Tradicionalmente, la economía mexicana había estado basada fundamentalmente en la extracción de rentas producto de la explotación de recursos naturales y del otorgamiento de concesiones, licencias y licitaciones por parte del Estado a particulares. Así, la gran parte de nuestra historia económica careció de la suficiente generación de patentes, innovación y emprendedores, lo que ha impedido nuestro pleno desarrollo. Adicionalmente, provocó, a lo largo de muchas décadas, que la relación gobierno–empresa privada se fuera haciendo tremendamente dependiente para subsistir la segunda de la primera y, ¿por qué no decirlo?, bajo la lógica de la corrupción. Hay que señalar, sin embargo, que existen importantes empresas que en lo sustantivo no dependen del gobierno, salvo en la obligación de proporcionar estabilidad macroeconómica, Estado de Derecho y certidumbre. En mi opinión, no fue hasta la madurez de nuestra relación económica con EU, producto del TLCAN, que comenzó a surgir un considerable número de empresas y emprendedores que, más que buscar una relación directa con el gobierno, han pretendido dar valor a sus negocios como proveedores y abastecedores de la mayor y más tecnificada economía del mundo.

Esta es la razón por la que debemos aplaudir la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de buscar a toda costa preservar nuestra privilegiada relación económica con EU. La capacidad de diálogo del presidente, la habilidad de negociación del canciller Marcelo Ebrard y el necesario fortalecimiento futuro del equipo económico son garantes de la estabilidad comercial del país, y aún más de la preservación de la nueva clase empresarial mexicana surgida hace 25 años con el TLCAN. No son sólo los 360,000 millones de dólares anuales de ventas de productos nacionales hacia EU, es la garantía de que en México las puertas de la creación de nuevas empresas privadas se mantenga abierta, al mismo tiempo que la ciencia y tecnología continúen abriéndose paso en la construcción de un mayor valor agregado en la economía, así como la factibilidad de que el desarrollo regional sea una realidad en el futuro. Con ello, la equívoca e insana interpretación del concepto de soberanía nacional se interpreta correctamente, siendo el punto de partida para una era de cooperación e integración entre México y EU, con el agregado de contar con Canadá como potente complemento de lo que sigue siendo la región económica con el mayor potencial del planeta.

Y es que por años pretendimos separar la parte álgida de la relación bilateral, caracterizada por la migración y el narcotráfico, de la suave integración que genera el comercio. No obstante, esta estrategia era inviable e insostenible. No se puede pretender sólo recibir los beneficios de la entrada de millones de productos detrás de miles de millones de dólares y la integración a las cadenas de valor internacionales sin que se atienda la realidad de compartir la frontera más compleja que existe en el mundo. Hay que quitarnos el disfraz y entender que es inevitable que los temas de la migración ilegal y la venta de drogas se pusieran en la misma mesa de lo comercial. Pretender que estuviesen separados a perpetuidad era ingenuo, como lo es buscar que EU se abstenga de la urgente necesidad de apoyar la agenda de desarrollo del presidente para el sur del país y Centroamérica. Es necesario que los beneficios del T-MEC vayan trasladándose al sur del continente con la obligación de que lleguen de forma acelerada. El sur de México, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Belice están llamados a ser parte de Norteamérica, y nuestro gobierno puede ser quien ponga la semilla para lograrlo, lo que puede ser una de sus principales aportaciones históricas. La crisis de desarrollo de los estados del sur contrasta con los niveles de crecimiento del centro y norte, que alcanza tasas de más de 4% anual.

