Archivos de la categoría Mauricio Farah

El muro: historia, fracaso y tragedia

Donald Trump hizo de la construcción del muro fronterizo un lema de campaña, al que aderezó con aquello de que “y los mexicanos lo van a pagar”, repetición que le sigue dando tema cuando no encuentra otro.

Pero el muro y la extrema vigilancia en la frontera tienen historia y han tenido mortales consecuencias.

La primera acción de este tipo se dio durante la administración de William Clinton, cuando se puso en marcha la llamada Operación Bloqueo el 19 de septiembre de 1993, con el despliegue de 400 agentes de la Patrulla Fronteriza a lo largo de aproximadamente 30 kilómetros de la frontera colindante con El Paso, Texas.

Más tarde denominada Sostener la Línea, la operación requirió de 450 millones de dólares y consistió en un despliegue “de disuasión”, pues los agentes se situaron en zonas de alto flujo migratorio, en puntos de gran visibilidad para ver a los migrantes y para ser vistos por ellos. Una demostración de fuerza que concentró a dos mil agentes.

El 1 de octubre de 1994 se inició oficialmente la Operación Guardián, que creó un cerco de una barda triple, con equipo técnico que constó de luces tipo estadio en la línea divisoria Tijuana-San Diego; equipo militar de visión nocturna; sensores electrónicos en los senderos transitados por los indocumentados; el doble de agentes en la zona, con una supervisión de 24 horas y el apoyo de helicópteros, lo que luego se replicaría en muchos tramos fronterizos.

Y todo para que en los primeros años de este siglo cruzaran la frontera más migrantes que nunca. Todo ese alarde no detuvo la migración, pero sí causó la muerte de más de 10 mil mexicanos.

En el documento Historia de la Oficina del Inspector General de Investigación, Operación Guardian, 1996, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se señala: “La persecución y aprehensión de inmigrantes ilegales era considerada una excitación y una diversión.”

El documento resalta: “el propósito de este plan era contrarrestar la manera en que los inmigrantes ilegales cruzaban la frontera México-Estados Unidos, y cambiar de lugar el tráfico restante hacia el este, donde la Patrulla Fronteriza espera tener una ventaja”.

¿Cuál ventaja? La que daba a Estados Unidos la dureza de desiertos y montañas, las únicas rutas posibles luego del bloqueo de las zonas urbanas y que esperaban a los migrantes con climas extremos y riesgos mortales.

Así, pues, no es nuevo que Estados Unidos recurra al sufrimiento de “los otros” a la hora de decidir sus políticas, como ahora lo hace al pretender separar a las familias de migrantes en la frontera para disuadirlas de intentar el cruce con sus hijos.

Poco disuadió con sus mil 200 kilómetros de muro y sí propició la muerte de miles, pero sigue empeñado, ahora con el mesías Trump, en construir muros caros e inútiles.

Con la mitad de los 20 mil millones de dólares que se supone costará completar el muro se podrían ejecutar cientos de programas de impulso al desarrollo regional para que la gente tuviera trabajo y oportunidades en su lugar de origen.

El fracaso de los muros está a la vista, pero no quieren verlo quienes los aprecian como solución o como bandera para mantener adeptos sobre la premisa de que los migrantes son los causantes de todos los males, afirmación que desmontaremos en este mismo espacio en unos días.

Twitter: @mfarahg

Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.

La separación de familias viola el marco internacional

Cuando John Kelly, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, confirmó que está considerando separar a los niños de sus padres si son capturados cruzando la frontera sin documentos, lo dijo como si estuviera anunciando una medida administrativa inocua y enmarcada por el derecho.

Pero no es así. Tal “consideración” revela su ignorancia o su desdén por el derecho internacional, como ocurrió en el gobierno de George W. Bush, cuando se detectaron muchos casos de devolución segmentada de familias, los padres por un lugar fronterizo y los hijos por otro, a kilómetros de distancia.

El derecho a la unidad familiar es inherente al reconocimiento universal de la familia como el grupo fundamental de la sociedad, al cual se debe dar protección y asistencia.

Este derecho está consagrado en los instrumentos universales y regionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y se aplica a todos los seres humanos sin importar su condición.

La unidad familiar exige a los Estados que adopten medidas para mantener la unidad familiar y se abstengan de realizar acciones que resulten en la separación de familias.

El derecho a la unidad familiar está determinado y protegido, entre otros, por el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); 17 y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); 10 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969); y 9, 10 y 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989).

En términos generales, estos instrumentos internacionales establecen que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, indispensables para su pleno desarrollo. En ellos, las partes se comprometen a fomentar la protección económica, jurídica y social de la familia, y asumen que no podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio del derecho a la unidad familiar, a menos que esta injerencia esté prevista por la ley en supuestos específicos.

Un ejemplo puntual: Estados Unidos ratificó en 1992 la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 12 establece la obligación de respetar las garantías de los extranjeros y de sus familiares, en tanto que el 23 señala que la familia deberá ser protegida por la sociedad y por el Estado, lo que incluye la protección al derecho a tener una vida unida.

Asimismo, el derecho internacional establece que los Estados velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, a lo que solo se oponen excepciones inaplicables al caso, como que tal separación sea necesaria en el interés superior del niño.

Evidentemente, la separación de las familias de migrantes, en la frontera o en territorio adentro, no se justifica en términos legales ni humanitarios ni, en consecuencia, en lo que respecta al interés superior del niño.

Kelly piensa que puede arrogarse el derecho de separar a las familias porque considera que es una medida disuasiva y que ello le permite hacer a un lado el derecho internacional y, a la vez, asumir que el dolor y el daño psicológico se justifican como escarmiento en pro de una seguridad interior que, desde luego, las familias no amenazan, y menos aún los niños.

Tal vez nutrido de los desplantes del presidente Donald Trump, que está convencido de que con él empieza la historia del mundo, el señor Kelly crea que el derecho internacional no obliga a Estados Unidos, pues éste es soberano.

Pero, como apuntaba desde hace años el doctor Jorge Bustamante, ex relator especial de la ONU para los derechos humanos de los Migrantes, “una vez que el Senado de Estados Unidos, en ejercicio de su propia soberanía, ratificó la normatividad internacional sobre derechos humanos, la convirtió en ley interna de plena vigencia nacional”.

De llegar a materializarse la “consideración” del responsable de la seguridad nacional de Estados Unidos, ésta podrá ser impugnada en instancias internacionales y seguramente también ante tribunales de la propia Unión Americana.

Hay que tener presente que el derecho internacional permite que cada Estado establezca las medidas migratorias que considere pertinentes, siempre y cuando esas decisiones no vayan en contra de los estándares de respeto a los derechos humanos.

Cuando prevalecía el Apartheid en Sudáfrica, Estados Unidos sostuvo que no era posible invocar soberanía cuando se violentan los derechos humanos.

En efecto, de eso se trata.

*Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados

 

La persecución de Trump y su anemia jurídica

El candidato Trump aseguró que deportaría a todos los inmigrantes indocumentados, el presidente electo dijo que sólo a los que tuvieran antecedentes criminales y ahora el presidente en funciones vuelve a la ofensiva.
Las nuevas y elocuentes directrices, algunas claramente violatorias de los derechos humanos, pueden ser nombradas según su cometido:
- La directriz de la sospecha razonable. Serán deportados quienes a juicio de un agente de migración puedan significar un riesgo para la seguridad pública y la seguridad nacional. En 2010 la llamada ley SB1070 de Arizona otorgaba a los agentes estatales la facultad de arrestar a migrantes sin más motivo que el de la “sospecha razonable”. El color de la piel y los rasgos físicos ,como sospecha. Hoy todos los agentes migratorios están facultados para decidir, por sí mismos, y sin más elementos que los que le dicten su estado de ánimo, sus prejuicios o su intuición, quién es sujeto de deportación.
- La directriz del miedo. Todos los inmigrantes irregulares pueden ser deportados. Una amenaza explícita que somete a sus destinatarios a una permanente presión psicológica. Salvo a los dreamers (y quién sabe), puede ser expulsado cualquiera, sin importar tiempo, familia, trabajo o conducta. Para los mexicanos indocumentados cada día será incierto.
- La directriz ambigua. Podrán ser deportados quienes hayan abusado de beneficios públicos. ¿Incurrirán en ello quienes hayan recibido atención médica de los servicios del Estado? Para que se considere abuso, ¿bastará con una sola vez o deberán ser diez o veinte veces? ¿Qué es abusar de los beneficios públicos?
- La directriz racial. Primero se dijo que serían deportados los indocumentados sentenciados por ofensa criminal, pero las nuevas directrices determinan que también podrán serlo los acusados por una ofensa criminal no resuelta e incluso aquellos que hayan cometido actos “que pueden ser motivo para ser acusados de ofensa criminal”.
Ello significa que cualquier inmigrante acusado o que pueda ser acusado de un delito será deportado. Si la base de esta disposición es el delito, no habría razón para expulsar a los sometidos a causas no resueltas y menos aquellos que “puedan ser acusados”. Pero de lo que se trata no es de expulsar a delincuentes, sino de arrebatar a los indocumentados su derecho a la presunción de inocencia. Todos culpables. Y ello debido a que Trump dictó la sentencia desde que anunció que contendería por la candidatura republicana, cuando afirmó que los mexicanos son narcotraficantes y violadores, una expresión generalizadora nutrida de prejuicio.
Si esa generalización fuera válida, los mexicanos podríamos afirmar que todos los estadounidenses son delincuentes, pues sólo en las cárceles de la Ciudad de México hay 22 estadounidenses, 16 hombres y seis mujeres, por cargos de homicidio calificado, violación, secuestro, asociación delictuosa, retención y sustracción de menores, corrupción de menores y robo calificado.
Desde luego, nunca se nos ocurriría afirmar que estos casos pueden hacerse extensivos a todos los estadounidenses. Pero su presidente está empeñado en que su prejuicio se convierta en sentencia, y por ello apuesta por la política de la persecución.
Estas directrices padecen anemia jurídica y pueden ser revertidas en tribunales, tal como lo fueron, por ejemplo, las leyes antiinmigrantes de 2010 en Arizona.
Allí está la posibilidad de que no sólo lamentemos las nuevas disposiciones, sino que contribuyamos a derrumbarlas mediante su impugnación legal. Es posible impulsar tales demandas a través de organizaciones constituidas en Estados Unidos, y luego el gobierno de México puede darles acompañamiento con la figura de Amigo de la Corte.
Twitter: @mfarahg
Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.

