La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso dos denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de empresas mexicanas que supuestamente ayudaron al gobierno de Venezuela a comercializar su petróleo, a costa de los ciudadanos de ese país y las restricciones que Estados Unidos le impuso.
La UIF acudió a la FGR el pasado jueves 18 de junio, luego de que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyó en su lista negra a las compañías Libre Abordo S.A. de C.V. y su filial Schlager Business Group S. de R.L. de C.V, además de sus copropietarias Olga María “Z” y Verónica “E”, junto con Joaquín “L”.
El mismo día que la UIF interpuso sus denuncias, congeló las cuentas de las empresas y las personas integradas a la lista negra de la OFAC, pues Estados Unidos detectó que las compañías mexicanas obtuvieron contratos con Venezuela para intercambiar petróleo por maíz y camiones cisternas de agua.
Libre Abordo y su filial, con la venia del gobierno de Nicolás Maduro, se habrían beneficiado con 30 millones de barriles que les dejaron ganancias por 300 millones de dólares al revenderlos. A pesar de eso, el maíz con el que se iba a beneficiar al país sudamericano no fue entregado y sólo se dieron 500 cisternas de agua, la mitad de las que se habían prometido.
Estados Unidos impuso sanciones a Venezuela para que no pudiera exportar su petróleo, pero el régimen de Nicolás Maduro habría esquivado esta limitación a través un acuerdo denominado “petróleo por comida” con las empresas nacionales.
“El régimen ilegítimo de Maduro creó una red secreta para evadir las sanciones que el Tesoro ahora ha expuesto. Los Estados Unidos continuarán persiguiendo implacablemente a los evasores de sanciones, quienes saquean los recursos de Venezuela para un beneficio personal a expensas del pueblo venezolano”, señaló hace tres días en un comunicado Justin G. Muzinich, subsecretario del Tesoro.
Con información de El Universal
