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La dolorosa y condenable muerte de Valeria, debe ser el límite de la creciente criminalidad en contra de las mujeres. Debemos hacer un gran esfuerzo para lograr que con este ignominioso episodio, los feminicidios hayan tocado fondo. Y empezar a revertir la tendencia ya, con sentido y compromiso de apremio. Hace unos meses se cumplieron diez años de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Con todo y el avance que representa, no ha logrado frenar las más graves expresiones de violencia de género. De acuerdo con cifras del Inegi, de 2000 a 2015 fueron asesinadas 28 mil 710 mujeres, lo que significa un promedio de cinco cada día. En los últimos tres años de ese periodo, el promedio diario fue de seis. La ley de 2007 estableció la Alerta de Violencia de Género, descrita como el “conjunto de acciones gubernamentales de emergencia, para atender y erradicar la violencia feminicida de un territorio determinado”. Así pues, la Alerta de Género se declara, en aquellos municipios o estados donde la violencia, en contra de las mujeres, llega a ser alarmante. Ahora hay siete alertas vigentes y hay 17 solicitudes más. Voceras de organizaciones civiles afirman que el Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, suele ser reticente para declarar la alerta. Relatan que quien solicita esta declaración, debe probar que la violencia es sistémica, que ocurre en un contexto de impunidad y que se origina en conductas misóginas, entre otros requisitos. El Sistema Nacional se ha negado en varios casos a declarar la alerta. Sus razones tendrá. Pero, mientras tanto, la violencia en contra de mujeres aumenta su número de víctimas. Reprobable siempre, ahora se ensaña y llega a extremos de abuso y crueldad. Entre las formas de homicidio de mujeres, el mayor porcentaje corresponde a aquellas que sugieren la ventaja física del asesino: a las mujeres se les ahorca, ahoga, asfixia, se les golpea hasta causarles la muerte, se les acuchilla o se les produce traumatismo craneoencefálico. Y en más de 90 por ciento de los casos hay impunidad. (El agresor de Valeria sabía que el papá de la niña iba tras la camioneta, que era muy probable que se le identificara y se le detuviera. Y aún así cometió su atrocidad. Una hipótesis es que su grado de locura era tal, que fue incapaz de prever tal consecuencia; otra, que sin locura de por medio, sino con absoluta frialdad, simplemente se sintiera seguro de que del otro lado de su delito lo esperaría la impunidad. Hoy sabemos que del otro lado lo esperó la muerte, quizá autoinfligida, quizá impuesta por un inaceptable vengador anónimo.) En tanto se dan respuestas negativas a declarar la alerta de género, o bien se declara pero ello no implica medidas efectivas de prevención y procuración de justicia, la violencia sigue creciendo. No se trata de juicios de valor sino de registros numéricos. Estamos llenos de obstáculos que pueden llegar al absurdo: mientras se discute si se declara la alerta de género, una mujer es asesinada; mientras procuradores y jueces discurren si se trata de homicidio o feminicidio, el sospechoso sale libre; mientras se analiza si se declara la Alerta Amber para localizar a una menor de edad desaparecida, el criminal la ataca sexualmente y la asesina. Tenemos que quitarnos los grilletes. Si fuera el caso, reformas legislativas, nuevos reglamentos, nuevos protocolos. Pero no podemos permanecer inmóviles, cuando los hechos gritan que no estamos conteniendo la violencia en contra de las mujeres y que, por el contrario, está creciendo. O atacamos de lleno este flagelo demencial o nuestra razón de ser como sociedad se hará pedazos. Twitter: @mfarahg Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos. |
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Elecciones: destruir o construir futuro
Más allá de la jornada de ayer, los procesos electorales en cuatro estados del país dan motivos de reflexión acerca de nuestra democracia y, en particular, de los modelos de persuasión y convencimiento que se están poniendo en práctica para atraer la preferencia de los votantes.
Sobresale la tendencia, también manifiesta en otras partes del mundo pero no por ello menos lamentable, a denostar a los adversarios. Pareciera que más que destacar lo propio, ideas y compromisos, la fórmula de la victoria consiste en pulverizar al otro.
Es claro que una senda válida para hacerse de la simpatía de los electores es hacerles ver las deficiencias del adversario, sus contradicciones y sus errores, que, se supone, contrastan con las virtudes o aciertos propios, pero este recurso se desequilibra cuando el énfasis se pone en la ofensa e incluso en la injuria, de tal manera que el ambiente se enrarece al dar preponderancia al agravio en lugar de a la propuesta.
No es un fenómeno nuevo, desde luego, pero la reiteración, incluso la exacerbación de las acusaciones, marca una tendencia que es necesario contener y revertir.
Cuesta mucho, y los mexicanos lo sabemos, construir una democracia. La nuestra, con todo y sus deficiencias, es una democracia vigente y por lo tanto un valor de nuestra convivencia. Todo lo que hagamos para fortalecerla será en nuestro beneficio.
Para evitar su descarrilamiento es preciso realizar un esfuerzo consciente y constante.
La excesiva carga de contenidos negativos deja secuelas, entre ellas el hartazgo, porque hasta quienes más se divierten con la batalla campal de fango terminan por resentir una sensación de vacío y decadencia.
Puesto que todos los participantes quedan marcados con acusaciones, quien gana tiene un reducido margen de actuación para gobernar, en tanto que quien pierde difícilmente puede representar una oposición legítima.
Ello al margen de personas y partidos. Lo relevante es que si la contienda electoral es de lodo, de lodo será el escenario para gobernar, lo que aumenta el distanciamiento de los ciudadanos de la política. Tanta es la descalificación, que descalificada queda la política como instrumento de construcción de presente y porvenir.
Al parecer, la lucha por el voto nubla la visión de largo plazo y, en pos del corto plazo, se nubla el futuro.
Siempre será oportuno hacer un alto, reconsiderar las formas de contender y decidirse por mejores caminos, como el contraste de plataformas, ideas, compromisos y trayectorias. La lucha política en el marco de la democracia es la mejor vía para dirimir diferencias, ganar la confianza del electorado y asegurar transiciones pacíficas, que brinden certidumbre y estabilidad.
Ya vendrán otras elecciones y con ellas nuevas oportunidades. El futuro no se agota en el presente. El porvenir es mucho más extenso que un domingo de urnas.
La democracia nunca está segura ni su permanencia garantizada. Tienen que ser los actores políticos y la sociedad entera los que le den viabilidad y certeza.
En ello todos tenemos una responsabilidad. El país requiere madurez, ética y absoluta determinación para seguir viviendo en democracia, en la que se puede perder hoy y ganar mañana, y en la que es inadmisible que se destruya el mañana por la obsesión de ganar hoy.
Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.
Mauricio Farah Twitter: @mfarahg
Los nómadas de la noche
Desde el principio Rubén Cortés establece un trasfondo implacable: “A cuatro generaciones de mi familia el gobierno de Fidel Castro les señaló dónde trabajar y qué estudiar, a cuál hospital ir, qué programas de televisión ver y qué emisiones de radio escuchar, qué libros leer, en qué clínica nacer, en cuál funeraria ser despedidos y en cuál cementerio ser enterrados.”
En Los nómadas de la noche, su libro más reciente, el director de La Razón expone, en ocasiones con la atmósfera melancólica de la literatura del exilio, su visión y sus recuerdos de la vida en Cuba durante las décadas en que imperó una sola voluntad.
Hechos y reflexiones remiten a preguntas básicas: ¿Es la libertad prenda complementaria, incluso prescindible, en pos de la igualdad? ¿O es aire indispensable, esencia de la vida?
¿Es libertad escribir lo que se quiera, pero dentro de la Revolución, porque “contra la Revolución nada”? ¿Qué grado de libertad tiene un pueblo al que se prohíben hasta los pregones callejeros?
¿Vale asegurar derechos sociales sin garantizar derechos humanos?
Asoma, asimismo, en la narrativa de Cortés, la contradicción entre los letreros que afirman “Somos felices aquí” y los tres millones de cubanas y cubanos que han preferido, pese a todos los riesgos, salir de la isla. “Somos felices aquí”, rezan las pancartas, pero el promedio anual de suicidios alcanza los dos mil, esto es, una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes.
Breve, intenso, el texto de Rubén Cortés parece ir de prisa, y el lector lo sigue, casi con una sensación de vértigo, por páginas testimoniales, a veces nostálgicas, a veces dolorosas. No es, sin embargo, un libro amargo: prevalecen el sentimiento, la emoción, el corolario insinuado, por encima de cualquier sesgo de resentimiento.
Con un oficio periodístico que le permite elegir los pasajes cargados de símbolos y contarlos con claridad y precisión, Rubén Cortés extrae también literatura de su experiencia como parte de una generación que nació prácticamente con la Revolución triunfante.