Este hecho pone al gobierno del cambio frente al reto de establecer un modelo económico que atienda a las dos realidades del país, la que presenta un México en franco proceso de desarrollo que no se puede detener, y la que nos muestra que la economía número 13 del mundo se encuentra con estados enteros en el subdesarrollo, 40 millones de habitantes en pobreza, de los cuales 14 millones son indígenas completamente marginados. El reto no es fácil, máxime ante la realidad de que el gobierno no lo puede, ni lo debe hacer todo. El gasto público y la estabilidad macroeconómica son sólo el requisito de arranque. Empero, es la participación de la Iniciativa Privada, a través de la inversión y la cooperación internacional, el fondo de nuestro desarrollo económico de largo plazo. Con haber logrado que Donald Trump no nos imponga aranceles al comercio, las dudas en materia económica que se han venido teniendo sobre nuestro gobierno, el presidente nos ha demostrado claramente su sensibilidad por el libre comercio y su empatía con los que menos tienen. Eso hay que reconocerlo.

Cortesía de EL ECONOMISTA

Desde su triunfo en las pasadas elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha venido tomando una serie de decisiones que impactan de manera determinante en el desempeño de nuestra economía tanto de manera positiva como negativa. El vacío de gobierno que presentó Enrique Peña Nieto un año antes de que concluyera su periodo de gobierno, que se agudizó dramáticamente a partir del 1º de julio, y la toma del control de la política económica por parte del presidente electo, que determinó buena parte del actual rumbo económico que, a la luz de la mayoría de los resultados estadísticos y el ánimo de los inversionistas, reflejan un claro ciclo de aguda desaceleración. A lo anterior se suma el efecto negativo del entorno económico internacional que, sin embargo, hasta el momento no ha sido determinante gracias a tasas de interés estables y un fuerte crecimiento en EU. En efecto, puede ser pertinente esbozar que este episodio de estancamiento económico es fundamentalmente provocado por decisiones políticas totalmente internas.

La cancelación del NAIM en Texcoco, el impasse en las licitaciones en materia energética y la abrupta retención de escaso gasto público con el que contamos los mexicanos representan los tres elementos centrales que han detenido a la economía en México durante los pasados 11 meses. Al mismo tiempo, todos los analistas en la opinión pública se han centrado en expresar la parte negativa sustentándose en los datos duros que día con día vienen surgiendo. Sin embrago, se les ha escapado una de las principales aportaciones eminentemente positivas del presidente López Obrador para con nuestra economía: su relevante papel en el impulso y próxima concreción del nuevo tratado de libre comercio con Norteamérica, el T-MEC —USMCA—. Este tratado de libre comercio sigue representando la zona comercial más grande del mundo y con el mayor potencial en el mediano plazo. También es la clave para que nuestro principal socio y vecino, EU, enfrente con dignidad a China en lo comercial y tecnológico. A estas virtudes se le puede agregar la esperanza de que este tratado puede representar la solución al creciente fenómeno de la migración.

Es cierto que, por cuestiones prácticas de calendario electoral e incluso ideológicas, la firma del T-MEC se hizo antes de la toma de posesión del cargo por parte de nuestro presidente, pero también es claro que desde entonces él ha hecho todo lo posible para que se apruebe y ponga en marcha. Quién hubiese dicho que un presidente de izquierda en Latinoamérica estaría tan comprometido con el libre comercio con EU, en beneficio de una mayor entrada de dólares a nuestro país muy por encima de las ventas de petróleo o de las remesas de nuestros paisanos. Este mérito no hay que escatimárselo al presidente de la República. Es de todos conocido que tanto Canadá como EU han tenido fuertes críticas para con México en materia laboral y energética. Con todo el esfuerzo que se pudo hacer en la administración pasada para lograr negociar la mayor parte del texto, la materia energética representaba uno de los principales obstáculos para su cierre; ello era un dilema mayor ante la llegada de un gobernante de izquierda a nuestro país. El entonces presidente electo no sólo no fue un obstáculo sino un facilitador que permitió que el capítulo de energía se concretara en el sentido correcto, al mismo tiempo que mantuvo la rectoría del Estado mexicano en el sector.

