En las últimas semanas hemos sido testigos del inicio del combate al robo de combustible por parte del gobierno del cambio que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mal y ligeramente llamado huachicol refleja algo más allá que la ordeña de ductos de combustible de Pemex. Es tan sólo una parte del grado de descomposición de los niveles de la falta de toda ética a la que la sociedad mexicana asiste producto de décadas de tolerancia a la corrupción del gobierno y a la impunidad creciente, particularmente de los últimos 12 años.

Hoy la sociedad ha dicho un hasta aquí a esta penosa realidad.

Al mismo tiempo, hemos visto un comportamiento contrastante que debe llamar nuestra atención. Por un lado, la ejemplar acción de la sociedad que con su paciencia ha dado muestra clara de querer hacer las cosas de manera diferente con relación al tema de cambiar muchas cosas que ya hacen falta. La mayoría de la sociedad mexicana quiere un cambio que nos permita irnos encausando por un camino correcto en nuestro comportamiento social. Lo anterior es digno de ser aprovechado y reconocerse.

Por el otro lado, la opinión pública no ha parado en hacer señalamientos y críticas quizás con pertinencia a la estrategia o la falta de ésta, por parte del gobierno en su esfuerzo por combatir este problema que nos pone una vez más como ejemplo internacional de malas prácticas económicas y una total falta de Estado de Derecho. Un vasto volumen de críticas, especialmente al desabasto de gasolinas, ha llenado los espacios de debate público. El desabasto perjudica a la economía real en un área que afecta a 25% del PIB y que en caso de no resolverse pronto tendrá consecuencias para el desempeño de la economía el resto del año.

No obstante, hasta el momento se ha perdido el foco central del inicio del combate al robo del combustible, independientemente de la necesidad del Estado mexicano de evitar que le roben sus productos y recursos, más allá de la retórica ideológica de que son propiedad de la nación, cualquiera que ello signifique, el tema de tratar de frenar esta actividad es más profundo. Como cualquier empresa, Pemex no puede permitir que le sea robado su producto del cual obtiene sus ingresos en su caso, vitales para el desarrollo del país, sin embargo, más importante es iniciar el camino hacia una trasformación moral de nuestro comportamiento económico y político.

En algún momento se fueron perdiendo los límites de la ética en nuestro quehacer económico. El subir nuestro estándar moral en la vida pública puede ser quizás la mayor aportación del primer gobierno de Morena en México. Una actividad criminal que roba 178 millones de pesos diarios (1 millón 3000,000 pesos por habitante al día), de la que nadie dice nada, nos debe decir mucho de hasta dónde están nuestros niveles de tolerancia hacia lo incorrecto.

Son ciertas las afectaciones millonarias a las industrias por el desabasto producto del combate al robo de combustibles, nadie puede negarlo. En la práctica económica y no en la teoría estamos observando de manera nítida el costo de oportunidad, la oferta y demanda, el principio básico de la economía de la escasez. Empero, el gobierno nos está abriendo la puerta para ver, como pocas veces, el valor de la ética y el enorme peso del Estado de Derecho en la economía, lo que casi hemos perdido.

El propio padre de la economía Adam Smith como pocos argumentó la importancia de la moral en la economía. Así, se opuso al utilitarismo de Hume y, por el contrario, favoreció la conveniencia de combatir la corrupción e implantar la justicia; aún más, estableció la necesidad de las virtudes humanas y el concepto de empatía como elementos centrales de la economía. Buena parte de lo anterior, lo hemos perdido en nuestra forma de hacer economía. Fue Carlos Marx quien además impulsó la idea moral en el quehacer social cuando nos enseñó que habrá que evitar el hacer pasar intereses particulares como intereses universales. La ética es el punto de partida para todo y por todo en economía. El profesor Amartya Sen ha señalado que el hombre es, por naturaleza, ético. La economía al ser resultado del comportamiento humano es, por tanto, ética por naturaleza propia, ése me parece que es el llamado del presidente López Obrador en su lucha en contra del robo del combustible al margen de las externalidades de la coyuntura que nos da el debate político.

En las condiciones en las que se encuentra desenvolviéndose nuestra economía, el peso del Estado de Derecho y la moral no tiene comparación alguna con cualquier otro costo que por el momento se tenga que pagar.

