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“La desconfianza en el gobierno no es cinismo sin fundamento; Es realismo”.

Ben Shapiro, abogado y comentarista estadounidense.

Históricamente, existe una correlación entre el crecimiento económico y el nivel de confianza institucional que los habitantes de un país muestran; particularmente respecto de las instituciones gubernamentales.

Más que una causalidad directa, es decir, que la desconfianza genera un bajo crecimiento económico; lo que se ha evidenciado en distintos estudios es que la desconfianza típicamente es producto de una serie de factores que, a su vez, están asociados con condiciones que inhiben o limitan el crecimiento.

Un primer factor es la corrupción. Cuando la percepción ciudadana es que desde el gobierno se tiene una visión patrimonial de los recursos públicos y que estos son canalizados a enriquecer indebidamente a personajes de la esfera política; cuando se percibe que las decisiones gubernamentales están centradas en satisfacer intereses personales o de grupos específicos, sin importar su pertinencia; cuando se tienen la creencia y evidencia de que ha habido una mala administración de los recursos con acciones o decisiones ineficientes, destinadas a favorecer a algunos; entonces la percepción ciudadana es qué cualquier iniciativa de gobierno estará manchada por alguno de estos elementos y, por lo tanto, no es digna de confianza.

Visiones como esta, por ejemplo, están asociadas a altas tasas de evasión fiscal, bajo la premisa de que si los recursos públicos no son utilizados adecuadamente. es preferible que evadir las obligaciones fiscales.

Un segundo elemento presente en entornos de elevada desconfianza institucional es la debilidad del Estado derecho, que se traduce en una falta de consecuencias jurídicas para quien transgrede la ley, (desde lo público o desde lo privado), lo que a su vez genera el doble efecto de inhibir la inversión privada por desconfianza y de crear condiciones poco propicias para el desarrollo de las iniciativas que desde lo privado realmente se concretan. Una reglamentación excesiva e ineficiente, que permite altísimos grados de discrecionalidad de la autoridad, un incremento de la delincuencia y la criminalidad, al no existir la presión para aquellos que transgreden la ley, de una amenaza creíble de que serán detenidos y encarcelados, generan más presiones negativas sobre la actividad económica.

La experiencia internacional muestra que la manera más eficaz de combatir la corrupción es fortaleciendo las instituciones, particularmente aquellas responsables

de aplicar la ley y, de manera fundamental, dando certeza a la ciudadanía con información puntual y objetiva que permita ir construyendo la certidumbre de que las leyes se aplican y no están sujetas a la discrecionalidad de quienes detentan cargos públicos. La certidumbre en la actuación de las instituciones gubernamentales, que respetan las leyes y las reglas establecidas, así como los contratos y proyectos, vigilando estrictamente que estos sean apegados a derecho y al interés de la ciudadanía, son elementos fundamentales para crear condiciones de actividad económica que alimenten un crecimiento sostenido.

Todas las experiencias exitosas de combate a la corrupción que han permitido incrementar la confianza institucional y, de esta manera, han apoyado el crecimiento económico sostenido, han pasado por reformas de corto plazo y gran profundidad para fortalecer los mecanismos de interacción entre la esfera pública y los ciudadanos. Dichas experiencias han mostrado además que, las visiones típicas de que la corrupción está arraigada en valores a una cultura y que por lo tanto su erradicación es un proceso muy largo, son equivocadas.

Información dura, medible y objetiva en cualquier ámbito; leyes claras y cumplibles con mecanismos que garanticen el castigo a quienes no la cumplan y un gobierno que esté permanentemente sujeto al escrutinio de la ciudadanía, son fundamentales, y para esto último es crucial contar con medios de información críticos que, al margen de que el Estado pueda pensar que responden agendas particulares, señalen la información que debe ser investigada y acusen cuando esté en duda la actuación del gobierno para provocar investigaciones acuciosas e imparciales. Ello es fundamental para garantizar condiciones de combate a la corrupción y fortalecimiento del Estado de derecho que mejoren la vida de las personas y gradualmente contribuyan al crecimiento económico del país.

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