Según el autor, resultaba difícil que la suya y otras cinco generaciones “no se sintiesen perturbadas, atormentadas y no tuvieran una visión sombría si en 58 años las acosaron todas las decepciones, todos los traumas y jamás les preguntaron si querían votar para elegir a sus gobernantes, si estaban de acuerdo con que nada en un país pueda estar por encima de las decisiones de un líder único o si consideraban que la libertad es un valor que debe regir a una sociedad”.
A esas generaciones, dice Cortés, a las que no se les preguntó nada, se les debe todo.
Los nómadas de la noche es un viaje íntimo, y a la vez público, por sesenta años de una experiencia única, primero en la tierra misma y luego en el exilio, un camino hasta ahora sin retorno que incluye emociones propias y ajenas, todas cercanas, como la ventana a la que uno se aproxima para contemplar el atardecer.
Twitter: @mfarahg
Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.
La victoria de Javier Valdez
Que nos maten a todos,
si es la condena por reportear este infierno
La pérdida del periodista Javier Valdez es enorme. Aun cuando los homicidas intelectuales y materiales sean identificados y sentenciados, lo que debe ocurrir, nada devolverá la vida al periodista; su familia y sus amigos padecerán un eterno vacío y nunca leeremos un nuevo texto suyo.
La sociedad sólo puede verse a sí misma en la libre circulación de informaciones y opiniones. Sin información de calidad, sin interpretaciones públicas, sin libertad, es imposible la conciencia de lo que se vive y es inviable la democracia. Javier Valdez lo sabía y por eso se empeñaba en saber y hacer saber. Su vocación, su tesón y su compromiso hacían inimaginable que renunciara a la profesión que fue ruta y destino de su vida, pero no le impedían saber el riesgo que corría. Sus múltiples testimonios revelan que estaba consciente de lo que podía pasarle y que asumía el eventual costo con valor y convicción, sin victimismos. Simplemente sabía que si seguía escribiendo, si seguía en busca de informaciones extraídas del submundo del delito, continuaría irritando a quienes se veían descubiertos con su trabajo.
Sabía, también, que el talante de los protagonistas de sus denuncias hacía probable que tal irritación desembocara violentamente en su contra.
A pesar de tanto riesgo consciente, lo suyo no era un suicidio lento, sino una lucha constante, una búsqueda con sentido, una batalla por la vida en contra de la muerte dolosa. Y, no obstante las evidencias de su valor, afirmaba que no se consideraba una persona valiente ni un héroe, sino alguien con dignidad. Dignidad, palabra inabarcable e imprescindible. Vivió intensamente porque su vida tenía un sentido. Le preocupaba la niñez mexicana, de la que llegó a decir: “tiene su ADN tatuado de balas, fusiles y sangre, y ésta es una forma de asesinar el mañana. Somos asesinos de nuestro futuro”.
Lamentaba también que el periodismo honesto, valiente, estuviera solo. Por eso, afirmaba, “si van contra nosotros no va a pasar nada”. A Javier lo asesinaron intereses necesariamente temporales, en tanto que su lucha tenía su raíz y aliento en la defensa de valores permanentes. Ésa es su victoria a pesar de que una primera lectura haga parecer que fue vencido por los agresores. Su victoria será socrática: “Es mejor padecer una injusticia que cometerla”, sostenía el filósofo hace 25 siglos. Si la fructífera vida y la injusta muerte de Javier nos hacen recordar este principio, por ésta y otras razones la semilla de su tarea será fértil en un mundo convulsionado, porque la frase invoca un razonamiento profundo: si se padece una injusticia, se duele la materia; si se comete, se violenta el valor de la justicia.
Más vale, pues, sufrir una injusticia en el cuerpo que tener el infortunio de actuar injustamente. Quería Javier quedarse hasta el final para apagar la luz. No pudo lograrlo porque antes voluntades asesinas intentaron apagar su luz. De los periodistas y de la sociedad entera depende que ese intento sea fallido. Desde ahora afirmo que lo fue. Tenemos que lograr que la muerte de Javier y de los otros periodistas privados de la vida no sea en vano.
Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.
Twitter: @mfarahg
Palmarito y la Ley de Seguridad Interior
Los videos del 3 de mayo en Puebla constituyen un llamado impostergable para que se dictamine la iniciativa en la materia, que han urgido no solo las fuerzas armadas, sino también los gobernadores, independientemente de su origen partidista.
En los videos de la noche del 3 de mayo en Palmarito Tochapan, Puebla, se aprecian una emboscada y dos homicidios.
Desde luego que aún no se cuenta con los dictámenes de las autoridades competentes sobre la autenticidad de los videos, la narrativa que presentan y el origen de sus imágenes.
Hasta ahora, lo que podemos ver son escenas que dan una idea de la violencia que enfrentan los cuerpos de seguridad del país y, en este caso concreto, los elementos del Ejército.
Se trata de una violencia mortal. Allí no hay avisos ni formalidades. Las balas no dialogan. Surgen los agresores y disparan. Los militares responden. Una emboscada se hace para tomar ventaja, para matar y salir ileso. Los presuntos hauchicoleros están allí para matar militares y los militares para impedir que esa región sea controlada por el crimen.
Los primeros están allí porque quieren; los segundos, porque son soldados. Los primeros pretenden conservar lo que suponen es su derecho a delinquir; los segundos, frenar a la delincuencia organizada; los primeros defienden su ilícito negocio, los segundos a la población, a usted y a mí incluidos.
Las escenas, como tantas otras semejantes, muestran los riesgos inherentes a la dura tarea de combatir a grupos criminales. Supongo que la sensación de estar allí, frente a delincuentes que han probado y reiterado su vocación homicida y su crueldad, es inimaginable para nosotros, ciudadanos comunes. Simplemente está fuera de nuestro alcance recrear lo que, por fortuna, no tenemos que vivir.
Militares y marinos tienen que hacerlo. Una y otra vez. Desde hace años. Y no por su gusto ni porque lo hayan pedido. A mí, que no tengo ni quiero tener la más remota vivencia de un combate, me parece que su trabajo es heroico y merece ser reconocido.
En los videos de Palmarito puede verse cómo un hombre que está en el suelo, bocabajo, aparentemente herido, recibe un disparo en la cabeza, presuntamente realizado por un militar. Si se confirma que así es, ese elemento del Ejército deberá enfrentar las consecuencias penales de su conducta. Es inaceptable que un agente del Estado, independientemente de la institución o corporación de la que forme parte, prive de la vida a una persona sometida. Ello contraviene principios fundamentales de los derechos humanos.
Esa acción corresponde a un militar y deberá ser castigada. Lo mismo que eventuales conductas similares. Ello no debe conducirnos, sin embargo, a condenar a todos los integrantes de las fuerzas armadas ni a éstas como tales. Tampoco debe confundirnos: los enemigos sociales son los delincuentes y, hasta ahora, son las fuerzas armadas las únicas que han sido capaces de hacerles frente.
Llama la atención la cantidad de voces que acusan al Ejército por este hecho, en contraste con las pocas que se refieren al asesinato por la espalda de un militar, lo que puede apreciarse en el mismo video.
Solo como un ejercicio reflexivo, imagine usted qué tanto se estaría diciendo ahora si, en lugar de un delincuente, hubiera sido un soldado quien dispara por la espalda a un presunto criminal. Habría una enorme cantidad de voces indignadas, con razón, por este hecho. Pero como fue un delincuente el que disparó y un militar el que cayó, no hay más que silencio. Normal.
Lo mismo habría ocurrido si un militar hubiera estado en el piso, indefenso, y un delincuente lo hubiera ejecutado. Normal. Ellos son los malos y tienen derecho a actuar así.
Insisto: si soldados u oficiales violentan derechos humanos deben ser sancionados. Las instituciones y sus integrantes deben desempeñarse en el marco de la ley. Pero esta aseveración no implica desconocer la magnitud del desafío que enfrentan las fuerzas armadas ni la violencia que se cierne sobre ellas; tampoco debe llevarnos a desconocer el papel que desempeñan ahora en defensa de nuestra muy lastimada paz. No podemos ser ingratos ni mezquinos con quienes defienden a la población de los criminales.
Por estas y otras razones es que debe legislarse sobre Seguridad Interior, lo que no significa impunidad para nadie sino seguridad jurídica para todos. Quienes hayan leído la iniciativa presentada por los diputados César Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales tendrán claro que en ella no hay una sola frase que implique privilegios ni fueros ni velos de impunidad para las fuerzas armadas.
Basta leer la iniciativa, y no a quienes escriben sobre ella sin haberla leído, para darse cuenta de que no existe en su texto nada que tenga que ver con la restricción o la suspensión de los derechos humanos. Por el contrario, éstos quedan expresamente a salvo en su artículo 9.
Los hechos de Palmarito constituyen un llamado impostergable para que se dictamine la iniciativa de seguridad interior, que han urgido no solo las fuerzas armadas, sino también los gobernadores, independientemente de su origen partidista.