Cortesía de EL ECONOMISTA

El Paquete Económico que presentó el gobierno del cambio se ha convertido en uno de los aspectos más relevantes para el futuro. A pesar de su sensibilidad social, tradicionalmente, se ha pretendido encasillar a los gobiernos de izquierda, como no versados en el manejo económico. Lo anterior, por su propensión a excederse en gastos con escasa rentabilidad financiera que a la larga generan crisis. Sin embargo, en el caso de México, fueron los tres últimos sexenios, no de izquierda, los que incrementaron irresponsablemente el gasto público y la deuda, sin que ello se haya traducido en proyectos de alta rentabilidad, obras de infraestructura y mucho menos en apoyo social efectivo.

Los gobiernos de Fox, Calderón y Peña subieron los niveles de deuda como porcentaje del PIB en 18%, es decir, 1% en promedio anual. Al mismo tiempo el gasto público creció 8% dentro de su proporción en el tamaño del PIB, llegando a 5.5 billones de 25 a que llega nuestra economía (22.8 por ciento). Las naciones avanzadas tienden a tener un gasto de gobierno no mayor a 10 por ciento. El gobierno de izquierda del presidente Andrés Manuel López Obrador propone un superávit primario de 1% (245 mmdp), y un compromiso de bajar la deuda como porcentaje del PIB a lo largo del sexenio, lo que sería un hito en nuestra historia económica reciente.

El Paquete Económico es realista y parte de variables macroconservadoras, quizás optimistas en las estimaciones de crecimiento y tasa de interés. Lo relevante es su visión eminentemente social, la que se puede encuadrar en tres rubros que hacen la diferencia con las propuestas económicas del pasado inmediato. En primer término, los ingresos, en donde no incrementará la carga impositiva a los contribuyentes, lo que se antoja justo y pertinente en tanto sólo cuatro de cada 10 personas que trabajan pagan impuestos debido a la informalidad en la economía. Además, existe una cantidad muy relevante de impuestos que se pierden en manos de la clase política, producto de la corrupción, por lo que pedir más a la ciudadanía no es por ahora conveniente.

Un segundo aspecto se centra en la deuda. Se buscará adquirir un endeudamiento de 540 mmdp, lo que resultaría en un superávit primario (1%), con el mantenimiento del nivel de deuda con relación al PIB (45.3 por ciento). En un tercer plano está el gasto, fundamentalmente orientado a lo social. En un país con niveles de desarrollo tan desequilibrados, se hace necesario que avance una agenda económica que ponga en el centro de las prioridades nacionales a los que menos tienen. En este sentido, es a los jóvenes y a las personas de la tercera edad a quienes se busca transferir el mayor número de recursos con 144 mmdp en los programas: Jóvenes Construyendo el Futuro y para adultos mayores.

La significativa reorientación del gasto que se ha hecho en conjunto con los anuncios del no incremento de los niveles de deuda e impuestos representa el comienzo de lo que deberá ser una nueva visión económica para el país. No obstante, este esfuerzo requerirá necesariamente del apoyo del sector privado, así como del establecimiento de medidas económicas tendientes a continuar con el proceso de desarrollo de aquellas regiones que no pueden detener su proceso de desarrollo.

En efecto, es perfectamente justificable que se reoriente el sentido de la política económica para apoyar a las personas y zonas vulnerables sin dejar de considerar a más de la mitad de población que viene creciendo económicamente. Bajo esta lógica, mientras la zonas sur-sureste, demandan las cosas más elementales para su subsistencia producto de décadas de abandono y manipulación política; los estados del Bajío y el norte requieren fortalecer su logística, capacidades de investigación y desarrollo, al igual que potenciar su desarrollo industrial y exportador. Las dos realidades deben ser complementarias y no excluyentes entre sí.

Bajo las condiciones de estabilidad y equilibrio macroeconómico que el gobierno ha propuesto, se está ante el reto de establecer un proyecto económico que atienda a las dos realidades, ya que ambas no pueden esperar. La tarea inmediata será tender puentes y convencer al sector privado para que se sume al reto, no con más impuestos, sino para acrecentar sus inversiones, en tanto, no habrá más recaudación, dinero para programas sociales y crecimiento económico en general, si no hay inversión pública y fundamentalmente privada. Por lo pronto, el Paquete Económico dejará tranquilos a los mercados, pero será su implementación y estricta disciplina lo que al final del camino, determinará el establecimiento de la confianza de largo plazo hacia el nuevo gobierno.