Los militares en la encrucijada

Urge un marco normativo que permita el equilibrio entre otorgarle a las fuerzas armadas garantías jurídicas y mantener intactos los derechos de la población, objetivos que son y deben ser compatibles y complementarios para el bien de la nación.

Las bandas criminales tienen hoy tal capacidad de fuego, a la que suman una crueldad sin precedentes en México, que no hay corporación que pueda hacerles frente más que las fuerzas armadas.

Es improbable retirar hoy de esta lucha al Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina.

Para hacerlo, es necesaria una condición: crear y desarrollar fuerzas públicas sólidas, preparadas, ajenas a la corrupción y comprometidas con su responsabilidad de velar por la seguridad pública. Si no se cuenta con ellas, la llamada a que regresen a los cuarteles, expresada de buena fe o solo porque es políticamente correcto, es ilusoria.

Se han ido 10 años sin construir tales cuerpos de seguridad. Una década perdida. Pero si no se actúa ahora con un plan y acciones programáticas para la reconstrucción de las fuerzas estatales, prolongaremos la situación actual y a la vuelta de otra década podemos seguir en el mismo laberinto.

Los cárteles de la droga se han multiplicado y diversificado. De poco más de una docena de gran estructura, han pasado a ser cientos de grupúsculos que van del secuestro a la extorsión, del homicidio a la trata de personas, del cobro de derecho de piso al tráfico de migrantes. Y siembran el terror con delitos de crueldad extrema.

Hoy solo las fuerzas armadas pueden combatirlos.

Es claro que éstas deben actuar en el marco de la ley y respetar los derechos humanos. En eso todos estamos de acuerdo.

Pero no puede exigírseles que acudan con flores y banderas blancas a donde hay armas de gran alcance y casi de toda índole.

Los soldados y marinos de México han hecho un esfuerzo enorme por estar allí donde se les envía y han ofrendado cientos de vidas.

Que deben actuar conforme a protocolos, que deben abstenerse de realizar ejecuciones y que deben respetar y salvaguardar a la población está fuera de duda.

Pero no puede escatimárseles el reconocimiento que corresponde a una tarea del mayor riesgo, frente a criminales que todos los días en alguna parte del país se enfrascan en tiroteos, cometen venganzas y ejecuciones, y que sin escrúpulos optan por el descuartizamiento, el desollamiento, la disolución en ácido o la incineración de sus enemigos.

Las fuerzas armadas merecen y requieren el respaldo de la ciudadanía, no para el abuso de la fuerza, pero sí para el cumplimiento de la tarea que se les ha asignado. Militares y marinos han sido llamados a realizar funciones que no están en sus responsabilidades y que no eligieron. Mientras no se modifiquen las condiciones ni la estrategia, alguien debe estar allí. ¿Cuántos mexicanos estarían dispuestos a enfrentar los riesgos que ellos asumen ahora mismo y prácticamente todos los días?

Debemos seguir exigiendo el respeto a los derechos humanos y la aplicación de códigos de conducta, desde luego, pero reconociendo que no enfrentan a carteristas sino a delincuentes dispuestos a matar; ellos sí, sin dar cuenta a nadie.

No hay quien se pronuncie por la militarización, pero los habitantes de regiones o ciudades asoladas por el crimen que llegan a contar con el apoyo del Ejército no quieren que se retire. Saben que si se va de sus ciudades, quedan en la indefensión.

Tenemos que resolver este acertijo. Y gran parte de su solución está en la fortaleza de las corporaciones estatales de seguridad pública, las que, en su mayoría, en lugar de fortalecerse y renovarse han terminado por descargar su responsabilidad en las fuerzas armadas. Podrá ser cómodo para los gobiernos locales, pero no es útil ni genera los espacios y la confianza necesarios para la salida del Ejército de tareas que no corresponden a su naturaleza.

Urge un marco normativo que permita alcanzar el equilibrio entre otorgarle a las fuerzas armadas garantías jurídicas y, desde luego, mantener intactos los derechos de la población, objetivos que no tienen por qué ser excluyentes y que son y deben ser compatibles y complementarios para el bien de la nación.

No es admisible regatearles este marco jurídico, como no podría privarse de leyes a cualquier responsabilidad oficial o sector económico o social, más aún porque no están enfrentando a la delincuencia organizada por su voluntad, sino porque así lo requerimos todos los mexicanos.

Cada quien puede apreciar cómo estamos con ellos en esas funciones y formarse una opinión al respecto, pero quizá la mayoría esté de acuerdo en que hoy, sin su participación, estaríamos en una situación más grave.

Si de verdad queremos el retiro paulatino y programado del Ejército y la Marina, que en esta lucha han desgastado su prestigiada institucionalidad, debemos saber con qué recursos estructurados y sólidos vamos a sustituirlos.

De no hacerlo, seguiremos erosionando una de nuestras instituciones más robustas y consolidadas. Mientras no construyamos las fuerzas públicas que las circunstancias requieren, pretender retirar al ejército ahora o hacer llamados retóricos para que así ocurra, será sólo una ficción.

Vayamos más allá. Hagamos posible un relevo viable y eficaz, legislando sobre la participación de los militares en las circunstancias actuales, y preparando su retiro mediante la creación y desarrollo de instituciones de seguridad pública que sean capaces de garantizar la seguridad y el orden públicos.

*Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados @mfarahg

 

Trump: El aprendiz de Hitler

Donald Trump rechaza en paquete a las personas. Los malos son malos porque pertenecen a tal nacionalidad, raza o religión. No hay conductas individuales sino, características grupales que son, a la vez, irremediables.

Ésta es la lógica racista.

Hitler culpaba a todos los judíos de todo (de que Alemania hubiera perdido la Gran Guerra, de los problemas de la posguerra, de acaparamiento y de lo que fuera), y tanto las supuestas culpas como la generalización de la culpa no tenían que ser probadas. Simplemente así era.

Trump culpa a los mexicanos de crímenes y delitos, de ser pandilleros, violadores y traficantes, de estafar a Estados Unidos, de beneficiarse sin merecerlo de programas sociales, de arrebatar por maldad trabajos allá y atraer otros aquí, entre otras acusaciones.

Para Trump ser de cierta nacionalidad o región determina la maldad de los seres humanos. Y lo ha dicho sin metáforas: “Las malas personas vienen de México, Centroamérica y Medio Oriente”.

Está dispuesto a lo que sea para impedir que tanta maldad humana haga daño a Estados Unidos. “Quiero que entreguen a los malos”, dijo a policías la semana pasada, al referirse a inmigrantes indocumentados.

Y simultáneamente sigue empeñado, a pesar de los reveses en tribunales, en aplicar un veto temporal a la entrada de refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

Para sostener su decisión apela a una visión catastrofista y mentirosa. Dice de los refugiados: “Hay muchos hombres, más que mujeres, y todos parecen ser tipos fuertes. Podría ser una de las mayores estratagemas de todos los tiempos. Un ejército… No sé si sea así, pero sería posible”. Para la lógica excluyente el miedo es argumento incluso si se basa en una fantasía, y eso hace Trump.

