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Estado Mexicano acatará la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Atenco

El Estado Mexicano tiene la firme determinación de proceder a la reparación integral de los daños de las mujeres victimas de los operativos policiacos en San Salvador Atenco, y acatará la sentencia que emita la CIDH, afirmó el embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo.

En el marco de las audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Costa Rica, que se llevan a cabo hoy y mañana, expresó que el Estado Mexicano condena cualquier violación de derechos humanos, dentro y fuera del país; y en particular hacia las mujeres.

En el caso Atenco, subrayó, “no estamos discutiendo si se cometieron o no violaciones de derechos humanos, éstas ya fueron reconocidas, más bien lo que quisiéramos es reiterar nuestra voluntad de proceder a una reparación integral de los daños”.

El Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería mexicana recordó que al inicio de la actual administración, el Estado reconoció la responsabilidad internacional por los sucesos ocurridos en mayo de 2006 en Atenco, y ha reiterado en todo momento que reconoce esa responsabilidad.

Subrayó que en 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso, hizo una investigación independiente muy profunda, y dictaminó que lo ocurrido no respondía a una política del Estado Mexicano, o una política liberada.

Señaló también que la Fiscalía del Estado de México ha hecho investigaciones muy profundas sobre estos hechos, que no ha podido concluir, y al momento hay 52 personas consignadas

Ruiz Cabañas Izquierdo explicó que no hay sentenciados aún, porque en el sistema de investigación y el sistema penal anterior, los juicios podrían tardar muchos años, por los diversos recursos que tienen todas las partes en los litigios.

Por eso, abundó, cuando las víctimas solicitaron que ya no siguiera el diálogo con el Estado, para buscar una solución amistosa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trajo el caso frente a la Corte.

El Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE indicó que por el formato de la audiencia ante la Corte, “no podemos dar todos nuestros argumentos el día de hoy”.

“Mañana tendremos esa oportunidad de presentar todos nuestros argumentos, ellas (las víctimas) han pedido una investigación de todos los presuntos responsables, nosotros sostenemos que esa investigación, si bien no está concluida, si está muy avanzada”.

“La voluntad y la realización de esa investigación ha estado ahí todo el tiempo”, enfatizó el Embajador en entrevista con Notimex.

Resaltó que las mujeres víctimas quieren las medidas de no repetición, todo lo que favorezca a que no haya un uso desproporcionado de la fuerza, y en ese sentido, dijo, en el Estado de México se ha aprobado una serie de medidas desde hace varios años, para evitar que se produzcan este tipo de situaciones.

También están las medidas de apoyo psicológico, de apoyo directamente a las víctimas, que hasta ahora no han aceptado, señaló.

Al respecto, dijo que quedó claro en la audiencia que la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión de Atención a Víctimas, en varias ocasiones ha tratado de ofrecer diversos planes de reparación y de apoyo para estas mujeres, pero ellas no las han aceptado y están en su derecho.

“Ellas quieren que la Corte sea la que dictamine las medidas que se tienen que tomar, mañana se darán los argumentos finales de cada parte, nosotros expondremos todos los esfuerzos que se han hecho tanto en investigación, de no repetición y reparación integral, que son muchas”, apuntó.

Mañana reiteraremos que el Estado Mexicano quisiera que la Corte dictamine lo que tenga que dictaminar, para pasar a la reparación integral del daño a las víctimas, expresó.

Ruiz Cabañas Izquierdo enfatizó que el Estado Mexicano acatará la sentencia que la Corte Interamericana tenga a bien emitir en el momento en que la emita.

NTX

Parejas del mismo sexo podrán casarse en Puebla

Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó por unanimidad la parte del artículo 300 del Código Civil del estado, que establecía que el matrimonio podía celebrarse sólo entre hombre y mujer.

Los ministros también anularon el artículo 294 del mismo ordenamiento, que establecía como fin del matrimonio el “perpetuar la especie”, pues consideraron a estos preceptos como “violatorios de los principios de igualdad y no discriminación”, según un comunicado de la SCJN.

