El Amazonas, la mayor reserva biológica del planeta, se encuentra en una encrucijada. La selva tropical más extensa y rica del mundo está amenazada por acciones del hombre como la minería, la ganadería, la industria petrolera y la tala inmoderada.
Durante las últimas cuatro décadas el ser humano ha explotado intensamente las reservas madereras, mineras y petrolíferas de la zona. Una situación que ha llevado al límite sus bosques milenarios tradicionalmente llenos de vida.
El Amazonas se extiende por siete millones de kilómetros cuadrados, el 50 por ciento de todo el territorio continental de América del Sur. Es un área colosal, de riqueza y biodiversidad infinita.
Algunos biólogos estiman que una pisada humana supone entrar en contacto con mil 500 especies que van de las plantas y insectos hasta los hongos y las bacterias.
En la actualidad, alrededor del 20 por ciento del Amazonas ha sido profundamente modificado por el hombre, cuando no consumido por las motosierras o carbonizado por el fuego, de acuerdo con cifras oficiales.
En un reciente viaje al estado Maranhao, en el norte de Brasil, Notimex pudo comprobar que en esa región pobre y tropical se encuentra uno de los proyectos mineros más longevos y ambiciosos realizados hasta la fecha en el Amazonas brasileño.
Se trata de la mina de hierro de Carajás, una de las mayores a cielo abierto del planeta. Y una de las más ricas por la alta pureza del mineral.
La mina de Carajás es uno de los mayores yacimientos de mineral de hierro del mundo. Economistas aseguran que Shanghai -la metrópoli financiera de China en la que viven más de 20 millones de personas- está erigida casi por completo con una parte considerable de los 130 millones de toneladas de mineral que se extraen cada año del lugar.
Es probablemente una exageración. Pero no hay duda de que la mina, explotada por la empresa brasileña Vale, es un pilar fundamental en la relación económica entre el gigante sudamericano y China.
Kilométricos socavones son diariamente cavados por la maquinaria, en un afán por perforar el corazón de esta tierra rojiza.
Los restos de vegetación han sido erradicados para permitir el paso de los enormes tractores de más de 10 metros de altura que transportan el mineral. De ahí, el polvo de hierro será embarcado en unos inmensos trenes de mercancías y recorrerán 892 kilómetros hasta llegar a los puertos del océano Atlántico.
Cuando los convoyes llegan al puerto de Sao Luis de Maranhao los buques cargan el mineral y lo transportan a China y Japón en su forma primaria. El polvo rojizo se convertirá en los hornos asiáticos en acero para levantar rascacielos o construir puentes.
El Proyecto Grande Carajás fue realizado durante la dictadura militar brasileña. Además de la mina y la ferrovía, una enorme presa hidroeléctrica fue erigida. También se creó un polo de empresas siderúrgicas. Miles de millones de dólares han salido en forma de mineral de Carajás.
Más de 14 mil millones de dólares de inversión pretenden aumentar la producción de dicha mina en 90 millones de toneladas. Para ello se ha abierto un nuevo yacimiento y se está construyendo una nueva ferrovía en paralelo a la que ya existe.
En diversas comunidades donde pasa el tren para escuchar a las personas que viven allí. Media docena de trenes de hasta 330 vagones cruza cada día 27 municipios. Son cientos las comunidades de indios, agricultores y cimarronas que los convoyes, de más de tres kilómetros, cortan en dos.
El paso del tren, que se produce 24 horas en intervalos de 40 minutos, se ha convertido en un factor determinante y cotidiano. Las escuelas paran lecciones y los vecinos se despiertan por el ruido, las casas sufren daños en las estructuras por el temblor ocasionado por la ferrovía; el transporte de personas queda interrumpido cuando el tren circula.
Peor aún es cuando el kilométrico convoy decide parar sin preaviso y durante horas en una estación que carece de un paso subterráneo o elevado. Para muchos no queda otra alternativa sino arriesgar sus vidas pasando por debajo de los vagones.
Uno de quienes conoce bien esa problemática es José Lopes de Oliveira. Este hombre, de 53 años, vive en el poblado Capiaçu, situado en la localidad de Arari. Un área rural y humilde donde buena parte de los residentes recibe ayudas del gobierno para poder comer y pagar sus cuentas.
