El 33% de las muertes en accidentes de tránsito del país se concentra en 35 municipios de 19 entidades, por lo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Secretaría de Salud (Ssa) hicieron un llamado para que se reforzaran las políticas preventivas, en especial para la protección de peatones y ciclistas.

En la Ciudad de México, Jalisco y San Luis Potosí, las medidas han tenido resultados heterogéneos.

En varias alcaldías de la capital del país se han reducido los accidentes y las víctimas, mientras que en Guadalajara y Zapopan, Jalisco, y en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, los municipios más importantes en estas entidades, las muertes han incrementado.

Por estados, Jalisco es el que más fallecimientos registra, con 345, de acuerdo con el reporte Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas del Inegi.

En la Ciudad de México, la cuenta mortal fue de 203, mientras que en San Luis Potosí se registraron 131 fallecimientos. Con respecto al año anterior, se registra un incremento de 0.9%

El estudio urge a reorientar los esfuerzos sobre la situación de la seguridad vial, puesto que señala que 65.4% de las víctimas de accidentes en calles y carreteras son peatones, motociclistas y ciclistas.

“Queda claro”, señala el estudio, “que más acciones deben impulsarse para prevenir el número de usuarios vulnerables que mueren en su tránsito por la vía pública”.

Jalisco, a la cabeza

El pasado 20 de noviembre, dos personas perdieron la vida luego que el vehículo en el que viajaban se impactara contra un árbol sobre la avenida López Mateos, en la colonia Ciudad del Sol. Tras el impacto, el automóvil se incendió y sus ocupantes —un hombre y una mujer — murieron calcinados.

Jalisco ocupa el primer lugar nacional en muertes por accidentes viales en vías urbanas, con 345 víctimas de las 4 mil 394 personas que durante 2017 perdieron la vida en zonas urbanas del país, de acuerdo con las últimas estadísticas de la Secretaría de Salud.

En comparación con 2016, se presenta una reducción de víctimas, puesto que en ese año se habían registrado 353 muertes.

Ciudad de México: más accidentes, menos víctimas

Si bien el número de accidentes de tránsito en la capital del país repuntó en 2017, luego de cuatro años consecutivos a la baja, el número de víctimas disminuyó 10.5%.

Según los datos más recientes del Inegi y la Ssa sobre los percances viales en zonas urbanas y suburbanas de la República, el año pasado se reportaron 12 mil 321 siniestros viales en la Ciudad de México (un promedio de 34 diarios), cifra 7.6% mayor a los 11 mil 449 percances observados un año antes. Dicha tasa fue superior al incremento de 2.1% registrada a nivel nacional.

En cuanto a fallecimientos causados por esos accidentes, la Ciudad de México registró en el mismo lapso 203 víctimas. Un año antes, el número fue más alto: 227 afectados.

El repunte de los incidentes viales en la capital del país fue resultado, en parte, del dinamismo en el número de vehículos automotores que operan en la ciudad y que tiende a rebasar la capacidad vial de esta urbe a determinadas horas y días de la semana. El parque vehicular reportó un crecimiento de 3.6% promedio anual desde 2010 para llegar a 5.4 millones de unidades al cierre del año pasado.

Del total de accidentes de tránsito reportados en la Ciudad de México, 193 (1.6%) tuvo carácter fatal, en los cuales una o más personas fallecieron en el lugar del evento; mil 859 (15.1%) no fue fatal; es decir, fueron los percances en los cuales una o más personas resultaron con lesiones, mientras que los 10 mil 269 accidentes restantes (83.3%) sólo se reportaron daños materiales a los vehículos. A pesar de que el número de accidentes fue mayor, el número de víctimas de tránsito en la capital del país disminuyó respecto al año anterior, debido a que en la mayoría de los casos sólo se reportaron daños.

Durante 2017 el número de personas afectadas, entre fallecidos y heridos ascendió a 2 mil 582, cifra 15.3% inferior a los 3 mil 52 reportados un año antes.

