Ahora que ya hay avisos de que la reactivación de la economía pronto podría ser una realidad, desde ‪este lunes‬ algunas plantas automotrices ya reabrieron sus puertas, y otras ligadas a la construcción y a la minería están en vías de hacerlo, lo cual es urgente luego de que ayer el Banxico estimara una contracción de la economía de entre el 4.6% y el 8.8% para este año. En el sector de la radiodifusión también se hacen los preparativos necesarios para el regreso a la “nueva” normalidad. Por lo pronto Grupo Televisa -mediante protocolos muy específicos, para impedir a toda costa la propagación del coronavirus-, poco a poco ha comenzado a llamar a su talento para el reinicio de sus producciones. La emergencia sanitaria obliga a tomar el máximo de cuidados, con el personal técnico mínimo necesario.

Y es que luego del paro de actividades, y de que a raíz del confinamiento los ratings de los programas de la televisora se elevaran notablemente, la televisora tendrá que redoblar esfuerzos para poner en actividad a la empresa y, además, mantener de su lado a las audiencias. Pese al sombrío panorama que se avecina para las economías de todo el mundo, pero en particular para México, ya de por sí afectada por el crecimiento cero del año pasado, las empresas tendrán que meter el acelerador antes de que la crisis estalle, ahora sí, en todo su esplendor.

Al fin el controvertido Proyecto de Ley de Infraestructura de la Calidad, será analizado nuevamente al escuchar las inquietudes del sector empresarial. Ya que entre otras afectaciones señaladas por el gremio, se debilitaría la infraestructura de Normalización que ya existe; además de que la Secretaria de Economía, de Graciela Márquez, asumiría en buena parte todas las actividades ligadas al cuidado de las normas, convirtiéndose en juez y parte, y eso sin considerar el gasto impuesto por el ejecutivo.

Lo anterior después de que, el senador Alejandro Armenta, quien preside la Comisión de Hacienda, escuchó el jueves pasado mediante una conferencia a empresarios como Francisco Javier Cervantes, de CONCAMIN; José Manuel López Campos, de CONCANACO SERVYTUR; Bosco de la Vega, del CNA; y Jesús Cabrera, de la EMA, quienes explicaron como prioridad la no urgencia de la publicación de esta Ley por el tema del T-MEC, rubro que han querido imponer desde Economía a los legisladores para su votación exprés.  Asimismo, el senador morenista detalló en la llamada que el Proyecto en cuestión que pretende abolir a la actual Ley Federal sobre Metrología y Normalización ha recibido 119 escritos que serán atendidos, y se comprometió a considerar las inquietudes de los empresarios, entre estas que, la iniciativa propone que la autoridad retoma funciones del sector privado, no define acuerdos de reconocimiento mutuo ni equivalencias, lo que la hará juez y parte. La IP atenta y en pie de guerra.

Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador, en compañía del titular del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, salieron a defender la legalidad en los procesos de licitación y adjudicación del Tren Maya, obra que alcanzará los 150 mil millones de pesos, y que espera estar en marcha en el 2023. Lo anterior se reforzó con el anuncio del pago por 757 millones de pesos realizados por la deuda pendiente de terrenos por el derecho de vía para la construcción. Y en cuanto los procesos de licitación, hicieron hincapié en los organismos internacionales que han dado fe a los concursos, como es el caso de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

En esta misión también ha estado presente la Secretaría de la Función Pública (SFP), de Irma Eréndira Sandoval, quien han dado seguimiento al proceso para garantizar la transparencia y legalidad del mismo. Sin mencionar que los grupos participantes tuvieron que comprobar su experiencia y solidez en materia de construcción, en el sector de comunicaciones y transportes, así como en sus estados financieros. Tal es el caso del consorcio liderado por Construcciones Urales, AZVi y GAMI Ingeniería e Instalaciones, quienes se hicieron de proceso para construir el tramo 3, que va de Calkiní, Campeche, a Izamal, Yucatán, con una extensión de 172 km.

