Uno y otro día, muchos sectores de la población se siguen preguntando lo que significa lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quiso decir cuando dijo que la pandemia del COVID-19 le venía “como anillo al dedo” que no es otra cosa que una condición resulta adecuada para tomar una decisión o para actuar frente algún problema o situación, de aquí incontablemente se han escrito referencias sobre esas palabras que se emitieron en una mañanera. De aquí que el Coronavirus ha servido para mantener en la discreción otros temas que ya lastimaban a la Cuarta Transformación. Y ahí está la lista de los delicados problemas que enfrenta el país. Inseguridad, económico, social por la exigencia de más garantías para las mujeres, que uno y otro día sufren de agresiones a su persona, paridad peso-dólar, precio del petróleo, migración, ruptura con algunos empresarios y otros que ya se acumulaban al inicio del 2020.

Pero también le ha permitido a la 4T continúan con su proyecto que dice prometió en campaña, y ahí está la aprobación la Ley de Amnistía, aún en el confinamiento de la pandemia. Por ello esta semana avanza uno que la oposición considera que dará más poder al ejecutivo federal, pues
podrá hacer con el dinero público lo que quiera, actuando de manera discrecional, opaca y sin rendirle cuentas a nadie, y extirpará a la Cámara de Diputados, atribuciones para la aprobación del Presupuesto. El proyecto ya avanza en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que ha acordado instalar un periodo extraordinario de sesiones para tratar la iniciativa enviada para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde se solicitará a la Comisión Permanente, que se instalará el próximo 30 de abril, convocando a un periodo extraordinario de sesiones para que el martes 5 de mayo se discuta y vote en el pleno de San Lázaro la iniciativa del Ejecutivo federal.

La iniciativa privada tiene mucho que enseñarle a la Cuarta Transformación, porque más allá de cerrarle las puertas a la oportunidad de dar origen a incentivos económicos, no condonaciones, ellos no se han detenido, no se han quedado de brazos cruzados, están haciendo lo que les corresponde, muestra de ello es que está semana se dará continuidad a mesas de trabajo sectoriales para detectar nuevas fórmulas para la recuperación de la actividad productiva, algo en lo que se esperan se agreguen autoridades federales. Pero mientras eso sucede, el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y BID Invest, miembro del Grupo BID que se dedica a financiar empresas y proyectos sostenibles, han pactado un acuerdo para facilitar el financiamiento de las cadenas productivas y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del país, el cual prevé recursos por hasta 12 mil millones de dólares.

El tema no es menor, porque aunque cuente con el respaldo de la Secretaría de Hacienda, será de factoraje inverso, instrumento que permite a las Mipymes que conforman las cadenas de valor y verdaderas generadores de la riqueza obtener una alternativa de financiamiento a tasas atractivas.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, uno de los más polémicos en medio de la pandemia del Covid-19, poco o nada habla de las deudas que ha contraído, incluso ha solicitado créditos bancarios que la entidad terminará de pagar hasta el año 2040, cuando él termina su administración en el 2024. Todos los créditos solicitados por Jalisco y otros gobiernos se encuentran en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigente, mismo que transparenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Arturo Herrera.

Resulta que la administración de Alfaro ha pedido 11 créditos simples y una obligación a corto plazo con distintos bancos por una suma de 21 mil 917 millones 361 mil 793 pesos. Los 11 créditos simples se tendrán que pagar a 20 años y se contrajeron con BBVA Bancomer, Banobras, Banorte, Santander y Banamex, la mayoría para el refinanciamiento y tres para inversión pública productiva. Mientras que la obligación financiera más reciente la adquirió el pasado 18 de marzo por 600 millones de pesos y es la única que se tiene que pagar el próximo año, pues fue solicitada para “cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal” ¿será que los empleará para hacerle frente al Covid-19?.

Al parecer, el equipo de Robledo ignoró la indagatoria DE-011-2016 en la que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que lidera Alejandra Palacios, investigó si Centrum, entre otras firmas, monopolizó el servicio de laboratorios clínicos y el banco de sangre en el IMSS durante 15 años

Al director del IMSS, Zoé Robledo, le llueve sobre mojado, pues no sólo ha sido señalado por la compra con sobreprecios de ventiladores para enfermos del Covid-19, sino porque el Seguro Social contrató a una de las empresas que conforma parte del llamado “cartel de la sangre”: Centrum Promotora Internacional, de Valentín Campos. El pasado 1 de abril, esta empresa refrendó su presencia en el IMSS, ya que se le adjudicó un contrato hasta por mil 993 millones de pesos. Junto con Cashfin Financial Services, Disimed, Ticcmed y Rochem de México, Centrum Promotora Internacional obtuvo 10 partidas de la Licitación Pública número LA-050GYR988-E7-2019 para el Servicio Integral de Estudios de Laboratorio Clínico 2020-2022.