La similitud entre Adolfo Hitler y Donald Trump es tan cercana que tal vez usted no pueda dilucidar de cuál de los dos es esta frase: “Ante Dios y ante el mundo, el más fuerte tiene derecho a hacer prevalecer su voluntad”.

O esta otra: “Cuando se inicia y desencadena una guerra lo que importa no es tener la razón, sino conseguir la victoria”.

Una tercera: “Nuestro pueblo primero tiene que ser liberado de la confusión desesperada del internacionalismo y ser educado deliberada y sistemáticamente en un nacionalismo fanático”.

Y una cuarta: “Las grandes masas sucumbirán más fácilmente a una gran mentira que a una pequeña”.

Si usted dudó es normal. Porque, aunque las cuatro frases son de Hitler, bien pueden representar los dichos y las acciones del presidente estadounidense.

Lo mismo podría decirse de las siguientes afirmaciones de Hitler: “La mezcla de la sangre y el menoscabo del nivel racial que le es inherente constituyen la única y exclusiva razón del hundimiento de las civilizaciones”. “Los seres humanos producto de la mezcla de razas son despreciables”.

Aun así, Donald Trump es presidente por elección de los estadounidenses. Ello puede deberse, tal como lo dijo Hitler, a que “quizá la más grande y mejor lección de la historia es que nadie aprendió de las lecciones de la historia”.

Twitter: @mfarahg

Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.

El muro y sus consecuencias

El 1 de octubre de 1994, vigente ya el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el gobierno de Estados Unidos puso en marcha la Operación Guardián en la frontera de ambos países en el estado de California.

La operación, cuyo objetivo era contener la migración en las zonas urbanas, se replicó desde entonces en muchos tramos fronterizos, acompañada de la lenta y persistente construcción de vallas y muros.

Los resultados todos los conocemos aunque a veces impere la conveniente amnesia. La migración no se detuvo, pero muros físicos y virtuales desembocaron en dramas individuales y, finalmente, en la gran tragedia colectiva: más de 10 mil migrantes mexicanos han muerto durante los 22 años transcurridos desde aquella decisión amurallada. Muerte lenta y dolorosa, goteo diario, más de un fallecimiento en promedio cada día en la frontera.

Los gobiernos de EU y Mexico se dedicaron a contar las muertes, sin que ninguno de los dos hiciera algo concreto para impedirlas. Era el peaje sin remedio que tenían que pagar los flujos migratorios.

Los muros y la vigilancia extrema dificultaron la internación de los migrantes; las dificultades aumentaron las tarifas; las altas tarifas atrajeron al crimen organizado; y la presencia de bandas delictivas transformó la franja fronteriza en territorio de más ilícitos: aparecieron los bajadores, que arrebataban grupos de migrantes a otros traficantes; surgieron los secuestros, se incrementó la trata, se multiplicaron las víctimas de homicidio, la violencia y la separación de familias.

Los tramos de muro fueron creciendo hasta alcanzar alrededor de 1,200 kilómetros, un poco más de un tercio del total de la frontera.

Las autoridades estadounidenses se alarmaron por la atmósfera delictiva y no repararon en su responsabilidad, aunque muchos otros norteamericanos sí lo asumieron y lo dijeron claramente, como el investigador académico Wayne Cornelius, quien denunció insistentemente lo que ocurría y los orígenes de la tragedia.

Éste es el antecedente del muro que el presidente estadounidense Donald Trump quiere extender a toda la frontera. El muro, se dice con razón, es una señal de rechazo y una oprobiosa muestra de desprecio, lo que bastaría para oponerse a su prolongación. Pero es mucho más que eso: es causa de sufrimiento y muerte, de prosperidad para el crimen organizado y de violencia en la frontera, y ahora puede serlo de la generación de campamentos de refugiados, los damnificados de una política migratoria errada.

Más allá de la inviabilidad de su construcción, de su costo y de la absurda pretensión de que México pague por él, el muro es una sentencia que ordena que se repita y se incremente la tragedia: tarifas más altas, más ganancia para los traficantes, más trata, más secuestros, más violencia, y más padecimientos y más muerte para los migrantes.

Hay responsables de lo que pasa ahora y los habrá de lo que suceda después, en el entendido de que si bien la construcción de todo el muro es una tarea imposible en cuatro años, cada kilómetro que se agregue será causa de sufrimiento y muerte, pues cada vez los migrantes tendrán que recurrir a rutas más inhóspitas, peligrosas y mortales. Hasta ahora la decisión permanece: habrá más muro. Por todo lo que ya sabemos, tiene sentido oponerse a tal propósito.

T: @mfarahg

El Holocausto, el odio y Trump

Encabezada por la ONU, la comunidad internacional hace del 27 de enero el Día de Conmemoración del Holocausto.

Una de las más grandes lecciones que se pueden extraer del crimen cometido contra el pueblo judío es que el discurso de odio lleva a los más atroces actos y puede propiciar la destrucción —primero social y después física— de personas y pueblos enteros. El primer paso hacia la cámara de gas fue estimular el antisemitismo a través de la palabra excluyente, sembradora de odio y de violencia.

Si con ella se abrió la puerta al exterminio de seis millones de personas (poco menos de la población judía en Israel), tiene sentido que como una respuesta jurídica, social y humanitaria, muchos países, sobre todo europeos, hayan establecido marcos jurídicos para combatir el discurso de odio y los crímenes que alienta.

Sin embargo, hay señales claras de que algo está fallando.

Durante los diez días posteriores a la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, se registraron al menos 867 incidentes de acoso e intimidación, según cifras de Southern Poverty Law Center, presumiblemente inspirados en el ambiente de discriminación y racismo generado por la campaña y aumentado por la victoria.

Ya antes de Trump, en 2015 los ataques contra musulmanes se habían incrementado en 67 por ciento.

De acuerdo con un reporte de la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, en 14 países se han identificado “serios y generalizados incidentes de violencia, acoso, amenazas y discurso de odio contra migrantes y solicitantes de asilo, así como contra sus hijos”.

Incluso naciones que han trabajado de manera ardua y deliberada para crear una sociedad libre de discriminación han padecido severos retrocesos. Ahí está el ejemplo de Alemania, que de 203 incidentes en 2014 saltó a mil 31 en 2015. Algo similar pasó en Inglaterra: tras el Brexit, los crímenes de odio se incrementaron en 41 por ciento.

Y estamos hablando de las sociedades con más recursos económicos y mayores índices de instrucción escolar.

Tenemos que ser capaces de contrarrestar y desterrar el discurso de odio y sus consecuentes crímenes. Guardar silencio ante las diatribas, el insulto, la discriminación, es ceder el paso a un ambiente envenenado, propicio para el linchamiento y la violencia.

Tras sobrevivir a un campo de exterminio, el escritor Elie Wiesel hizo el compromiso de “nunca guardar silencio cuando cualquier ser humano en cualquier lugar enfrente sufrimiento y humillación. Debemos tomar partido. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio motiva a quien atormenta, no a quien es atormentado”.

El Holocausto debe ser siempre memoria para que nunca se repita, y no debe ser amenaza, porque ello supondría que damos por sentado que es posible. Infortunadamente hoy preside al país más poderoso del mundo un hombre que se distingue por su racismo y xenofobia, cuya forma de ejercer el liderazgo es llamar a sus seguidores en contra de ciertos grupos ya sea por su origen, su nacionalidad o su condición migratoria.

Hay que tener presente que esa es la vía más directa hacia la persecución y la destrucción del otro. Para ser injusto y para ser tragedia no es requisito que las víctimas se cuenten por millones. Bastan los primeros asomos de odio para que encendamos las alertas.

Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados.

T: @mfarahg

Trump, las contradicciones de la autocracia

Es previsible que como presidente de EU continuará las guerras que inició como candidato contra las mujeres, los mexicanos, los musulmanes, los chinos, los periodistas.

A pesar de su personalidad, a veces explosiva y caprichosa, la alta exposición mediática de Donald Trump nos hace suponer que ya lo conocemos y sabemos lo que hará.

Es previsible, por ejemplo, que como presidente de Estados Unidos continuará las guerras que inició como candidato contra las mujeres, los mexicanos, los musulmanes, los chinos, los migrantes, los periodistas, los tratados comerciales, los organismos internacionales.

Al parecer disfrutó su periodo como presidente electo haciendo rounds de sombra mientras se sabía observado. Sin poder formal, practicó fintas y amagues que por sí mismos le dieron algunos dividendos.

El mundo contribuyó a ello con sus miedos, el sube y baja de los mercados financieros y su ansiosa expectativa acerca de qué diría o haría el hasta hoy presidente electo.

Como a tantos autócratas de ayer y hoy, a Trump sus más íntimas convicciones le dicen que para gobernar no hacen falta leyes ni instituciones. Gobernar es iluminar con la verdad, la suya, claro está, y luego imponerla.

