Estados Unidos se vería beneficiado con la legalización de indocumentados, pero se topa con la presión de grandes empresas privadas que han desarrollado “un negocio millonario” alrededor del control migratorio.
Pablo Ceriani, vicepresidente del Comité de Derechos de Trabajadores Migrantes de Naciones también criticó la apertura de centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama y principalmente la concesión de su gestión a empresas privadas.
Las compañías responsables de dichos centros son “unos de los más grandes empleadores de los Estados Unidos” y “tienen ingresos millonarios por cada migrante detenido”.
“Son actores económicos importantes, que luego hacen mucho lobby para que la respuesta a la migración esté sobre todo con este tipo de elemento, centros de detención, cárceles para migrantes, que responden a sus intereses económicos”, señaló.
Al asumir la presidencia estadounidense, este año, Donald Trump ordenó expandir los centros de detención en el país hasta una capacidad de 60 mil inmigrantes, frente a 40 mil en la actualidad.
En abril pasado la Casa Blanca autorizó la construcción de un nuevo establecimiento valorado en 110 millones de dólares en Texas, con una concesión de diez años para la empresa privada GEO Group, misma que estima que el centro generará ingresos anuales por 44 millones de dólares.
“Me parece que hay allí intereses económicos que juegan en contra de la regularización y lo presentan como tema tabú cuando en realidad lo que hace es afectar a los intereses de esos actores del mercado de trabajo”, sostuvo Ceriani.
Dicha contradicción no es exclusiva de Estados Unidos, sino que “pasa en muchísimos países en los cuales los migrantes cumplen el rol de mano de obra barata y se les echa fácilmente si hay crisis”, afirmó.
El representante de la ONU argumentó que la regularización “tiene que ser vista como una medida de protección social, de inclusión, de generación de desarrollo humano, económico, social, de protección de familias, de generación de mejores empleos, de mejor calidad de vida, mejor consumo, incluso, en la perspectiva economicista”.
“La inmigración, incluso la indocumentada, es fundamental para que la economía de Estados Unidos funcione. Si se van esos 11 millones de personas (indocumentadas), la economía estadunidense colapsa al día siguiente”, aseguró.
Ceriani apoyó su afirmación en estudios que indican que los cerca de 11 o 12 millones de inmigrantes que residen en forma irregular en Estados Unidos pagan más de diez mil millones de dólares al año en impuestos. Y, a pesar de ello los indocumentados se ven relegados en el acceso a los servicios sociales y de salud.
En el actual contexto, el representante de la ONU aconsejó a las organizaciones de migrantes y a los consulados mexicanos en Estados Unidos reforzar prácticas de protección a los indocumentados, brindar atención jurídica gratuita, protegiendo a familias con padres deportados.
A su vez, el Comité de Derechos de Trabajadores Migrantes de la ONU sugiere al gobierno de México que “trate de incidir en su política exterior junto a Estados Unidos para que traiga su política migratoria de vuelta al sentido común”, explicó Ceriani.
ntx/jcd