Al parecer, el equipo de Robledo ignoró la indagatoria DE-011-2016 en la que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que lidera Alejandra Palacios, investigó si Centrum, entre otras firmas, monopolizó el servicio de laboratorios clínicos y el banco de sangre en el IMSS durante 15 años.

Centrum Promotora Internacional, de Valentín Campos, es una de las firmas que acapara los contratos en el sector salud, basta saber que de 2016 a la fecha obtuvo 170 por poco más de 2 mil 800 millones de pesos. Y todo indica que ya se acomodó en la 4T, pues este mes, el IMSS le adjudicó 10 partidas de la licitación para el servicio médico integral estudios de laboratorio clínico 2020-2022, pero se le olvidó que la compañía fue investigada por la COFECE, por prácticas monopólicas absolutas en los servicios integrales de estudios de laboratorio y banco de sangre. ¿Sabrá de esto Zoé Robledo, o será que alguien en el instituto tiene su propia agenda?.

Cambios en el Fonacot

En los pasillos del Instituto Fonacot crece el rumor de la salida del Director Alberto Ortiz Bolaños, quien tendría un pie fuera del organismo luego de que se filtró a los medios y a integrantes de la 4T, la Auditoría Interna 04/2019, en la que fue expuesta su inexperiencia y desconocimiento, ya que habría violentado al menos dos decenas de leyes para poner en marcha el año pasado el Fondo de Protección de Pagos. Y ya ni que decir de la ilegalidad del procedimiento, pues también existe un reglamento poco claro que podría resultar en la malversación o uso discrecional de recursos, situación que no tiene nada contenta a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien ya tiene demasiada presión sobre sus hombros por el despido masivo, cierre de empresas y protestas de Sindicatos que se prevén ante el aumento de la cuarentena dictada por el COVID-19.

Ante la crisis sanitaria del Covid-19, el sector portuario se convierte en pieza clave para transportar en gran volumen artículos que ya son indispensables

Tradicionalmente en México, el sector portuario ha desarrollado diversas comunidades y lugares del sureste del país, como Veracruz, Tuxpan, Dos Bocas, Coatzacoalcos, Chiapas y Progreso, sitios en donde el gobierno de la 4T ha puesto la mirada en impulsar programas y proyectos que mejoren la vida y economía de la región.

En este sentido, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Javier Jiménez Espriú, en conjunto con las Administraciones Portuarias Integrales (API´s), encargadas de administrar y operar los recintos portuarios, juegan un papel fundamental en cuanto a la inyección de recursos para el desarrollo económico nacional y poder sortear la actual crisis, situación que les obliga a acelerar en su día a día.

Esta semana será una de las más complejas en la relación qué prevalece entre algunos gobernadores del país, empresarios, y el Gobierno Federal. Resulta que si no hay cambios en la agenda, de último momento los gobernadores de Nuevo León Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, encabezarán una asamblea emblemáticamente con sector empresarial de peso en el Producto Interno Bruto del país, en la que pretenden analizar la situación actual y las acciones que emprenderán para la recuperación económica, una vez que pase la contingencia en México. Y justamente será en Nuevo León, donde el encuentro escuche las voces de aquellos que desesperadamente buscan una solución a sus problemas económicos.Se tiene confirmada la participación de 50 empresarios de tres entidades federativas, pero además de secretarios de Economía y Trabajo estatales que a su vez van a palomear a 10 empresarios más que sean representativos por la vocación industrial de cada entidad. Pero además a lo que se pretende llegar es a un plan de trabajo y un programa de recuperación económica de las tres entidades, que gobiernan Miguel Ángel Riquelme Solís, Jaime Rodríguez Calderón, y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, todo sin voltear al ver lo que se está haciendo en el centro del país, tanto para hacer frente a la pandemia, como para las decisiones en la parte económica. Ellos dicen están siguiendo a expertos, no a políticos, por ello no le extrañe que el mensaje incomode a la Cuarta Transformación.

Dicen que el IMSS de Zoé Robledo, el SAT de Raquel Buenrostro y, por supuesto, la Secretaría del Trabajo a cargo de Luisa María Alcalde, revisan el comportamiento de las empresas dedicadas al outsourcing que han despedido personal durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Las dependencias cuartotransformistas estarían preparando un informe sobre alrededor de 60 mil despidos realizados por estas empresas que, de encontrarse responsables, podrían ser mencionadas en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además de la reprimenda pública, entre las sanciones para las firmas de subcontratación por despedir personal injustificadamente durante la pandemia, se comenta ya, estaría una especie de veto para participar en próximas licitaciones del Gobierno federal. En específico, con las que reclutará personal que mantenga la operación de algunos de los programas sociales prioritarios del mandatario nacional. Tan solo para este año, para ese fin se han contratado ya más de 7 mil plazas en instituciones como el Banco del Bienestar, la Secretaría de Cultura y Seguridad Alimentaria, a empresas como Servicios Empresariales Teram, Team Busuness, Sarengo y Kom Bussines, por mencionar algunas.

