La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió a los Congresos estatales a acelerar los trabajos de armonización de sus Constituciones locales en materia de garantías individuales y materializarlas en una aplicación adecuada de las leyes.
El organismo precisó que el avance de esta armonización en promedio es de 88.8 por ciento, luego que en 2017 fue de 87.4 y en 2016 de 83.1 por ciento.
Precisó que a siete años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, sólo 16 entidades federativas han completado la la armonización constitucional, incluyendo las 11 disposiciones normativas.
Dichos estados son Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas.
En tanto, las cuatro entidades cuyas constituciones cuentan con el menor avance de armonización son Sonora, con 36.4 por ciento; Chihuahua, 36.4 por ciento; Chiapas, 54.5 por ciento, y Morelos, 63.6 por ciento, detalló el organismo nacional en un comunicado.
Ello, anotó, conforme al estudio de seguimiento a la armonización legislativa denominado “Constituciones estatales frente a la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011”, tercera edición.
La CNDH advirtió que no basta con tener buenas leyes, sino que deben materializarse mediante su aplicación adecuada, sobre todo en materia de derechos humanos.
Subrayó que si bien es cierto que las entidades federativas que cuentan con el ciento por ciento de avance y cumplieron con el primer paso para la mejor protección de los derechos humanos, la siguiente etapa es igualmente relevante porque se trata de hacer valer ese marco jurídico y ampliarlo a la legislación secundaria para garantizar el efecto útil de las normas.
Indicó que los mandatos constitucionales conforme a los que la CNDH monitorea la armonización de las Constituciones locales en materia de derechos humanos son los principios pro persona, de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y de progresividad.
Además, de interpretación conforme a los tratados internacionales, así como la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como la prohibición de toda discriminación motivada por preferencias sexuales, entre otras, agregó.