Del total de las víctimas por incidentes de tránsito, 203 fallecieron, de los cuales 122 (60%) eran peatones; y 2 mil 381 resultaron heridos en los percances, de los cuales la mayor parte, mil 58 (44%), fueron los propios conductores.

Entre las alcaldías donde se concentra el mayor número de accidentes de tránsito de la Ciudad de México destacan: Cuauh- témoc y Gustavo A. Madero, ambas con 19.7% del total de los incidentes; les siguen Iztapalapa, 19.2%; Miguel Hidalgo, 8.9%, y Coyoacán, con 8.1%.

Estas cinco localidades concentran 56.6% de los percances de las 16 alcaldías que comprenden la capital y las que tienen el menor número son: Milpa Alta, con 0.7% del total; Cuajimalpa y la Magdalena Contreras, con 1.4% respectivamente; Tláhuac, 1.6%, y Xochimilco, con 1.9%.

SLP: peatones en riesgo

En San Luis Potosí, el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que hubo un incremento de víctimas inmortales en accidentes de tránsito de 6.1%. El informe del año pasado consigna 123 fallecidos, contra 131 de 2016.

De ellas, los peatones fueron el grupo más vulnerable, pues presentan la tasa de mortalidad más alta, de 7.6 casos por cada 100 mil habitantes. En números absolutos, también en el lapso en cuestión, hubo entre ellos 34 víctimas totales.

Le siguen los ocupantes de los vehículos involucrados en los accidentes, con una tasa de 5.9 casos por cada 100 mil habitantes.

Con mucho, el municipio de la capital, con 45 muertes, es el más peligroso (Soledad de Graciano Sánchez) un municipio conurbado, le sigue con 21 decesos.

Precisamente en Soledad de Graciano Sánchez los peatones viven ese riesgo en la autopista 57, que va hacia Matehuala.

La vía casi no tiene puentes peatonales y deben atravesar la carretera evadiendo automóviles que a veces llegan a alcanzar los 100 kilómetros por hora.

Algunos peatones entrevistados mencionaron que aunque hay puentes, hay mucha gente que no los utiliza; sin embargo, en esta arteria tiende a ser peligroso porque hay padres de familia que cruzan con niños hacia escuelas, lo cual es demasiado riesgoso.

EL UNIVERSAL

El despliegue masivo de elementos de la Policía Federal (PF) en diversos estados de la república no tuvo el resultado esperado ante la falta de controles de confianza para los elementos de seguridad y la corrupción, consideraron especialistas.

“Más de 50% de los elementos de seguridad reprobaban o reprueban los exámenes de control de confianza, además llegó un punto en que la policía, que fue preventiva, presentó abusos de autoridad contra la ciudadanía”, dijo el especialista en temas de seguridad del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Gustavo López Montiel.

“Pese al gran despliegue de elementos de la Policía Federal en el sexenio pasado por medio de operativos como Operativo Titán, éstos sólo tuvieron presencia en los lugares, pero no lograron el objetivo primordial de recuperar la seguridad”, agregó.

Indicó que la estrategia de la PF sobre identificación y captura de los líderes de los cárteles empezó a diversificar la forma que operan los grupos delictivos, “es decir que las detenciones o presencia de la incidencia delictiva nunca bajó, al contrario se elevó”.

Por su parte, la activista y presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, aseveró que no por mayor aumento de los elementos, la efectividad es mayor.

“La presencia policiaca no garantiza la baja en homicidios o delitos de alto impacto, pero puede reducir delitos del fuero común; la estrategia implementada no creo que sea la correcta para seguir; la implementación de un marco justo y digno para policías debe ser el camino. Entre más elementos pongan no significa la baja inmediata de la inseguridad”, expuso.

Sobre la propuesta de incrementar el número de policías federales y militares en este nuevo gobierno, Gustavo Montiel señaló que tiene que procurarse la capacitación y condiciones laborales justas para los policías.