Alguien se ha preguntado ¿qué paso con la cruzada de la 4T en contra de las distribuidoras farmacéuticas y laboratorios?, esos que el presidente Andrés Manuel López Obrador tachaba de corruptos y monopolios.
 En la lista se encuentran firmas como Grupo Fármacos Especializados, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, Farmacéuticos Maypo, Laboratorios PISA y Centrum Promotora Internacional, mismas que llegaron a vender más de 60% de medicamentos e insumos para la salud en sexenios pasados. Sin embargo, todos estos grupos continúan vendiendo ya en el actual gobierno.
 
Así, resalta el caso de la firma Centrum Promotora Internacional, de Valentín Campos, la cual es señalada por tener “la suerte” de su lado al seguir sumando contratos en el sector salud, hoy al mando de Jorge Alcocer. El asunto viene a colación porque está empresa es parte del llamado “cártel de la sangre”, misma que obtuvo 170 contratos con el gobierno federal en los últimos cuatro años, aunque desde el 2016 fue investigada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), de Alejandra Palacios, por presuntas prácticas monopólicas absolutas en el mercado de servicios integrales de estudios de laboratorio y banco de sangre.

En la 4T se preguntan porque la farmacéutica PISA que lleva Carlos Álvarez Bermejillo, ha estado tan callada después de estar en los reflectores por ser uno de los proveedores favoritos del peñismo y calderonismo, que incluso llegó a ser tema en la Mañanera en donde Andrés Manuel López Obrador dijo que se le detendrían contratos, por sus prácticas monopólicas, sobreprecios y corrupción en el sector salud, en donde no ha pasado nada.

Y es que, la firma con sede en Guadalajara, Jalisco, recientemente pagó desplegados en diferentes medios de comunicación a diestra y siniestra por sus 75 años de operación, además de salir a decir que apoyaría al sector salud, de Jorge Alcocer, ante la pandemia derivada por el COVID-19, pero no se ha sabido mucho de ella ni de su labor altruista.

Esta farmacéutica no es la primera vez que está en el ojo del huracán, pues uno de sus escándalos fue la crisis del metotrexato para tratar el cáncer, en donde resaltó un caso en Puebla, de Miguel Barbosa, de un infante que recibió el medicamento y murió, ante ello la COFEPRIS de José Alonso Novelo Baza, realizó una investigación a la planta que lo producía y detectó que ésta no había acreditado desde años atrás sus buenas prácticas en manufactura, por lo que fue cerrada. Y aunque PISA ya tenía 36,000 mil frascos listos para entregar y cumplir el contrato con el Hospital Infantil de México ya que era su principal proveedor, decidió no hacerlo y culpar a la Cofepris del desabasto. Esto orilló al gobierno a comprar los medicamentos en el extranjero, y al mismo tiempo el vocero de la salud Hugo López Gatell, enfatizó en no caer en chantajes y presión de una empresa monopólica.

Esta semana seis gobernadores harán llegar al escritorio del secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, su solicitud sobre el pago resarcitorio de los gastos transferidos por la Federación para la atención de la emergencia sanitaria, los cuales no estaban previstos en los ejercicios fiscales para 2020. Se trata de los mandatarios de Tamaulipas, Colima, Nuevo León, Michoacán, Durango y Coahuila quienes adelantaron que echarán mano de todos los recursos legales para obtener esos recursos que por derecho les corresponden.

Al respecto el michoacano Silvano Aureoles ha insistido en que es momento de que la Federación corrija su postura de dejar a su suerte a los gobiernos estatales, porque la magnitud y graves dimensiones de esta crisis rebasan sus capacidades, mientras que el tamaulipeco Francisco Javier Cabeza de Vaca ha dejado claro que los estados ya no están dispuestos a permitir más abusos del gobierno central. El tema, sin duda, dará mucho de qué hablar.

Será hoy (viernes 15 de mayo) cuando el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), de Rogelio Jiménez Pons, anuncie al encargado de edificar el tercer tramo del Tren Maya, un proceso en el cual los 16 grupos participantes tuvieron que comprobar su experiencia y solidez tanto en materia de construcción como en el sector de comunicaciones y transportes.

