La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que encabeza Jan Jarab, condenó actos de espionaje digital y acoso en contra de periodistas, activistas en contra de la corrupción y personas defensoras de derechos humanos, en México, incluidos de sus familias.
El pasado lunes el diario estadounidense The New York Times reveló que el gobierno mexicano obtuvo un software con el cual ha podido, entre otros, espiar a periodistas, defensores de derechos humanos e incluso a activistas que han trabajado para sacar adelante las legislaciones anticorrupción.
Estos hechos, señaló la ONU-DH, constituyen entre otras violaciones injerencias arbitrarias en la vida personal, prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos, que deben ser investigadas y los responsables rendir cuentas.
“Los hechos denunciados son profundamente preocupantes. Comprendemos plenamente la indignación que sienten quienes han sido víctimas de estos actos, particularmente en el caso del menor de edad y la esposa de una de las víctimas.
Además, el hecho de que periodistas, activistas y defensores sean objeto de estas acciones resulta especialmente grave por el esencial papel que juegan en un estado democrático de derecho, pues con su trabajo contribuyen a la ficalización del poder, la difusión de información, la promoción y protección de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y por la justicia”, aseguró Jan Jarab, el representante de la ONU-DH en México.
Añadió que el uso de herramientas tecnológicas de vigilancia por parte de instituciones públicas, debe estar sometido a estrictos controles que eviten cualquier utilización ilegal de las mismas.
La ONU-DH recordó que existen medidas señaladas por distintos órganos internacionales como esenciales para evitar injerencias arbitrarias e intervenciones ilegales de comunicaciones, que incluyen controles internos, judiciales, parlamentarios y por parte del ejecutivo, así como mecanismos para garantizar la rendición de cuentas de carácter
público sobre el uso de estos sistemas.
“Con independencia del avance de las investigaciones judiciales, desde mi Oŵcina exhortamos a las autoridades para que informen qué instituciones públicas cuentan con estos recursos tecnológicos, de qué manera los utilizan y, sobre todo, qué medidas se adoptaron para garantizar su control, deslindando las posibles responsabilidades administrativas por su uso ilegal”, resaltó Jarab.
Aplaudió la solicitud de medidas cautelares que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Gobernación y la Procuraduría General de la República.
“Asimismo, la ONU-DH toma nota del anuncio de la PGR de investigar estos hechos y alienta a que dicha investigación se realice de forma pronta, exhaustiva e imparcial, agotando todas las líneas de investigación e informando regularmente a la sociedad mexicana de los avances de la investigación, dada la trascendencia del caso”, añadió.
MiHeL