Lo sucedido allí, que debe ser investigado para conocer la verdad de los hechos y para que los responsables sean sancionados, nos recuerda una vez más la holgura con la que actúan los criminales, en tanto que quienes los combaten en defensa de familias, comunidades y ciudades enteras ni siquiera cuentan con un marco legal que les brinde la más mínima seguridad jurídica, marco que a la vez garantizaría también la seguridad y los derechos humanos de la población.
Si se trata de ver por el país, seguramente estos lamentables hechos convocarán a todos aquellos que se preocupan por los derechos humanos para pronunciarse en favor de una Ley de Seguridad Interior.
* Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados @mfarahg
Violencia e impunidad desafían al Estado
Sucesos de diversa índole dan cuenta de una violencia inaceptable, que debe ser frenada con acciones eficaces de prevención y aplicación de la ley, para impedir la impunidad.
La muestra es sólo de hechos recientes:
Ocho sujetos armados atacan a una familia en una carretera hacia la ciudad de Puebla. Los agresores privan de la vida a un niño de dos años y abusan sexualmente de dos mujeres. La cobardía del ataque revela el grado de descomposición al que puede llegarse, en un entorno de violencia que alienta al crimen y acosa a la población.
La sensación de poder e impunidad que presumen grupos delincuenciales, conduce al homicidio de tres choferes de transporte público a los que disparan a sangre fría en Ecatepec y Acolman. Los mensajes que dejan a un lado de sus víctimas no son para ellas, sino para quienes no quieren someterse a la extorsión, como intolerable amenaza de la ilegalidad sobre el esfuerzo honesto. La lógica es ofensiva e inadmisible: vivir del trabajo y de la muerte ajena.
En Reynosa, la disputa entre cárteles atrapa a la ciudad en balaceras, bloqueos, robos y ejecuciones, en un episodio más en los que la violencia impone la suspensión de actividades, la incertidumbre y el encierro de los habitantes en sus casas.
En Puebla, grupos de huachicoleros atacan dos veces unidades del Ejército y causan la muerte de cuatro militares. El franco desafío, durante el cual las Fuerzas Armadas abaten a seis delincuentes, revela el descaro sustentado en el poder económico y armado, que han alcanzado estos criminales, a los que el presidente Enrique Peña Nieto ha ordenado frenar en las zonas del país, en las que roban a todos los mexicanos con la extracción ilegal de hidrocarburos.
Los hechos mencionados no tienen relación directa entre sí, pero comparten un entorno enrarecido, que a su vez remite tanto al denominador común de la exaltación de la violencia, como al de la imaginable impunidad que suponen sus perpetradores.
El Estado debe estar por encima de ambas visiones absurdas: la violencia no es solución de nadie, ni siquiera de grupos criminales que basan en ella sus capacidades para delinquir; y la impunidad no debe ser recompensa de quienes agreden a personas y lastiman a la sociedad entera.
La aplicación de medidas preventivas, de la fuerza pública en su caso, y de la justicia en todos estos hechos, debe mostrar claramente que no hay margen para la cobardía asesina ni para el desafío a las instituciones de protección y seguridad pública.
Tenemos muchos retos en esta materia, pero más que abrumarnos y dejarnos llevar por la impresión de estar rebasados, los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno deben actuar con eficacia para poner freno, en el marco de la ley, a la creencia de los criminales de que pueden llegar tan lejos como quieran y de que serán absueltos por la impunidad.
En este terreno no hay espacio para la resignación o la indiferencia. La recuperación de la paz y el orden no es una opción, sino la única vía para este país, que merece y demanda seguridad y certeza.
Twitter: @mfarahg
Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.
Libertad de prensa bajo riesgo
Mentes críticas para tiempos críticos. Este es el lema que eligió la ONU para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
La crítica es un derecho y, a la vez, una medida de la fortaleza de un régimen democrático. La crítica pone en tela de juicio hechos y palabras, alienta el derecho a dudar, contribuye a que el poder se mesure, rectifique o explique. La crítica es una expresión de libertad que genera debate, análisis, equilibrio, y que hace posible la vigencia del derecho a saber y, por lo tanto, del derecho a decidir.
A ello se debe que los regímenes totalitarios o con tendencias absolutistas prohíban la libre circulación de noticias o el ejercicio de la crítica, empeñados en imponer sólo el coro obediente a sus designios, ya sea en Somalia o en Eritrea, en Venezuela o en Corea del Norte. Sorprendentemente, ahora Estados Unidos también se apunta, en tanto que su presidente fustiga a la prensa con el tradicional discurso despótico, que descalifica abiertamente a los medios y veladamente los amenaza.
En México la libertad de prensa atraviesa por una de sus etapas más adversas, particularmente en las entidades federativas, donde políticos locales resuelven sus diferencias con los medios a través de amenazas o agresiones, en tanto que diversas organizaciones criminales controlan a la prensa o toman venganza contra periodistas que les resultan incómodos porque divulgan hechos, nombres o propósitos que la delincuencia quiere mantener ocultos.
Así, desde 2010 a la fecha han sido asesinados más de 100 periodistas, la mayoría de ellos en Veracruz (22), Chihuahua (13), Tamaulipas (13), Oaxaca (12) y Guerrero (10), de acuerdo con datos de la organización Artículo 19.
Estos cinco estados concentran 70 por ciento de los homicidios, en tanto que Veracruz y Tamaulipas registran casi el 50 por ciento de los 23 casos de desaparición de periodistas.
Tan grave como las agresiones es la impunidad, pues sólo un ínfimo número de casos concluyen en sentencia, en tanto que el resto se quedan suspendidos en procesos que se alargan al infinito.
Si la amenaza o el crimen consumado permanecen en la impunidad, lo que sigue son más más amenazas y más crímenes, pues cada agresión, homicidio o desaparición no castigada es un aliento al siguiente acto de intimidación o represión.
En promedio, se ha cometido un homicidio contra periodistas cada dos meses en los últimos 17 años. Con retraso ya, pero es tiempo de poner freno a la solución violenta con la que actores políticos o miembros de la delincuencia organizada pretenden hacer callar a los medios.
La circulación de hechos y opiniones dota a la población de un conocimiento irremplazable. Sólo con informaciones y opiniones libres y plurales, una sociedad puede tomar mejores determinaciones, comprender su entorno y ratificar o rectificar su rumbo.
Sin información, la sociedad toma decisiones a ciegas o se resigna a no participar en ellas; sin información, la sociedad carece de libertad para reclamar o elegir.
Por ello, agredir a periodistas y obstaculizar el ir y venir de noticias, críticas y perspectivas, es atentar contra la libertad de prensa y contra el derecho a saber.
Por los periodistas privados de la vida, por los amenazados, los desplazados, los desaparecidos, por sus familias, por sus empresas de comunicación, por la sociedad entera y por la salud del régimen democrático, la prevención de agresiones, la procuración y la administración de justicia deben operar con eficacia.
Por la libertad de prensa y por las muchas libertades que se derivan de ella, debemos poner un alto a la barbarie de los delitos en contra de medios y periodistas mediante la prevención que salva vidas y libertades y mediante la sanción que castiga a culpables e inhibe la repetición del delito.
Estas y otras razones hacen indispensable que nuestras instituciones asuman la responsabilidad de garantizar la libertad de prensa.
Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados.
T: @mfarahg
Niñez sin infancia y sin derechos
En México hay 40 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales, 21.4 millones viven en pobreza, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
A veces las cifras se leen de prisa. Por eso hay que repetir ésta, tan grave y tan reveladora de nuestro descuido: 21.4 millones. Un poco más de la mitad de las personas que viven en pobreza, alrededor de 40 millones, son menores de 17 años.
En el estudio Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes, publicado en 2016 y realizado en 2014, estos más de 21 millones de menores de 17 años carecen de las condiciones mínimas para garantizar el ejercicio de uno o más de sus derechos sociales, entre ellos, alimentación, educación, acceso a los servicios de salud, seguridad social, vivienda de calidad y servicios básicos.
De ellos, 4.6 millones viven en pobreza extrema, es decir, carecen de tres o más de estos derechos sociales.
Se ha avanzado, desde luego, pero evidentemente tenemos una enorme deuda con nuestra niñez y adolescencia.
De las niñas y los niños menores de un año, 27.5 por ciento no tiene acceso a los servicios de salud y 28.2 por ciento padece inseguridad alimentaria.
En la población indígena, la proporción de pobreza en menores de 17 años es aún más alta: casi 8 de cada 10 niñas y niños indígenas son pobres.
El informe Cómo va la vida, elaborado por la OCDE, señala que en México la mortalidad infantil es de 13.3 por ciento, la más elevada en los 35 países que la integran, en tanto que el índice de suicidios es de 7 por cada 100 mil habitantes.