La determinación de la Corte se dio como respuesta a la Acción de Inconstitucionalidad 29/2016, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con la que demandó la invalidez del artículo 300 del Código Civil de Puebla, reformado mediante un Decreto publicado en el Periódico Oficial del estado el 28 de marzo de 2016.

Matrimonio igualitario en México

El 11 de diciembre de 2015, la Primera Sala de la SCJN publicó una jurisprudencia, donde señaló como inconstitucionales todas aquellas normas civiles que definen la institución del matrimonio como la que se celebra entre un hombre y una mujer.

Apenas el pasado 12 de julio, la SCJN declaró anticonstitucionales artículos del Código Civil de Chiapas que impedían el matrimonio civil entre personas del mismo sexo en la entidad.

Puebla y Chiapas se unen a los otros estados donde los matrimonios igualitarios son constitucionalmente reconocidos: Ciudad de México, Quintana Roo, Coahuila, Nayarit, Campeche, Jalisco, Michoacán, Morelos y Colima.

Con información de Animal Político/jcd

OCDE reconoce efectividad del sistema jurisdiccional de México

México ha estructurado un sistema jurisdiccional muy efectivo en materia de competencia económica y, pese a ser un tema relativamente nuevo, el país alcanzó en poco tiempo los mejores estándares y prácticas en la materia.

Así se reconoció durante la 127 Reunión Oficial del Comité de Competencia de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que se realiza en París, Francia.

Durante la Asamblea se destacó la efectividad del sistema mexicano, que a través de precedentes e interpretaciones jurisdiccionales vinculantes, da certeza a los agentes económicos.

También resguarda la inversión productiva, en un balance que observa de manera adecuada los principios del debido proceso, como lo hacen países como Francia, Gran Bretaña y Australia, que lo establecieron hace décadas.

El reconocimiento se dio al término de la participación mexicana, en la que la Secretaría de Economía en colaboración con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó el informe “La resolución de asuntos de competencia por órganos de jurisdicción especializada y general”.

Al encuentro, asistió el ministro de la SCJN Alberto Pérez Dayán, como parte de la delegación mexicana, donde destacó el rol del Poder Judicial de la Federación como una tarea crucial para generar un ambiente de certidumbre y predictibilidad para las economías de mercado.

El objetivo del estudio presentado es que los tribunales especializados en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión mexicanos cuenten con un compendio de experiencias internacionales y mejores prácticas en la resolución de casos en esta materia.

Además, contiene un análisis internacional sobre los diseños institucionales de los sistemas de derecho de la competencia, y sobre el papel que los tribunales especializados desempeñan para dar certidumbre a los mercados y que éstos funcionen mejor, al asegurar el debido proceso y aplicar principios sustantivos y económicos en la revisión de las decisiones de las autoridades en competencia.

El Poder Judicial de la Federación, a través de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, expuso sus experiencias en la materia y cómo a través de la actividad jurisdiccional se ha construido una doctrina que privilegia la participación igualitaria en los mercados.

Lo anterior, al castigar la concentración económica y las prácticas monopólicas, anticompetitivas por naturaleza, bajo la óptica del respeto irrestricto a los derechos humanos de todos los operadores económicos involucrados.

En concreto, se reseñaron los casos más emblemáticos resueltos hasta ahora por la Suprema Corte y los Tribunales Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

Asimismo, la forma en que éstos han incidido en el cumplimiento de los objetivos constitucionales que rigen la competencia económica.

De manera particular y en el caso del país, se hizo especial énfasis en la especialización en el derecho de la competencia y los beneficios que genera, como son mayor eficiencia, uniformidad y decisiones de calidad, con lo que se garantiza certidumbre jurídica en beneficio de los consumidores, los participantes de mercado y la economía nacional.

En la exposición de México en la Asamblea, se invitó a que otros países implementen la jurisdicción especializada y utilicen el reporte elaborado por la OCDE como guía de trabajo.