Así, dentro de los consorcios interesados apunte a ICA, de Guadalupe Phillips; Cicsa, de Carlos Slim; CAABSA, de Mauricio Amodio; AZVi, de Manuel Contreras; Grupo México Infraestructura, de Germán Larrea, que participa de la mano de Grupo Acciona, de José Manuel Entrecanales; INDI, de Manuel Muñozcano; o bien, las extranjeras SACYR, Synohydro, Power China Internacional y China Railway Construction, entre otras.

Este tramo incluye 172 kilómetros de vía que atraviesan una de las principales zonas turísticas de Yucatán, además de que cuenta con los derechos de vía y permisos necesarios para colocar la infraestructura necesaria. Además, tanto la Secretaría de la Función Pública (SFP), al mando de Irma Eréndira Sandoval, como organismos internacionales, dieron seguimiento especial al proceso para garantizar la transparencia y legalidad del mismo, basta decir que es una de las joyas de la corona para la 4T, sumado a que están en juego alrededor de 10 mil millones de pesos.

Grupo Televisa realiza importantes acciones a favor de la responsabilidad social, por ello resulta absurdo que algunos crean que el jugador Renato Ibarra, a quien se acusó de violencia doméstica, podrá quedarse en el Club América, sobre todo luego de que públicamente el propio equipo dio a conocer la separación del futbolista.  Se trata a todas luces, según pudimos conocer, de una falsa noticia. Es sabido que en algún momento han existido presiones de uno de sus directivos, Santiago Baños, para que haya una reconsideración al respecto, pero es claro que esto no lo va a permitir Grupo Televisa, pues a final de cuentas una cosa es la Dirección del equipo y otra, las políticas del dueño del club.

Telesalud, opción ante COVID-19

La necesidad de un diagnóstico certero sobre COVID-19 y la realización de la mayor cantidad de pruebas en México es urgente. Hoy en día hay 2.4 doctores por cada mil habitantes, cifra insuficiente para la atención. Ante ello, Glitzi, plataforma de servicios de bienestar, salud y belleza, dirigida por Ana Ramos, inició consultas online con médicos para la detección de coronavirus. Y, en alianza con el laboratorio Vianto, realiza pruebas de detección de COVID-19 a domicilio en la CDMX certificadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) y cuidando todas las medidas necesarias, evitando la saturación de los servicios médicos.

Foto: Cuartoscuro

Actualmente vivimos la cresta de los contagios por el Coronavirus, por lo que las autoridades de salud, al mando de Jorge Alcocer, estiman que en 15 días llegará la mayor cantidad de enfermos graves a los hospitales. Ante esto, ayer en la Mañanera el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la mayoría de los 23 Centros de Rehabilitación Infantil (CRIT) que conforman al Teletón, serán reconvertidos para atender la pandemia. Así, los CRIT de Coahuila, Chiapas, Edomex, Durango, Hidalgo, Michoacán, Sonora, Veracruz, y Oaxaca estarán a cargo de las autoridades estatales y realizarán tareas de consulta externa ambulatoria para enfermos sin Covid-19, vigilancia epidemiológica o atención a enfermos de bajo contagio de Coronavirus.

Sobre el CRIT de Occidente, el cual funcionará como hospital Covid-19 de atención respiratoria, estará a cargo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER); y los de Baja California, CDMX, Guanajuato, Guerrero, Ciudad Nezahualcóyotl y Puebla, atenderán a pacientes leves y moderados infectados con el virus, los cuales quedarán a cargo del IMSS, de Zoé Robledo. Justo sobre este convenio, llamo la atención que Fernando Landeros, Presidente de Fundación Teletón México, enfocó su agradecimiento a Zoé Robledo, pues se sabe que esto se hizo posible gracias a las pláticas y coordinación entre estos, además de la promesa de que será personal especializado del IMSS quien supervise la operación de estos centros. Es más, en el mismo evento, sorprendió que el canciller Marcelo Ebrard, reconociera al tuxtleco como “un promotor de primer orden”. Y la carga de trabajo para el titular del instituto no para en el tema de la salud y la prevención, pues deben incluirse los Créditos Solidarios a la Palabra, en donde acaban de sumar a las trabajadoras del hogar; así como la compra y distribución de insumos médicos en mercados tan distintos como China y Estados Unidos. Sin duda un diamante inesperado para la 4T.