En los territorios de esta selecta organización de países, cuya mayoría goza de buena calidad de vida, los niños y adolescentes pobres padecen altos índices de marginación, baja escolaridad y tendencia al suicidio.
La pobreza, en consecuencia, no es la única alerta: existen también focos rojos en materia de atención a la niñez que van de la exclusión al suicidio, a lo que en México se agregan otras alarmas, como la alta posibilidad de sean víctimas de la delincuencia e incluso que ésta los reclute.
La Red por los Derechos de la Infancia en México afirma que 2 mil menores han muerto como resultado de la lucha contra el crimen organizado, que tiene su vertiente más mortífera en la feroz batalla que libran entre sí múltiples grupos delincuenciales, sobre todo en Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa, Morelos y Veracruz.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documenta en Violencia, niñez y crimen organizado, reporte elaborado por su Relatoría especial de la niñez, que niños de 10 y 11 años, e incluso a edades más tempranas, son incorporados y puestos al servicio de organizaciones criminales.
El mismo documento recoge datos de organizaciones de la sociedad civil, que estiman que al menos 30 mil menores de 18 años forman parte de las filas del crimen organizado.
Los más pequeños hacen las veces de vigilantes, los más grandes son obligados a transportar droga, y a partir de los 16 años son utilizados como sicarios.
En ese escenario, que nos echa en cara nuestra indiferencia o nuestra incapacidad, caben también las niñas, los niños y los adolescentes víctimas de trata y los migrantes centroamericanos menores de edad, que son secuestrados y reclutados en nuestros caminos.
Es cierto que la mitad de nuestra niñez y adolescencia vive en aceptables condiciones de bienestar y seguridad social, pero el mismo dato revela que la otra mitad, los otros 20 millones, requiere de nuestro empeño para rescatarlos de la pobreza y de otras condiciones adversas asociadas.
Algunos saldrán avante a pesar de las dificultades, pero otros permanecerán atrapados en el círculo intergeneracional de pobreza, en tanto que unos más podrán incluso perder su libertad y vivir esclavizados o inducidos al delito.
Tenemos que romper el círculo que perpetúa la pobreza. Es indispensable poner nuestro mayor empeño en que niñas, niños y adolescentes tengan vías reales de desarrollo a través de la educación, la salud y la adecuada alimentación.
Ellas y ellos deben contar con oportunidades para romper la dinámica inercial que hace que a una generación de personas en pobreza le siga otra, como si nacer en el seno de una familia de escasos recursos implicara el fatal destino de la vida precaria, la exclusión y la marginación, sin más derecho que el de heredar a la siguiente generación iguales condiciones.
Solalinde y los defensores de derechos humanos
Hace unos días el padre Alejandro Solalinde recibió una grave amenaza. A lo largo de los años ha padecido este acoso por su defensa de los migrantes indocumentados y por otras de sus causas en favor de grupos y personas vulnerables.
En 2012, por ejemplo, tuvo que suspender temporalmente sus actividades de defensa de los derechos humanos porque la Pastoral de la Movilidad Humana, la CNDH, Amnistía Internacional y las Brigadas Internacionales por la Paz le recomendaron alejarse del albergue debido a media docena de amenazas que por entonces había recibido.
Con cierto humor, Alejandro Solalinde llamó a esta suspensión “retirito táctico”, con lo que por una parte minimizaba la gravedad de las amenazas y por otra dejaba claro que no se iría.
Y no se fue, desde luego. Por el contrario, abrazó más causas, siempre en contra del crimen y del abuso de poder, y siempre en favor de las víctimas.
Como él, otras personas en México deciden, a veces por iniciativa propia y a veces forzadas por las circunstancias, trabajar en defensa de sus derechos, de los de su comunidad o de terceros. Lamentablemente en muchos casos tienen que hacerlo en condiciones de riesgo.
De acuerdo con la Recomendación General 25 de la CNDH, en seis años (2010-2015) 25 defensoras y defensores de derechos humanos fueron asesinados y tres desaparecidos, y muchos otros se vieron obligados a salir de sus comunidades o lugares de origen.
Al delito sigue la impunidad, y a la impunidad la repetición del delito. Se conocen siempre los nombres de las víctimas y casi nunca los de los victimarios.
Es indispensable acabar con la certeza que tienen el homicida intelectual y el material de que su crimen será registrado, archivado y olvidado por las instancias de procuración de justicia.
Esa es historia conocida y reiterada. Imposible frenar las amenazas, el hostigamiento y las agresiones contra defensores de derechos humanos si no se castiga a sus instigadores y ejecutores.
El crimen es apetecible para quienes, carentes de escrúpulos, encuentran además que amenazar y matar no tiene costo.
Tenemos que hacer un gran esfuerzo para que la sociedad valore al defensor de derechos y para que la autoridad respete y proteja su actividad y su vida.
Todo crimen es reprobable, desde luego, pero aceptar por apatía o inconciencia que se persiga, amedrente o agreda a un defensor de derechos es renunciar a esos derechos y es, además, firmar la silenciosa y vergonzante declaración de que no estamos dispuestos a defender los derechos humanos de quien defiende los de todos.
Mi solidaridad para con Alejandro Solalinde y todos los defensores civiles de derechos humanos.
Twitter: @mfarahg
Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados
Agresiones a periodistas: muerte e impunidad
Todos los que ordenaron la muerte o la desaparición de un periodista están libres porque no hay investigación en su contra.
Tres periodistas han sido asesinados en México en los primeros tres meses del año, otro resultó herido de gravedad en un atentado y uno más salió ileso de un ataque en el que murió el escolta que le había asignado el mecanismo de protección.
Ya 2016 apuntaba que la violencia en contra de informadores iba en aumento, al alcanzar la cifra anual de 12, inédita incluso en México, donde hemos tenido que padecer el homicidio de 103 periodistas y la desaparición de 23 desde el año 2000 hasta el presente, de acuerdo con datos de Artículo 19.
Según esta organización, las agresiones en general aumentaron de 393 en 2015 a 426 en 2016.
Desafortunadamente estamos lejos del homicidio aislado, grave por sí mismo pero que no implica una tendencia, y ya hemos pasado también por la etapa en la que una agresión podría interpretarse como un desafío, una advertencia, por parte de los instigadores de los ataques.
Hoy estamos en una realidad atroz, en la que cada vez con mayor frecuencia y descaro, el crimen organizado y, según algunas evidencias, también integrantes del poder político local, dictan sencillamente la sentencia de muerte para castigar y reprimir al periodista objeto de sus rencores y para amedrentar al resto.
Llama la atención el imperio de la impunidad. En muy pocas ocasiones el presunto criminal es puesto a disposición de las autoridades judiciales. Menos aún son los casos que concluyen con sentencia condenatoria. Célebre es ya la inoperancia de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), que reporta haber obtenido tres sentencias condenatorias de casi 800 casos que ha manejado en siete años. Proporciones similares se encuentran en la numeralia de las fiscalías locales.
Si es grave que muy pocos de los autores materiales hayan sido sentenciados, lo es aún más que ninguno de los autores intelectuales ha sido identificado. Para decirlo de otra forma, todos los que ordenaron la muerte o la desaparición de un periodista, y pagaron por ello, están libres, ni siquiera prófugos, porque no hay investigación que los haya señalado ni juez que haya librado una orden de aprehensión. Simplemente no existen.
¿Puede haber mayor aliento a la agresión a periodistas que esta impunidad perfecta para los perpetradores de los crímenes?
Otro dato Cero es el de los periodistas desaparecidos. Que se sepa, son 23. Ninguno de estos casos está resuelto. Y menos se avanzará si, como subrayó Leopoldo Maldonado, oficial del Programa de Protección y Defensa del Artículo 19, hoy nadie los busca.
Este escenario, tan adverso para los periodistas, para el ejercicio del periodismo, para la libertad de expresión y para el derecho a la información, debe ser revertido.
La creación y operación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha implicado un gran esfuerzo, pero seguramente la experiencia adquirida hace posible ahora introducir cambios de funcionamiento para reducir tiempos de respuesta y para encontrar nuevas fórmulas de protección.
Con todo, el Mecanismo pudo haber salvado algunas vidas, lo que no es posible cuantificar porque no se cuenta lo que no sucede.
La Feadle, en cambio, representa un gran desafío para el procurador general de la República, porque desde su creación han sido magros sus resultados y no hay duda que requiere transformaciones de fondo, tanto en su andamiaje jurídico como en su operación.
De poco sirve que atraiga investigaciones si lo hace a destiempo, lo que podría estar relacionado con las limitaciones de sus facultades o bien con sus capacidades operativas.
Lo que es claro es que debe impedirse que prevalezcan o empeoren las condiciones en las que trabajan los periodistas, porque no puede aceptarse que siga permeando la tragedia en las vidas y las familias que se ponen en riesgo debido al cumplimiento de una actividad tan legítima como necesaria para el interés nacional.
Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados.
@mfarahg
El muro de Trump es una desmesura
Dados los frentazos que se ha llevado en otros ámbitos, es posible que Donald Trump regrese pronto a su tema favorito: los abusivos mexicanos, que son capaces de enviar delincuentes a aquel país, privar a los estadounidenses de empleo, aprovecharse sin merecerlo de sus servicios asistenciales y al mismo tiempo lograr un superávit en su relación comercial con Estados Unidos. Hacerle esto al país más poderoso del mundo es intolerable. Somos unos ventajosos.
Ojalá que sus asesores le hayan hecho ver en este tiempo algunos números respecto de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.
Recientemente Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef, dijo a Milenio que, si fueran deportados los 1.4 millones de mexicanos que cuentan con un crédito hipotecario en Estados Unidos, el sistema financiero de ese país puede enfrentar un quebranto de 159 mil millones de dólares, cifra que puede aumentar a 250 mmd por concepto de crédito al consumo.
Por otra parte, de acuerdo con cifras del FBI, sólo 18 de cada 100 delitos son cometidos por personas de origen latino, independientemente de su estatus migratorio.
Sólo 1.6 por ciento de los 11 millones de inmigrantes de entre 18 y 39 años está encarcelado, en tanto que 3.3 por ciento de los nativos en ese rango de edad está en esa condición.
La mayoría de las víctimas de la violencia no son los blancos a manos de hispanos, como se ha empeñado en hacer creer Trump. Mientras los ataques a blancos y negros disminuyeron entre 2002 y 2013 en 30 y 20.4 por ciento, respectivamente, los crímenes de odio contra la comunidad hispana han aumentado en 25 por ciento, de acuerdo con un reporte del Departamento de Justicia.
Adicionalmente, según el estudio La criminalización de la inmigración a Estados Unidos, del Consejo Americano de Inmigración, los estadounidenses por nacimiento son cuatro veces más propensos a tener un comportamiento violento que los inmigrantes asiáticos y africanos, y tres veces más que los latinos.
Habrá muchos factores a considerar, pero el hecho es que de acuerdo con el FBI, en tanto que entre 1990 y 2013 el número de indocumentados creció de 3.5 a 11 millones, en ese mismo periodo la tasa de delitos violentos disminuyó 48 por ciento y el índice de delitos contra la propiedad en 41 por ciento.
Así las cosas, como colofón, esperamos que alguien le diga a Trump que su muro, además de otros calificativos, es desmesurado, pues la inmigración mexicana ha favorecido la economía de Estados Unidos y además la migración por la línea fronteriza va en descenso: en 2007 se registraron 600 mil intentos de cruce, en tanto que en 2014 fueron 50 mil, cifra que no ha aumentado en los últimos años.
Twitter: @mfarahg
Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.
El muro: historia, fracaso y tragedia
Donald Trump hizo de la construcción del muro fronterizo un lema de campaña, al que aderezó con aquello de que “y los mexicanos lo van a pagar”, repetición que le sigue dando tema cuando no encuentra otro.
Pero el muro y la extrema vigilancia en la frontera tienen historia y han tenido mortales consecuencias.
La primera acción de este tipo se dio durante la administración de William Clinton, cuando se puso en marcha la llamada Operación Bloqueo el 19 de septiembre de 1993, con el despliegue de 400 agentes de la Patrulla Fronteriza a lo largo de aproximadamente 30 kilómetros de la frontera colindante con El Paso, Texas.
Más tarde denominada Sostener la Línea, la operación requirió de 450 millones de dólares y consistió en un despliegue “de disuasión”, pues los agentes se situaron en zonas de alto flujo migratorio, en puntos de gran visibilidad para ver a los migrantes y para ser vistos por ellos. Una demostración de fuerza que concentró a dos mil agentes.
El 1 de octubre de 1994 se inició oficialmente la Operación Guardián, que creó un cerco de una barda triple, con equipo técnico que constó de luces tipo estadio en la línea divisoria Tijuana-San Diego; equipo militar de visión nocturna; sensores electrónicos en los senderos transitados por los indocumentados; el doble de agentes en la zona, con una supervisión de 24 horas y el apoyo de helicópteros, lo que luego se replicaría en muchos tramos fronterizos.
Y todo para que en los primeros años de este siglo cruzaran la frontera más migrantes que nunca. Todo ese alarde no detuvo la migración, pero sí causó la muerte de más de 10 mil mexicanos.
En el documento Historia de la Oficina del Inspector General de Investigación, Operación Guardian, 1996, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se señala: “La persecución y aprehensión de inmigrantes ilegales era considerada una excitación y una diversión.”
El documento resalta: “el propósito de este plan era contrarrestar la manera en que los inmigrantes ilegales cruzaban la frontera México-Estados Unidos, y cambiar de lugar el tráfico restante hacia el este, donde la Patrulla Fronteriza espera tener una ventaja”.
¿Cuál ventaja? La que daba a Estados Unidos la dureza de desiertos y montañas, las únicas rutas posibles luego del bloqueo de las zonas urbanas y que esperaban a los migrantes con climas extremos y riesgos mortales.
Así, pues, no es nuevo que Estados Unidos recurra al sufrimiento de “los otros” a la hora de decidir sus políticas, como ahora lo hace al pretender separar a las familias de migrantes en la frontera para disuadirlas de intentar el cruce con sus hijos.
Poco disuadió con sus mil 200 kilómetros de muro y sí propició la muerte de miles, pero sigue empeñado, ahora con el mesías Trump, en construir muros caros e inútiles.
Con la mitad de los 20 mil millones de dólares que se supone costará completar el muro se podrían ejecutar cientos de programas de impulso al desarrollo regional para que la gente tuviera trabajo y oportunidades en su lugar de origen.
El fracaso de los muros está a la vista, pero no quieren verlo quienes los aprecian como solución o como bandera para mantener adeptos sobre la premisa de que los migrantes son los causantes de todos los males, afirmación que desmontaremos en este mismo espacio en unos días.
Twitter: @mfarahg
Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.
La separación de familias viola el marco internacional
Cuando John Kelly, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, confirmó que está considerando separar a los niños de sus padres si son capturados cruzando la frontera sin documentos, lo dijo como si estuviera anunciando una medida administrativa inocua y enmarcada por el derecho.
Pero no es así. Tal “consideración” revela su ignorancia o su desdén por el derecho internacional, como ocurrió en el gobierno de George W. Bush, cuando se detectaron muchos casos de devolución segmentada de familias, los padres por un lugar fronterizo y los hijos por otro, a kilómetros de distancia.
El derecho a la unidad familiar es inherente al reconocimiento universal de la familia como el grupo fundamental de la sociedad, al cual se debe dar protección y asistencia.
Este derecho está consagrado en los instrumentos universales y regionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y se aplica a todos los seres humanos sin importar su condición.
La unidad familiar exige a los Estados que adopten medidas para mantener la unidad familiar y se abstengan de realizar acciones que resulten en la separación de familias.
El derecho a la unidad familiar está determinado y protegido, entre otros, por el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); 17 y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); 10 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969); y 9, 10 y 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989).
En términos generales, estos instrumentos internacionales establecen que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, indispensables para su pleno desarrollo. En ellos, las partes se comprometen a fomentar la protección económica, jurídica y social de la familia, y asumen que no podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio del derecho a la unidad familiar, a menos que esta injerencia esté prevista por la ley en supuestos específicos.
Un ejemplo puntual: Estados Unidos ratificó en 1992 la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 12 establece la obligación de respetar las garantías de los extranjeros y de sus familiares, en tanto que el 23 señala que la familia deberá ser protegida por la sociedad y por el Estado, lo que incluye la protección al derecho a tener una vida unida.
Asimismo, el derecho internacional establece que los Estados velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, a lo que solo se oponen excepciones inaplicables al caso, como que tal separación sea necesaria en el interés superior del niño.
Evidentemente, la separación de las familias de migrantes, en la frontera o en territorio adentro, no se justifica en términos legales ni humanitarios ni, en consecuencia, en lo que respecta al interés superior del niño.
Kelly piensa que puede arrogarse el derecho de separar a las familias porque considera que es una medida disuasiva y que ello le permite hacer a un lado el derecho internacional y, a la vez, asumir que el dolor y el daño psicológico se justifican como escarmiento en pro de una seguridad interior que, desde luego, las familias no amenazan, y menos aún los niños.
Tal vez nutrido de los desplantes del presidente Donald Trump, que está convencido de que con él empieza la historia del mundo, el señor Kelly crea que el derecho internacional no obliga a Estados Unidos, pues éste es soberano.
