Desde que el chavismo perdió el control de la Asamblea Nacional (AN) en unas históricas elecciones en diciembre de 2015 —después de 17 años de ganar ininterrumpidamente en el Congreso— se ha valido del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para anular las decisiones del Parlamento independiente. El pasado sábado la máxima instancia judicial de Venezuela ordenó la suspensión “de manera cautelar” de las sesiones ejecutadas por la AN los días 26 y 28 de abril, y 3, 5, 10, 12 y 17 de mayo de 2016, “junto a los actos producidos en ellas”.
Durante estas sesiones se dio la primera discusión del proyecto de Ley de Protección e Indemnización a Usuarios frente a fallas del Servicio Eléctrico, la Segunda Discusión del Proyecto de Ley para Atender la Crisis Nacional de Salud y se presentó un informe económico sobre la viabilidad de la Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y Pensionados, según la orden del día del Parlamento, entre otras discusiones.
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