Pese a esto, ambos especialistas coincidieron que es necesaria una reestructuración para que pueda funcionar con la Marina y Ejército en caso que se implemente la Guardia Nacional.

Cabe mencionar que Ernesto Zedillo Ponce de León creó la Policía Federal Preventiva y después de una reforma constitucional del 2008 se dio facultad de investigar a la hoy PF, además combatir el crimen organizado, durante el sexenio de Felipe Calderón.

Los despliegues

Pese a que la Policía Federal ha aumentado su presencia en las 10 entidades con mayor violencia homicida en México del 2015 y hasta octubre pasado, los asesinatos siguen aumentando.

En dicho periodo, se han registrado 97,443 víctimas de asesinato en las 32 entidades del país. El Estado de México es la entidad con mayor número de homicidios dolosos con 9,074 víctimas en el mismo lapso de análisis.

Al estado mexiquense le siguen Guerrero (8,842 asesinatos), Baja California (7,034), Chihuahua (6,476), Guanajuato (6,218), Jalisco (5,819), Veracruz (5,434), Michoacán (5,257), Sinaloa (4,503) y la Ciudad de México (4,094), que integran las 10 entidades con mayor número de asesinatos.

En estos mismos estados, en el mismo periodo, los despliegues de los elementos de la Policía Federal —de la cual ha sido anunciada su desaparición por la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador— han ido también al alza.

En el Estado de México, por ejemplo, el promedio mensual de los elementos desplegados durante el 2015 fue de 2,496 de acuerdo con las respuestas a las preguntas legislativas que otorgó la administración de Enrique Peña Nieto como parte de su último informe de gobierno. En ese mismo año, los asesinatos en la entidad alcanzaron 2,303 víctimas.

En tanto que para el 2018, hasta octubre pasado se habían registrado 2,156 homicidios dolosos y el promedio mensual de elementos desplegados en el mismo periodo ha sido de 3,808 policías.

En el caso de la segunda entidad con más asesinatos, Guerrero, la presencia de los elementos de la Policía Federal incluso han ido a la baja. En el 2015, los asesinatos en la entidad alcanzaron las 2,016 víctimas; en ese mismo año el promedio mensual de policías federales fue de 4,715.

Hasta octubre de este año, los asesinatos alcanzaron 2,091 víctimas, aunque el despliegue mensual promedio de los elementos de la PF fue de 1,230.

EL ECONOMISTA

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que se presentó el Plan Nacional de Refinación porque urge que el país produzca petróleo. Sobre el programa para evitar que los paisanos mexicanos sean extorsionados en su visita al país para las fiestas de fin de año, dijo que participará la Policía Federal, la secretaria de Gobernación y las aduanas.

En su primer conferencia matutina de la semana refirió que esta semana se enviará a la Cámara de Diputados el Presupuesto para 2019 cuya su característica será la Austeridad Republicana.

En su segunda semana en el cargo, López Obrador habló por primera ocasión sobre los feminicidios, dijo que se está tratando el tema en las juntas que tiene con su gabinete todas las mañanas. “Vamos a hacer los exhortos para que en todos los casos se respete a las mujeres”, sentenció.

Obrador afirmó que su gobierno decidió promover la reducción de los salarios de los altos funcionarios públicos, porque “son exagerados, ofensivos”, de manera particular, los sueldos que se ganan en el Poder Judicial, que llegan a los 300,000 y hasta 600,000 pesos mensuales.

La Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos ya fue aprobada por el Poder Legislativo; sin embargo, dijo el presidente López Obrador, los inconformes “están en su derecho” de recurrir a los amparos para evitar la reducción salarial, y él respetará la decisión de magistrados y jueces, porque cree y quiere que exista en el país un Estado de derecho.

Sobre el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para la elección de gobernador en Puebla donde resultó ganadora la panista Martha Erika Alonso, dijo que dicho fallo se respetará pero que fue una decisión equivocada y antidemocrática.

