La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) señaló que el arranque de los estudios y trabajos preliminares del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, estado de México, no “deja un buen sabor de boca”, ya que dicha obra siguen siendo un gran desafío en temas de seguridad y una solución de corto plazo.

El secretario de Prensa y Publicidad de la Asociación, Mauricio Aguilera, mencionó que se debe trabajar en el primer tema, sobre todo en la operación conjunta con los aeropuertos Internacional de la Ciudad de México (AICM) y de Toluca, pero además dicha terminal debe también ser competitiva, eficiente y brindar una mayor conectividad.

“Que tenga la capacidad suficiente para los retos que vienen y ahí es donde se tiene que aportar lo mejor que tengamos, para que funcione y para que no estemos dentro de tres años diciendo te lo dije”.

El representante del gremio refirió que desde hace 20 años ASPA y otros organismos han requerido y solicitado de los diferentes gobiernos federales una solución importante para contar con un gran aeropuerto que resolviera la saturación del actual AICM; “ya lo teníamos, pero se canceló”.

En su opinión, será en 10 años cuando nuevamente se realice una “cirugía mayor” empujada, principalmente por la saturación que se tendrá el actual aeropuerto capitalino.

“Reiteramos que es una decisión de muy corto plazo. Hay desafíos que tienen que ver con la productividad y eficiencia del propio aeropuerto. En primera instancia, debe ser seguro”, dijo en entrevista con Notimex.

En este sentido, los principales desafíos tienen que ver con la definición de la superficie limitadora de obstáculos, aproximaciones simultáneas con el AICM, que no se registren acercamientos entre aeronaves fuera de la norma, entre otras.

Reiteró que ASPA coadyuvará en temas técnico-operativos necesarios para que la operación entre Santa Lucía, AICM y Toluca sean óptimas en seguridad en las operaciones aéreas.

Bajo este panorama sería importante que el gobierno federal formara un consejo consultivo integrado por pilotos aviadores, controladores de tránsito, ingenieros civiles y en aeronáutica, ecologistas, entre otros, para tener más información sobre el tema.

Sin embargo, mencionó que hasta el momento no tienen información del plan maestro del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, pese a que las soluciones aeroportuarios deben proyectar un mínimo de 60 años, una capacidad similar a la que se consideraba con el aeropuerto de Texcoco.

Al participar hoy en el acto de Inicio de Estudios y Trabajos Preliminares para la Construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” de Santa Lucía, el comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, Manuel de Jesús Hernández, informó que se escogió esta Base Aérea porque posee las dimensiones y condiciones necesarias para un aeropuerto mixto, es decir, civil y militar.

Con información de NOTIMEX

La sociedad debe exigir al Estado mexicano la construcción de políticas públicas y espacios comunitarios de protección y seguridad para los niñas, niños y adolescentes, porque “son los más vulnerables entre los vulnerables”, sostuvo la especialista de la UNAM, Gabriela Ruiz Serrano.

La experta de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) afirmó que la sociedad en general debe unirse y alzar la voz por los derechos de los pequeños, pues es un atentado contra todos.

“Debemos exigir que el Estado dé una respuesta certera, contundente, que coloque a la niñez en el centro y se piense en la construcción de espacios comunitarios de protección y no de una violencia sistemática en la que nos encontramos y a la que nos enfrentamos el día de hoy”, enfatizó.

Señaló que los datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), basados en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), respecto a que en los tres primeros meses de 2019 se contabilizaron 285 homicidios dolosos contra este sector de la población, deben ser una señal de alerta para la sociedad.

“Estamos hablando de niños y no podemos verlos como números, debemos pensar en una cifra más cualitativa del impacto que genera, por la inseguridad en la que vivimos, llevando a escenarios traumatizantes. No podemos dejar que se adormezca el corazón ni la memoria, debemos indignarnos frente a la violencia sea cual sea y contra quien sea en las estadísticas”, resaltó la experta.

Aseguró que se trata de una “urgencia nacional”, porque aun cuando se tiene una legislación nacional y México está adherido a convenios internacionales de protección de la niñez, no se cumplen con dichos acuerdos y solo se ha dado una solución enunciativa.

