La Organización de las Naciones Unidas lanzó una enérgica defensa de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, tras calificar como “profundamente preocupante” el proceso de enjuiciamiento en su contra.
“La decisión del Tribunal Supremo de Venezuela (TSV) del 28 de junio de comenzar los procedimientos para la remoción de la fiscal general, congelar sus activos y prohibirle salir del país es profundamente preocupante, al igual que lo es la continuada violencia” en la nación suramericana, señaló.
“También nos inquieta la decisión del 27 de junio por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de declarar nulo el nombramiento de ella, del vicefiscal general (Rafael González) y de designar en su lugar a un ‘número dos’ temporal, en violación de los procedimientos bajo la legislación venezolana”, afirmó el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Rupert Colville.
La ONU, asimismo, objetó la decisión de la Sala de asignar algunas de las funciones exclusivas de la fiscal general al defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab.
“Desde marzo, la fiscal general ha tomado pasos importantes para defender los derechos humanos, documentar las muertes durante la ola de protestas, insistir en la necesidad del debido proceso y la importancia de la separación de poderes, y ha apelado a la liberación inmediata de las personas que han sido arbitrariamente detenidas”, recalcó Colville.
La fiscal general Luisa Ortega enfrenta un antejuicio de mérito ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pautado para el próximo martes, y ya se ordenó la prohibición de salida del país, así como congelar todas sus cuentas bancarias y bienes, con el fin de garantizar el correcto proceso penal.
La ONU sostuvo que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia “parecen vaciar” la oficina de Ortega del mandato y de las responsabilidades que debe ejercer conforme a lo estipulado en la Constitución.
Colville no dudó en afirmar que esas acciones de la Justicia venezolana no hacen más que “socavar la independencia” de la fiscal.
El portavoz recalcó que, acorde a las directrices de la ONU sobre el papel de los fiscales, los países deben garantizar que estos profesionales puedan ejercer su labor “sin intimidación, obstaculización, acoso, interferencias inadecuadas o exposiciones injustificadas a responsabilidades civiles, parciales u otras”.
Las fiscalías de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Perú firmaron este viernes un comunicado conjunto para instar al gobierno venezolano a respetar la “autonomía e independencia” de la oficina de Ortega y pedir que no se cometan actos “de hostigamiento, persecución y amenaza que puedan poner en riesgo la integridad personal de la fiscal y de sus familiares, así como de los funcionarios que integran el Ministerio Público”.
Las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que comenzaron en abril pasado, ya arrojan un saldo de al menos 81 muertos, unos mil heridos y más de tres mil 500 detenidos.
Al respecto, la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU denunció que fueron “asesinados presuntamente por miembros de las fuerzas de seguridad” tres jóvenes manifestantes, dos por armas de fuego y uno por una bomba de gas lacrimógeno lanzada directamente hacia él por un policía.
“Cada vez más surgen informaciones que apuntan a que fuerzas de seguridad allanan edificios residenciales, llevan a cabo búsquedas sin órdenes judiciales y detienen a personas, supuestamente con la intención de impedir a la gente participar en las protestas y buscar afines a la oposición”, afirmó Colville.
“Instamos a todos los poderes del Estado venezolano a respetar la Constitución y el Estado de derecho, e instamos al gobierno a asegurar que los derechos a las libertades de reunión pacífica y de expresión sean garantizados”, añadió.
Pero también llamó “a todas las personas en Venezuela” a emplear “solamente medios pacíficos para hacer escuchar sus voces”.
MiHeL