Por otro lado, se encontraba la realidad de que a lo largo de los 25 años del TLCAN —NAFTA— no fuimos suficientemente capaces de aumentar el estándar de vida de los trabajadores de México. Por una razón u otra los salarios aumentaron, pero nunca lo que debieron como consecuencia del privilegio de pertenecer a la zona comercial más grande del planeta. Lo mismo trasladó al país a la realidad de limitar las libertades sindicales que se tienen en todo el mundo civilizado. En la materia laboral, fue también el propio presidente López Obrador quien ha abanderado la causa de los trabajadores para cumplir, por una parte, con la justicia que reclaman y, por otra parte, al legítimo reclamo de nuestros socios comerciales. Primero impulsó un aumento razonable de los salarios mínimos sin alterar negativamente el balance macroeconómico, lo que hasta el momento refleja un incremento de 6.9% de los sueldos de los mexicanos en términos reales. En segundo lugar, utilizó su capital político y mayoría legislativa para que en un plazo récord se aprobara la reforma laboral que pone a México en sintonía con los postulados de la Organización Internacional del Trabajo, lo que abre la puerta a una mayor justicia laboral y libertad sindical, misma que debió haber pasado hace 25 años. Puede ser mucho lo que se puede argumentar y criticar sobre ciertas decisiones económicas de este gobierno, empero, el impulso al T-MEC es uno de los grandes aciertos, lo que hay que tener en cuenta para completar la crítica económica actual.

Cortesía de EL ECONOMISTA

En las próximas semanas la sociedad mexicana tendrá la oportunidad de comentar y enriquecer el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Desde que se instauró en nuestro país la obligación legal de que cada gobierno presente un proyecto de desarrollo al inicio de su administración nunca habíamos tenido la oportunidad de participar en uno que realmente abra la posibilidad de un cambio a profundidad como ahora. Para ser honestos, desde el inicio de este deber durante la administración del presidente Miguel de la Madrid, los planes nacionales han servido para simular que en México se planea el desarrollo. Cómo hacer planes de algo tan serio como el desarrollo de una nación en cinco años, ello sólo se explica mediante nuestra fantasía y simulación que ha representado esta práctica en la que se cumple con la obligación legal y la forma de entregar un documento del que nadie se vuelve a acordar el resto del sexenio. Esta realidad se hace aún más clara cuando se observa, por ejemplo, que los términos de adelgazamiento del Estado, la apertura comercial y la desregulación de la actividad económica fueron las premisas más importantes que sostuvieron la lógica del desarrollo justamente desde los tiempos del presidente de la Madrid hasta nuestros días.

Sin embargo, el primer PND de un gobierno de izquierda en nuestro país, con la legitimidad en las urnas y la fuerza política que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, abre la puerta de par en par para incorporar elementos que pongan a México en la senda del desarrollo que incluya a los que ya están en éste y a los excluidos. Por un lado, y ésta quizá sea la aportación más importante del presidente, está el incorporar a los que menos tienen al desarrollo; al mismo tiempo, mantener y acrecentar los niveles de desarrollo que ya alcanzan más de la mitad de los mexicanos que aprecian que las regiones en las que viven se crece a tasas superiores a 4% de manera sostenida. La tarea no es fácil, los primeros necesitan ya ser incorporados al desarrollo pues no pueden seguir a la espera de que la apertura y la mano invisible de la libertad económica les lleven las mieles de desarrollo material, cuando además ven que la aplicación de estos preceptos en México se había venido tergiversando bajo la lógica de la corrupción y el enriquecimiento de unos cuantos; los segundos no pueden ser arbitrariamente frenados porque son el aporte de recursos para el resto del país y del propio gobierno.

