Jesús Murillo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, podría recibir hasta 82 años de cárcel por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de la justicia.

Murillo Karam fue imputado por la FGR de estos ilícitos al considerar que fraguó premeditada y dolosamente la verdad histórica de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Por desaparición forzada podría recibir entre 40 y 60 años de cárcel; por tortura, de 3 a 12 años, y por delitos contra la administración de la justicia, de 4 y 10 años. La FGR utilizó el testimonio de Bernardo Cano, exsecretario particular de Tomás Zerón y convertido en testigo protegido, para acusar a Murillo Karam de fraguar la verdad histórica en un cónclave celebrado en octubre de 2014.