Ya le dijo a China, Alemania y México, y hasta a la OTAN, lo que deben hacer, como si se tratara de dependencias de su gobierno.

En su país riñe con el que esté a la mano, lo mismo la CIA que Meryl Streep, y amenaza a las empresas estadunidenses y de otros países que han invertido o están por invertir fuera de la Unión Americana, y anuncia medidas correctivas si no se someten a su voluntad.

Promete y amenaza como si sus decisiones no tuvieran que pasar por ningún filtro. Simplemente lo hará. O no sabe que hay límites y contrapesos al poder presidencial o piensa allanarlos por la fuerza.

Tantos desplantes desorbitados parecerían amagos de un demente solitario, pero tienen eco y seguidores: al menos los 60 millones que votaron por él creen lo que dice y quieren lo que promete.

Su insólito triunfo ha producido inesperadas paradojas: la primera es que la palabra autócrata, que empezó aplicándose al emperador de Rusia, comienza a aplicarse al presidente de Estados Unidos; la segunda, que su país, hasta hace poco autoproclamado campeón del libre mercado, se perfila proteccionista mientras China, otrora orgulloso emblema de la cerrazón, se manifiesta en defensa del mercado libre; la tercera es que luego de décadas de guerra fría y lucha sorda, Rusia es amigo y México no.

Hay más: en contraste con la sensación de esperanza que inspira el inicio de un gobierno, el suyo genera miedo e incertidumbre; electores estadunidenses, tradicionalmente respetuosos de sus comicios, salen a las calles a decirle: “Tú no eres mi presidente”; y los inmigrantes, usualmente cuidadosos y prudentes, salen a gritarle: “No nos vamos”.

Todo en Trump es o parece contradicción: para ir al rescate de la clase obrera reúne al gabinete más empresarial y más rico de la historia en su país; no quiere a más mexicanos migrantes, pero impide inversiones en México; desea que la industria automotriz estadunidense sea más competitiva, y la obliga a pagar salarios más altos; en víspera de iniciar sus relaciones con Europa, critica sus políticas.

Resuelve su eventual conflicto de interés como presidente y como empresario con una sentencia enigmática: “La ley está totalmente de mi lado, el presidente no puede tener conflicto de interés”.

Con este personaje lidiará el mundo desde mañana. Y México, como su vecino, al que califica de abusivo, lo hará más que ningún otro país.

Circulan ahora excelentes propuestas para hacer frente a Donald Trump. Una estrategia basada en principios, tan o más valiosos como las ideas concretas, dará fortaleza, coherencia y sentido a la unidad nacional, al trabajo institucional y a la participación ciudadana. Hagamos lo que hagamos, hagámoslo con inteligencia, visión de Estado y dignidad.

*Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados

T: @mfarahg

En contra de la violencia

Entre todas las conductas humanas, individuales y colectivas, la violencia tiene una particularidad intrínseca: una vez que se pone en marcha, nadie puede predecir hasta dónde llegará.

Un acto violento puede terminar en sí mismo, pero es más probable que genere otro que puede ser de igual o mayor intensidad; y de allí a las réplicas crecientes, cada vez más complejas e incontrolables.

En la historia remota y cercana hay innumerables ejemplos. Y también los hay en el presente.

El mundo vive hoy diversas expresiones de violencia, y en México la padecemos en distintos grados, todos deplorables: la violencia del crimen organizado, la violencia contra las mujeres, la violencia hacia niños y adolescentes, la recurrente violencia en las escuelas, que incluso puede llegar a la tragedia.

Hay violencia profesional y criminal para cuyo control se requiere la fuerza del Estado, a la que no tengo intención de referirme ahora, sino a aquella que en ocasiones se infiltra en la protesta social, esto es, la violencia que hace del derecho a la libre manifestación su rehén.

Tenemos que ser muy cuidadosos en el respeto y protección que debe dársele a los derechos de reunión y de manifestación, pues son, entre otros, los pilares de la democracia.

Y tenemos que ser cuidadosos, también, para evitar que esas expresiones sean llevadas al territorio de la violencia.

Recientemente, con motivo de las manifestaciones en contra del aumento del precio de las gasolinas, hubo unos días en que parecía que la violencia se adueñaba de la protesta, pero entonces ciudadanos libres retomaron el control de los eventos, excluyeron o limitaron a los violentos, y el movimiento ratificó su legitimidad.

Este es un hecho escasamente subrayado, pero es un gran ejemplo de lo que puede hacer una sociedad inconforme para impulsar sus demandas mediante la protesta pacífica.

Apenas hace dos días, el diputado César Camacho Quiroz, coordinador parlamentario del PRI en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, fue agredido cuando entraba al Palacio de Minería, sede de ese órgano legislativo.

Si quienes perpetraron la agresión tenían o creían tener motivos para expresarle su protesta, habrían podido hacerlo sin ataque de por medio. Incluso, de haberlo querido, hubieran podido dialogar con él.

Optaron, sin embargo, por la violencia, que nunca es aceptable y que, a pesar de presentarse en este caso como inocua, constituye una agresión colectiva, con todo lo que ello implica.

Tal vez esta conducta se deba a que, como afirma el filósofo francés Tzvetan Todorov: “Cuando uno atribuye todos los errores a otros y se cree irreprochable, está preparándose para la violencia”.

No existe justificación alguna para la violencia. En esto no cabe neutralidad ni indiferencia. Como sociedad debemos reprobarla porque de no hacerlo seremos cómplices y más temprano que tarde también víctimas de ella.

Oponerse a la violencia no tiene que ver con posiciones partidistas o de grupos específicos. Tenemos que oponernos todos para impedir que se erija en supuesta vía para dirimir diferencias. Primero, porque no lo es ni podrá serlo; segundo, porque México necesita reducir sus índices de violencia y no extenderla a los terrenos en que impera el diálogo; y tercero, porque la protesta política o la demanda social deben distinguirse con claridad de cualquier acto delictivo.

Creo que rechazar la violencia no significa solamente reprobar la violencia de otros, sino empezar por desterrar la violencia de nuestra propia conducta.

Twitter: @mfarahg

Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.

Lo mejor de México y para México en 2017

Ante un horizonte que algunos califican de difícil y otros de desafiante, los mexicanos no tenemos opción: hay que mantenernos unidos en nuestra diversidad y con una mentalidad de trabajo y de confianza en nuestras capacidades.

No se trata de optimismo fácil, sino de compromiso.

Los desafíos de 2017 no se van a resolver solos ni pueden dejarse a la inercia. Hay que enfrentarlos con acción y buen ánimo, el cual no soluciona los problemas pero hace posible que se atiendan con el vigor y la inteligencia necesarios para obtener los mejores saldos.

El 20 de enero Donald Trump iniciará su periodo presidencial y ello implica que México esté preparado porque es previsible que grandes porciones de su política y desempeño afectarán el interés nacional y pondrán a prueba la fortaleza de nuestras instituciones y nuestra cohesión como nación.

Al menos tendremos que estar atentos a los temas tatuados en la agenda de Trump: su decisión de renegociar el Tratado de Libre Comercio, su empeño en presionar a las empresas con inversiones en México, su obsesión por el muro y por que nuestro país reembolse su costo; y su discurso y eventuales acciones antiinmigrantes.

Como no se trata o no debe ser un desafío de fuerza, tendrá que serlo de inteligencia y capacidad diplomática y negociadora, lo que incluye poner sobre la mesa factores económicos, políticos y de vecindad mutuamente benéfica.

Hay un antes de Trump y habrá un después de Trump. La historia va más allá de un periodo de gobierno. La relación bilateral es más, mucho más, que una visión personal. El largo plazo es lo que importa, pero hay que cuidar el corto con decisión y acierto. Aquí uno de los grandes retos del actual gobierno, de la presente legislatura y de sus correspondientes sucesores.

La seguridad seguirá estando presente en la agenda con todo lo que ello implica: la reducción de la violencia, la recuperación de la tranquilidad social y las reformas que deban hacerse para dotar de un marco legal adecuado a las Fuerzas Armadas en beneficio de todos.

Las elecciones en cuatro estados son otro foco de atención y de oportunidad, en el sentido de que deben realizarse en paz, en condiciones de equidad y con la mayor participación posible para el relevo de tres gubernaturas, 270 ayuntamientos y dos Congresos locales. No será un paseo, pero deberá evitarse la polarización y habrá de lograrse que prevalezcan el derecho, la democracia y la decisión popular.

Puede asumirse que la mayoría de los mexicanos lo que desea es tranquilidad social, seguridad, certidumbre, justicia, oportunidades de desarrollo y crecimiento económico. Y es obligación de los gobiernos y de la clase política así procurarlo. Éstos deben estar a la altura de nuestros anhelos y desafíos como país, que se verán incrementados con Trump.

