Caso Ayotzinapa llega a Alemania; demandan freno a venta de armas de asalto a México

Actualmente hay un juicio contra la empresa Heckler & Koch que, entre los años 2006 y 2009, vendió más de nueve mil armas de asalto a México. Se presume que una de ellas fue usada en los hechos violentos en Iguala de 2014.

Leonel Gutiérrez Solano, hermano de Aldo, estudiante que el 26 de septiembre de 2014 recibió un disparo que lo dejó en estado vegetativo la noche de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, viajó a Alemania para denunciar las consecuencias de la venta irregular de armas a México.

El hermano de Aldo fue acompañado por Sofía de Robina Castro, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C, quien señaló que demandaron a las autoridades alemanas acciones para evitar que el caso Ayotzinapa se vuelva a repetir.

“A cuatro años no tenemos nada de resultados, seguimos en lucha para llegar a la verdad de un caso que el gobierno no quiere esclarecer. Tenemos un familiar muy grave que debemos cuidar 24 horas porque no se puede valer por sí mismo a causa de un disparo de arma de fuego que le dañó el 65 por ciento del cerebro“, denunció Leonel Gutiérrez.

Esto lo expresó en el marco de una serie de audiencias que se llevan a cabo en tribunales de Alemania donde se sigue un juicio contra la empresa Heckler & Koch que entre los años 2006 y 2009, vendió más de nueve mil armas de asalto de este tipo en México.

Casi el 50 por ciento llegó a diversos estados mexicanos donde se cometen graves violaciones a los derechos humanos y a los que el permiso de exportación prohibía suministrarlas, entre ellos Guerrero.

Jürgen Grässlin, portavoz de la “Iniciativa por el clamor: Detén el comercio de Armas”, señaló que el fabricante de armas vulneró la ley de control de armas de guerra, así como la ley de comercio exterior.

“Por eso presenté en el año 2010 una demanda penal contra los responsables en Heckler & Koch. Dos de los cuatro estados mexicanos prohibidos aparecían expresamente en los contratos de exportación como ‘estados prohibidos’. Estos hechos debería llevar a una condena de los acusados por parte de la sección mercantil del Tribunal de Justicia de Stuttgart“, indicó.

Aldo y su familia aún esperan justicia, tanto de las autoridades mexicanas involucradas en los hechos, como de los responsables de que las armas alemanas adquiridas por el Ejército Mexicano llegaran a la policía de Guerrero, aun cuando estaban prohibidas.

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