EL ECONOMISTA

La transformación del régimen político, que dará inició con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, tendrá un líder decidido a encabezar un profundo cambio con un poder no acumulado en los últimos 30 años y una popularidad no vista desde Lázaro Cárdenas o Adolfo López Mateos, ello abre una oportunidad económica en México. Nuestro presidente tendrá el poder necesario para hacer los cambios que considere pertinentes, poder que padeció en carne propia por décadas y tiene la credibilidad suficiente para romper con vicios que atan la fuerza del Estado y que impiden que la economía crezca de manera eficiente.

El reto es enorme. México es la economía número 15, pero con la mitad de su población en el total abandono, sin oportunidades para insertarse en el desarrollo y en donde factores como el color de piel, las preferencias sexuales y su origen étnico son motivo para ser condenada a la pobreza eterna. Esta penosa realidad se tiene que terminar.

Hoy día, todos tenemos la oportunidad de cooperar constructivamente al cambio. Existen estados que crecen a tasas superiores a las de los países asiáticos y que no pueden detenerse en su ascenso al desarrollo, pues en buena medida representan la viabilidad financiera del país. Por otro lado, los estados del sureste, teniendo riquezas naturales y turísticas, simplemente decrecen desde hace años.

Todos nos tenemos que poner muy pronto de acuerdo para construir un proyecto económico que atienda estas dos realidades. Lo valioso de la propuesta económica del presidente electo está en poner al centro a los que menos tienen con un Estado fuerte frente a la globalización. Con legitimidad ganada en las urnas, puede establecer una separación entre el poder político y los poderes fácticos, en un país en donde el poder económico ha nacido fundamentalmente del político. El tema estribará en que este cambio debe atender al México en el subdesarrollo sin descuidar al que está camino al desarrollo, de lo contrario nos quedaríamos atrapados en la fábula de Juan y las gallinas, sin lo uno, ni lo otro.

Debemos leer pronto al nuevo presidente porque no va a detener su camino por el cambio. Es momento de ser críticos, pero también generosos ante las propuestas de cambio. Por ejemplo, algunos gobernadores ven en un solo delegado una imposición, la nueva propuesta ve economías de escala, reduciendo representaciones federales que en ocasiones alcanzan 50 por estado sin que ello garantice eficiencia. En otro ejemplo, algunos empresarios ven con reservas el advenimiento del nuevo sindicalismo, mientras el cambio, soportado por el entorno internacional, lo ve como una manera de subir nuestros estándares laborales. Un ejemplo más está en el Congreso de la Unión en donde senadores y diputados, sobre todo de Morena, deben mostrar sincronía con el Poder Ejecutivo, de lo contrario se pueden desvirtuar las políticas públicas, su punto de equilibrio y rentabilidad de largo plazo.

Los ciudadanos se pronunciaron por un cambio ante la corrupción de los políticos y la inseguridad que ahoga a todos los estratos de la sociedad.

El pasado 1 de julio se definió en México la posibilidad de implementar un cambio de régimen político con el triunfo contundente del hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador por encima de las opciones de continuidad, cambio moderado e intento fallido de propuestas independientes.

El sistema de partidos, como hasta ahora lo conocemos, ha desaparecido bajo la ola de alternativas antisistémicas que recorren algunas partes del mundo democrático.

Los ciudadanos se pronunciaron por un cambio a fondo ante la corrupción desmedida de los políticos, la inseguridad que ahoga a todos los estratos de la sociedad sin distingo y la realidad de la existencia de dos naciones, la de las oportunidades y la que literalmente lleva siglos a la espera de éstas y en donde la clase media no se percibe a sí misma sólida, estable y creciente.

El ser uno de los países más corruptos e inseguros del mundo, con la mitad de sus habitantes en pobreza y con la otra mitad camino a la prosperidad, nos tiene en la antesala de un auténtico cambio de régimen político.

Sin embargo, el cambio inminente en el quehacer político nos va a enfrentar al dilema de decidir si éste incluye un cambio de modelo económico de desarrollo, cuando además asistimos al fin del ciclo expansionista de las economías más avanzadas del planeta.

En los últimos 100 años a partir de la Revolución se tienen identificadas al menos siete visiones de desarrollo, las cuales, con base en la irrefutable evidencia, han fracasado en establecer niveles sostenidos de crecimiento y cumplir con las expectativas de bienestar que se supone todo movimiento de esta naturaleza suele traer consigo. Una de las muchas explicaciones a esta situación encuentra sustento en la falta de consistencia en la implementación de dichos modelos. En promedio cada 14 años se tiende a improvisar en lo económico sin buenos resultados.