Bonilla hizo todo tipo de movimientos políticos para imponer a su compadre en la Fiscalía del Estado

La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que deja sin efecto las reformas aprobadas por el Congreso de Baja California para extender a cinco años el mandato constitucional de Jaime Bonilla Valdez, representa un segundo golpe a un grupo de empresarios que se apoderaron hace un par de años del movimiento aduanero en esa región; el primero, claro está, fue el arribo a la Administración General de Aduanas de Horacio Duarte, uno de los hombres de más confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero cabe aquí preguntar quién le hizo pensar al Gobernador Bonilla que esta acción considerada inconstitucional era viable; pues aseguran que el principal artífice del “Bonillazo” fue su compadre y amigo personal Guillermo “Titi” Ruiz Hernández, a quien Bonilla designó como Fiscal General del Estado; esto en medio de diversos señalamientos por conflicto de interés por su evidente compadrazgo.

Bonilla hizo todo tipo de movimientos políticos para imponer a su compadre en la Fiscalía del Estado: eliminó por ejemplo el tope de edad que impedía su llegada al cargo y modificó incluso la ley para que estuviera en el cargo los cinco años que pretendía gobernar el estado fronterizo. Se le generó también una especie de súper Fiscalía, que concentra lo que era la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, incluyendo en este mando el control ‪de las dos‬ policías que se mantenían a cargo del Ejecutivo.

Cabe señalar que el Fiscal Guillermo Ruiz Hernández fue además el abogado que defendió al ex alcalde priista de Tijuana Jorge Hank Rhon, cuando éste fue arrestado por el delito de acopio de armas. El llamado Titi Ruiz logró sacar de la carcel al empresario priista. En una entrevista que Bonilla Valdez sostuvo con el Semanario Zeta, a mediados de mayo del año pasado, el hoy gobernador de Baja California reveló que el licenciado Guillermo Ruiz es uno de los abogados que atendían para él la estrategia jurídica para ampliar el periodo de gobierno de 2 a 5 o 6 años. Pero resulta que esta acción de Bonilla y su compadre el fiscal no fue respaldada por López Obrador, quien de acuerdo con el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, estuvo siempre en contra de lo sucedido en Baja California con la llamada “ley Bonilla”. Hoy, luego de la sentencia de inconstitucionalidad de la SCJN, el Gobernador Bonilla Valdez ha expresado que respetará la decisión del máximo tribunal del país, aunque dejó en claro que no comparte dicho criterio.

Parece que la 4T no quita el dedo del renglón y mantiene la pesquisa en contra de las empresas dedicadas al outsourcing no solo por despedir a más de 50 mil empleados durante la pandemia; también por presuntas participaciones en actividades que se consideran ilícitas. De ahí que la Secretaría de Hacienda, de Arturo Herrera, haya presentado hace unas semanas una denuncia contra Armando Jiménez Villacorta por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita; esto, según el expediente NA/CDMX/SEIDF/0000171/2020 al que tuvo acceso esta columna.

Villacorta Arzate está vinculado con empresas dedicadas a la subcontratación de personal; cosa de ver que en 2016, 2017 y 2018 enfrentó sendas demandas como representante de una de las empresas más grandes de capital humano. La animadversión del gobierno cuartotransfirmista por este esquema se debe a que hasta el 60 por ciento de las empresas en México han recurrido a la subcontratación para evadir unos 470 mil millones de pesos al año en impuestos; lo que, por supuesto, no gusta nada al presidente Andrés Manuel López Obrador quien, aseguran, gustaría de destinar esos recursos a programas sociales.

Sin lugar a duda la contingencia sanitaria producida por la pandemia de Covid-19 ha traído consigo que en el Instituto Mexicano del Seguro Social se trabaje a marchas forzadas para atender a los enfermos y detectar de forma oportuna el virus.

Ante este panorama, Zoé Robledo se ha mantenido en constante comunicación con cada estado para dar seguimiento a sus necesidades, tal como ocurrió el miércoles pasado, momento en que se reunió virtualmente con Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, Adán Augusto López, de Tabasco y Miguel Barbosa, de Puebla.

