La mañana del martes, la Corte Suprema de Reino Unido sorprendió a todos cuando señaló que la decisión del primer ministro, Boris Johnson, de cerrar el Parlamento, es ilegal. De manera unánime, la Corte señaló que el Parlamento debería retomar sus actividades al día siguiente; por si fuera poco, no hay posibilidad jurídica alguna para la apelación.

La decisión de la Corte ocurre en medio de la disputa por el Brexit que tantos dolores de cabeza ha dado a políticos y ciudadanos. Esta misma discusión, sobre la viabilidad y los términos de la salida de la Unión Europea, es la que le ha costado el puesto a James Cameron y a Theresa May. De acuerdo con las declaraciones de Jeremy Corbyn, líder de la oposición, Boris Johnson no será la excepción.

En 26 breves e impecables cuartillas, la Corte se pregunta si era legal y justiciable en un tribunal la solicitud del primer ministro a la reina de suspender las actividades del Parlamento. La figura existe, es viable y se ha utilizado en diferentes ocasiones; sin embargo, la Corte se pregunta si la solicitud y los motivos fueron legales o fue un subterfugio antidemocrático para que el primer ministro impusiera su plan de gobierno e impidiera la acción del Parlamento.

La Corte señaló con contundencia que el primer ministro había actuado de forma ilegal. Ése es un señalamiento vergonzoso y definitivo.

En ese sentido, la resolución de ayer es un sano ejemplo de la división de poderes, pues es la manera de pulverizar los caprichos y preservar los principios constitucionales que animan a los Estados. Así, ningún plan de gobierno puede imponerse sobre el Poder Legislativo ni el Judicial; las subordinaciones sospechosas —mediante el voto por bancadas partidistas o los nombramientos de jueces leales al régimen— son, también, corrosivas por antidemocráticas.

Los países y sus instituciones deben ser más sólidas que los delirios, errores o traspiés de los actores políticos en turno. En ese sentido, los ministros de la Corte preservaron los principios que animan a Reino Unido y actuaron, sin duda alguna, de manera ejemplar.

Boris Johnson acató la resolución pero atajó con una respuesta inaudita: el Brexit debe hacerse, tal y como está previsto, porque también lo ordena una ley. Eso es, en todo caso, debatible, pues el Parlamento tiene el deber de discutir, plantear y repensar un tema tan delicado y con consecuencias entre países y generaciones.

En los próximos días iniciarán las batallas por el poder, el Brexit y el reajuste en el gobierno. Más allá del resultado final, hay que celebrar la valentía y la precisión de la Corte que, en medio de un mundo gobernado por personas que prefieren el carisma a la ley, supo precisar la importancia de la división de poderes y del respeto a las leyes y a las constituciones.

Johnson, cegado por su soberbia, se tropezó con su sombra; no contaba con los otros poderes que alumbran el difícil camino de la democracia.