La ola antisistémica que mencionábamos no se está cuestionando un nuevo modelo económico e incluso el amago proteccionista en Estados Unidos encabezado por Donald Trump tiende a establecer nuevas reglas del juego con China más que acabar con el libre comercio global. En México, la búsqueda por poner en el centro al Estado puede resultar en una buena idea si ello se traduce en el tangible comienzo de la disminución de los altos niveles de corrupción e impunidad, se baja significativamente la inseguridad y se pone a los más necesitados como prioridad no del discurso sino del proceso de desarrollo. Pero no lo será si en ello genera un sistema extractor de rentas y no promotor de ellas o peor aún, si el Estado termina siendo parte del problema en lugar de la solución del rezago económico ancestral que padecemos.

El mandato de las urnas fue para hacer cambio verdadero, la corrupción y la inseguridad son buena parte de los motivos, empero este cambio no deberá justificar incertidumbre que derive en nuevas fases de crisis económica pues la situación puede terminar con mayor pobreza y desigualdad. El reto es gobernar básicamente para el México que no puede detenerse en su avance y para el México que ya no puede seguir esperando más tiempo pues está en la desesperanza. Bajo esta lógica, en materia económica, el nuevo gobierno tiene que articular una propuesta económica para este doble reto y transmitirla a todos para lograr el apoyo de la sociedad en su cambio de régimen.

Los primeros logros de la renegociación están por verse; es preciso aclarar que es uno de los trámites. Por el momento, México y Estados Unidos se han encargado de negociar de manera bilateral, luego será EU con Canadá y al final lo unificarán. Aun así hay un ambiente optimista entre el equipo negociador de México.

“Esperamos que tendremos una solución en el próximo par de horas o días”, comentó Guajardo a reporteros al arribar a la oficina de la representación comercial (USTR), para retomar las conversaciones celebradas anoche, junto con el canciller Luis Videgaray, con Robert Lighthizer.

Jesús Seade, representante del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que las dos partes estaban logrando avances que podrían hacer posible un acuerdo tentativo en breve.

No hay día preciso para declarar que ya se tiene un acuerdo, pero de que se acerca el día eso es lo relevante.

Aun y con la reciente declaración de Trump al señalar: “Me gusta México. Me agrada su nuevo líder. Creo que podría ser estupendo. Un poco diferente a nosotros. Creo que me va mejor con él que con ‘el capitalista’”.

Por el momento, las declaraciones explosivas ya se toman como parte de la estrategia trumpiana de acorralar a los adversarios y tratar de buscar una doble jugada.

Tras más de cinco horas de conversaciones con el representante comercial estadounidense Robert Lighthizer, Guajardo abandonó la sede de la USTR sin hacer declaraciones a la prensa. Y es que los temas difíciles que deben aún ser desahogados incluyen la denominada cláusula “Sunset”, así como los capítulos 11 y 20, los cuales ya están discutiéndose, pero con miras a una resolución próxima.

De acuerdo con versiones de la prensa internacional hay un avance considerable; el tema de estacionalidad, que era uno de los asuntos rígidos, parece que ya avanzó y también se habla de que la renegociación tiene un 70 por ciento de avance.

La llegada de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para diciembre próximo debe ofrecer calma al mercado interno, ya que él sabe lo que trae consigo la inestabilidad.

Es decir, en la parte práctica, sabe lo que ponen en riesgo las finanzas de un país, aunque no sea un “peso pesado” en la administración pública.

Mantener la autonomía del Banco de México no lo es todo. Es apenas una señal positiva; sin embargo, lo que sí preocupa al exterior es equilibrar su compromiso a la disciplina fiscal con el impulso de programas sociales para jóvenes y ancianos que serán las primeras acciones de la próxima administración para el corto plazo.

Apenas el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzasseñaló que aún existe incertidumbre sobre la implementación de las propuestas de la próxima administración, principalmente con los programas sociales, el de ahorro y de recorte salarial en las dependencias públicas, así como en la descentralización de la administración federal.

El perfil y el proyecto para el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se verá el 15 de septiembre, cuando se presente la propuesta de proyecto de Presupuesto de Egresos, que incluirá “programas nuevos”. Esa, se puede decir, será la señal que esperan los mercados y los inversores. Ya que se perfilará a donde vaya el proyecto.