La labor ha sido titánica, pues el funcionario no solo debe centrar sus esfuerzos en atender a los enfermos de forma oportuna, sino en dar seguimiento a las compras de insumos que se realizan en cada latitud del país; no obstante, la delegación Zacatecas podría convertirse en foco rojo. La advertencia surge porque en la Delegación comandada por Sandra Durán Vázquez recibieron a José Luis Quintana como Jefe de Servicios Administrativos, quien con 27 años al interior del Instituto se ha dado a conocer por sus prácticas poco honestas, enfocadas en obtener moche a cambio de contratos.

Accendo Banco se ha posicionado como líder en el mundo digital teniendo como clientes a un gran porcentaje de las Fintechs más importantes que operan en México

Dentro del sector bancario un jugador que atrae los reflectores es Accendo Banco, de Javier Reyes de la Campa, quienes recibieron la inyección de cerca de 450 millones de pesos de parte de la firma Toka Internacional, de los hermanos Eduardo y Hugo Villanueva Cantón, lo que le permitirá duplicar el capital del banco. Con esta capitalización Accendo podrá continuar con sus planes de crecimiento y fortalecer su posicionamiento como el Banco de las Fintechs. La idea surge en el último año, cuando el equipo de Accendo toma el control del banco reenfocando la estrategia al mundo digital buscando convertirse en el Banco Fintech de México. Asimismo, se emprendieron acciones enfocadas a reforzar su Gobierno Corporativo, al tiempo de diversificar los negocios e ingresos del banco, orientándose principalmente en la Banca digital y en sus cuatro pilares de negocio, hablamos de Mercados, Servicios Fiduciarios, Banca Institucional y Crédito a empresas medianas.

Por su parte, la mexicana Toka, con 19 años de experiencia en medios de pago, principalmente en monederos electrónicos para compra de despensa y combustible, autorizados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de Raquel Buenrostro, vio en esta operación la oportunidad que buscaba para expandir su oferta de negocios de tecnología financiera y llegar al sistema bancario. Asimismo, la firma con sede en Jalisco fue una de las primeras empresas en México en presentar solicitud como institución de fondos de pago electrónico ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al mando de Juan Pablo Graf, para operar como Fintech, por lo que se convierte en un aliado natural para el banco.

Accendo Banco se ha posicionado como líder en el mundo digital teniendo como clientes a un gran porcentaje de las Fintechs más importantes que operan en México. Asimismo, en lo que toca al área de banca institucional transacciona con diversas entidades de gobierno en los tres niveles; además de participar en sectores clave de la economía como el agroalimentario y el objetivo de ser el banco número uno en la industria minera. Ambos grupos visualizaron que el futuro de la banca está en la digitalización de los servicios financieros, por lo que el objetivo de esta fusión es convertir a Accendo en el Banco Fintech de México. Basta saber que de acuerdo a la consultora Oracle, en los próximos 5 años, el 82% de las instituciones financieras en el mundo incrementarán la participación de las Fintech en sus organizaciones. Así, la unión entre Accendo y Toka tendrá como objetivo impulsar soluciones de pagos digitales y servicios bancarios de próxima generación que permitan avanzar hacia la eliminación del uso de efectivo en beneficio de los comercios, y por supuesto, de los consumidores. Al tiempo de ir por sectores que aún no han sido atendidos por la banca tradicional, y ser para estos una alternativa confiable y segura.

El “Como anillo al dedo” parece que sigue resonando en las secretarías y gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. El tema de la emergencia sanitaria se sigue poniendo como justificación para tomar decisiones que la iniciativa privada no está viendo nada bien.

El pasado 29 de abril, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó el Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, y hasta ahí se pensaría interesante la propuesta, pero este asunto está provocando un nuevo enfrentamiento entre la iniciativa privada y el Gobierno federal, ya que está medida afectada a plantas generadoras de electricidad con energías renovables.

