Gran parte de las compras del Gobierno mexicano, en los últimos 17 años, estuvo concentrada en 52 proveedores. Los integrantes de esta élite corporativa figuraron, por lo menos durante un sexenio, entre las 10 empresas con más contratos, o bien, con mayores ingresos derivados de contrataciones gubernamentales.
Durante los sexenios de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) el Grupo Fármacos Especializados (GFE) tuvo más contratos (3 mil 225 en total) que ninguna otra empresa; y con Enrique Peña Nieto (2013-2018) y lo que va de Andrés Manuel López Obrador (al corte de abril) se impuso la distribuidora de perecederos Summa (12 mil 809 contratos en total).
En cuanto a las ganancias por sexenio, la especialista en comunicaciones y transportes Alstom, la empresa automotriz Pego, la distribuidora médica Cyber Robotic Solutions y GFE estuvieron a la cabeza con ingresos equiparables, en promedio, al cinco por ciento del gasto sexenal por contrato público.
En México, las contrataciones públicas “representan alrededor del 21 por ciento del gasto gubernamental y [el] 5 por ciento del Producto Interno Bruto”, de acuerdo con un estudio (2018) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Entre 2002 y 2019, los distintos órdenes de gobierno firmaron 1.9 millones de contratos por un monto aproximado de 6.5 billones de pesos, según las cifras de los reportes de “datos relevantes de los contratos ingresados a CompraNet”.
El 6.03 por ciento (111 mil 982) de esos contratos estuvo concentrado en 52 proveedores que acapararon el 19.1 por ciento (1.2 billones de pesos) del gasto total en contrataciones públicas del periodo.
Este nivel de concentración coincide con los hallazgos del Índice de Riesgos de Corrupción (2018) del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Según el documento, en México persisten dos tendencias: una alta concentración del gasto en unos cuantos proveedores, así como un grupo selecto de proveedores que se ve beneficiado por el sexenio en turno.
Las cifras oficiales indican que en 2002-2019, en promedio, el 80 por ciento de los contratos de las 52 empresas referidas fue adjudicado de manera directa, o bien, otorgado sin concurso público de por medio.
Esta situación, aunque puede deberse al grado de especialización de las empresas o a su capacidad de competencia en sus respectivos mercados, no obstante podría estar “asociada con la utilización ineficiente de los recursos públicos” y en algunos casos, con “actos de corrupción entre particulares y servidores públicos”, de acuerdo con la Agenda de Competencia (2018) de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Con información de SIN EMBARGO