En tiempos de responsabilidad social, Grupo Televisa fortalece su programación con el fin de contribuir a enfrentar el Covid-19. Los resultados hablan por sí solos, no solo mantiene sus niveles de audiencia, sino que atrae nuevas, los números le dan buenos resultados.
Por principio de cuentas sus noticiarios han experimentado un notable crecimiento, especialmente el espacio de D. Maerker que ha alcanzado ratings de más de 3 millones de televidentes. Las audiencias, sin duda, están ávidas de información útil sobre la pandemia.

Foro TV ha fortalecido su programación con enfoque de responsabilidad social, con dos programas que transmite de lunes a ‪viernes a las 13:00‬ y ‪20:30‬ horas sobre consejos médicos, de prevención y cómo sobrellevar el aislamiento ante la pandemia, “Contra el Covid-19”.

Hoy hay tensión de empresarios, y gobiernos estatales, con el gobierno federal. La contingencia del COVID-19 ha hecho que levanten la voz, exigiendo medidas que ayuden a los hombres del dinero a sostener a sus empresas y empleados

El 5 de febrero del 2004 se inauguró en la ciudad de Querétaro, la Primera Convención Nacional Hacendaria (CNH), un evento en el que estuvieron todos los órdenes de gobierno de México, y de la sociedad civil, en su momento esto se dio para debatir los mecanismos de perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Pero además, para coadyuvar a definir las responsabilidades de gasto de cada uno de los niveles de gobierno, y tener responsabilidad en el gasto, pero más importante en los ingresos.

Para el equipo de Zoé Robledo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es fundamental que sus insumos duren el mayor tiempo posible sin sacrificar calidad, es por ello que en distintas delegaciones estatales se han visto obligados a cancelar la compra de cartuchos para impresión al detectar la presencia de Lexmark, que aquí lleva Issac Bessudo, la cual se conoce en el sector por entregar insumos usados, rellenados o remanufacturados que ofrecen un rendimiento 50% menor al solicitado.

Apenas la semana pasada, la Delegación Veracruz Norte, al mando de María de Lourdes Carranza Bernal, declaró desierta la licitación LA-050GYR014-E93-2020, por estos motivos; mismo caso del IMSS Tamaulipas, que lleva Velia Patricia Silva, en febrero pasado. Ahora se espera que este martes suceda lo mismo en Guanajuato, cuya delegación maneja Marco Antonio Hernández, pues se detectó que firmas como AP Química Industrial y Soluciones Elsa, concursan también con productos Lexmark en la licitación LA-050GYR027-E55-2020, y seguramente su modus operandi sigue siendo el mismo.

Hay mucha prisa al interior de la Secretaría de Economía, de Graciela Márquez, por aplicar el nuevo marco jurídico, ya que aún, cuando no existe, recientemente se aprobó a un ente extranjero como organismo nacional de normalización mexicano

El pasado 18 de marzo, y a días de estallar la crisis sanitaria del COVID-19, el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder del Grupo Parlamentario de Morena, presentó la Ley de Infraestructura de la Calidad, que abrogaría la actual Ley Federal sobre Metrología y Normalización. La reforma era esperada por un sector empresarial que durante más de 20 años ha trabajado para garantizar la seguridad de miles de productos y servicios que utiliza el consumidor mexicano, quienes estarían en riesgo si se permite que agentes externos sean reconocidos, emitan, implementen y evalúen estándares y certificados de cumplimiento con Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s).

Sin temor a equivocarme, existe un rubro que los gobiernos y empresas no pueden dejar en segundo término durante la contingencia por el COVID-19, este es el de la ciberseguridad, pues los ataques o hackeos no dan tregua y las instituciones, tanto públicas como privadas, son el blanco perfecto para robar información sensible, sobre todo por los cambios que ha provocado la modalidad de trabajo remoto.

Durante esta pandemia, los especialistas detectaron el uso de “coronavirus” y “Covid-19” en nombres de dominio, mensajes de correo electrónico no deseados, phishing y malware se ha disparado a nivel internacional. Las alertas están encendidas, sobre todo si se recuerda que, en 2018, México tuvo el mayor número de ciberataques del mundo, pues 82% de las empresas registraron alguna incidencia; mientras que el país se encuentra en el lugar 63 de 175 en materia de ciberseguridad, de acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU).

Este viernes en Caminos y Puentes Federales, de Genaro Enrique Utrilla, se dio a conocer el fallo de proceso LA-009JOU001-E29-2020, para la contratación del servicio de aseguramiento de obra civil terminada, bienes patrimoniales, flotilla de vehículos y seguro del usuario, para CAPUFE y FONADIN, consistente en cuatro partidas por más de 420 millones de pesos.