El funcionamiento de los tribunales especializados en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión de México mereció felicitaciones para el país de parte del presidente del Comité de Competencia Económica de la OCDE, Fréderic Jenny.

ntx/jcd

Avala SCJN prisión preventiva para adolescentes

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la prisión preventiva para adolescentes -de 14 a 18 años de edad-, acusados de delitos graves hasta por cinco meses mientras se dicta sentencia.

Al continuar con la discusión de la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de diversos artículos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la mayoría del pleno validó la medida a pesar de que esta figura jurídica no está prevista en la Constitución en el caso de los jóvenes, únicamente para los adultos que están en proceso penal.

La propuesta del ministro instructor, Fernando Franco, de validar la prisión preventiva de los adolescentes, por tratarse de una medida “extrema”, prevista para delitos graves, recibió luz verde de la mayoría de los ministros.

Coincidieron en que los jueces deberán valorar en cada caso, sobre el internamiento preventivo, tomando en cuenta la gravedad del delito, potencialidad del acusado para cometer más conductas delictivas y la integridad de las víctimas.

En caso de que se cumplan los cinco meses de prisión preventiva sin que se dicte sentencia el adolescente será puesto en libertad de inmediato, mientras siga el proceso, “pudiéndosele imponer otras medidas cautelares”.

Los ministros José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar y Norma Lucía Piña Hernández votaron en contra.

jlpz

SCJN niega entrega de datos sobre flotilla presidencial

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió este miércoles que toda la información sobre rutas, horarios y lugares de salida y llegada de la flota aérea presidencial es reservada y no debe publicarse.

De esta manera el máximo tribunal del país negó la entrega de información sobre los horarios y destinos, lugares de despegue y aterrizaje, así como la de pasajeros de las aeronaves del Estado Mayor Presidencial (EMP) de julio a octubre de 2014, solicitada vía transparencia a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

La mayoría de los ministros desechó el proyecto de dictamen que proponía entregar únicamente origen y destino de las aeronaves (aviones y helicópteros) de la flota presidencial, pero sin precisar el lugar de despegue y aterrizaje, bajo el argumento de que difundir los datos requeridos por un particular representaban un riesgo a la seguridad nacional, y en particular, al presidente de la República.

Antes de que el asunto llegara al máximo tribunal el INAI ya había avalado que el EMP proporcionara parte de la información, consistente en horarios y destinos, así como lugares de despegue y aterrizaje.

Dicha resolución que fue duramente cuestionada la semana pasada –durante la sesión del pleno de la Corte– en la que el ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, criticó al organismo por avalar la entrega de información que ponía en riesgo la seguridad del presidente de la República.

jlpz

La SCJN prohíbe uso de la fuerza como primera opción

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el uso de la fuerza pública como primera opción es inconstitucional, al invalidar el artículo 40 de la Ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México.

Por unanimidad, los ministros consideraron que el citado artículo viola los principios de “absoluta necesidad y proporcionalidad”, ya que la ley en su conjunto “carece de certeza”, porque no precisa bajo qué condiciones o en qué casos se debe aplicar la fuerza como primera opción.

El ministro Eduardo Medina Mora, precisó que el uso de la fuerza por parte del Estado “no está prohibido, pero sí condicionado”.

Señaló que “vale la pena subrayar” que habría que distinguir la oportunidad del uso de la fuerza como primera opción, con el uso desproporcionado de la misma como primera opción.

El también ex titular  de la PGR, Medina Mora, ha insistido a lo largo de la discusión de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por las Comisiones Nacional de Derechos Humanos y Estatal de Derechos Humanos en que toda la norma es ilegítima, porque el Congreso de la Unión tendría que aprobar primero una Ley General sobre uso de la fuerza pública.

Por su parte, el ministro instructor, Alberto Pérez Dayán, sostuvo que el uso de la fuerza debe ser el último recurso de la autoridad (y), “es el núcleo fundamental” del proyecto.