Pero, como apuntaba desde hace años el doctor Jorge Bustamante, ex relator especial de la ONU para los derechos humanos de los Migrantes, “una vez que el Senado de Estados Unidos, en ejercicio de su propia soberanía, ratificó la normatividad internacional sobre derechos humanos, la convirtió en ley interna de plena vigencia nacional”.
De llegar a materializarse la “consideración” del responsable de la seguridad nacional de Estados Unidos, ésta podrá ser impugnada en instancias internacionales y seguramente también ante tribunales de la propia Unión Americana.
Hay que tener presente que el derecho internacional permite que cada Estado establezca las medidas migratorias que considere pertinentes, siempre y cuando esas decisiones no vayan en contra de los estándares de respeto a los derechos humanos.
Cuando prevalecía el Apartheid en Sudáfrica, Estados Unidos sostuvo que no era posible invocar soberanía cuando se violentan los derechos humanos.
En efecto, de eso se trata.
*Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados
La persecución de Trump y su anemia jurídica
El candidato Trump aseguró que deportaría a todos los inmigrantes indocumentados, el presidente electo dijo que sólo a los que tuvieran antecedentes criminales y ahora el presidente en funciones vuelve a la ofensiva.
Las nuevas y elocuentes directrices, algunas claramente violatorias de los derechos humanos, pueden ser nombradas según su cometido:
La directriz de la sospecha razonable. Serán deportados quienes a juicio de un agente de migración puedan significar un riesgo para la seguridad pública y la seguridad nacional. En 2010 la llamada ley SB1070 de Arizona otorgaba a los agentes estatales la facultad de arrestar a migrantes sin más motivo que el de la “sospecha razonable”. El color de la piel y los rasgos físicos ,como sospecha. Hoy todos los agentes migratorios están facultados para decidir, por sí mismos, y sin más elementos que los que le dicten su estado de ánimo, sus prejuicios o su intuición, quién es sujeto de deportación.
La directriz del miedo. Todos los inmigrantes irregulares pueden ser deportados. Una amenaza explícita que somete a sus destinatarios a una permanente presión psicológica. Salvo a los dreamers (y quién sabe), puede ser expulsado cualquiera, sin importar tiempo, familia, trabajo o conducta. Para los mexicanos indocumentados cada día será incierto.
La directriz ambigua. Podrán ser deportados quienes hayan abusado de beneficios públicos. ¿Incurrirán en ello quienes hayan recibido atención médica de los servicios del Estado? Para que se considere abuso, ¿bastará con una sola vez o deberán ser diez o veinte veces? ¿Qué es abusar de los beneficios públicos?
La directriz racial. Primero se dijo que serían deportados los indocumentados sentenciados por ofensa criminal, pero las nuevas directrices determinan que también podrán serlo los acusados por una ofensa criminal no resuelta e incluso aquellos que hayan cometido actos “que pueden ser motivo para ser acusados de ofensa criminal”.
Ello significa que cualquier inmigrante acusado o que pueda ser acusado de un delito será deportado. Si la base de esta disposición es el delito, no habría razón para expulsar a los sometidos a causas no resueltas y menos aquellos que “puedan ser acusados”. Pero de lo que se trata no es de expulsar a delincuentes, sino de arrebatar a los indocumentados su derecho a la presunción de inocencia. Todos culpables. Y ello debido a que Trump dictó la sentencia desde que anunció que contendería por la candidatura republicana, cuando afirmó que los mexicanos son narcotraficantes y violadores, una expresión generalizadora nutrida de prejuicio.
Si esa generalización fuera válida, los mexicanos podríamos afirmar que todos los estadounidenses son delincuentes, pues sólo en las cárceles de la Ciudad de México hay 22 estadounidenses, 16 hombres y seis mujeres, por cargos de homicidio calificado, violación, secuestro, asociación delictuosa, retención y sustracción de menores, corrupción de menores y robo calificado.
Desde luego, nunca se nos ocurriría afirmar que estos casos pueden hacerse extensivos a todos los estadounidenses. Pero su presidente está empeñado en que su prejuicio se convierta en sentencia, y por ello apuesta por la política de la persecución.
Estas directrices padecen anemia jurídica y pueden ser revertidas en tribunales, tal como lo fueron, por ejemplo, las leyes antiinmigrantes de 2010 en Arizona.
Allí está la posibilidad de que no sólo lamentemos las nuevas disposiciones, sino que contribuyamos a derrumbarlas mediante su impugnación legal. Es posible impulsar tales demandas a través de organizaciones constituidas en Estados Unidos, y luego el gobierno de México puede darles acompañamiento con la figura de Amigo de la Corte.
Twitter: @mfarahg
Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.
Los militares en la encrucijada
Urge un marco normativo que permita el equilibrio entre otorgarle a las fuerzas armadas garantías jurídicas y mantener intactos los derechos de la población, objetivos que son y deben ser compatibles y complementarios para el bien de la nación.
Las bandas criminales tienen hoy tal capacidad de fuego, a la que suman una crueldad sin precedentes en México, que no hay corporación que pueda hacerles frente más que las fuerzas armadas.
Es improbable retirar hoy de esta lucha al Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina.
Para hacerlo, es necesaria una condición: crear y desarrollar fuerzas públicas sólidas, preparadas, ajenas a la corrupción y comprometidas con su responsabilidad de velar por la seguridad pública. Si no se cuenta con ellas, la llamada a que regresen a los cuarteles, expresada de buena fe o solo porque es políticamente correcto, es ilusoria.
Se han ido 10 años sin construir tales cuerpos de seguridad. Una década perdida. Pero si no se actúa ahora con un plan y acciones programáticas para la reconstrucción de las fuerzas estatales, prolongaremos la situación actual y a la vuelta de otra década podemos seguir en el mismo laberinto.
Los cárteles de la droga se han multiplicado y diversificado. De poco más de una docena de gran estructura, han pasado a ser cientos de grupúsculos que van del secuestro a la extorsión, del homicidio a la trata de personas, del cobro de derecho de piso al tráfico de migrantes. Y siembran el terror con delitos de crueldad extrema.
Hoy solo las fuerzas armadas pueden combatirlos.
Es claro que éstas deben actuar en el marco de la ley y respetar los derechos humanos. En eso todos estamos de acuerdo.
Pero no puede exigírseles que acudan con flores y banderas blancas a donde hay armas de gran alcance y casi de toda índole.
Los soldados y marinos de México han hecho un esfuerzo enorme por estar allí donde se les envía y han ofrendado cientos de vidas.
Que deben actuar conforme a protocolos, que deben abstenerse de realizar ejecuciones y que deben respetar y salvaguardar a la población está fuera de duda.
Pero no puede escatimárseles el reconocimiento que corresponde a una tarea del mayor riesgo, frente a criminales que todos los días en alguna parte del país se enfrascan en tiroteos, cometen venganzas y ejecuciones, y que sin escrúpulos optan por el descuartizamiento, el desollamiento, la disolución en ácido o la incineración de sus enemigos.
Las fuerzas armadas merecen y requieren el respaldo de la ciudadanía, no para el abuso de la fuerza, pero sí para el cumplimiento de la tarea que se les ha asignado. Militares y marinos han sido llamados a realizar funciones que no están en sus responsabilidades y que no eligieron. Mientras no se modifiquen las condiciones ni la estrategia, alguien debe estar allí. ¿Cuántos mexicanos estarían dispuestos a enfrentar los riesgos que ellos asumen ahora mismo y prácticamente todos los días?
Debemos seguir exigiendo el respeto a los derechos humanos y la aplicación de códigos de conducta, desde luego, pero reconociendo que no enfrentan a carteristas sino a delincuentes dispuestos a matar; ellos sí, sin dar cuenta a nadie.
No hay quien se pronuncie por la militarización, pero los habitantes de regiones o ciudades asoladas por el crimen que llegan a contar con el apoyo del Ejército no quieren que se retire. Saben que si se va de sus ciudades, quedan en la indefensión.
Tenemos que resolver este acertijo. Y gran parte de su solución está en la fortaleza de las corporaciones estatales de seguridad pública, las que, en su mayoría, en lugar de fortalecerse y renovarse han terminado por descargar su responsabilidad en las fuerzas armadas. Podrá ser cómodo para los gobiernos locales, pero no es útil ni genera los espacios y la confianza necesarios para la salida del Ejército de tareas que no corresponden a su naturaleza.
Urge un marco normativo que permita alcanzar el equilibrio entre otorgarle a las fuerzas armadas garantías jurídicas y, desde luego, mantener intactos los derechos de la población, objetivos que no tienen por qué ser excluyentes y que son y deben ser compatibles y complementarios para el bien de la nación.
No es admisible regatearles este marco jurídico, como no podría privarse de leyes a cualquier responsabilidad oficial o sector económico o social, más aún porque no están enfrentando a la delincuencia organizada por su voluntad, sino porque así lo requerimos todos los mexicanos.
