Las políticas migratorias del presidente Donald Trump aumentan lo riesgos de que inmigrantes mueran en centros de detención en Estados Unidos, cuya atención médica ya es precaria, advirtió Human Rights Watch (HRW).
El organismo civil indicó que han surgido nuevas evidencias sobre la peligrosa precariedad de la atención médica en centros de detención migratoria en Estados Unidos, en un momento en que el gobierno intenta incrementar su uso.
Elaborado en conjunto con el organismo Community Initiatives for Visiting Immigrants in Confinement (CIVIC), el estudio documentó fallas sistémicas, como demoras irrazonables en la atención y personal médico sin suficiente preparación.
Estas condiciones probablemente exponen a una cantidad sin precedentes de personas a condiciones peligrosas por efecto de la intensificación de los planes de deportación y detención del presidente Trump.
“Los datos revelan que hubo personas en centros de detención inmigratoria que murieron innecesariamente durante la gestión de Obama, aun cuando hubo intentos de implementar reformas”, apuntó Grace Meng, investigadora en Estados Unidos de HRW.
Meng añadió que “el gobierno de Trump ya ha anunciado su intención de dar marcha atrás con reformas que fueron clave, y al mismo tiempo detener incluso a más inmigrantes, lo cual probablemente implicaría que más personas pudieran morir innecesariamente”.
El informe se elaboró a partir del análisis de registros de investigaciones realizadas por el propio Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre 18 muertes ocurridas en situaciones de detención entre 2012 y 2015.
Entre estas muertes se encontraban ciudadanos de México, Guatemala, El Salvador, Mozambique, Honduras, Canadá, Jamaica y Antigua y Barbuda.
Los expertos médicos identificaron numerosos incidentes de atención precaria y peligrosa, como falta de seguimiento a síntomas que requerían atención; empleo de personal médico que posiblemente se extralimita en el ejercicio para el cual tiene experiencia y licencia.
Asimismo, encontraron atención absolutamente inadecuada a personas con problemas de salud mental; uso indebido de la reclusión en condiciones de aislamiento para personas con problemas de salud mental; y lentitud en la respuesta a emergencias.
Los expertos coincidieron en que esa atención insuficiente contribuyó a siete de 18 muertes, de acuerdo con el documento. Entre estas muertes destacan las de dos ciudadanos mexicanos.
Uno es José de Jesús Deniz-Sahagún, de 31 años de edad, que se suicidó el 20 de mayo de 2015 en el centro privado de detención de Eloy de las empresas CoreCivic/CCA. Su muerte ocurrió pese a que Deniz-Sahagun exhibía un comportamiento autoperjudicial.
Además, Eduardo Beckett, un abogado en Texas, describió cómo su cliente, un mexicano con una demanda de asilo, experimentaba un dolor severo en sus testículos y espalda, pero los guardias le dijeron que sólo lo imaginaba.
Poco después, este mexicano perdió el conocimiento y fue llevado al hospital, donde le prescribieron varios medicamentos, pero cinco días después, sólo estaba recibiendo uno de ellos. Dijo a su abogado: “este dolor es tan malo que prefiero regresar y ser asesinado”.
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