A pesar de haber recibido una condena mínima por asociación delictuosa y lavado de dinero, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte impugnó la sentencia de nueve años de cárcel y multa de 58 mil pesos.

La impugnación fue presentada ante el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia, quien emitió su sentencia el pasado 26 de septiembre durante una audiencia en la que la Procuraduría General de la República (PGR), y Duarte de Ochoa aceptó continuar el asunto mediante un procedimiento abreviado, figura del nuevo sistema penal que obliga a los imputados a declararse culpables a cambio de penas mínimas.

Fuentes federales confirmaron que el ex gobernador reclamó la forma en que el juez realizó el concurso de delitos para imponer la pena, sin embargo, este aspecto no afecta el fondo de la sanción de nueve años de prisión, la multa por 58 mil pesos y el decomiso de 41 inmuebles que le fueron impuestos por los dos delitos que le imputó la PGR.

La apelación de Javier Duarte será conocida por un Tribunal Unitario en la Ciudad de México que decidirá si confirma, revoca o modifica la sentencia.

Sin embargo, debido a que se trata de un tema sin mayor trascendencia, fuentes allegadas al caso indicaron que es posible que la defensa de Duarte se desista en los próximos días para evitar entorpecer más los términos.

Si en apelación o amparo Duarte no logra combatir la prisión que le fue impuesta, podría solicitar su libertad anticipada en el año 2021 pues para entonces habrá cumplido con el 50% de la condena porque el juez tomó en consideración el tiempo que permaneció detenido que empezó a contar desde abril de 2016 cuando fue capturado en Guatemala.

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) debe actualizarse para que la recuperación del poder de compra de los trabajadores sea más rápida y evitar que los incrementos salariales desaparezcan por el alza de precios, afirmó José Luis Carazo Preciado representante del sector obrero ante este organismo.

Asimismo, mencionó que las pláticas entre los factores de la producción para fijar el aumento a esta percepción económica aún no han comenzado y será a inicios de diciembre cuando este organismo tripartita se declare en sesión permanente para llegar a un acuerdo antes de que finalice este año.

En entrevista, consideró que no sería oportuno que desaparezca la Conasami como han propuesto algunos partidos políticos y centrales obreras, al contrario, se debe fortalecer a partir de su actualización.

Hizo notar que cuando se discute un posible aumento se debe tomar en cuenta el impacto que va a tener en la generación de fuentes de empleo, en la inversión, en la productividad y en la actividad económica y financiera del país.

Por lo tanto, apuntó, hay que analizar diversas variables económicas y ver en qué porcentaje se puede aumentar el mínimo, ya que esto no se puede hacer de manera unilateral o por decreto.

El consejero del sector obrero ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, externó que en las últimas semanas se han dejado escuchar diversas propuestas de cuánto debe ser el salario mínimo el próximo año. “La más recurrente es que debe ser de más de 100 pesos diarios”, comentó.

Sin embargo, insistió, todavía no empiezasn los trabajos de análisis y esto se va a dar a principios de diciembre cuando la nueva administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador entre en funciones.

“Vamos a estar a la espera de lo que ofrecen el Gobierno federal y el sector empresarial y a partir de ahí iniciar las negociaciones con el fin de empujar la recuperación del poder adquisitivo, que afortunadamente se ha empezado a dar durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto.”

Aseguró que el tema del salario mínimo no impacta tanto, ya que en el sector formal un trabajador gana más que esa cantidad. Lo que estamos buscando es ir acercando este ingreso al salario real y poder cumplir con lo que establece el Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (Coneval).

En la Confederación de Trabajadores de México, continuó, estamos conscientes de que es necesario reactivar el mercado interno a través de mejores percepciones económicas y esperamos alcanzar muy pronto y señaló que las revisiones contractuales han mejorado el nivel de vida de la clase trabajadora.

El secretario del Trabajo del Comité Ejecutivo Nacional de la CTM, afirmó que esta central es institucional y desea que al próximo gobierno le vaya bien. “A través del diálogo, la conciliación y la negociación vamos a resolver los problemas que se vayan presentando en el mundo laboral”, aseveró.

NTX/ASV/SGR

El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas, señaló “no puede haber combate a la corrupción sin las lupas abiertas y agigantadas de cada uno de los 33 institutos que formamos parte del Sistema Nacional de Transparencia”.

Al clausurar los trabajos de la Semana Nacional de la Transparencia “Trascendencia e Impacto de la Transparencia y Rendición de Cuentas”, en el auditorio Alonso Lujambio, expuso que el orden constitucional mexicano vigente nos ha dado la condición de órgano constitucional autónomo.

Planteó que la jornada cívica ejemplar del 1º de julio dejó una lectura de erradicar y combatir a la corrupción y que es una demanda de la sociedad mexicana.

Manifestó que el INAI debe ser un termómetro evidente de la legalidad con el que se conducen las administraciones públicas, incluida también la que encabezará el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Este órgano constitucional autónomo reivindica su voluntad cívica, su probidad y su mayor intensidad para ser rigurosos, ser neutrales y técnicamente solventes en cada una de las resoluciones que emita cuando haya que hacerlo porque es la lógica democrática que se vivirá seguramente, finalizó.

NTX/ASV/HTV

México ya cambió y la época de los intermediarios en la instrumentación de los programas sociales del gobierno federal ya terminó, afirmó la próxima titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero.

Entrevistada al término de la ceremonia de clausura de la Semana Nacional de Transparencia “Trascendencia e Impacto de la Transparencia y Rendición de Cuentas”, celebrada en el auditorio “Alonso Lujambio” del INAI, comentó que 20 mil voluntarios trabajan en el censo de las familias que requiere apoyos gubernamentales.