En la anterior transición encabezada por el presidente Vicente Fox no se tuvo la misma oportunidad. A pesar de la legitimidad electoral de su triunfo, el entonces gobierno del cambio no tuvo las herramientas políticas como la mayoría de los gobiernos de los estados y, sobre todo, la mayoría en ambas cámaras para siquiera intentar hacer cosas de fondo. En esta ocasión, la ola de cambio es mucho más profunda y cuenta con todos los instrumentos para llevarlo a cabo. La oportunidad no se debe perder para sentar las bases de un crecimiento sólido, no al viejo estilo en donde se pretendía que desarrollo es todo y para todo. El revoltijo de poner en un mismo documento para salir del paso temas como: desarrollo social, político, económico, cultural, lo mismo que local, comunitario, regional, sustentable, global, así como democrático, derechos humanos, justicia, derecho, educación, ciencia y tecnología, humanidades y un sinfín más de cosas en el guiso, generó que todo quedará en el olvido mientras millones de personas se alejaban del desarrollo.

Probablemente sea tiempo para abandonar la tendencia a la simulación y a la eterna búsqueda aspiracional de pretender todo sin lograr nada y entender con Wallerstein que desarrollo puede ser un mito o una ilusión, la especie humana no se sacia en sus necesidades. Este gobierno tiene la oportunidad de hacer un ejemplar ejercicio democrático invitando a la sociedad a construir juntos un PND objetivo y realista, al mismo tiempo que atienda la prioridad de voltear a ver a los que menos tienen, sin descuidar a quienes hasta ahora vienen cargando con toda la responsabilidad de la generación de riqueza que sostiene al resto del país.

El valor del primer PND de un gobierno de izquierda en México estriba en el complemento que su visión le pueda dar a nuestra larga percepción del desarrollo, con la responsabilidad de que se tienen las condiciones políticas suficientes para llevarlo a cabo siempre partiendo de las capacidades económicas reales que se tienen para lograr realmente algo. Tal vez es tiempo de considerar la tesis de Esteva que nos conmina a ver el desarrollo como cada comunidad o nación lo conciba y a su paso, dejando de lado la influencia extra lógica que sólo nos lleva al mito o a la ilusión.

A raíz del cambio de gobierno y la propuesta de un cambio a fondo, así como la llegada al poder del primer gobierno de izquierda a la Presidencia con una amplia mayoría en ambas cámaras, comenzó a incrementarse de manera sustancial la incertidumbre por el rumbo que tomaría nuestra economía.

Contrario a lo que ocurre en cualquier democracia, el triunfo inobjetable de un partido político y su coalición, con amplio respaldo de la ciudadanía, gran popularidad del candidato y un claro mandato popular por acabar con la corrupción e inseguridad, en México estas condiciones han abonado muy poco a la certidumbre económica, al menos en el corto plazo. El porqué ocurre esto podría contestarse al menos por dos razones.

La primera de ellas estriba en que en nuestra economía subyace una enorme conexión entre la empresa privada y el gobierno, que genera una insana dependencia de la primera con el segundo; en este sentido, la propuesta de un cambio profundo en las reglas del juego puede causar en el arranque, dificultades para materializar certidumbre económica.

La segunda razón pudiera encontrarse en el infundado temor por los gobiernos de izquierda al frente de una economía, lo cual no tiene fundamento, en tanto existe abundante evidencia en donde gobernantes con una mayor sensibilidad social llegan a tener considerable efectividad en el manejo de los fundamentales de la economía, cuando así se lo proponen.

En este sentido puede resultar conveniente el mencionar tres avances que nuestra economía está presentando dentro de estos primeros cinco meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

1. El pasado 26 de abril, con datos del Inegi, nuestro diario El Economista dio cuenta de cómo las políticas y planes tanto salariales como fiscales de este gobierno están detonando un mayor consumo en las regiones norte y sur del país contrario a la dinámica de crecimiento que se venía teniendo en las zonas de Occidente y el Bajío. No se trata de que dejen de crecer las zonas que ya se encuentran cerca del desarrollo como lo es Bajío, por el contrario. Es claro que en nuestro país existen zonas que crecen a tasas iguales o superiores a los países asiáticos a los cuales hay que seguir empujando, en tanto son fuente de buena parte del ingreso nacional y de los recursos con los que el gobierno apoya a otras zonas. No obstante, también es claro que hay amplias partes del territorio que se encuentran lejos de alcanzar el desarrollo deseado y que necesitan que se les voltee a ver para apoyarles sin el mayor regateo, pues los beneficios de la globalización y la integración comercial con Norteamérica no los han alcanzado todavía. Así las medidas de estímulo tanto fiscal como laboral estarían apoyando el comercio al menudeo en 5% en el norte del país y 1.7% en el sur-sureste, en donde el total nacional fue de 1.3% en su variación anual durante el primer bimestre del año 2019.