Cada quien puede apreciar cómo estamos con ellos en esas funciones y formarse una opinión al respecto, pero quizá la mayoría esté de acuerdo en que hoy, sin su participación, estaríamos en una situación más grave.
Si de verdad queremos el retiro paulatino y programado del Ejército y la Marina, que en esta lucha han desgastado su prestigiada institucionalidad, debemos saber con qué recursos estructurados y sólidos vamos a sustituirlos.
De no hacerlo, seguiremos erosionando una de nuestras instituciones más robustas y consolidadas. Mientras no construyamos las fuerzas públicas que las circunstancias requieren, pretender retirar al ejército ahora o hacer llamados retóricos para que así ocurra, será sólo una ficción.
Vayamos más allá. Hagamos posible un relevo viable y eficaz, legislando sobre la participación de los militares en las circunstancias actuales, y preparando su retiro mediante la creación y desarrollo de instituciones de seguridad pública que sean capaces de garantizar la seguridad y el orden públicos.
*Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados @mfarahg
Trump: El aprendiz de Hitler
Donald Trump rechaza en paquete a las personas. Los malos son malos porque pertenecen a tal nacionalidad, raza o religión. No hay conductas individuales sino, características grupales que son, a la vez, irremediables.
Ésta es la lógica racista.
Hitler culpaba a todos los judíos de todo (de que Alemania hubiera perdido la Gran Guerra, de los problemas de la posguerra, de acaparamiento y de lo que fuera), y tanto las supuestas culpas como la generalización de la culpa no tenían que ser probadas. Simplemente así era.
Trump culpa a los mexicanos de crímenes y delitos, de ser pandilleros, violadores y traficantes, de estafar a Estados Unidos, de beneficiarse sin merecerlo de programas sociales, de arrebatar por maldad trabajos allá y atraer otros aquí, entre otras acusaciones.
Para Trump ser de cierta nacionalidad o región determina la maldad de los seres humanos. Y lo ha dicho sin metáforas: “Las malas personas vienen de México, Centroamérica y Medio Oriente”.
Está dispuesto a lo que sea para impedir que tanta maldad humana haga daño a Estados Unidos. “Quiero que entreguen a los malos”, dijo a policías la semana pasada, al referirse a inmigrantes indocumentados.
Y simultáneamente sigue empeñado, a pesar de los reveses en tribunales, en aplicar un veto temporal a la entrada de refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.
Para sostener su decisión apela a una visión catastrofista y mentirosa. Dice de los refugiados: “Hay muchos hombres, más que mujeres, y todos parecen ser tipos fuertes. Podría ser una de las mayores estratagemas de todos los tiempos. Un ejército… No sé si sea así, pero sería posible”. Para la lógica excluyente el miedo es argumento incluso si se basa en una fantasía, y eso hace Trump.
La similitud entre Adolfo Hitler y Donald Trump es tan cercana que tal vez usted no pueda dilucidar de cuál de los dos es esta frase: “Ante Dios y ante el mundo, el más fuerte tiene derecho a hacer prevalecer su voluntad”.
O esta otra: “Cuando se inicia y desencadena una guerra lo que importa no es tener la razón, sino conseguir la victoria”.
Una tercera: “Nuestro pueblo primero tiene que ser liberado de la confusión desesperada del internacionalismo y ser educado deliberada y sistemáticamente en un nacionalismo fanático”.
Y una cuarta: “Las grandes masas sucumbirán más fácilmente a una gran mentira que a una pequeña”.
Si usted dudó es normal. Porque, aunque las cuatro frases son de Hitler, bien pueden representar los dichos y las acciones del presidente estadounidense.
Lo mismo podría decirse de las siguientes afirmaciones de Hitler: “La mezcla de la sangre y el menoscabo del nivel racial que le es inherente constituyen la única y exclusiva razón del hundimiento de las civilizaciones”. “Los seres humanos producto de la mezcla de razas son despreciables”.
Aun así, Donald Trump es presidente por elección de los estadounidenses. Ello puede deberse, tal como lo dijo Hitler, a que “quizá la más grande y mejor lección de la historia es que nadie aprendió de las lecciones de la historia”.
Twitter: @mfarahg
Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.
El muro y sus consecuencias
El 1 de octubre de 1994, vigente ya el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el gobierno de Estados Unidos puso en marcha la Operación Guardián en la frontera de ambos países en el estado de California.
La operación, cuyo objetivo era contener la migración en las zonas urbanas, se replicó desde entonces en muchos tramos fronterizos, acompañada de la lenta y persistente construcción de vallas y muros.
Los resultados todos los conocemos aunque a veces impere la conveniente amnesia. La migración no se detuvo, pero muros físicos y virtuales desembocaron en dramas individuales y, finalmente, en la gran tragedia colectiva: más de 10 mil migrantes mexicanos han muerto durante los 22 años transcurridos desde aquella decisión amurallada. Muerte lenta y dolorosa, goteo diario, más de un fallecimiento en promedio cada día en la frontera.
Los gobiernos de EU y Mexico se dedicaron a contar las muertes, sin que ninguno de los dos hiciera algo concreto para impedirlas. Era el peaje sin remedio que tenían que pagar los flujos migratorios.
Los muros y la vigilancia extrema dificultaron la internación de los migrantes; las dificultades aumentaron las tarifas; las altas tarifas atrajeron al crimen organizado; y la presencia de bandas delictivas transformó la franja fronteriza en territorio de más ilícitos: aparecieron los bajadores, que arrebataban grupos de migrantes a otros traficantes; surgieron los secuestros, se incrementó la trata, se multiplicaron las víctimas de homicidio, la violencia y la separación de familias.
Los tramos de muro fueron creciendo hasta alcanzar alrededor de 1,200 kilómetros, un poco más de un tercio del total de la frontera.
Las autoridades estadounidenses se alarmaron por la atmósfera delictiva y no repararon en su responsabilidad, aunque muchos otros norteamericanos sí lo asumieron y lo dijeron claramente, como el investigador académico Wayne Cornelius, quien denunció insistentemente lo que ocurría y los orígenes de la tragedia.
Éste es el antecedente del muro que el presidente estadounidense Donald Trump quiere extender a toda la frontera. El muro, se dice con razón, es una señal de rechazo y una oprobiosa muestra de desprecio, lo que bastaría para oponerse a su prolongación. Pero es mucho más que eso: es causa de sufrimiento y muerte, de prosperidad para el crimen organizado y de violencia en la frontera, y ahora puede serlo de la generación de campamentos de refugiados, los damnificados de una política migratoria errada.
Más allá de la inviabilidad de su construcción, de su costo y de la absurda pretensión de que México pague por él, el muro es una sentencia que ordena que se repita y se incremente la tragedia: tarifas más altas, más ganancia para los traficantes, más trata, más secuestros, más violencia, y más padecimientos y más muerte para los migrantes.
Hay responsables de lo que pasa ahora y los habrá de lo que suceda después, en el entendido de que si bien la construcción de todo el muro es una tarea imposible en cuatro años, cada kilómetro que se agregue será causa de sufrimiento y muerte, pues cada vez los migrantes tendrán que recurrir a rutas más inhóspitas, peligrosas y mortales. Hasta ahora la decisión permanece: habrá más muro. Por todo lo que ya sabemos, tiene sentido oponerse a tal propósito.
T: @mfarahg
El Holocausto, el odio y Trump
Encabezada por la ONU, la comunidad internacional hace del 27 de enero el Día de Conmemoración del Holocausto.
Una de las más grandes lecciones que se pueden extraer del crimen cometido contra el pueblo judío es que el discurso de odio lleva a los más atroces actos y puede propiciar la destrucción —primero social y después física— de personas y pueblos enteros. El primer paso hacia la cámara de gas fue estimular el antisemitismo a través de la palabra excluyente, sembradora de odio y de violencia.
Si con ella se abrió la puerta al exterminio de seis millones de personas (poco menos de la población judía en Israel), tiene sentido que como una respuesta jurídica, social y humanitaria, muchos países, sobre todo europeos, hayan establecido marcos jurídicos para combatir el discurso de odio y los crímenes que alienta.
Sin embargo, hay señales claras de que algo está fallando.
Durante los diez días posteriores a la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, se registraron al menos 867 incidentes de acoso e intimidación, según cifras de Southern Poverty Law Center, presumiblemente inspirados en el ambiente de discriminación y racismo generado por la campaña y aumentado por la victoria.
Ya antes de Trump, en 2015 los ataques contra musulmanes se habían incrementado en 67 por ciento.
De acuerdo con un reporte de la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, en 14 países se han identificado “serios y generalizados incidentes de violencia, acoso, amenazas y discurso de odio contra migrantes y solicitantes de asilo, así como contra sus hijos”.