Aseguró que la gente está ávida de un cambio en el país y por ello -dijo- se busca cumplir con todos los compromisos del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Estos voluntarios tocarán puerta por puerta, casa por casa y familia por familia para recabar la información sobre su situación económica y social y ver si requieren de los programas sociales del gobierno federal, señaló en el foro organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Sánchez Cordero insistió en que ya no habrá intermediarios, como ocurre actualmente, para que la población reciba los apoyos de los programas sociales a los que tiene derecho.

Sostuvo que quienes van a vigilar que estos apoyos lleguen realmente a su destino serán los propios beneficiarios y la sociedad en general, queremos terminar con los abusos y la corrupción.

Las mujeres solteras, las personas de la tercera edad y los jóvenes, a través de los diversos programas sociales que pondrá en marcha la próxima administración a partir del 1 de diciembre, van a recibir los apoyos en propia mano, sin intermediarios, puntualizó.

NTX/ASV/EGR

La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, afirmó que la capacidad disponible de generación eléctrica es cada vez menor, por lo que es urgente revertir esa situación.

Al dar un diagnóstico del sector energético, señaló que “la capacidad disponible es cada vez menor ante un incremento constante de la demanda de electricidad, por lo que urge una revisión profunda de lo que debe hacerse en la materia”.

En este sentido, Padierna Luna precisó que en 2017 la producción de gas seco presentó una baja de 34 por ciento con respecto a 2013 y a la fecha México importa el 70 por ciento del gas natural que consumimos.

“Esto es especialmente preocupante al considerar que 60 por ciento de la generación eléctrica en México se realiza a base de gas natural”, subrayó la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Por último, dijo que “en materia de gas natural una rápida extensión subida de la demanda ha coexistido con una reducción substancial en la oferta interna, lo que ha llevado a una preocupante dependencia del gas natural importado de una sola fuente de suministro: los Estados Unidos”.

NTX/GRI/HTV

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la exclusión de alumnos con discapacidad del sistema educativo general es discriminatoria y por tanto inconstitucional.

En sesión pública, el Pleno de la Segunda Sala determinó que de acuerdo con el derecho fundamental a la educación inclusiva, todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad pertenecen y deben integrarse al sistema educativo “general u ordinario”, sin reglas ni excepciones.

Al resolver el amparo en revisión 714/2017, los ministros se pronunciaron respecto a la constitucionalidad del Artículo 33 y 41 de la Ley General de Educación, así como el 10 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.

Asimismo, al referir a la denominada “educación especial”, sostuvieron que en el Estado mexicano no se puede concebir la existencia de dos sistemas educativos: uno regular, para todos los alumnos, y otro especial, para las personas con discapacidad.

Más bien debe entenderse que existe un sistema educativo regular que es complementado con “herramientas de apoyo para lograr la inclusión en el sistema educativo”, y no propiamente un sistema de educación especial, destacaron.

Por ello, resolvieron, que las políticas y los recursos encaminados a formular prácticas genuinamente “inclusivas” deben privar aquellas que tiendan a la separación, sea temporal o definitiva, de los educandos.

Lo anterior atendiendo, entre otras consideraciones, a la discapacidad; para lo cual, progresivamente y hasta el máximo de los recursos posibles, se deberán tomar ajustes razonables, como lo son capacitar a profesores.

Asimismo, se deben adaptar las aulas a diferentes necesidades de los educandos y elaborar un plan de estudio que tome en cuenta las diferencias de los alumnos.

Consideraron que la escuela común con orientación inclusiva es la medida más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias y crear comunidades de acogida.

Además, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos, ya que los niños que se educan con sus pares tienen más probabilidades de convertirse en miembros productivos de la sociedad y de estar incluidos en su comunidad.

En consecuencia, se declaró inconstitucional la disposición legal que propicia la coexistencia de dos sistemas educativos, uno regular para todos los alumnos y otro especial para las personas con discapacidad.

La Sala destacó que es optativo para el alumno emplear las herramientas de apoyo para lograr la inclusión en el sistema educativo regular –como lo son los Centros de Atención Múltiple (CAM) y Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER).

Empero, lo cierto es que esa opcionalidad en forma alguna podrá ser pretextada para excluir a los alumnos con discapacidad del sistema educativo regular.

NTX/JRN/VLU/EDU16

Los proyectos que se presenten en la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República, deberán incidir directamente en la recuperación de la tranquilidad y la paz del país, señaló su presidenta, Lucía Trasviña.

Durante la instalación formal de la Comisión, dijo que los legisladores deben contribuir a suprimir el dolor y destrucción causados por el estado actual de violencia y considerar que ninguna sociedad es funcional sin certeza jurídica y garantías para la seguridad física de sus integrantes.

Para ejemplificar, expuso los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que reportó más de 146 mil 672 homicidios, de septiembre de 2014 a septiembre de 2017.

“Una de las demandas más urgentes que tenemos que atender es el de recuperar la legalidad y la paz, para darle viabilidad a la integridad de los mexicanos y garantizar un desarrollo sostenible de la nación”, refirió.

Comentó a los integrantes de la Comisión que la parte medular de los problemas nacionales, como la inseguridad, derivan directamente de la ausencia de voluntad política para hacer cumplir las leyes, o porque han sido utilizadas de manera discrecional, facciosa, arbitraria y corrupta.

A la instalación de la Comisión de Seguridad Pública asistieron los senadores: Verónica Martínez, Ismael García, Higinio Martínez, Alfonso Durazo, Josefina Vázquez, Dante Delgado, Miguel Mancera, Alejandra León y Verónica Camino.

NTX/LCR-JCV/SGR