En el texto publicado por el organismo que dirige Alfonso Morcos, se lee: “La generación intermitente de las centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas afecta la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional en suficiencia, calidad y continuidad en el suministro eléctrico”. Resultando en la suspensión de las pruebas pre operativas de las plantas solares y eólicas en proceso de operación comercial, además de que ya no autorizará más pruebas.

Las operaciones del lugar por supuesto han sido clausuradas de manera temporal total por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y se ha ordenado a la empresa contenerlo y limpiar el jale en las zonas afectadas

Como si fuera un capítulo que se repite del pasado. Este fin de semana ocurrió un lamentable derrame en una mina de plomo y zinc en el estado de Durango. La pandemia del Coronavirus no permite ver el escándalo que representa esto. Nuevamente como si la historia se repitiera, hubo negligencia, y ahí está la presa que sufre de una ruptura ocasionada por haber llegado al límite de su capacidad, lo que terminó por provocar que parte de un camino vecinal quedara cubierto de sustancias pesadas, así como una superficie de casi 8 mil metros cuadrados de una propiedad privada (Lagunita de Coroneles), en la que había presencia de pino y encino. Grave la situación en el lugar.

Las operaciones del lugar por supuesto han sido clausuradas de manera temporal total por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y se ha ordenado a la empresa contenerlo y limpiar el jale en las zonas afectadas. Pero si esto no fuera suficiente se ha detectado que la empresa mintió ya que en la inspección realizada se constató que el derrame es de casi 6 millones de litros de jales y no de 5 mil, como lo manifestó la empresa. Estos “jales mineros” no son otra cosa que los apilamientos de rocas molidas que quedan después de que los minerales de interés como el plomo, zinc, cobre, plata y otros han sido extraídos de las rocas que los contienen.

Los Acuerdos de Suspensión que eliminan el cobro de impuestos al azúcar mexicana, y que fueron firmados en diciembre de 2014 entre el gobierno federal, los ingenios mexicanos y el Departamento de Comercio de Estados Unidos (USDOC), han sido extendidos por cinco años más. Beneplácito hay en la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA), por esto que le da confianza a este sector frente a los retos económicos qué hay en Norteamérica y México. Se mantendrá acceso preferencial libre de arancel para abastecer el 100 por ciento de las necesidades de azúcar del mercado del país de las barras y las estrellas, una vez que cubran la demanda nacional.

Así lo han acordado ambas partes. En el resultado se aplaude la participación de la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora y su equipo, así como al apoyo de la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena Coqui. El dato interesante que da claridad es que esto se traduce en que este año, México podrá exportar a Estados Unidos durante el presente ciclo azucarero un total de hasta 1.42 millones de toneladas de azúcar libres de arancel, mismas equivalen a más del 26 por ciento de la producción nacional oficialmente estimada. La nueva revisión de este asunto será en abril de 2025, lo que sin duda como ya decíamos dará mayor certidumbre para la Agroindustria Azucarera mexicana.

Las aerolíneas en el mundo pasan momentos complicados tras el surgimiento del Covid-19 y el cierre de fronteras de varios países, por lo que ya negocian planes de rescate con las administraciones públicas. De no recibir apoyos, cerca de 25 millones de empleos están en riesgo a nivel mundial, de acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA por sus siglas en inglés), al mando de Carsten Spohr. Lufthansa, por ejemplo, está en pláticas con el gobierno alemán, de Angela Merkel, para un paquete de rescate de 9 mil millones de euros, mientras que Donald Trump llegó a un acuerdo con las principales líneas de Estados Unidos (Airlines, Delta Airlines, United Airlines y Southwest) para inyectarles unos 25 mil millones de dólares y con ello evitar quiebras y despidos.

En México, las aerolíneas también tuvieron un aterrizaje forzoso. Se calcula que tendrán pérdidas de 5 mil 300 millones de dólares este año por la crisis sanitaria, por lo que necesitan un paracaídas, es decir, ayuda de liquidez y aplazamiento en pago de impuestos, gestiones que lleva la Canaero, de Luis Noriega Benet, ante la SCT, de Javier Jiménez Espriú. Las restricciones aéreas en varios países para evitar la propagación del COVID-19 ocasionaron la caída de 85% en el tráfico aéreo de México, por ende, la baja en los vuelos comerciales, por lo que varias compañías han entrado a los vuelos de carga, una opción para seguir en los cielos y tratar de esquivar los vientos fuertes. Con su nuevo giro, además, abonan a que los insumos médicos lleguen a su destino lo antes posible.

