En un hecho inédito y trascendental más de mil 400 magistrados y jueces federales manifestaron su inconformidad por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, a través de un posicionamiento público, la cual ordena que ningún funcionario podrá ganar arriba del salario del presidente de la República -108 mil pesos mensuales- en 30 sedes del Poder Judicial de la federación a nivel nacional.
Desde noviembre y a la fecha ya son más de 4 mil los altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) que promovieron juicios de amparo en todo el país.
Entre los promotores que han presentado 862 demandas colectivas están 383 magistrados, 351 jueces, mil 414 secretarios, 308 actuarios, 712 oficiales, además 610 personas externas, entre ellas de la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Politécnico Nacional, Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Nacional Electoral, así como el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, que se sumaron a estos amparos, al considerar que podrían obtener algún beneficio.
Desde que se promulgó, la ley provocó polémica y rechazo de diversos sectores, sobre todo de integrantes del Poder Judicial, a que sus percepciones sean disminuidas, hasta los poco más de 100 mil pesos mensuales que percibirá el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Igual que en la Ciudad de México, los funcionarios judiciales que pertenecen a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, leyeron el mismo pronunciamiento que el magistrado Luis Vega Ramírez, presidente de la agrupación, donde reiteraron que en el PJF no tienen salarios de más de 600 mil pesos mensuales.
Durante el pronunciamiento contra la iniciativa que busca la reducción de salarios, los impartidores de justicia, acusaron de intromisión a los poderes Ejecutivo y Legislativo en la justicia federal. “”El riesgo de mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores, haciéndoles pasar por oportunistas que sólo buscan el beneficio personal es el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones”.
“La independencia no es un manto de impunidad, es el derecho humano que cada mexicano tiene para que un juez federal lo defienda de los abusos de las autoridades, por que no puede llamarse democrático un país en donde no haya contrapeso de Poderes. En un auténtico régimen de división de Poderes, en una democracia fortalecida como la que permitió este cambio de rumbo no caben los jueces dóciles o al servicio de nadie”, señala la carta que leyeron ante la opinión pública.
LA JORNADA