Nuestras aspiraciones pueden encontrar resistencia de grupos o intereses que se benefician de la incertidumbre y de la oposición a todo. Para que estas posturas no se impongan son necesarios la participación ciudadana, un constante y acertado esfuerzo institucional con resultados muy por encima de los que hemos tenido por décadas y mucha unión, sin demérito de la amplia gama de convicciones, ideas y posturas frente a los asuntos de interés general.

Ante las adversidades, nada sustituye al trabajo y a una visión compartida de un país unido y capaz de luchar por su presente en pos de un mejor futuro. Puede parecer utópico, pero la utopía ayuda a emprender el camino y sostener el paso.

Twitter: @mfarahg

Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.

Gasolinazo: la protesta legítima y la mala fe

La ciudadanía debe distinguir entre las muestras de inconformidad y los actos delictivos que algunos están realizando.

Como toda libre manifestación, las protestas en contra del aumento en los precios de las gasolinas deben ser respetadas. Ese derecho no está a discusión. Pero las actuales circunstancias no deben dar margen a la ingenuidad.

A la sombra de reclamos ciudadanos legítimos y espontáneos puede vislumbrarse la incubación de movimientos que sólo aspiran a capitalizar la inconformidad social para sus propios fines.

De una naturaleza es la protesta frente a lo que se considera un agravio y de otra distinta el eventual aprovechamiento de algunos grupos para llevar los acontecimientos al terreno de la inestabilidad.

Es probable que los ciudadanos inconformes encuentren en el aumento de los precios de los combustibles una válvula de salida a su hartazgo frente la violencia, la corrupción y la impunidad, pero difícilmente esto los conduciría a cometer ilícitos que para ser ejecutados requieren de cierta dosis de talante delictivo.

¿Quiénes lanzan convocatorias para saquear establecimientos comerciales? ¿Quiénes encabezan el vandalismo? ¿Quién conduce un enorme camión refresquero y lo estrella en la cortina metálica de una tienda de autoservicio? ¿Quién lleva todas las herramientas que se requieren para romper candados y seguros? ¿Por qué supuestos pobladores que sólo protestan van encapuchados, y en algunos casos armados con palos y machetes? ¿Se trata de ciudadanos inconformes, de delincuentes consumados o de desestabilizadores profesionales?

El crimen organizado, por su parte, aprovecha a su manera. En Hidalgo, Tamaulipas, sus integrantes visitaron los negocios de la cabecera municipal para decirles a los empleados que debían cerrar “porque los queremos el jueves 5 en el ejido El Tomaseño, frente a la gasolinera que está en la carretera, para protestar contra el gasolinazo. Cuidadito alguien no vaya”. Así se fraguó al menos esa manifestación, ocurrida hace unos días en ese municipio. Las imágenes que se transmitieron en los noticieros locales daban cuenta, en efecto, de un acto en contra del gasolinazo, cuando nadie estaba allí por propia voluntad.

Hay una enorme diferencia entre estos hechos y la legítima protesta. Por ello la ciudadanía debe estar atenta a distinguir entre las manifestaciones de inconformidad y los actos delictivos que ponen en riesgo la paz pública e incluso la integridad física de los manifestantes.

Y debe estar atenta también a no dejarse llevar por la ola de mensajes que con grave irresponsabilidad propagan supuestos hechos presentes o inminentes, tiroteos inexistentes, amenazas ficticias, rumores que tienen el criminal propósito de generar un entorno de pánico y nerviosismo social.

A la autoridad corresponde una actuación cuidadosa para no afectar el derecho a la libre manifestación y a la vez contener a quienes pretenden proyectar inestabilidad e ingobernabilidad mediante acciones provocadoras o francamente delictivas.

Al mismo tiempo, el Estado debe hacer un esfuerzo eficaz para frenar dos delitos sistemáticos que desde hace tiempo afectan la economía familiar y la nacional, esto es, la alteración de equipos de algunas gasolineras para robar a los consumidores, y la ordeña de ductos por parte del crimen organizado, cuyo monto representa miles de millones de pesos cada año, según lo ha reconocido Pemex.

Estos dos delitos nada tienen que ver con el movimiento social de protesta, pero sí, además de otras afectaciones, inciden en el hartazgo social respecto de la impunidad y contribuyen a la crispación colectiva.

Se trata, en síntesis, de cruzar exitosamente un río turbulento en beneficio de la paz pública y de la imprescindible estabilidad que se requiere para llevar a buen puerto este difícil momento. Gobierno y ciudadanos tenemos una enorme responsabilidad para lograrlo. A todas luces, es mejor y más viable conservar la tranquilidad social de que ahora gozamos en lugar de, una vez alterada, intentar restaurarla.

(*) Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados

Trump antiinmigrante

En materia migratoria, las promesas/amenazas de Trump incluyen cinco medidas: construir un muro fronterizo; triplicar el número de agentes de inmigración; frenar las acciones ejecutivas del presidente Obama; deportar a 11 millones de migrantes indocumentados; y acabar con las ciudades Santuario. La duda ahora es si podrá realizarlas.

Según su oficina, el muro tendría un costo de 12 mil millones de dólares. Se supone que se bloquearían las remesas para obligar a México a aportar entre cinco y 10 mmdd con tal de seguir recibiéndolas. ¿Le parece burdo? Lo es.

The Washington Post calcula, por su parte, que el costo sería de 25 mmdd, lo que lo haría prácticamente inviable.

Además, Trump quiere triplicar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza, que contaría con 75 mil elementos. Parece improbable que el Congreso apruebe tal incremento.

El muro completo dificultaría el paso, pero no detendría la migración y sí, en cambio, aumentaría el número de mexicanos que fallecen en el intento, tal como ha sucedido desde que en 1994 se levantaron los primeros kilómetros de barda hasta cubrir una tercera parte de la frontera, medida que los mexicanos han pagado con miles de vidas.

México no puede impedir la construcción del muro, puesto que Estados Unidos lo levantaría en su propio territorio, pero sí puede generar adhesión de la comunidad internacional a su rechazo. La barda sería el testimonio de una herida abierta en las relaciones entre ambos países.

En cuanto a frenar las medidas de acción diferida del presidente Obama, éstas fueron suspendidas desde junio por la Corte Suprema. Se preveía que Trump las cancelaría, pero recientemente hizo una declaración inesperada: “Vamos a buscar una solución que deje contentos y orgullosos a todos. Fueron traídos a una edad muy joven, algunos fueron buenos estudiantes, otros tienen muy buenos trabajos. Y se encuentran en una especie de tierra de nadie, en la que no saben qué va a pasar”.

Esta declaración fue tan comprensiva que sus asesores intentaron diluirla y negaron que Trump “haya cambiado su política hacia la inmigración ilegal”.

La deportación de millones, por otra parte, parece de difícil aplicación porque existe un debido proceso que Trump ni siquiera ha mencionado.

Según Univisión, en junio había 503 mil casos acumulados en los tribunales de inmigración, por lo que, calcula, la primera audiencia sería en tres años. ¿Y qué hay de un previsible reclamo masivo de empresarios, agricultores y comerciantes? Quizá por ello Trump ya sólo habla de “dos o tres millones de indocumentados con antecedentes penales”.

La promesa de acabar con las Ciudades Santuario ha encontrado una oposición firme. Los alcaldes de Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Seattle, entre otros, sostienen que seguirán dando amparo a los migrantes irregulares, a pesar de la amenaza de Trump de retirarles fondos federales.

Así, hay elementos para creer que el paquete antiinmigrante puede quedarse en el discurso, pero esto no lo hace inocuo, pues los principales efectos negativos que Trump ha causado -resurgimiento del racismo, la xenofobia y la polarización social- han sido precisamente producto de su discurso.

A México y los mexicanos nos corresponde articular previsiones institucionales para la defensa política, diplomática, legal y hasta mediática de los derechos humanos y civiles de nuestros connacionales en Estados Unidos.

Y además, el persistente desafío: impulsar el desarrollo en las regiones donde el recurso de la migración se ha normalizado y a las que, eventualmente, regresarán los que quieran o tengan que hacerlo.

La migración debe ser una opción y no un fatal destino, como lo ha sido para millones de mexicanos en décadas recientes.

El autor es especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados.

La importancia económica de los migrantes mexicanos para EU

Para Trump nada más fácil, en sus palabras, que expulsar de Estados Unidos a los inmigrantes ilegales; son delincuentes, y los que no lo son toman los empleos que deberían ser de los nativos, y además se apropian de los beneficios de los programas sociales que deberían ser de los estadounidenses.

Con lo ignorante que es Trump, no debe saber lo siguiente:

Según datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME, agosto, 2016) son 11.7 millones los mexicanos que migraron a EU y viven allá, en tanto que los que nacieron y residen en EU son 23.7 millones, para un total de 35.4 millones, población que representa 8 por ciento del PIB estadounidense, de acuerdo con datos oficiales de ambas naciones.