Por otra parte, el pleno desechó las impugnaciones hechas por las Comisiones de Derechos Humanos en contra de la legislación mexiquense, referentes al artículo 3, fracción II en la que precisa qué se debe entender por “agresión inminente”, la cual tiene lugar “cuando los movimientos corporales del agresor evidencien y den la certeza que el daño a los bienes jurídicos que se protegen va a llevarse a cabo de inmediato”.

Pérez Dayán explicó que al igual que la “agresión real” y “legítima defensa”, la agresión inminente “no implica en sí y por si misma que los agentes policiales se encuentren en plena libertad de hacer uso indiscriminado de la fuerza pública, ni mucho menos de las armas”.

Sin embargo, la mayoría de sus compañeros se manifestó en contra del proyecto, por considerar que los términos referidos “no son claros, no son precisos, son ambiguos”, lo cual es especialmente grave por la ley que se analiza.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández agregó que la ley “va abriendo posibilidades del uso de la fuerza pública aún ante cualquier violación a cualquier disposición judicial.

La discusión de las acciones de inconstitucionalidad se reanudará hasta el próximo jueves por el puente del 21 de marzo.

jlpz

SCJN recibe primera controversia contra gasolinazo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió la primera demanda legal en contra del gasolinazo.

Un total de 24 alcaldes de Jalisco presentaron controversias constitucionales en contra del incremento al precio de las gasolinas y el diésel al exigiur un trato “equitativo” al de municipios de Veracruz, que es donde los combustibles tienen un costo menor a nivel nacional.

Los alcaldes pertenecientes al partido Movimiento Ciudadano, dijeron que la intención de la demanda no es combatir el aumento generalizado en el aumento de los combustibles, sino exigir un trato igual al de los municipios que se ven favorecidos con un costo menor de los hidrocarburos.

Para ello, demandaron una suspensión provisional para que en los ayuntamientos quejosos el costo de la magna sea un peso 20 centavos menor al costo actual, lo que significaría un ahorro importante para los habitantes de la zona.

Por ejemplo, precisaron, en la zona metropolitana de Guadalajara, las gasolinas Magna, Premium y el Diésel cuestan 16.53, 18.41 y 17.26 pesos, respectivamente, mientras que en Veracruz su precio es de 15.33, 17.11 y 16.41, respectivamente.

jlpz

Revés de la Suprema Corte a los Duarte

La Suprema Corte de justicia de la Nación invalidó las reformas anticorrupción de los estados de Veracruz y Chihuahua con las que los gobernadores salientes pretendían blindarse. Está pendiente la de Quintana Roo.
Por unanimidad, la Corte consideró que los congresos estatales no tienen facultades para aprobar esas leyes hasta en tanto no entrara en vigor la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción.
Los congresos de Veracruz , de Chihuahua y Quintana Roo aprobaron estas leyes que fueron consideradas por la oposición como ilegítimas ya que buscaban blindar a los gobernadores priistas Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, respectivamente.
Dichas leyes fueron impugnadas, mediante acciones de inconstitucionalidad, por la Procuraduría General de la República (PGR).
La que fue presentada contra las autoridades de Quintana Roo será resuelta en los próximos días y, seguramente en los mismos términos.
Cabe recordar que dichas leyes estatales fueron revisadas por la Suprema Corte de manera prioritaria a solicitud del Senado la República.

SCJN Inicia análisis de Ley de Movilidad

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio inició al análisis de la acción de inconstitucionalidad que presentaron las comisiones Nacional de Derechos Humanos y de la Ciudad de México contra artículos de la Ley de Movilidad. Donde la CNDH asegura que serían vulnerados los principios pro persona, de legalidad y de no restricción de garantías. Los puntos medulares de la discusión se da en tres puntos de la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que hoy martes continuarán siendo analizados 

Además los temas quedaron pendientes en el Pleno de la Corte para debate en las próximas sesiones en donde los 11 ministros tendrán que resolver las acciones de inconstitucionalidad.

 

En la discusión, que se llevará a cabo en la SCJN, se revisará el articulo 212, de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, el cual se argumentó lastima los derechos de no discriminación, libertad de asociación y de expresión.