Urzúa tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Wisconsin; cuando AMLO fue jefe de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), administró las finanzas del 2000 al 2003. De acuerdo con datos del Gobierno del entonces Distrito Federal, Urzúa puso freno al gasto público y redujo el nivel de endeudamiento de la CDMX de 19 por cierto a 3.3 por cierto. Además ayudó a instrumentar la pensión universal para adultos mayores. Sin embargo, temas como el Tratado de Libre Comercio y el control de precios de la gasolina, lo ponen en la mira, ya que se tiene la expectativa de que este gobierno trae un perfil más social y menos agresivo en sus políticas fiscales.

La llegada de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para diciembre próximo debe ofrecer calma al mercado interno, ya que él sabe lo que trae consigo la inestabilidad.

Es decir, en la parte práctica, sabe lo que ponen en riesgo las finanzas de un país, aunque no sea un “peso pesado” en la administración pública.

Mantener la autonomía del Banco de México no lo es todo. Es apenas una señal positiva; sin embargo, lo que sí preocupa al exterior es equilibrar su compromiso a la disciplina fiscal con el impulso de programas sociales para jóvenes y ancianos que serán las primeras acciones de la próxima administración para el corto plazo.

Apenas el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzasseñaló que aún existe incertidumbre sobre la implementación de las propuestas de la próxima administración, principalmente con los programas sociales, el de ahorro y de recorte salarial en las dependencias públicas, así como en la descentralización de la administración federal.

El perfil y el proyecto para el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se verá el 15 de septiembre, cuando se presente la propuesta de proyecto de Presupuesto de Egresos, que incluirá “programas nuevos”. Esa, se puede decir, será la señal que esperan los mercados y los inversores. Ya que se perfilará a donde vaya el proyecto.

Urzúa tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Wisconsin; cuando AMLO fue jefe de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), administró las finanzas del 2000 al 2003. De acuerdo con datos del Gobierno del entonces Distrito Federal, Urzúa puso freno al gasto público y redujo el nivel de endeudamiento de la CDMX de 19 por cierto a 3.3 por cierto. Además ayudó a instrumentar la pensión universal para adultos mayores. Sin embargo, temas como el Tratado de Libre Comercio y el control de precios de la gasolina, lo ponen en la mira, ya que se tiene la expectativa de que este gobierno trae un perfil más social y menos agresivo en sus políticas fiscales.

Estimado Don Carlos: He disfrutado enormemente su trabajo, su programa de entrevistas era un verdadero agasajo de transparencia y entretenimiento, mención especial la película Nosotros los Nobles, la que semestre tras semestre refiero a mis alumnos en la Ibero, el Tec y la UP, en donde imparto clases. Es usted un referente que respeto. La semana pasada leí su carta en El Universal, dirigida al candidato Ricardo Anaya, cuestionándole qué le pasó y diciendo que cayó al tercer lugar en las encuestas cuando millones de personas están atentas para decidir su voto útil. Yo me pregunto, cuándo le mandará una carta a José Antonio Meade para preguntarle qué piensa del libro: La Estafa Maestra, producto del premiado ejercicio periodístico de Animal Político, o por qué a una semana de las elecciones va de gira a Tabasco con Carlos Romero Deschamps y lo elogia justo el día en el que el diario Reforma mostró un episodio más de su cuestionado modo de vivir, poco acorde con el de un líder sindical común, o por qué con la persona que me consta que es, no pudo evitar que lo postulara por el PRI, habiendo tantos partidos políticos.

También me pregunto si habrá carta a Jaime Rodríguez “El Bronco” preguntándole por qué llegó a la candidatura con la sospecha y repudio de todos los que saben que fue con ayuda del sistema, o por qué mis amigos de años dentro del PRI me comentan que cuentan que su “maquinaria” y “estructura territorial” tendrá sus votos para ganar. Me dicen que Usted fue contratado por la campaña del PRI para asesorar al candidato, quizá por eso el intento de cambio de imagen y su carta al candidato del Frente por México. Lo que me dará tristeza es no ver al menos dos cartas más y saber que aprovechó su buen nombre y pluma para difundir el lugar en las encuestas que su contratante no ha tenido en ocho meses, justo a días de las elecciones. Yo le pregunto: ¿Habrá sido para justificar su labor?

PD. Ayer a las 7 PM Consulta difundió su encuesta al 24 junio AMLO 37.7 Anaya 20, Meade 17, y 21 no declara; le informaron mal, su candidato no va en segundo lugar.