El trabajo de los mexicanos que emigraron a EU produce bienes y servicios por un valor de al menos 600 mil millones de dólares (MMD), y contando a los méxico-estadounidenses de segunda y tercera generación, la cifra casi se triplica.

De acuerdo con estudios del Selig Center de la Universidad de Georgia, el poder de compra de los hispanos alcanzó 1.5 trillones de dólares en 2015, cerca del 11 por ciento del poder de compra registrado en Estados Unidos.

El número de emprendedores hispanos aumentó de 500 mil en 1990 a más de 2 millones en 2012, en tanto que cada inmigrante crea 1.2 nuevos empleos en una comunidad.

El IME retoma datos de estudios elaborados por instituciones estadounidenses y sintetiza que los migrantes mexicanos en EU son dueños de alrededor de 570 mil pequeñas empresas que, de manera global, generan un ingreso de 17 MMD anuales.

El 28 por ciento de los negocios creados en EU fueron fundados por inmigrantes y le dan empleo a cerca del 10 por ciento de los trabajadores estadounidenses. De estos negocios, 12 por ciento son propiedad de mexicanos.

El índice Fortune 500 sostiene que 40 por ciento de las 500 empresas más grandes de EU fueron fundadas por inmigrantes de distintas nacionalidades (incluyendo mexicanos) de primera y segunda generación.

Datos del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos y del Banco de México señalan que, una vez descontado lo que envían como remesas, los migrantes gastan 87 por ciento de su salario en la economía estadounidense. Y como el envío total anual de las remesas ronda los 20 MMD, los mexicanos inyectan a esa economía alrededor de 160 MMD cada año.

En cuanto a que los inmigrantes indocumentados abusan de los servicios de seguridad social, la mejor aclaración es la de la Social Security Administration: los inmigrantes no autorizados —aquellos no elegibles para recibir beneficios de Seguro Social— pagaron 100 MMD al fondo de 2004 a 2014.

Stephen Goss, actuario en jefe de la SSA, dijo a CNNMOney: “Sin los aproximadamente 3.1 millones de inmigrantes indocumentados que pagan al sistema, la Seguridad Social habría entrado en un déficit persistente de ingresos fiscales para cubrir los pagos desde 2009”.

Aún más, a medida que la generación del baby boom envejece y se jubila, los trabajadores inmigrantes son clave para apuntalar la Seguridad Social y contrarrestar los efectos de este declive generacional. Sin inmigrantes, dice la SSA, el sistema no sería capaz de pagar todos los beneficios comprometidos para 2037.

Y todo esto sin contar los más de 20 MMD anuales que las familias encabezadas, por inmigrantes indocumentados, pagan en impuestos estatales y locales, e impuestos sobre la renta, sobre la propiedad y sobre las ventas.

A Trump no lo detendrán consideraciones de justicia social ni valoraciones humanitarias sino cálculos económicos. Sólo basta con que alguien tenga la paciencia de explicárselos.

Twitter: @mfarahg

Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.

Violencia contra la mujer, pandemia global

25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

La violencia contra las mujeres es la mayor pandemia del mundo. Ninguna otra se le compara porque las pandemias pueden extenderse por amplias zonas, pero no están en todas partes, y porque aunque sus periodos son largos ninguna está presente todo el tiempo.

Infortunadamente, la violencia en contra de las mujeres se aferra con ánimo de perpetuarse. Podemos, debemos, evitarlo.

Según datos de la ONU, 70 de cada 100 mujeres sufren algún tipo de ataque sexista en su vida.

El gran movimiento por el rechazo a la violencia machista, la cotidiana y disfrazada de broma, la ofensiva y revestida de insultos, la grave y convertida en ataque, y la extrema que arrebata la vida, debe expresarse con la mayor energía y mantenerse en pie hasta que cesen los atentados en contra de los derechos y la dignidad de las mujeres.

Y debe ser respaldado por todos, mujeres y hombres unidos en una misma causa, con independencia de edad, oficio, etnia y lugar. En la mayoría de los países es clara la tendencia al aumento de agresiones y feminicidios. Es urgente poner freno a esta violencia. Sería absurdo esperar a que la estadística de la muerte crezca para contenerla.

Debe cerrarse el paso a la minimización, a la apatía, a los argumentos defensivos de las autoridades o a las explicaciones acerca de lo complejo del desafío. Todo eso ya se sabe. Lo que importa es encontrar cómo sí es posible acabar con el desprecio por la integridad física, la vida y los derechos de la mujer.

Hay que premiar los comportamientos honestos y reprobar los abusivos; reconocer en las escuelas aquellas conductas que revelan respeto y corregir las que acosan, insultan y agreden; fortalecer la relación cordial y señalar las expresiones y las acciones discriminatorias.

Es necesario contar con un entorno de armonía y erradicar el actual estado de cosas en el que se han “normalizado” los insultos en las calles, los abusos en los transportes públicos, los acosos en escuelas, oficinas y fábricas, como si las mujeres tuvieran que vivir siempre en medio de ofensas veladas, molestias sistemáticas, amenazas permanentes.

Es indispensable que los Estados cuenten con mecanismos de protección eficientes, que garanticen la vida en paz, sin sobresaltos, sin agobios sexistas, sin contrariedades frecuentes, sin que ninguna mujer vuelva a tener que denunciar, como se leía en una cartulina en una manifestación de la Ciudad de México: “Desde niñas todas sufrimos acoso sexual”.

Es sabido que la impunidad es detestable aliciente para que el delito se perpetúe y se incremente. Lo sabemos, pero ello no nos ha llevado a abatirla. Hacen falta voluntad política, compromiso, sensibilidad y eficacia para acabar con ella.

La misoginia es una expresión que tiene su soporte en costumbres y contextos culturales que debieran haber sido superados desde hace mucho tiempo. Tenemos que lograrlo ahora.

Por todas las mujeres, por todos sus derechos.

Y por la dignidad social y el respeto como norma de conducta, único camino por el que podemos alcanzar la justicia, la equidad y la armonía.

Twitter: @mfarahg

Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.

Trump y la legitimación del racismo en Estados Unidos

En contraste con el ánimo de 2008, cuando parecía comenzar una nueva era de igualdad racial, política y social en Estados Unidos por el triunfo de Barack Obama, hoy, luego de la victoria de Donald Trump, se vive un ambiente de retroceso, como si de pronto regresáramos a tiempos oscuros

Estos son algunos de los testimonios publicados en redes sociales por personas que han experimentado el miedo y la violencia, producto de expresiones racistas envalentonadas por la retórica de Trump y su próxima llegada a la Casa Blanca.

1. “Hoy fui acosada por un hombre blanco mayor que pensaba que yo era mexicana. ‘No puedo esperar a que Trump nos pida que violemos a su gente y que los mandemos de vuelta del otro lado del muro más grande que vamos a construir. Regrésate al infierno, mojada.’ Después me lanzó agua al rostro, me insultó con el dedo medio y corrió. Apenas pude contenerme para no responder. Nunca había estado tan aterrada de ser una mujer y una minoría.”

2. “Estaba en el autobús y estas chicas de la preparatoria de St. Francis se suben. Miraron a su alrededor, me miraron y dijeron: ‘¿No se supone que tu gente se debe sentar al fondo del autobús? Trump es presidente’. Miré a mi alrededor y vi que mayoritariamente era gente negra e hispánica los que estaban sentados atrás.”

A Estados Unidos le ha llevado 240 años avanzar hacia la igualdad de derechos de sus habitantes. Lento ha sido el camino desde 1776, cuando en la Declaración de Independencia se asentó: “Todos los hombres han sido igualmente creados…”

Entre otros muchos acontecimientos, tuvo que suceder la sangrienta Guerra de Secesión (1861-1865) para imponer la abolición de la esclavitud y un siglo después Martin Luther King y miles de afroamericanos padecieron una violenta persecución antes de lograr el reconocimiento de sus derechos civiles (1955-1968).

A pesar de su hondura, esos acontecimientos no acabaron con la esclavitud ni con la discriminación de tajo, pero al menos se había logrado que racistas y xenófobos guardaran las formas. No era ni social ni políticamente correcto declararse racista.

Con la campaña de Donald Trump y sus discursos excluyentes, empezaron a salir de las sombras los segregacionistas, los puristas, los nativistas, pero una vez que el candidato republicano se convirtió en presidente electo, el odio ha emergido como lava de volcanes hasta hace poco solo humeantes.

Más testimonios de estos días:

3. Un director en Pennsylvania admitió que varios estudiantes estaban coreando: “¡Levanta-algodón, eres un negro, Heil Hitler!’’.

4. “Tres de mis amigas musulmanas, a las cuales nunca había visto sin hijab, vinieron hoy a la escuela sin ellos porque tenían miedo.”