Ruiz Serrano agregó que la Academia está obligada, junto con la sociedad civil y los políticos, a hacer un frente común para pedir que se protejan a los pequeños, que son los más vulnerables entre los vulnerables.

Con información de NOTIMEX

Con una edad de entre nueve y 10 años, una menor se arrastra entre los vagones del Metro, su ropa está desteñida y sucia, una y otra vez con un pequeño trapo trata de limpiar los zapatos de los pasajeros.

A cambio espera una moneda, pero la mayoría de las veces sólo recibe indiferencia o desprecio. Cansada después horas de arrastrarse por el suelo, prosigue su andanza de mendicidad forzada.

No es el único caso. Descalzo y con ropa desgastada, un pequeño campesino de seis o siete años de edad que se comunica en su idioma reparte volantes que dicen: “Venimos de la Sierra Norte de Puebla, somos muy pobres y por eso nos vemos obligados a pedir su ayuda”.

Ellos son apenas dos ejemplos de los 3.2 millones de niños de cinco a 17 años que trabajan en México, de acuerdo a la medición 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esto ubica al país como el segundo en América Latina con más infantes laborando expuestos a riesgos mecánicos, biológicos, físicos, químicos o relacionados con prostitución, y hasta cooptados por la delincuencia organizada.

El trabajo infantil trasciende el ámbito familiar porque se da por una problemática estructural, donde la desigualdad y la pobreza juegan un papel sumamente importante, señalaron investigadores entrevistados por Notimex.

De los 3.2 millones de menores que laboran, 2.1 millones trabaja en actividades que no están permitidas, y el restante (1.4 millones) lo hace en labores domésticas no adecuadas, informó el doctor en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Alfredo Sánchez Castañeda.

El también integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indicó que los menores realizan largas jornadas de trabajo y al menos 50 por ciento no recibe salario, situación que se agrava porque tampoco tienen prestaciones ni derechos laborales.

Agregó que un factor fundamental es la pobreza, pues más de la mitad de estos menores necesita aportar económicamente a la familia o para sufragar sus actividades cotidianas.

Para más detalles, señaló que de 29 millones de niños entre cinco y 17 años, hay 2.1 millones que no va a la escuela; asimismo, hay 70 mil menores sujetos a explotación sexual.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la labor infantil es cualquier actividad que atenta contra el adecuado desarrollo de niñas, niños y adolescentes, explica Carmen Gabriela Ruiz Serrano.

La doctora en Trabajo Social por la UNAM explicó que el trabajo infantil tiene como características que es peligroso, interviene contra la escolarización y atenta contra derechos como la recreación, el libre esparcimiento y el disfrute de espacios libres de violencia.

Si bien, dijo, hay que diferenciar entre las actividades de cooperación en labores que tienen que ver con el contexto familiar o comunitario, lo cierto es que los niños están siendo incorporados a actividades que son muy visibles, pero al mismo tiempo son muy opacas y sólo provocan la indiferencia social, como es la mendicidad forzada.

Objeto de este tipo de “empleos” son los niños franeleros o limpia-parabrisas, quienes por su vulnerabilidad son fácilmente enganchados por la delincuencia organizada para vender droga o prostituirlos.

Ruiz Serrano consideró que la inclusión de menores en actividades ilícitas, como podrían ser los niños sicarios o las adolescentes prostituidas, por ley deben mirarse como víctimas de trata de personas y de actividades que flagelan la dignidad humana.

Estos menores no deben ser criminalizados, porque muchos provienen de familias donde hay violencia, no cuentan con condiciones económicas para su sustento, manutención, cuidado y crianza, de tal manera que los grupos criminales aprovechan su vulnerabilidad.

La especialista no está de acuerdo en bajar la edad penal a los 16 años, porque se criminalizaría a este sector y de acuerdo a las neurociencias, el cerebro termina de desarrollarse hasta los 20 o 21 años.

Sobre la condición de infantes indígenas, mencionó que la situación todavía es más grave porque nueve de cada 10 no logra satisfacer sus necesidades fundamentales, además, en las personas del rango de cero a menos de 18 años, una de cada dos ha sufrido violencia psicológica.

