El Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que la decisión del juez que liberó a 24 policías detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un ejemplo de “la miseria y la podredumbre en la que se encuentra el sistema de justicia de nuestro país”. También anunció que a los ex funcionarios contra los que la Fiscalía General de la República (FGR) presentará recursos y diligencias son: el ex Procurador, José Murillo Karam, y el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, así como a José Aarón Pérez Carro, ex titular de la Unidad Especial para el caso.

“Nosotros no podemos mantener silencio frente a lo que está sucediendo en todo el proceso judicial que se sigue por la desaparición de los 43 estudiantes”, dijo este domingo, Alejandro Encinas en conferencia de prensa.

Ayer, el Juez de distrito en Matamoros, Tamaulipas, dejó en libertad a 24 policías locales procesados por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El mismo sábado, la FGR informó que inició las diligencias necesarias para iniciar investigaciones contra los funcionarios que fueron omisos en brindar justicia para el caso Ayotzinapa.

“De acuerdo a lo declarado ayer por la Fiscalía General de la República, ésta presentará los recursos y diligencias para responsabilizar a los funcionarios que incumplieron con sus responsabilidades en el desarrollo de la investigación, en particular contra los señores Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y José Aarón Pérez Carro, quien era el titular de la Unidad Especial para el Caso Ayotzinapa en esos momentos de la mal llamada verdad histórica”.

Encinas criticó que “el día de ayer, en la vieja práctica del ‘sabazo’, en día de puente, y en una resolución que no firma el Juez, sino que firma la Secretaria de Acuerdos, la señora Adriana Ruvalcaba Velázquez, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel ventura Ramos, del cual no encontramos fotografía ni registro alguno en las páginas del Poder Judicial, ni incluso del propio juzgado que él encabeza, dictó la libertad absoluta e inmediata de 24 personas detenidas por la desaparición forzada de los 43 estudiantes”.

“Con estas 24 libertades, se suman a las 53 ya otorgadas por el mismo Juez, lo cual suma 77 libertades de las 142 personas a quienes se les habían identificado la presunción de la comisión de diversos delitos. Quedan solamente 65 de las 142 personas detenidas en estos momentos por este proceso y de mantenerse esta tendencia, y como es evidente la intención política de hacerlo, quizá en los próximos días pueden otorgarse diversas libertades”, añadió.

“Estas resoluciones son una afrenta a las víctimas, a los padrea de familia, y a la justicia de nuestro país. Es una burla a la justicia. Estas resoluciones alientan el silencio y la impunidad, muestra la miseria, la podredumbre en la que se encuentra el sistema de justicia de nuestro país, que huele a podrido”, criticó.

El Subsecretario precisó que el 3 de diciembre de 2015, estas personas interpusieron diversos juicios de amparo que les fueron concedidos el 31 de mayo por resolución del Tribunal Colegiado de Tamaulipas.

Y alertó que de acuerdo al análisis que la Comisión ha realizado, de las personas que aún quedan detenidas, “en 13 casos de los que quedan pendientes, tres podrían acreditar dilación en la puesta a disposición, en 20 más detenciones ilegales por falta, una detención ilegal por haber sido ordenada de forma irregular, 12 casos de tortura, nueva casos de exceso de cumplimiento de orden de presentación, un caso de incomunicación y seis casos de violación al derecho de la defensa adecuada”.

“El Juez Ventura Ramos negó la prórroga para que se realizara el protocolo de Estambul y de esta manera otorgó la libertad inmediata de estas personas, aduciendo diversas lesiones que presentaron los declarantes”, indicó.

Encinas afirmó que “la Comisión por la Verdad va a coadyuvar y dar todos los elementos que estén a nuestro alcance”, y añadió que señalarán al Poder Judicial de la Federación que la liberación de los policías es una afrenta a los trabajos que lleva a cabo la Comisión.

Criticó que la decisión del juez y afirmó que utilizó criterios cuestionables.

“No imparte justicia y causa graves daños a la búsqueda de la verdad. Esto representa las viejas inercias de corrupción, incapacidad del régimen anterior, dejando en la impunidad a quienes”, sostuvo.

También pidió al juez que explique porqué da libertad a estos presuntos participantes en la desaparición de los normalista en lugar de castigar a quienes perpetraron la tortura.

Con información de SIN EMBARGO