El juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en Estados Unidos inicia hoy su andar; un proceso que se prevé largo —hasta cuatro meses— y que hoy vive su primera etapa: la selección de la docena de personas que, en conjunto, forman el jurado popular que será el encargado de dictaminar el destino del que se dice es uno de los mayores capos en la historia del narcotráfico.
El líder del Cártel de Sinaloa fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017 tras haber escapado en dos ocasiones de cárceles mexicanas. Se enfrenta a una probable cadena perpetua, acusado de 11 delitos, entre ellos: narcotráfico, conspiración y lavado de dinero.
Desde su extradición, la noche del 19 de enero de 2017, a la víspera de que Donald Trump entrara en la Casa Blanca, el inicio de este juicio se pospuso en dos ocasiones. A lo largo de 654 días, el narcotraficante ha estado internado en una prisión del sur de Manhattan.
Ahora, el gobierno estadounidense y su defensa iniciarán la tarea de encontrar a las personas adecuadas para juzgarle.
La fiscalía y abogados de Guzmán Loera tuvieron que acordar un cuestionario preliminar de más de 30 páginas y 120 preguntas, que fue enviado a mediados del verano a mil potenciales jurados, una cifra enorme y pocas veces vista.
“¿Usted o alguien cercano ha sentido miedo o ha sido amenazado por gente que pensaba que estaba asociada al narcotráfico?, ¿cuál es su libro favorito?, ¿tiene alguna opinión personal sobre las personas de descendencia mexicana que podrían poner en duda su habilidad de ser un jurado justo e imparcial?”, son algunas de las preguntas que tuvieron que responder los candidatos.
Sus respuestas fueron escrutadas para determinar quiénes son los más adecuados para el juicio.
Según fuentes consultadas por EL UNIVERSAL, ambas partes no se opusieron a unos 65 perfiles. De ese grupo saldrán los 12 integrantes —y seis suplentes— del jurado popular de El Chapo.
El gobierno de Estados Unidos teme que, por el presunto pasado del sinaloense, los miembros del jurado puedan ser coaccionados por miembros del Cártel de Sinaloa, incluso temen por su vida.
El juez Brian Cogan, al frente del caso, comparte ese temor por el “historial de violencia” que rodea la figura de El Chapo, por eso autorizó que el grupo referido sea “anónimo y parcialmente aislado”. No se sabrán sus identidades ni detalles personales y estarán permanentemente vigilados por fuerzas de seguridad federales. Todo lo que sea necesario para que no haya percances.
La defensa del capo se quejó por esa decisión, argumentando que tanta mesura y prevención pone sobre su cliente una etiqueta de personaje peligroso que puede sesgar la opinión del jurado y poner bajo sospecha la presunción de inocencia.
Ahora se debe seleccionar a 12 personas (y seis suplentes) dispuestas a estar hasta cuatro meses —en medio de las festividades de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo— en régimen de semireclusión, de lunes a jueves de 10 de la mañana a cinco de la tarde, escuchando testigos, cooperantes, expertos y peritos. Todo por el deber cívico y una paga de 40 dólares al día.
Hoy inicia la última fase de esa selección: el voir dire, el interrogatorio público con la presencia del juez, acusación y defensa, del grupo preseleccionado. Una fase que, como todo el caso, no seguirá las reglas habituales y, a pesar de que por definición es un proceso público, en esta ocasión será privado.
Según el juez Cogan, esa medida se toma por el “anormalmente alto riesgo” de que, “debido al intenso [e internacional] interés público y mediático”, los potenciales jurados se “autocensuren en sus respuestas sobre temas sensibles como sus sesgos sobre personas de ciertas razas, etnias o nacionalidades, o sus opiniones sobre política federal sobre drogas o las relaciones de fuerzas de seguridad entre Estados Unidos y México”. No sólo eso: el “miedo a su seguridad, dada la naturaleza de los crímenes” de los que se acusa a El Chapo Guzmán, podría condicionar sus respuestas. La presencia de mucha gente en la corte —como ha sido habitual durante las audiencias previas, obligando a habilitar salas extras para seguir los procedimientos a través de video— podría multiplicar su temor.
Que la sala estuviera llena de reporteros, según el juez, podría también llevar a que los miembros del jurado pudieran llegar a ser identificados.
La fiscalía fue más allá e insinuó que miembros del Cártel de Sinaloa podrían infiltrarse entre la prensa para identificar a los jurados e intentar influir en sus decisiones con extorsiones o amenazas.
EL UNIVERSAL