Un nuevo ramal que está siendo construido significará trenes cada 20 minutos. Algunas organizaciones como Justicia en los Raíles aseguran que eso supone mayor peligro, mayor tiempo de espera y mayor miseria para las poblaciones junto a la ferrovía.
Los activistas se han coordinado para tratar de conseguir las máximas compensaciones por el proyecto. Exigen mayores inversiones por parte de la minera Vale, que el año pasado tuvo ingresos superiores a los 26 mil millones de dólares.
Roseane Mendes Cardozo es una de las más aguerridas activistas en la región Esta campesina de 30 años y madre de cuatro hijos participó en 2013 en una ocupación que paró los trenes durante tres días para que la empresa construyera un viaducto.
Vale dijo no tener disponibles voceros para ser entrevistados. En respuestas por e-mail a una serie de preguntas, la empresa dijo que cumple todas las normativas y legislaciones. Enfatizó que gastó 200 millones de dólares en inversiones socioambientales en 2015 y que construirá 47 viaductos para que las poblaciones puedan cruzar cuando pasan los trenes.
Pero el problema del Amazonas no es solo la minería. Actualmente el principal motor de la deforestación es –por paradójico que parezca- la producción de ganado.
En Brasil cada año en torno a ocho mil kilómetros cuadrados de bosque es deforestado y quemado. Y en su mayoría esa extensión es utilizada para colocar vacas cuya carne es posteriormente consumida en las grandes ciudades de Brasil y del mundo.
Una dinámica que preocupa a muchos. Pero sobre todo a los guardianes de la selva: los indios. Las comunidades tradicionales, que viven en el Amazonas desde mucho antes de los colonizadores europeos, perciben la ganadería, la plantación de monocultivos y los megaproyectos como incompatible con la conservación.
Por eso han decidido movilizarse y defender sus tierras. Para saber qué están haciendo viajamos hasta la Tierra Indígena Pindaré. Una reserva de 15 mil hectáreas homologada por el gobierno brasileño.
Los Guajajaras son uno de los grupos étnicos más numerosos del país, con una población censada en 27 mil personas.
Su primer contacto con los colonizadores se remonta a inicios del siglo XVII. Viven de la pesca, la caza y la agricultura. Una forma de vida que consideran intrínsecamente vinculada a su territorio, donde cada vez se sienten más amenazados.
Muchos invasores queman el bosque para abrir nuevas áreas para la agricultura de subsistencia. O para la ganadería. Una dinámica que asusta a los indios, que han creado sus propios grupos de vigilancia.
Ante esa situación, los Guajajaras dejan las flechas y sacan sus celulares, para registrar lo que consideran una ilegalidad. Es la batalla de la información en las redes sociales.
Desde que Brasil dejó de considerar el Amazonas un lugar inhóspito para explotar sus recursos decenas de ciudades se han creado. La esperanza de hacer fortuna con los recursos del Amazonas ha atraído a cientos de miles de inmigrantes. Unos núcleos urbanos que han crecido de forma desordenada a orillas del Río Amazonas y sus afluentes.
Francisca Sousa es otra de las luchadoras. A sus 70 años, solo sueña con ser reasentada en el nuevo barrio que debería comenzar a construirse este año. Residente desde hace 35 en Piquiá, Francisca decidió hace algunos salir de su casa debido a la contaminación.
Historias como estas son cotidianas a lo largo y ancho del Amazonas, donde todavía no se ha encontrado un equilibrio entre desarrollo económico y preservación del medio ambiente. Las cifras no invitan al optimismo. En 2016 hubo un aumento de 29 por ciento de la superficie deforestada del Amazonas brasileño.
La situación es tan conflictiva que grupos indígenas de reservas adyacentes a otras como la de Gurupí -donde existen áreas intactas de valiosas especies de madera- han montado sus propios grupos de vigilancia para expulsar a los madereros, que ofrecen vehículos y bebidas alcohólicas a los indios a cambio de acceder a sus territorios para cortar especies.
Situada en el estado pobre de Maranhao, en el norte de Brasil, la Reserva Biológica del Gurupí es una de las más amenazadas del Amazonas, y también una de las regiones más violentas para defensores del medioambiente, periodistas, activistas y órganos federales que combaten la deforestación.
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