En México está prohibida la contratación de menores de 15 años, aunque ya se reconoce el derecho al trabajo a partir de los 16, sin necesidad de recibir algún permiso de padre, madre o tutor, dice la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, María Carmen Macías Vázquez.

Sin embargo, es común ver a los menores en labores del campo ayudando a la economía familiar o, dado que no tienen reconocimiento legal, incorporándose a la informalidad como vendedores ambulantes o vagoneros en el Metro.

Según datos del Inegi, se estima que 30.5 por ciento de los infantes trabajan en el sector agropecuario, 25.9 por ciento en el comercio, y 24.6 por ciento en el sector servicios.

Al referirse a los infantes que trabajan en la calle, Macías Vázquez dijo que están expuestos a ser atropellados, lastimados o ser víctimas de abuso y explotación.

Lo que es peor, insistió, es que al salir solos a la calle a trabajar pueden caer en las manos de los delincuentes, cooptándolos para servir como “halcones” o “burreros”, es decir, traficando enervantes, e incluso, llegar al extremo de convertirse en niños sicarios.

La también especialista en Derecho Social y al Trabajo declaró que existen redes que se dedican a obtener beneficios por los servicios de los niños, sin importar su seguridad, pues además de ser fácilmente manipulables, su minoría de edad les da cierta protección ante la ley.

Expuso que al carecer de la suficiente conciencia y los valores necesarios para discernir entre lo bueno y lo malo, los niños carecen de voluntad propia y por su estado de vulnerabilidad, pueden ser abusados en todos los sentidos por adultos que se aprovechan de estas circunstancias.

Aquí se da otro problema, porque al verse en la necesidad de trabajar casi siempre dejan la escuela y se quedan con un nivel de educación muy bajo, ya que existe una alta deserción entre los menores que laboran, porque al ocuparse en otras actividades, ya no llenan los espacios en las escuelas.

Mencionó que son pequeños que trabajan más de ocho horas, en condiciones inhumanas, como es el caso de los niños que por muchas horas deambulan por los vagones del Metro, donde sufren un enorme desgaste físico y por ello, cuando llegan a tener oportunidad, ya no pueden rendir en la escuela.

De acuerdo con datos oficiales de 2018 en la pasada administración del gobierno capitalino, sólo en la Ciudad de México casi 85 mil niños se emplean en diversas ocupaciones. Además, de los menores que trabajan, aproximadamente 60 mil son niñas, quienes sufren mayor explotación que los varones.

También hay casi 500 niños que trabajan prácticamente todo el día en las líneas del Metro, situación que como sociedad no se puede permitir y el Estado está obligado a atender para garantizar su educación, alimentación y su derecho a la salud, sobre todo por la vulnerabilidad en el que se encuentran.

Con información de NOTIMEX

Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en México declaró que no cesa la violencia contra los defensores en comunidades indígenas, pues durante 2017 fueron asesinados siete, en 2018 fueron 13, y en lo que va de este año suman siete.

Sobre las consultas a las comunidades, afirmó que pese a la ausencia de una legislación en materia de derechos humanos para los pueblos indígenas, esto no exime al Estado de brindarles un marco de libertades e igualdad, por lo que solicitó que dichos procesos de consulta se efectúen bajo el marco internacional vigente.

Al participar en la convocatoria “Hacia una agenda legislativa garante de los derechos a la libre determinación, al territorio y a los modelos propios de desarrollo de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, Jan Jarab aseguró que el modelo neoliberal persiste y depreda, mientras el régimen agrario dificulta la libre autodeterminación de los pueblos.

Comentó que están a la espera que el nuevo gobierno cambie el modelo de desarrollo dominante, que no toma en cuenta las necesidades y aspiraciones de esta población, privilegiándose la extracción intensiva de sus recursos, sean mineros, forestales o petrolíferos.

Jarab manifestó que en México hay más de 300 concesiones para la explotación de los recursos mineros que debían traducirse en beneficios para las comunidades indígenas; sin embargo, la pobreza en estas zonas persiste.

