Donald Trump actúa como si no supiera que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas en el mundo y que es el principal exportador de armas legales e ilegales.

En ese marco dice muy serio y sin rubor que retirará certificaciones a México si no percibe de parte de nuestro país “un aumento en los esfuerzos antinarcóticos durante los próximos 12 meses”.

Habituado a erigirse en juez de primera y última instancia, Trump advierte, evalúa y dictamina. Por eso fue necesario y oportuno que la Secretaría de Relaciones Exteriores le recordara que “las metas de reducción del uso de narcóticos no siempre son cumplidas por los países de la región” y que a México le preocupa el tráfico de armas de alto poder, principalmente de Estados Unidos.

Son dos apuntes esenciales para la comprensión y atención del narcotráfico en la región. Sin el alto consumo de estupefacientes por parte de los estadounidenses, y sin la enorme cantidad de armas que venden de manera ilegal hacia México, el desafío de nuestro país de impedir el trasiego de drogas sería de otra dimensión y no nos costaría tantos recursos y, sobre todo, tanta inseguridad y muerte.

Estados Unidos exige que México aumente sus esfuerzos para contener el tráfico de drogas, pero no se compromete a disminuir las adicciones, a combatir el narcomenudeo ni a frenar el contrabando de armas.

Esto es lo que no quiere ver Trump: que pagamos un alto costo humano y económico por tratar de detener aquí lo que se consume allá. Y que 70 por ciento de las armas que se recuperan en escenas del crimen aquí, proceden de allá.

Hace unos días, el canciller Marcelo Ebrard subrayó que el tráfico de armas de asalto de Estados Unidos a México aumentó en 122 por ciento, en tanto que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EU calcula que el flujo de armas ilegales a territorio mexicano es de 200 mil cada año.

Eso implica que en los recientes 10 años, han entrado al país dos millones de armas estadounidenses ilegales, de las que, en ese mismo periodo, se han recuperado 332 mil, 58 por ciento por parte de autoridades federales, estatales y municipales y 42 por ciento en la campaña permanente de Canje de Armas.

Según estas cifras, hay más de millón y medio de armas ilegales en el país, probablemente en manos de criminales.

En contraste, las armas que entraron legalmente en ese mismo lapso fueron 468 mil 737, de las cuales (números cerrados) 18 mil fueron adquiridas por las Fuerzas Armadas, 228 mil por gobiernos estatales, 77 mil por otras dependencias, 113 mil por personas físicas y 32 mil por personas morales.

México ha enfatizado más de una vez la responsabilidad de Estados Unidos en su extrema laxitud en la venta de armas y, especialmente, en su indiferencia respecto del contrabando de éstas hacia nuestro país.

Por ahora parece improbable que el gobierno estadounidense responda a este llamado, sobre todo a la vista de la sujeción que caracteriza la relación entre la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y Donald Trump, quien a fuerza de pulsar el poder de la Asociación y del apoyo financiero/electoral que le brinda, ha renunciado a promover la verificación de antecedentes de los compradores de armas, se ha llamado a sí mismo “el mayor defensor de la segunda enmienda” y se ha comprometido a garantizar que “las muy fuertes posiciones” de la NRA sean respetadas y escuchadas.

Si no les importa establecer restricciones a la venta de armas, menos les interesará impedir su venta ilegal hacia México. Pero habrá que seguir insistiendo porque no hay duda de que se trata de un tema de corresponsabilidad.

Es cierto, son cárteles mexicanos muy bien armados los principales introductores de droga a Estados Unidos, lo que no nos enorgullece. Pero también es cierto que son estadounidenses quienes les compran las drogas y quienes les venden las armas.