2. En el mismo sentido que el inciso anterior, puede expresarse la elevación de los salarios reales que desde el sexenio del presidente Vicente Fox, administración en el que se vieron incrementados de manera real, no se había notado un aumento en términos reales. Si bien la recuperación de los salarios tiene que ver en buena medida con el control a la inflación que el Banco de México ha tenido, los salarios mínimos están avanzando de manera importante también por la política de este gobierno de ajustarlos hacia arriba de manera paulatina como una medida no sólo de equilibrio macroeconómico sino de equilibrio social. Luego del triunfo del presidente quedó del lado el incompleto debate de que los salarios sólo pueden subir tomando en cuenta únicamente la productividad; esta medida impulsada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que encabeza Luisa María Alcalde, está teniendo efectos positivos. El aumento al salario en la frontera promovido por este gobierno no ha causado desempleo y, por el contrario, claramente mejoró los ingresos de las familias. En esta tendencia, el resto de los salarios en el país, según reportó el IMSS, ha crecido durante este año 6.9%, lo que está por arriba de la inflación. Queda pendiente desde luego, el tema de la informalidad, pero al menos ya comienza a haber una variación positiva en los salarios de los trabajadores no registrada en los dos sexenios anteriores.

3. El formar un equipo económico de talento en la hacienda pública es algo que deja aún más de lado en infundado temor sobre los gobiernos de izquierda en el manejo macroeconómico. La disciplina fiscal desplegada hasta el momento por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al frente de un experto como el dr. Carlos Urzúa mantiene a los mercados tranquilos, que junto con este pilar y las tasas de interés tienen al peso mexicano con la fortaleza que nos presenta. Adicionalmente, es de aplaudirse la propuesta de disminuir el uso excesivo de fideicomisos públicos que por años se abusó para limitar la transparencia en el uso del dinero en los gobiernos, lo que incluso provocó un impacto negativo en general en el funcionamiento fiduciario en México. Cuánto se ahorra nuestra economía con esta medida, seguramente será mucho.

Existen elementos adicionales que pueden argumentar en sentido contrario al que hay cosas positivas en nuestra economía y con ello abonar a la incertidumbre. No obstante, nadie puede objetar que el tema social que impulsa esta administración está coadyuvando a la recuperación de los salarios reales, desde luego con la labor conjunta del Banco de México y la vocación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la disciplina fiscal y la austeridad, dará certidumbre macroeconómica de largo plazo al margen del ruido político coyuntural. Adicionalmente, nadie puede objetar que todavía hay mucho por hacer en materia económica, de ello no hay duda, pero para eso son los cambios.

Cortesía de EL ECONOMISTA

Los resultados de la 82 Convención Bancaria fueron los esperados, ante todo, la cordialidad y lo políticamente correcto. En el fondo, es claro que el proceso de cambio profundo que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere impulsar requiere de una cantidad muy importante de inversión de dinero y para ello, los bancos son el vehículo indispensable para alcanzarlo. Igualmente, es claro para la banca el tener una buena relación con el gobierno porque su actividad está regulada y supervisada ni más ni menos que por éste y también, porque requiere de su apoyo como complemento a través de la banca de desarrollo. Bajo esta realidad, la relación entre bancos y gobierno necesariamente tiene que ser buena por el bien del país.