5. “¡Acabo de vivir una de las peores cosas de mi vida! Mientras cargaba gasolina, un auto se orilló junto a mí… salieron cuatro hombres… todos caucásicos… luego procedieron a hablar de la elección y lo felices que estaban de no tener que lidiar con niggers por mucho más tiempo… y yo, siendo como soy, me quedé en silencio… hasta que uno de ellos caminó hacia mí y dijo: ‘¿Qué tan asustada estás ahora, perra negra? Debería matarte ahora mismo… eres un desperdicio’. Aun así no dije nada, mantuve mi cabeza baja, y él siguió: ‘¿Eres sorda o algo por el estilo, negra?’ Luego otro chico bajó del auto con un arma y dice: ‘Tienes suerte de que haya testigos o de lo contrario te disparaba aquí mismo.’ Para este momento, yo estaba llorando. Se fueron, pero estoy confundida, asustada, molesta… ¿es esto lo que será América de ahora en adelante?

Y un grafiti en un muro: “Las vidas negras no importan, y tampoco sus votos.”

Y una carta puesta en un parabrisas de un auto: “No puedo esperar a que su ‘matrimonio’ sea nulificado por un presidente de verdad. Familias gay, quémense en el infierno. Trump 2016’’.

Y una experiencia que sacude: “Esta mañana salí a correr a las 7 am. Aun no entiendo cómo sentirme. Niños de secundaria me gritaron y me dijeron que me regresara a África. ¡Niños!”

6. “Fui a la licorería a comprar cigarros. Unos hombres blancos me preguntaron si hablaba inglés. Me reí y los ignoré. Me siguieron a un 7/11 y me dijeron que los chinitos deberían salirse del país mientras puedan porque una ‘América más pura va a regresar’. El encargado les pidió que se fueran y le llamaron Bin-Laden y le dijeron que regresarían a quemarlo en una cruz. Les dije que se fueran y me contestaron ‘¡Ah, wow, habla inglés!’ Me siguieron hasta mi auto mientras gritaban ‘¡poder blanco!’

7. “Mi primer encuentro racista después de la elección de nuestra nueva broma de presidente: mientras estoy en Wallmart una mujer se me acercó, me jaló de mi hijab y me dijo: ‘Esto ya no está permitido, así que ve a colgarte con él del cuello y no de la cabeza.’ Estoy traumatizada.”

Y en las escuelas: “La administración de la preparatoria está instalando cámaras en los pasillos porque los estudiantes que apoyan a Trump están coreando ‘¡10 pies más alto! ¡10 pies más alto!’ Se lo están cantando a los alumnos hispánicos.”

Hay una carta que circula en un campus universitario: “Donald Trump ganó. Ahora todos ustedes maricas liberales mejor se callan con sus derechos musulmanes, derechos para homosexuales, derechos de inmigrantes ilegales y toda su demás mierda. La economía de América finalmente florecerá de nuevo y el mundo temblará frente a la idea de enfrentarse a los militares americanos.”

En el supuesto de que Trump no haga nada de lo que dijo en campaña, lo dicho ya ha causado un enorme daño: Su retórica y su elección han “legitimado” el racismo, la exclusión, la segregación, la persecución, la agresión, la humillación.

Todo esto se puede hacer porque lo dijo el presidente.

Ha instalado la estratificación de los habitantes de Estados Unidos, ha refundado el sistema de castas.

Ni las instituciones ni el pueblo de ese país, y tampoco la comunidad internacional, pueden permitirlo.

Habrá que dar una dura batalla cívica y moral para impedir este inaceptable retroceso en derechos humanos.

*Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados @mfarahg

Hacia un parlamento abierto

Los días 7 y 8 de noviembre se efectuó en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados el Seminario de Transparencia Legislativa, impulsado por las organizaciones de la sociedad civil integrantes de la Alianza para el Parlamento Abierto.

El evento me hizo recordar un texto del pensador y escritor inglés Jeremías Bentham, en el que, refiriéndose al parlamento de su país y de su tiempo, menciona que no sólo estaba prohibido la asistencia del público al Congreso, sino que incluso los propios parlamentarios tenían la prohibición de, cito textualmente, “referir algo de lo que haya pasado.”

Esta mención viene a cuento porque, a diferencia de aquel tiempo, ahora es justamente en el Congreso donde dialogamos sobre parlamento abierto, y donde legisladores, servidores públicos, académicos y especialistas de la sociedad civil dialogamos con absoluta libertad sobre transparencia y rendición de cuentas.

Aquí expongo algunas reflexiones sobre estos temas:

La información pública, la transparencia y la rendición de cuentas, tres vertientes esenciales del proceso de consolidación de nuestra democracia, inciden transversalmente en diversos ámbitos del Estado, entre ellos las transformaciones y alcances en materia de parlamento abierto.

Las dos jornadas del Seminario de Transparencia Legislativa, en las que participaron más de cincuenta ponentes en siete grandes apartados, constituyen una valiosa fuente de información, opiniones, perspectivas y propuestas que fortalecen la reflexión acerca de cómo vamos y qué nos falta por hacer.

En el foro se expresaron diversas posturas sobre la importancia de contar con un parlamento abierto y de cumplir con los diez principios básicos que le dan sustento. Tenemos trabajo por delante, desde luego,  pero es claro que el Congreso mexicano ha dado pasos firmes para avanzar en el cumplimiento de esos principios.

En 1977 se plasmó en el artículo 6° de la Constitución una línea llena de significado y compromiso: “El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Pasaron 25 años para que tuviéramos la primera ley de transparencia, pero desde entonces no hemos dejado de avanzar. Hoy el 6º constitucional establece con claridad los alcances y límites de este derecho humano y contamos con una Ley General y una Federal, así como con 32 leyes locales que nos dan un sólido sustento jurídico. Gracias a este entramado institucional, no hay espacio para la opacidad. Sin pretextos, todos estamos obligados a rendir cuentas.

La transparencia y la rendición de cuentas hacen una importante contribución para que rijan a plenitud otros derechos de los que son titulares los mexicanos. Creo, en ese orden de ideas, que la información es piedra de toque de todos los derechos fundamentales.

Los genuinos reclamos de seguridad pública, de un sistema eficaz de administración de justicia, de servicios de salud y educación pública dignos y accesibles para todos, así como el derecho a vivir en un medio ambiente sano, encuentran mejores condiciones de realización cuando las instituciones responsables de su puesta en práctica actúan abiertamente, expuestas al escrutinio de la ciudadanía y cuentan con su confianza.

En la implementación de toda norma que delimita la compleja actividad social, invariablemente surgen dificultades operativas, visiones jurídicas diversas e incluso problemas de diseño institucional.

En este sentido, tanto el Congreso como el INAI, en sus correspondientes áreas sustantivas y administrativas, estamos acoplándonos a los nuevos sistemas y plataformas para dar cabal cumplimento al nuevo marco jurídico, con el fin de facilitarle al ciudadano el acceso a la información y rendirle cuentas claras de todo el quehacer del parlamento.

Me parece justo hacer un reconocimiento a la participación de eminentes especialistas nacionales e internacionales, miembros de organismos autónomos, académicos de universidades y, por supuesto y de manera fundamental, a la participación de relevantes miembros de la sociedad civil que han impulsado vigorosamente las reformas constitucionales y legales que nos colocan en un lugar de vanguardia en estos temas.

Esta es sólo una muestra de la transformación institucional, legislativa y social que hemos logrado y en la que la sociedad civil ha sido protagonista como impulsora del cambio y de los nuevos tiempos que hoy nos perfilan como una sociedad más participativa, promotora de una administración pública más democrática y transparente.

México, gracias al derecho de acceso a la información y a la sociedad civil organizada, ya no es el mismo.

@mfarahg

* Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos

Racismo y Trump: la semilla y el fertilizante

El racismo estadounidense es mucho más que una nota del día o una frase de Donald Trump. Para quienes cruzan la frontera sur de Estados Unidos y sobre todo para los 35 millones de mexicoamericanos que conforman el 11 por ciento de la población, el racismo es una realidad concreta, cotidiana, amenazante, incluso letal.

El arraigado segregacionismo tiene múltiples expresiones en la vida de todos los días, pero también se manifiesta de manera más organizada, extrema y sistemática, como es el caso, por ejemplo, del Ku Klux Klan, cuyas asociaciones afiliadas pasaron de 72 a 190 de 2014 a 2015. En ese mismo periodo, los grupos de derecha radical pasaron de 784 a 892.

Por su parte, las asociaciones de supuestos “patriotas” y “conspiracionistas”, entre los que se encuentran los envalentonados Minute Man, que “protegen” la frontera de la presencia de migrantes, pasaron de 874 a 998 de 2014 a este año.