En pronunciamiento lo califican como inconveniente, porque vulnera la división de poderes y el carácter democrático del presupuesto

El escenario está más que preparado para que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, palomeen la iniciativa de reforma para modificar de reforma al artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ya le adelantaba en este espacio que esta iniciativa elimina la revisión por parte de la Cámara de Diputados a los cambios del gasto que debe proponer el Ejecutivo ante una fuerte caída en la recaudación, como el escenario que tenemos hoy día con la pandemia del COVID-19. Pero hoy llamará mucho la atención un documento elaborado por organismos como México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Transparencia Mexicana, en donde hacen señalamientos que lo que puede suceder si esto se aprueba como es del interés del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En pronunciamiento lo califican como inconveniente, porque vulnera la división de poderes y el carácter democrático del presupuesto. Pero además se afirma que violenta la división de poderes en el renglón presupuestario. La Constitución establece claramente en su artículo 74 la facultad de la Cámara de Diputados de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, pero también ignora un instrumento fundamental y contrastado para darle identidad a las amplias facultades excesivas que ya tiene el Ejecutivo para adecuar el presupuesto en el artículo 58 donde se menciona el presupuesto suplementario.

Tuvieron que pasar casi tres años para que el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea (UE), mejor conocido como TLCUEM, viera concluido su modernización. Todo inicio en junio de 2016, cuando aún la 4T no estaba conduciendo el país, para adentrarse a esto que se firmó el 23 de marzo de 2000 en Lisboa y que entró en vigor desde el 1 de julio de 2000, teniendo como principales objetivos a liberalización progresiva y recíproca de bienes industriales, agrícolas y servicios entre México y los Estados miembros de la Comunidad Europea.

Ahora que ya se analizó a fondo apartados de temas como energía y materias primas, desarrollo sostenible, pequeñas y medianas empresas, buenas prácticas regulatorias, transparencia y anticorrupción, entre muchas otras, cómo se lee en el comunicado oficial, Graciela Márquez, Secretaria de Economía, y el Comisario de Comercio de la Comisión Europea, Phil Hogan, han aplaudido que finalmente se tenga un documento final de este proceso.

Pero aún hay camino que recorrer ya que se tiene que dar paso a procedimientos legales para que el TLCUEM entre en vigor. Entre ellos, la revisión legal del acuerdo y la traducción a todos los idiomas de la UE, ya qué hay que recordar que son 27 países de la Unión Europea (UE) donde en México alcanzaron inversiones por cerca de 180 mil millones de dólares. Posteriormente se firmará y una vez firmado el Acuerdo por ambas partes se someterá a consideración de los cuerpos legislativos. Así que está claro que esto es una buena noticia para México, pero sobre todo para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que sin duda con la moderación reciente del acuerdo con Canadá y Estados Unidos, el llamado TMEC traerán satisfacción en inversiones para nuestro país.

La UE es el tercer socio comercial de México y segunda fuente de inversión extranjera directa, y un le doy un dato más, ya que en 2019, el comercio México-UE sumó 75 mil 500 millones de dólares, donde las exportaciones mexicanas alcanzaron casi 25 mil millones de dólares. Pero hay un punto que no hay que perder de vista. ¿Recuerda el Brexit?, pues bien, a partir del 31 de enero de 2020, Reino Unido dejó de ser un Estado Miembro de la Unión Europea, pero continúa obligado a los acuerdos internacionales con terceros países. Así que México y el Reino Unido mantendrán la relación comercial preferencial al amparo del TLCUEM desde el 2000. Durante 2018, Reino Unido fue el sexto socio comercial de México entre los Estados Miembros de la Unión Europea y a nivel mundial ocupó el lugar 18 con un comercio bilateral de 4,633 millones de dólares.  Así que está medallita se la colgará la Cuarta Transformación, y sin duda este modito sí le gustará al presidente López Obrador.