EL ECONOMISTA

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afirmó que el trabajo de la Procuraduría General de la República (PGR) de Enrique Peña Nieto en asuntos financieros “fue particularmente lamentable” durante este año por los montos “mínimos” de aseguramiento de dinero y cuentas bancarias realizados de enero a septiembre.

Ante esta herencia de la administración pasada, Nieto confía en que pronto se establezca la Fiscalía General de la República para que pueda actuar de forma autónoma y con un sistema de servicio profesional de carrera real “que permita que sean los criterios técnicos y no los políticos los que definan la actuación institucional”. Hasta el momento, la PGR sigue bajo la dirección del encargado de despacho Alejandro Gertz Manero.

La semana pasada, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó a la PGR la primera denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) luego de localizar tres empresas fachada vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que se aseguraron cuentas, detalló Nieto.

También en días pasados la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) aceptó la orden de un juez federal de agilizar las diligencias en torno al caso de la constructora Odebrecht y su presunto vínculo con el ex titular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, coordinador de campaña en 2012 de Enrique Peña Nieto.

Santiago Nieto, quien fue removido de esa institución en octubre de 2017 en el marco de esa indagación, consideró que aunque es importante el mensaje de que tienen que resolver rápido el caso, “no debe significar resolver mal”, sino requerir datos de la asistencia jurídica internacional para llegar a una acción penal.

Otro caso que trae la Fepade, dijo, es el del ex Gobernador priista César Duarte Jáquez, señalado por presuntos desvíos de recursos públicos. Durante su conferencia magistral en el evento “Rompe con la corrupción” celebrado en la Universidad Anáhuac, dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya está solicitando al Gobierno de Estados Unidos su extradición para que enfrente las 16 órdenes de aprehensión del Gobierno mexicano. Nieto fue quien ordenó la extradición desde septiembre de 2017.

Sobre el robo de hidrocarburos, expuso que un punto negativo de la Reforma Energética ha sido el surgimiento de empresas gasolineras privadas que presuntamente compran el denominado huachicol. Ante ello, para más tardar en el mes de febrero su equipo presentará una iniciativa al Congreso de la Unión para reformar el marco normativo que permita combatir a las empresas fachada “que han sido el mecanismo de la delincuencia organizada”.

La mayor parte de tomas clandestinas se concentra en el Triángulo Rojo de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, de acuerdo con las cifras de Pemex.

–¿En qué consistió la primera denuncia que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera ante la PGR y qué refleja de esta nueva estrategia contra el crimen organizado?

–El Presidente López Obrador fue muy claro desde la campaña y dijo que teníamos que cambiar la estrategia contra el crimen organizado. La estrategia no puede estar fundamentada solo en la violencia y lo importante es poder detener los flujos de capitales financieros hacia los grupos financieros. Se localizaron tres empresas fachada donde había flujo de recursos vinculados con personas físicas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación y se procedió al aseguramiento de las cuentas, y la presentación de la denuncia. El objetivo es mandar un mensaje de que durante la administración del Presidente López Obrador lo prioritario será el combatir a las estructuras financieras de la delincuencia organizada y que desde la primera semana empezaremos a dar pasos en ese sentido.

–Santiago, cómo se siente estos días en que ha estado al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué pendientes ha detectado en la UIF y cómo va a dar seguimiento a las denuncias previas que ya se habían puesto ante la PGR?

–¿De alguna forma les puede obstaculizar que la PGR todavía no se haya convertido en la Fiscalía General en estas denuncias pendientes?

