Leopoldo Arellano y Felipa Sánchez tienen dos tinacos en su banqueta, en San Miguel Xaltocan, Estado de México, para que se los llenen las pipas que ha estado mandando la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El pozo que abastecía al pueblo dejó de funcionar, pero como parte de las negociaciones para que acepten la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, el gobierno ha prometido a este pueblo, ubicado junto a la base aérea de Santa Lucía, solucionar definitivamente su problema del agua, según cuentan pobladores.
Esa no fue la única promesa. De hecho, se formaron cuatro mesas de trabajo con el gobierno, sobre agua, tierras, infraestructura, y desarrollo social y económico, como parte del acuerdo alcanzado en una asamblea realizada el 10 de marzo pasado en el auditorio ejidal que duró más de seis horas. Esa reunión sirvió como consulta a los pueblos indígenas cercanos al proyecto, según reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador el lunes pasado, mientras que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) confirmó que sólo se le preguntó a esa comunidad, de menos de cuatro mil habitantes.
Animal Político habló con varios habitantes de San Miguel Xaltocan, municipio de Nextlalpan, que confirmaron que prácticamente todos los asistentes a la reunión votaron a mano alzada a favor del aeropuerto, porque el gobierno ofreció muchas ayudas para el pueblo, y porque consideraron que, de todos modos, el proyecto ya está en marcha.
La propiedad de la tierra, una vieja disputa
Desde la última calle de San Miguel Xaltocan al noreste, se alcanza a ver la torre de control de la Base Aérea de Santa Lucía. La pista de aterrizaje está a 2.5 kilómetros. Pero también se ve una amplia extensión de terreno que es necesario para el proyecto de construcción de dos pistas más.
Ahí se siembra maíz, avena, cebada, alfalfa, trigo, calabaza, y en época de lluvias, rábano y betabel, según explican algunos campesinos. Aseguran que son el pueblo más productivo de la región, ya que otros no tienen tierras fértiles o no las trabajan como ellos, y que esa es una de las razones por las que el gobierno tenía que consultar a Xaltocan, más que a otras comunidades.
El problema es que esas tierras son tanto ejidales, compartidas entre alrededor de 150 ejidatarios que tienen cuatro hectáreas (40 mil metros cuadrados) cada uno, como comunales, es decir, parcelas individuales y que no tienen títulos de propiedad. Por lo tanto, el gobierno ha ofrecido repartir otros terrenos y regularizar los que existen al sur del pueblo, a cambio de la venta de los que necesita.
En la papelería que está frente a la escuela primaria, unas cartulinas alertan a los vecinos de que comprueben si están en el “censo”. El dueño del negocio, Leopoldo Arellano, explica que desde los años 70 se ha pedido al gobierno que les reconozca la propiedad de esas tierras que los pobladores han trabajado, pero nunca ha ocurrido, por lo que ahora que tienen la posibilidad de negociar, es importante que todos salgan beneficiados. Pero no está claro cuántos son: muestra un documento de un censo levantado en 2001, en donde hay 349 inscritos, pero dice que ahora quien se ostenta como líder comunal tiene otro con más de 700 personas.
“En la asamblea vinieron a plantearnos el proyecto, con un mapa que, bueno, era una fotografía aérea de mala calidad, pero nosotros tenemos idea bien de cómo está la cosa, dónde están los límites actuales y lo que quieren. Y nos dijeron que a cambio de eso, de esa expropiación, a cambio de esos terrenos que vamos a ceder, ellos nos podían dar escrituras de los terrenos que siempre hemos peleado. Y ahí es donde está la manzana de la discordia, porque los que han hecho los censos, ya van como tres censos, y cada uno que hacen eliminan a unos y meten a sus favoritos. Entonces ahora nos prometen darnos la titulación de los terrenos que están ahí, para toda la comunidad indígena de Xaltocan”, relata.
Con información de ANIMAL POLÍTICO