Ya son 50 años desde la muerte en la horca de los últimos condenados a la pena capital en el Reino Unido, dos delincuentes de poca monta acusados de matar a un hombre durante un robo de madrugada.

Entre la sentencia a muerte y la ejecución de Gwynne Evans, de 24 años, y Peter Allen, de 21, pasaron tan sólo tres domingos, como marcaba la ley victoriana todavía vigente hace medio siglo en las islas británicas.

El fugaz proceso duró en total cuatro meses, desde que se cometió el crimen, la noche del 7 de abril en Seaton, una pequeña población al noroeste de Inglaterra, hasta que el verdugo activó la horca. Evans y Allen, con un historial de delitos menores hasta entonces, fueron detenidos dos días después de que la policía encontrara muerto en su casa a John Alan West, conductor de una furgoneta de lavandería de 53 años, con golpes en la cabeza y una puñalada en el pecho.

Los agentes no tuvieron que seguir complicadas pistas para dar con ellos: Evans olvidó en la escena del crimen una gabardina que contenía en sus bolsillos una medalla con su nombre grabado y una tarjeta con la dirección de una de sus amigas, que no dudó en indicar dónde vivía el sospechoso.

Allen también facilitó la labor de la policía al despertar sospechas entre algunos vecinos de la población cercana de Ormskirk, a quienes preguntó si podía dejar aparcado en un patio trasero el Ford Prefect que habían robado para cometer el crimen. La justicia fue inflexible con ambos, que se acusaron mutuamente del homicidio.

En apenas dos semanas de juicio, un jurado les declaró culpables y quince días después el ministerio de Interior rechazó su petición de clemencia. El 13 de agosto de 1964, durante el mismo verano en el que los Beatles lanzaban su primera película, “A Hard Day’s Night”, Evans fue colgado en la prisión de Walton, en Liverpool, y Owen en la cárcel de Strangeways, en Manchester. Para una sociedad habituada a las condenas a muerte, el caso pasó prácticamente desapercibido.

El diario conservador The Times le dedicó dos párrafos a la sentencia en su página 15, mientras que el sensacionalista Daily Mirror reservó unas pocas líneas, enterradas en sus páginas interiores, al día siguiente de la ejecución. Los nombres de Evans y Allen solo cobraron relevancia cuando en octubre de aquel mismo año el laborista Harold Wilson se mudó a Downing Street tras 13 años de gobierno conservador e inició los trámites para suprimir la pena de muerte en el Reino Unido. En 1965, la Cámara de los Comunes aprobó la abolición por 200 votos a favor y 98 en contra, y la Cámara de los Lores ratificó el fin de la pena capital con 204 votos a favor y 104 en contra.

En 1983, bajo el Gobierno de Margaret Thatcher, el Parlamento británico evaluó restaurar la pena de muerte, pero la propuesta fue rechazada por 368 contra 220 votos.

La ley impulsada por Wilson no impedía que la jurisdicción militar volviera a dictar sentencias a muerte “en tiempos de guerra o amenaza inminente de guerra”, un extremo que quedó también eliminado en 1998, cuando Londres ratificó el sexto protocolo de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Actualmente hay 22 países que aún aplican activamente la pena de muerte, entre ellos Estados Unidos y Japón, las únicas democracias industrializadas del grupo, según los datos de Amnistía Internacional. Según la organización humanitaria, China es el país que más ejecuciones ordenó en 2013, si bien no se tienen cifras concretas dado que la justicia del gigante asiático actúa en esos casos con secretismo.

Irán es el país que más condenados mató el pasado año después de China, al menos 369, mientras que en Irak se documentaron 169 muertes, 79 en Arabia Saudí y 39 en Estados Unidos.

MiHeL