El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México dijo que las llamadas consultas a las comunidades donde se ubican las minas, ha sido letra muerta o bien han causado perjuicios que han llevado a conflictos internos.

Consideró necesario brindar la autodeterminación y desarrollo de los pueblos indígenas, por lo que es necesario reformar la actual legislación agraria, porque no contempla la protección de la tenencia de la tierra y su uso para las diversas etnias.

Con información de NOTIMEX

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos consideró que las consultas ciudadanas promovidas por el gobierno federal son contrarias a todos los estándares internacionales, diseñadas a modo para imponer megaproyectos transnacionales.

Al emitir un posicionamiento sobre las acciones emprendidas en la materia por el actual gobierno, cuestionaron dichos ejercicios de participación al señalar que van en contra de los derechos de autonomía y libre determinación de las comunidades indígenas.

Para esta red, conformada por 87 organizaciones de la sociedad civil, hay una falta de transversalización en el enfoque de los derechos humanos, pese a las promesas electorales.

Entre los temas que les generan inquietud están la instrumentación de políticas públicas asistencialistas, populistas y clientelares, lo que a su juicio ha ocasionado recortes en la mayoría de programas sociales bajo el pretexto de la austeridad; y la “constitucionalización” de la militarización de la seguridad pública y la vida cotidiana.

En un documento elaborado por dicha la red se expresa su preocupación por la vida democrática de México, al considerar que sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos.

Un sistema democrático va mucho más allá de la democracia electoral e implica necesariamente el respeto al estado de derecho, la existencia de contrapesos, la libertad de expresión y de información, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos de las minorías.

De igual manera, indicó la falta de independencia de las instituciones y los nombramientos de autoridades, tales como el fiscal general y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

También señaló la falta de protección real para el acceso a la justicia de poblaciones en situación de vulnerabilidad: migrantes, periodistas, población indígena, mujeres, familiares de personas desaparecidas, entre otros.

“Vemos con gran consternación que desde la Presidencia de la República se han adoptado posturas y decisiones que se alejan de los principios democráticos y dejan ver respuestas autoritarias ante cualquier crítica o cuestionamiento”.

Lo anterior se manifiesta con la reciente aprobación de la Guardia Nacional, pese al despliegue de explicaciones técnicas y políticas por parte de expertos y sociedad civil organizada, puntualizó.

Con información de NOTIMEX

Con 120 votos a favor y dos abstenciones, el Pleno del Senado avaló en lo general la llamada Reforma Laboral, que incluye cambios en la forma en que se organizan los sindicatos, en materia de justicia laboral y libertad sindical.

La reforma, que incluye cambios en la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y la Ley del Seguro Social, entre otras, fue aprobada por la Cámara de Diputados la semana pasada.

Entre los cambios aprobados se incluye que las diferencias laborales entre patrón y empleado ya no serán resueltas por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, sino por tribunales especializados.

También incluye la garantía de que los dirigentes sindicales sean electos por voto secreto y ya no se permitan elecciones por aclamación o a mano alzada.

Incluso, hace obligatorio que los sindicatos renueven de forma constante la representatividad de sus agremiados a través de diversos mecanismos, como la consulta de sus pliegos petitorios, o las negociaciones de los contratos colectivos.

Con información de EL HERALDO DE MÉXICO

Será en un mes cuando el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México dicte sentencia al amparo impuesto por alumnos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), para anular la consulta que definió las acciones sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.

De acuerdo con Roberto Borbolla Torres Torrija, quien junto con sus compañeros Regina Uribe, Arnoldo Reyna y Juan Carlos León, promovieron el recurso legal, de salir en favor, una de las posibilidades es que se ordene la reposición de este ejercicio, pero en términos de la ley.

“Si quieren hacer una consulta, no hay ningún problema; al contrario, estamos a favor de una democracia participativa, pero si la van a hacer, que la hagan en términos de la Constitución y la ley. Ese es nuestro objetivo”, manifestó.

En entrevista con Notimex, precisó que la finalidad del amparo es proteger los derechos de los ciudadanos conforme lo marca la Constitución, además de tener la certeza de que cualquier ejercicio que lleve a cabo el gobierno sea legal.

