De acuerdo con el predictamen de las reformas para crear la Guardia Nacional, la elaboración de los planes y estrategias en seguridad pública de este órgano quedarían en manos exclusivamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sin involucrar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como se proponía inicialmente.

En el documento en poder de La Razón a la Guardia Nacional se le otorgan facultades para investigar delitos bajo la conducción jurídica del Ministerio Público y ya no como su “auxiliar”, como lo establecía la iniciativa presentada el pasado 20 de noviembre en San Lázaro.

“El Ejecutivo federal, en el ámbito de sus atribuciones, a través de la dependencia del ramo de seguridad deberá elaborar los planes, estrategias y acciones en materia de protección para que, a su vez, la dependencia del ramo de la defensa nacional, y las demás que correspondan, instrumenten las que les competan”, señalaba la iniciativa en el artículo 21.

En cambio, el predictamen, que será sometido a discusión hoy en la Comisión de Puntos Constitucionales, señala: “las políticas, planes y estrategias en materia de seguridad pública estarán a cargo de la dependencia del ramo”. Además, ya no menciona a la Sedena en este punto.

En cuanto a la investigación de delitos, en la iniciativa se le otorga a la Guardia Nacional la facultad de actuar como “auxiliar del Ministerio Público”; mientras que en el predictamen la redacción fue modificada para quedar así: “tratándose de hechos que puedan ser constitutivos de delitos del orden federal, la Guardia Nacional actuará bajo la conducción jurídica del Ministerio Público Federal”.

Fuera de esos cambios, el predictamen prácticamente es una reedición de la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados por Andrés Manuel López Obrador cuando era Presidente electo.

Se establece que la Guardia será “una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad, y el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, protegiendo su seguridad y bienes, así como preservar el orden, la paz pública y recursos de la Nación”.

En el documento se mantiene el espíritu de la iniciativa, ya que la Guardia Nacional se conformará con Policías navales y militares, subordinadas al mando militar.

Mantiene además el quinto artículo transitorio, que exceptúa a los efectivos de lo establecido en el artículo constitucional 129, el cual impide a las Fuerzas Armadas intervenir, en tiempos de paz, en acciones diferentes a las que les exige su disciplina.

Tampoco se modifica la parte en la que se establece que realizará labores de seguridad mientras persista la crisis de violencia e inseguridad en el país.

• El Dato: Pese a los cambios, AI rechaza la creación de esta corporación al reiterar que constituye un riesgo a los derechos humanos.

Asimismo, reproduce también la disposición que le otorga facultades al Ejecutivo para emitir lineamientos generales que permitan a la corporación asumir todas las funciones de la Policía Federal.

Al igual que la iniciativa establece que “se deberá asegurar la transición ordenada de los miembros de la Policía Militar y Naval en los términos y condiciones que al efecto determinen las secretaría de la Defensa Nacional y Marina, de manera conjunta”.

Y reitera en su artículo quinto transitorio que el Ejecutivo federal en coordinación con el Poder Legislativo evaluarán las acciones de la Guardia Nacional, una vez que hayan transcurrido tres años, a partir de su implementación.

LA RAZÓN

Tatiana Clouthier, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados y una de las mujeres más cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuestionó la Guardia Nacional que éste busca crear, y aseguró que para el futuro de sus hijos y de su familia no quiere a los militares con el control total del país.

En una reunión privada de los diputados de Morena con Pedro Miguel Arce, asesor de la Presidencia en la elaboración del Plan Nacional de Paz y Seguridad, Clouthier Carrillo cuestionó al funcionario federal y a sus colegas si aprobarían la guardia si el presidente fuera Felipe Calderón, José Antonio Meade o Ricardo Anaya.

Explicó que si esta ley estuviera bien hecha y tuviera sus contrapesos no tendría que importar quién estuviera al frente del Poder Ejecutivo.

“Cuando estamos hablando de una seguridad en términos de lo que es el país para mi futuro, para mis hijos, para mi familia, yo no quiero a los militares con el control total de este país”, aseguró.

“Me dice alguien: ‘es que es mando civil porque lo tiene el Presidente’; sí, pero la pregunta es: ¿si el presidente fuera Felipe Calderón, [José Antonio] Meade o [Ricardo] Anaya, ¿aprobaríamos esta ley? Esa es la ley que tenemos que aprobar: la ley en que no importa qué presidente esté al frente, que estaríamos dando la totalidad del mando, porque depende que está bien hecha la ley y tiene sus contrapesos para quien esté al frente”, dijo.

En un audio en poder de EL UNIVERSAL, Tatiana Clouthier consideró que con el dictamen que se pretende aprobar en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, tal como está redactado, se está “militarizando” al país y su presencia en las calles sería permanente.

“Aquí está militarizado, es permanente; inclusive, le estamos dando el mando al presidente en el artículo 89 de la policía privada… ¿Perdón?, ¿dónde he oído eso? O sea, no le puedes dar todo el poder a un hombre, y no es Andrés Manuel o no, estamos hablando de que los hombres somos humanos y no solamente eso, nos podemos morir, ¿y si mañana sube Juan o Pedro o María? El tipo de ley que debemos tener es donde cualquiera puede estar al mando y yo me siento tranquilo, y para eso existen los pesos y contrapesos”, dijo la diputada.

En el audio, después de esta intervención, Clouthier Carrillo recibió aplausos de sus colegas y remató: “como está redactado ahorita [el dictamen] es un peligro”.

Argumentación. En respuesta, Pedro Miguel Arce habló de que Francia, Chile, Italia y España tienen policías militarizadas y están bajo el mando del ministerio de la Defensa o del mando conjunto de este órgano y del ministerio del interior, es decir, del presidente.

Expuso que no se puede tener un país en donde el Ejecutivo no tenga un poder coercitivo, aunque esa palabra sea “espantosa”, dijo, porque es parte de sus atribuciones, pues “se llama el monopolio de la violencia legítima, y eso no se le puede negar a un Estado democrático”.

De manera directa le dijo a Clou-thier Carrillo que si Calderón, Meade o Anaya estuvieran en la Presidencia el plan de seguridad no existiría porque no propondrían poner por delante los derechos humanos, el bienestar social, la rehabilitación de las cárceles y el cambio de paradigma para considerar a las personas como innatamente bondadosas.

Explicó que lo que buscan es acabar con la política de usar a las Fuerzas Armadas en las tareas que corresponden a la policía, y explicó por qué sería de manera permanente.

“Pasar de una institución de lo militar a lo civil no es como pasar un escritorio. Son estructuras que se generan y que funcionan dentro de un ámbito militar, castrense o civil”, dijo.

Otra diputada, a quien no se identifica en el audio, cuestiona si con la aprobación de este dictamen no habría riesgo de que ocurra un golpe de Estado en nuestro país, y Pedro Miguel Arce dijo que en México nunca ha ocurrido una insubordinación.

“Compañera, con la honrosa excepción de México, todas las Fuerzas Armadas de América Latina son golpistas; con la honrosa excepción de México, todas las Fuerzas Armadas de América Latina se han insubordinado al poder civil. En México esto no ha ocurrido nunca. El Ejército Mexicano nunca ha dado un golpe de Estado desde su creación, nunca. Además, los mandos militares mexicanos no se han enriquecido al amparo del poder como el resto de los funcionarios. ¿Han cometido violaciones?, sí… ¿se necesitan contrapesos?, sí, pero esto está planteado”, afirmó.

EL UNIVERSAL