Incluso naciones que han trabajado de manera ardua y deliberada para crear una sociedad libre de discriminación han padecido severos retrocesos. Ahí está el ejemplo de Alemania, que de 203 incidentes en 2014 saltó a mil 31 en 2015. Algo similar pasó en Inglaterra: tras el Brexit, los crímenes de odio se incrementaron en 41 por ciento.
Y estamos hablando de las sociedades con más recursos económicos y mayores índices de instrucción escolar.
Tenemos que ser capaces de contrarrestar y desterrar el discurso de odio y sus consecuentes crímenes. Guardar silencio ante las diatribas, el insulto, la discriminación, es ceder el paso a un ambiente envenenado, propicio para el linchamiento y la violencia.
Tras sobrevivir a un campo de exterminio, el escritor Elie Wiesel hizo el compromiso de “nunca guardar silencio cuando cualquier ser humano en cualquier lugar enfrente sufrimiento y humillación. Debemos tomar partido. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio motiva a quien atormenta, no a quien es atormentado”.
El Holocausto debe ser siempre memoria para que nunca se repita, y no debe ser amenaza, porque ello supondría que damos por sentado que es posible. Infortunadamente hoy preside al país más poderoso del mundo un hombre que se distingue por su racismo y xenofobia, cuya forma de ejercer el liderazgo es llamar a sus seguidores en contra de ciertos grupos ya sea por su origen, su nacionalidad o su condición migratoria.
Hay que tener presente que esa es la vía más directa hacia la persecución y la destrucción del otro. Para ser injusto y para ser tragedia no es requisito que las víctimas se cuenten por millones. Bastan los primeros asomos de odio para que encendamos las alertas.
Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados.
T: @mfarahg
Trump, las contradicciones de la autocracia
Es previsible que como presidente de EU continuará las guerras que inició como candidato contra las mujeres, los mexicanos, los musulmanes, los chinos, los periodistas.
A pesar de su personalidad, a veces explosiva y caprichosa, la alta exposición mediática de Donald Trump nos hace suponer que ya lo conocemos y sabemos lo que hará.
Es previsible, por ejemplo, que como presidente de Estados Unidos continuará las guerras que inició como candidato contra las mujeres, los mexicanos, los musulmanes, los chinos, los migrantes, los periodistas, los tratados comerciales, los organismos internacionales.
Al parecer disfrutó su periodo como presidente electo haciendo rounds de sombra mientras se sabía observado. Sin poder formal, practicó fintas y amagues que por sí mismos le dieron algunos dividendos.
El mundo contribuyó a ello con sus miedos, el sube y baja de los mercados financieros y su ansiosa expectativa acerca de qué diría o haría el hasta hoy presidente electo.
Como a tantos autócratas de ayer y hoy, a Trump sus más íntimas convicciones le dicen que para gobernar no hacen falta leyes ni instituciones. Gobernar es iluminar con la verdad, la suya, claro está, y luego imponerla.
Ya le dijo a China, Alemania y México, y hasta a la OTAN, lo que deben hacer, como si se tratara de dependencias de su gobierno.
En su país riñe con el que esté a la mano, lo mismo la CIA que Meryl Streep, y amenaza a las empresas estadunidenses y de otros países que han invertido o están por invertir fuera de la Unión Americana, y anuncia medidas correctivas si no se someten a su voluntad.
Promete y amenaza como si sus decisiones no tuvieran que pasar por ningún filtro. Simplemente lo hará. O no sabe que hay límites y contrapesos al poder presidencial o piensa allanarlos por la fuerza.
Tantos desplantes desorbitados parecerían amagos de un demente solitario, pero tienen eco y seguidores: al menos los 60 millones que votaron por él creen lo que dice y quieren lo que promete.
Su insólito triunfo ha producido inesperadas paradojas: la primera es que la palabra autócrata, que empezó aplicándose al emperador de Rusia, comienza a aplicarse al presidente de Estados Unidos; la segunda, que su país, hasta hace poco autoproclamado campeón del libre mercado, se perfila proteccionista mientras China, otrora orgulloso emblema de la cerrazón, se manifiesta en defensa del mercado libre; la tercera es que luego de décadas de guerra fría y lucha sorda, Rusia es amigo y México no.
Hay más: en contraste con la sensación de esperanza que inspira el inicio de un gobierno, el suyo genera miedo e incertidumbre; electores estadunidenses, tradicionalmente respetuosos de sus comicios, salen a las calles a decirle: “Tú no eres mi presidente”; y los inmigrantes, usualmente cuidadosos y prudentes, salen a gritarle: “No nos vamos”.
Todo en Trump es o parece contradicción: para ir al rescate de la clase obrera reúne al gabinete más empresarial y más rico de la historia en su país; no quiere a más mexicanos migrantes, pero impide inversiones en México; desea que la industria automotriz estadunidense sea más competitiva, y la obliga a pagar salarios más altos; en víspera de iniciar sus relaciones con Europa, critica sus políticas.
Resuelve su eventual conflicto de interés como presidente y como empresario con una sentencia enigmática: “La ley está totalmente de mi lado, el presidente no puede tener conflicto de interés”.
Con este personaje lidiará el mundo desde mañana. Y México, como su vecino, al que califica de abusivo, lo hará más que ningún otro país.
Circulan ahora excelentes propuestas para hacer frente a Donald Trump. Una estrategia basada en principios, tan o más valiosos como las ideas concretas, dará fortaleza, coherencia y sentido a la unidad nacional, al trabajo institucional y a la participación ciudadana. Hagamos lo que hagamos, hagámoslo con inteligencia, visión de Estado y dignidad.
*Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados
T: @mfarahg
En contra de la violencia
Entre todas las conductas humanas, individuales y colectivas, la violencia tiene una particularidad intrínseca: una vez que se pone en marcha, nadie puede predecir hasta dónde llegará.
Un acto violento puede terminar en sí mismo, pero es más probable que genere otro que puede ser de igual o mayor intensidad; y de allí a las réplicas crecientes, cada vez más complejas e incontrolables.
En la historia remota y cercana hay innumerables ejemplos. Y también los hay en el presente.
El mundo vive hoy diversas expresiones de violencia, y en México la padecemos en distintos grados, todos deplorables: la violencia del crimen organizado, la violencia contra las mujeres, la violencia hacia niños y adolescentes, la recurrente violencia en las escuelas, que incluso puede llegar a la tragedia.
Hay violencia profesional y criminal para cuyo control se requiere la fuerza del Estado, a la que no tengo intención de referirme ahora, sino a aquella que en ocasiones se infiltra en la protesta social, esto es, la violencia que hace del derecho a la libre manifestación su rehén.
Tenemos que ser muy cuidadosos en el respeto y protección que debe dársele a los derechos de reunión y de manifestación, pues son, entre otros, los pilares de la democracia.
Y tenemos que ser cuidadosos, también, para evitar que esas expresiones sean llevadas al territorio de la violencia.
Recientemente, con motivo de las manifestaciones en contra del aumento del precio de las gasolinas, hubo unos días en que parecía que la violencia se adueñaba de la protesta, pero entonces ciudadanos libres retomaron el control de los eventos, excluyeron o limitaron a los violentos, y el movimiento ratificó su legitimidad.
Este es un hecho escasamente subrayado, pero es un gran ejemplo de lo que puede hacer una sociedad inconforme para impulsar sus demandas mediante la protesta pacífica.
Apenas hace dos días, el diputado César Camacho Quiroz, coordinador parlamentario del PRI en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, fue agredido cuando entraba al Palacio de Minería, sede de ese órgano legislativo.
Si quienes perpetraron la agresión tenían o creían tener motivos para expresarle su protesta, habrían podido hacerlo sin ataque de por medio. Incluso, de haberlo querido, hubieran podido dialogar con él.
Optaron, sin embargo, por la violencia, que nunca es aceptable y que, a pesar de presentarse en este caso como inocua, constituye una agresión colectiva, con todo lo que ello implica.
Tal vez esta conducta se deba a que, como afirma el filósofo francés Tzvetan Todorov: “Cuando uno atribuye todos los errores a otros y se cree irreprochable, está preparándose para la violencia”.
No existe justificación alguna para la violencia. En esto no cabe neutralidad ni indiferencia. Como sociedad debemos reprobarla porque de no hacerlo seremos cómplices y más temprano que tarde también víctimas de ella.
Oponerse a la violencia no tiene que ver con posiciones partidistas o de grupos específicos. Tenemos que oponernos todos para impedir que se erija en supuesta vía para dirimir diferencias. Primero, porque no lo es ni podrá serlo; segundo, porque México necesita reducir sus índices de violencia y no extenderla a los terrenos en que impera el diálogo; y tercero, porque la protesta política o la demanda social deben distinguirse con claridad de cualquier acto delictivo.
Creo que rechazar la violencia no significa solamente reprobar la violencia de otros, sino empezar por desterrar la violencia de nuestra propia conducta.
Twitter: @mfarahg