De igual manera, se busca que cualquier estudiante puede acudir a la justicia para proteger los derechos; “es un intento de visibilizar que existen los canales, y si nosotros podemos hacerlo, muchos más alumnos y personas pueden hacerlo”.

Recordó que fue en octubre pasado cuando el juzgado admitió dicho recurso legal, una semana antes de que se realizara la consulta promovida por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, les fue negada la suspensión provisional de la misma.

Pese a que promovieron un recurso de queja, el cual no fue admitido, el ejercicio promovido que definió el futuro del nuevo aeropuerto se llevó a cabo.

No obstante, explicó, continuaron con el trámite y se realizó una ampliación de la demanda, aunque actualmente ya se han efectuado tres acciones como ésta, la última fue presentada el 25 de abril.

Fue el 2 de diciembre pasado cuando solicitaron al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) el acta de la sesión extraordinaria, en el que se precisa el verdadero fundamento de la cancelación del nuevo aeropuerto.

“Con esas pruebas se volvió a ampliar la demanda y estamos a la espera de que se admita la siguiente ampliación (la tercera) y que la autoridad rinda informe y, en su caso, la audiencia constitucional para que el juez dicte sentencia”.

Borbolla Torres expuso que de ser admitida la tercera ampliación, esperan que en aproximadamente un mes se estaría en condiciones para que se dicte sentencia.

Cabe recordar que recientemente el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, explicó que la cancelación del aeropuerto en Texcoco se fundamenta por motivos de carácter ambiental, urbano, social, técnico y de planeación, así como en aspectos económicos, financieros y jurídicos.

“El aeropuerto de Texcoco nunca debió de aprobarse y menos iniciarse. Fue un error gravísimo, cuya cancelación evitó un desastre ecológico mayor, una severa explosión demográfica, la sobreexplotación de recursos escasos como el agua y dispendio de enormes recursos públicos, y la herencia de altos compromisos financieros para las siguientes administraciones”, sostuvo en su momento el funcionario federal.

Con información de NOTIMEX

En los últimos tres años las agresiones sexuales contra menores de edad se incrementaron 39%. Mientras que en 2015 ocurrieron 2 mil 81 incidentes, en 2018 la cifra se elevó a 2 mil 919.

Se trata de un problema que afecta a casi todas las entidades de la República, pero de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de México concentró la mayoría de los incidentes en 2018, con 701; en Baja California ocurrieron 320; en Nuevo León, 317; en Puebla, 271, y en Chihuahua, 218.

Sobre el aumento en los casos de violación equiparada —el ilícito con el cual se identifica a las agresiones sexuales contra menores de edad— Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) dice que “ocho de cada 10 abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes son cometidos por familiares, es decir, ocurren en espacios donde las víctimas no tienen voz y eso es un estímulo para cometer el delito”.

Además, el defensor añade: “El mundo jurídico mexicano no le da valor al testimonio de un menor y, actualmente, por ley ellos no pueden presentar una denuncia directa, sino que debe hacerlo su tutor o sus padres. Lo que no piensan las autoridades es que tal vez fueron esos mismos adultos quienes realizaron el acto delictivo”.

Según información de la Redim, sólo uno de cada 10 crímenes cometidos contra menores de edad recibe una sentencia.

Con información de EL UNIVERSAL

Al concluir este domingo el periodo vacacional de Semana Santa, más de 2.4 millones de alumnos de educación básica y 1.2 millones de maestros regresarán mañana a clases, informó Secretaría de Educación Pública (SEP).

Así, este lunes se retomarán las actividades del ciclo escolar 2018-2019 en las 226 mil escuelas públicas y privadas de educación básica incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

También continuarán sus labores académicas los casi 1.9 millones de estudiantes que cursan estudios de capacitación para el trabajo; 9.2 millones de Educación Media Superior y Superior, y más de 88 mil alumnos de educación normal.

De acuerdo con un comunicado de la SEP, la matrícula total del Sistema Educativo Nacional en el ciclo escolar 2018-2019 es de 36.6 millones de alumnos, atendidos en 258.5 mil escuelas y con el apoyo de 2.1 millones de profesores.

Con información de NOTIMEX