No obstante, se debe de profundizar en las exigencias mutuas más allá de la cordialidad política que ambos pueden desplegar. El país requiere un mayor esfuerzo de ambas partes. El gobierno, mediante el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Adalberto Palma, ha dado el primer paso en el sentido correcto, al abrir la puerta a la regulación diferenciada, lo que es indispensable para que los bancos medianos puedan crecer. Han pasado muchos años y excelentes marcas de bancos como: Consubanco, Multiva, Mifel, Actinver y Azteca, entre otros, simplemente no pueden crecer entre otras razones, porque el exceso de regulación y supervisión innecesaria para sus actividades reales literalmente los asfixia. Nuestro país fue el primero en adoptar Basilea II y III, cuando naciones como EU, Inglaterra y la propia Suiza pidieron prórrogas para ello; nuestro sistema bancario está hiperregulado.

El otro lado aún tiene demasiado qué hacer. La mayoría de los bancos, sobre todo los grandes, ha encontrado en México el gran negocio con márgenes de ganancia no comunes en otros países. Al mismo tiempo, han fallado al país en lo que hoy es una de las principales prioridades para la 4ª transformación, que es la inclusión financiera, porque se han acomodado placenteramente en las ciudades y en los buenos clientes de quienes captan barato y les prestan poco y caro. En imagen social también están mal parados, las encuestas señalan que la mayoría de los mexicanos desconfía de sus bancos, así como la mayoría asegura que tiene una cuenta porque es a través de ésta que les pagan sus salarios pero que estarían gustosos de usar medios alternativos para recibirlo que no sea el banco, como el efectivo, por ejemplo.

Cuántos años y sexenios hemos escuchado a la Asociación de Bancos de México, hasta ahora presidida por los grandes bancos lo que abre una esperanza hacia adelante, que está lista para financiar el crecimiento y el desarrollo; crecimiento y desarrollo de 2.5% promedio anual del que, por cierto, la banca aporta muy poco. Hay que dejarnos de simulaciones y pedir un mayor esfuerzo de nuestra banca porque todos la necesitamos, pero no nada más fuerte sino más arriesgada y comprometida por México, no en el discurso sino en la realidad. La penetración del crédito bancario como proporción del PIB es de 50% y la mayoría del territorio nacional no cuenta con acceso a sucursales, cuando en otros países ambos indicadores están en 100 por ciento. Claramente el crédito de los bancos no es ni ha sido un motor del desarrollo.

Las enormes utilidades de la banca mexicana se demuestran año con año en sus balances públicos no sólo producto de las comisiones, sino con el enorme diferencial entre la tasa de interés activa con la pasiva y la concentración del mercado en sólo cinco instituciones de las 51 que existen. Esta situación se hace más lamentable cuando se conoce abiertamente que los bancos extranjeros sacan todos los años 100% de sus utilidades de México. Que diferencia sería que el spread entre tasas de interés disminuyera y que una parte de las utilidades de la banca extranjera se quedara en el país para fomentar efectivamente el crecimiento económico en beneficio, por cierto, de los propios bancos.

Los bancos en México sí han estado sujetos a un insufrible exceso regulatorio (medio millón de oficios al año), pero también han estado dentro de la zona de confort de un mercado concentrado, con altas comisiones y con una captación barata con créditos caros. Para dar crédito, antes pedían estabilidad macroeconómica, cuando ésta se les concedió, argumentaron que no prestaban porque ahora les faltaba seguridad jurídica para prestar, hoy piden certidumbre para dar crédito; el hecho es que reportan grandes utilidades, no son motor significativo del crecimiento y la mayoría del país no tiene servicios bancarios (hay más de 500 municipios que no tienen una sola sucursal bancaria), así como el crédito bancario llega apenas a la mitad del PIB. Esta penosa realidad debe cambiar con el aire de cambio que hoy respiramos de la mano de este gobierno y por voluntad de la mayoría que quiere que muchas cambien, incluida la realidad de la relación de los bancos con la sociedad.

Cortesía de EL ECONOMISTA