–Sí, yo creo que la PGR tiene una estructura que en este momento no responde a las necesidades de transformación del país, producto de las elecciones del pasado 1 de julio. Es necesario que esa institución se transforme en la Fiscalía General de la República para que pueda actuar, primero, de forma autónoma y, segundo, con un sistema de servicio profesional de carrera real que permita que sean los criterios técnicos y no los políticos los que definan la actuación institucional. También en este momento lo que hemos visto es que el trabajo de la PGR durante 2018 fue particularmente lamentable en razón de que los montos de aseguramiento fueron mínimos: 264 mil pesos, 135 mil dólares, 10 euros, cero cuentas bancarias aseguradas, cero sentencias en juicio oral, seis personas sentenciadas en procedimiento abreviado, y esto quiere decir que esta Unidad especializada en asuntos financieros de la PGR simple y sencillamente no funcionó durante 2018 con los efectos negativos que se tiene para el sistema financiero y la procuración de justicia. La Ley Orgánica que ha sido aprobada en el Senado de la República, tanto por la Comisión de Justicia como en el Pleno del Senado, y que la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados acaba de aprobar el miércoles pasado, es un buen paso para poder transitar hacia la creación de una Fiscalía General. Falta todavía que la apruebe el Pleno, la Cámara de Diputados y que venga la declaratoria correspondiente, pero a partir de ese momento se podrá iniciar el procedimiento para tener un Fiscal General que permita la transición durante el periodo de un año en términos de los artículos transitorios de la ley para que se presente una propuesta integral de Reforma Constitucional Legal y Administrativa que permita consolidar el Sistema Procesal Acusatorio y la Fiscalía General. Es indispensable para la UIF una absoluta coordinación con esta Fiscalía General de la República para dar mejores resultados.

Durante su conferencia magistral en la Universidad Anáhuac, Nieto dijo que es imperativo que la Fiscalía General ya se consolide, pues a cuatro años de la reforma constitucional en la materia, “no tenemos Fiscalía autónoma, no tenemos Fiscal Anticorrupción y no tenemos magistrados anticorrupción”.

–Sobre el combate al robo de hidrocarburos, ¿ya tienen una estrategia?

–Esto que mencionaba de las empresas privadas que se generaron en la Reforma Energética, ¿qué problema implica o qué relación tiene con el huachicoleo?

–Las empresas fachada han sido un modelo para lavar dinero en México y desviar recursos públicos en temas relacionados con corrupción. El problema ha sido la falta de actividad exhaustiva para poder encontrar al beneficiario final [y ni prestanombres]. La propuesta es que para más tardar en el mes de febrero presentaremos una propuesta para efecto de que se presente una iniciativa al Congreso de la Unión para reformar el marco normativo que nos permita localizar al beneficiario final y sobre todo combatir las empresas fachada que han sido el mecanismo de la delincuencia organizada, de la corrupción para sacar o introducir recursos del sistema financiero del país.

–¿Incluyendo de la Reforma Energética?

–Es correcto, sí.

–Respecto a César Duarte, ¿qué papel va a tener la UIF una vez que se extradite?

En su ponencia del viernes pasado, Santiago Nieto aseguró que “desde el 11 y 12 de septiembre de 2017 se solicitó la extradición de César Duarte por parte de la Fiscalía General de Chihuahua y de la Fepade a la PGR. El monopolio de la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales respecto a las solicitudes de extradición le corresponde a esa área. Se actuó de manera discrecional y no hay rendición de cuentas establecida. ¿Qué ha pasado? Más de un año después no se solicita la extradición del señor César Duarte. Sin embargo, lo que me ha hecho saber el Canciller Marcelo Ebrard es que ya están solicitando al Gobierno de Estados Unidos la extradición de dicha persona para efecto de que enfrente las 16 órdenes de aprehensión que tiene por parte del Estado mexicano”.

–¿Cuál es su lectura de que la Fepade va acelerar la investigación de Lozoya?

–¿La UIF va a tener también un papel en este caso?

–Nosotros estamos desarrollando las investigaciones que estaban ya pendientes. Vamos a crear modelos de riesgo de forma global que permitan detectar los casos de financiamiento ilícito en las campañas electorales para que no solamente en el caso de Odebrecht, sino en cualquier caso que sea relacionado con el financiamiento ilícito de las campañas puedan las personas ser llevadas ante las instancias competentes.

SIN EMBARGO