Estas organizaciones radicales aprovechan el Internet y la fuerza de las redes sociales para reclutar miembros, sobre todo jóvenes. El foro “Stormfront”, que se distingue por su discurso de odio, cuenta ahora con 300 mil usuarios registrados. Durante cada uno de los últimos siete años se han sumado 25 mil nuevos miembros.

Recientemente, estos grupos han encontrado respaldo y aliento en Donald Trump: de acuerdo a un estudio de America’s Voice, lo seguidores del candidato republicano han cometido actos de violencia contra latinoamericanos y migrantes en general en 25 de los 50 estados de la Unión Americana. Consecuencia previsible, si el ejemplo es la palabra incendiaria y el puño cerrado.

Está ya tan extendido este veneno social, que 52 por ciento de los estadounidenses piensa que el racismo es un problema “muy” o “extremadamente” serio. Además, 69 por ciento considera que las relaciones entre los diversos grupos raciales son “generalmente malas”, y 60 percibe que están empeorando, cuando un 38 pensaba eso mismo hace sólo un año.

El propio presidente Barack Obama ha reconocido que los asesinatos de ciudadanos afroamericanos a manos de policías blancos no son “incidentes aislados”, sino parte de “un conjunto de disparidades raciales” en el sistema de justicia norteamericano.

Así, a pesar de su grandilocuencia y estridencia, es evidente que Trump no es la enfermedad sino el síntoma, y que la retórica del republicano sólo ha sido fertilizante de una semilla, el racismo, que sigue viva al paso de los siglos.

En mayor o medida exhibido o disimulado, el racismo corroe a un grupo significativo de estadounidenses, muchos de los cuales cuentan con recursos económicos, armas, contactos políticos y presencia en la administración pública, lo que desemboca en acciones agresivas tanto de grupos radicales como de agentes del Estado.

Una vez que pase la elección presidencial y Donald Trump pierda los reflectores mediáticos, la violencia xenófoba y racista continuará, tanto porque le precede una gran inercia como porque los leños arrojados por el magnate han avivado el fuego.

Quizá Trump se vaya a su casa, pero es probable que sus dichos, lanzados con tanta ligereza, sigan poniendo en riesgo a los migrantes latinos, particularmente a los mexicanos.

¿Estará consciente el Estado Mexicano del desafío que tiene enfrente, o abandonará una vez más a los paisanos en suelo estadounidense? Es una pregunta que se tiene que responder muy pronto con hechos.

Twitter: @mfarahg

Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.

Inseguridad: ¿Percepción o realidad? (Segunda parte)

En tanto que ayer pusimos el énfasis en datos de la realidad sobre inseguridad, hoy lo pondremos en los indicadores de percepción para aportar una reflexión al actual debate acerca de lo que podríamos llamarInseguridad real vs. Percepción de inseguridad.

Para algunos analistas la percepción de inseguridad refleja la realidad, en tanto que para diversos responsables de la seguridad en el país y en entidades federativas la percepción es “sólo percepción” y la realidad es muy distinta.

Si bien saber qué tanto se concatena la percepción con la realidad requiere análisis cuantitativos y cualitativos de fondo, la percepción tiene un valor por sí misma, pues es ella la que hace que una persona o una comunidad vivan con mayor o menor confianza, se desenvuelvan libremente o modifiquen sus hábitos y conductas en función de la inseguridad que perciban.

También es la percepción la que alienta o desalienta la inversión, el turismo, el trabajo y el esparcimiento, y la que determina el grado de satisfacción que tienen las familias y la sociedad con sus instituciones de seguridad y justicia, lo que se traduce en su valoración de su propia calidad de vida.

La más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el Inegi, revela que 71.9 por ciento de las personas se siente inseguro en su ciudad.

En algunos lugares el porcentaje equivale a nueve de cada 10: en Ecatepec, 95 de cada 100 encuestados dicen sentirse inseguros; en la zona oriente de la Ciudad de México, 94; en Coatzacoalcos y en Acapulco, 93, y en Villahermosa, 90.

En promedio nacional, ocho de cada 10 se sienten inseguros al acudir a cajeros automáticos localizados en la vía pública, siete en el transporte público y en el banco, seis en la calle que habitualmente usan y cinco en el mercado.

Éstas son actividades diarias, no extraordinarias, por lo que si los porcentajes en la percepción de inseguridad son tan altos, es claro que ello se traduce en una sensación de miedo o intranquilidad cotidiana, independientemente de que esa percepción corresponda o no a situaciones reales de riesgo.

Por ello los resultados de la encuesta en cuanto a la modificación de hábitos señalan que 61 por ciento prefiere no llevar consigo dinero o tarjetas de crédito, 56 por ciento no permite que sus hijos menores salgan de su vivienda, 49 por ciento evita caminar por los alrededores de su casa después de las ocho de la noche y 32 por ciento ha cambiado rutinas de visitas a amigos y parientes.

Modificar los hábitos por temor implica una cesión del empoderamiento social en favor del poder de la delincuencia.

Ésta es la consecuencia que nos debe llevar a la reflexión y a la acción. La ciudadanía no tiene por qué renunciar a las actividades y espacios que le pertenecen; es la delincuencia la que tendría que retraerse.

Allí está el gran desafío que enfrenta el Estado mexicano. Hay que fortalecer la capacidad institucional, la relación sociedad-gobierno, el entramado social, la prevención del delito, la procuración y la administración de justicia. Más que discutir la validez de la percepción, hay que tomarla en cuenta, pues ella nos indica si lo que está avanzando o retrocediendo es la conducta delincuencial de unos pocos o la vigencia de los derechos y las libertades de todos.

Twitter: @mfarahg

Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.

Inseguridad: ¿Percepción o realidad?

La desesperación ciudadana ante la impunidad está alcanzando niveles de escándalo: ahora una ola de indignación ha recorrido las redes sociales al ser arrestado un asaltante que operaba en Periférico Sur, pues se descubrió que, a pesar de que en seis ocasiones la policía había hecho correctamente su trabajo al atraparlo, este individuo había logrado regresar a las calles explotando recovecos del sistema judicial. Lamentablemente, no se trata de una excepción, sino de un caso tristemente común. Se ha creado un círculo más que vicioso, perverso, que bloquea el camino de la justicia.

Según el titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República, de cada 100 denuncias solamente cuatro reciben sentencias condenatorias. Las consecuencias están a la vista: de conformidad con el Índice Global de Impunidad, México ocupa el segundo lugar de 59 entre los países más impunes, únicamente detrás de Filipinas. Por todo ello resulta comprensible que de los 29.3 millones de delitos cometidos en México durante 2015 el 93.7 por ciento no fue denunciado, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe).

Esto se traduce en una licencia para delinquir que ha torpedeado las instituciones, el tejido social y las mismas familias mexicanas. Baste señalar que uno de cada tres hogares mexicanos fue víctima de un delito durante el año pasado.

Así las cosas, un 72 % de los mexicanos siente que la inseguridad no es sólo un asunto de percepción, sino una realidad.

Por todo ello la gran revolución institucional que debe emprender el Estado mexicano debe tener como centro y cimiento el sistema judicial, pues es ahí donde ha echado fuertes raíces el crimen organizado e incluso la delincuencia común.

No sólo hay que capacitar mejor a los policías, sino también a los jueces, a los funcionarios y a los peritos. Está claro que el reto no sólo es comprar armamento y engrosar corporaciones, sino además comprender que el primer paso para lograr el México que merecemos es garantizar la seguridad pública, así como el hecho de que la verdadera base de la paz no son las armas, sino la justicia cotidiana.

Twitter: @mfarahg

Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.

2 de Octubre fecha emblemática #AltoALaViolencia

“La violencia es el miedo a los ideales de los demás.”
—Mahatma Gandhi.

El 2 de octubre, aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi y fecha emblemática también de la historia de México, es desde 2007 y por resolución de la ONU, el Día Internacional de la No Violencia.

Conmemorar la no violencia es celebrar la paz y pronunciarse por el acuerdo pacífico, incluso, y con mayor razón, en los grandes conflictos.

En la historia hay ejemplos inspiradores de cómo la no violencia ha logrado profundas transformaciones en circunstancias complejas y de gravedad extrema. Allí están los movimientos encabezados por el propio Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Chico Mendes y Wangari Maathai.

No obstante, hay quienes prefieren la violencia como forma de lucha, justificando sus acciones en su derecho a la manifestación. Pero los hechos hablan más que sus declaraciones.

La antítesis de la no violencia la vemos y la padecemos todos los días en las calles, en las carreteras y, más grave aún, en las escuelas de nuestros hijos; en las formas de lucha de la CNTE y de todos esos grupos menores que agreden impunemente. Por más que disfracen su proceder con un discurso sindical, es un acto de violencia humillar a maestros y policías, atacar reporteros y negar derechos tan básicos como el de la libertad de tránsito o atentar contra la integridad física y patrimonial de las personas. La prueba es esa estela de agresiones sufridas en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán durante los últimos meses.

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