y la memoria que tienen las víctimas para reparar los daños y sufrimientos generados”, anotó.
La resolución, expresó, parte de considerar que los hechos de Tlatelolco vulneraron derechos individuales y afectaciones comunes a los derechos humanos de esa colectividad la cual sigue demandando un pleno acceso a la verdad, a la memoria y a la justicia”.
Recordó que la Comisión ha sido enfática en reconocer que la única vía de garantizar de manera efectiva y eficaz los derechos de las víctimas es haciendo real su derecho a la verdad, la justicia, la memoria y reparación integral, de ahí que uno de los caminos posibles es la justicia transicional.
Indicó que el uso de la justicia permitirá despejar el camino hacia el esclarecimiento a la verdad de los hechos ocurridos en 1968, dignificando a las víctimas.
Por tanto, las víctimas directas e indirectas de los hechos ocurridos el 2 de Octubre de 1968, el “Halconazo” del 10 de junio de 1971 y el periodo conocido como Guerra Sucia, exigen estar incluidos en lo que debe ser el presente del país, en la memoria colectiva y en las narrativas oficiales.
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