La economía de México presenta enormes retos, tanto acumulados como hacia el futuro. Los niveles de pobrezay marginación que se han sumado a lo largo de cientos de años y la inestabilidad financiera global, así como las políticas proteccionistas comerciales iniciadas por el presidente Donald Trump con un dólar producto del endurecimiento del ciclo monetario de la FED y que, por cierto, esta condición será por muchos años. Estos retos permiten hacer un comparativo de las propuestas económicas de los dos candidatos que tienen posibilidades de ganar la presidencia: Anaya y AMLO.

AMLO propone regresar al modelo económico de desarrollo utilizado en los sexenios de los expresidentes priistas Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, de 1958-70, conocido como Desarrollo Estabilizador o “milagro mexicano”. Este modelo generó un crecimiento de 6 por ciento sostenido durante 12 años a costa de una inflación muy alta y se caracterizó porque el tipo de cambio peso/dólar era controlado por el gobierno, pues el Banco de México no era un órgano autónomo del Estado mexicano. El crecimiento fue fundamentalmente sostenido por una importante participación del gobierno en la economía vía gasto público, mientras que el comercio exterior no era un sector desarrollado como tampoco el industrial. En cuanto a una fuente de inversión, cancelará la Reforma Energética. La desconfianza mutua entre empresarios y candidato será un tema que estaría permanentemente presente en su gobierno.

Anaya busca mantener la economía abierta hacia el exterior e incluso profundizar la autonomía del Banco de México para que el tipo de cambio siga en su proceso de libre flotación conforme a oscilaciones de mercado.

Igualmente, la economía estará basada en una participación determinante del sector privado como principal fuente de creación de empleos y aumentar significativamente la inversión pública en infraestructura, educación, ciencia y tecnología. En el caso de la Reforma Energética la mantendrá. En cuanto a las gasolinas, disminuirá el IEPS a fin de bajar su precio final al consumidor.

El principio de libertad económica y suma con los empresarios son base de su propuesta económica. En suma, Anaya es sinónimo de economía abierta y AMLO de economía de gobierno, entre ambas habrá que elegir este 1 de julio.

Estados Unidos ha iniciado una guerra comercial con Europa, Japón y Norteamérica. El presidente Donald Trump hace un mal cálculo dentro de la esquizofrénica política comercial que quiere impulsar en pleno siglo XXI. Para México, lo imperativo hoy, es atender esta guerra comercial con los instrumentos que las reglas del comercio le otorgan y será mucho después cuando haya espacio para pensar en un nuevo TLCAN.

Nos tardamos en entender, nos perdimos en las banalidades de Trump sin darnos cuenta de que el problema desde el principio siempre fue su proteccionismo, su populismo de derecha y su antimexicanismo.

Como mexicanos nos debe preocupar el futuro. A las ideas y acciones surgidas de una persona como el presidente Trump se les debe contrarrestar con una visión de futuro, con la fuerza de la apertura hacia el mundo, el multilateralismo, con lo actual y lo moderno. Nuestra economía quizá no sea ejemplo de desarrollo y abatimiento de la pobreza y mucho menos está soportada por una sólida base de estado de derecho.

Sin embargo, es claro que el modelo económico propuesto por López Obrador es exactamente el menos indicado para afrontar esta actualización de riesgos económicos y financieros que enfrentará México.

En múltiples ocasiones López Obrador ha mencionado su intención de regresar a un modelo económico de tantos que México probó hace décadas. Por si hubiera duda de su propuesta, en su espléndido artículo de la revista Nexos del 1 de junio, Héctor Aguilar Camín vuelve apuntar sobre el desarrollo estabilizador propuesto por AMLO. El también llamado “milagro mexicano” se caracterizó por un crecimiento de 6 por ciento sostenido a costa de una muy alta inflación, por una economía cerrada hacia el comercio exterior y por un control del tipo de cambio por parte del Gobierno y, desde luego, por la falta de autonomía del Banco México. Por 12 años, México tuvo un peso fuerte, 3 pesos por dólar, pero al no sostenerse, la devaluación súbita cobró la factura creando más pobres que nunca, llevando a nuestra moneda al piso de 12 pesos por dólar. En este momento, frente a Trump, sin TLCAN, con un dólar muy fuerte, la economía que quisiera implantar en caso de ganar la Presidencia, López Obrador, no es la indicada. El controlar el tipo de cambio con una paridad fija, cerrar la economía, mantener una estabilidad artificial desde el Gobierno representa un muy alto riesgo económico frente a un muy alto riesgo económico ya enfrente.

Con cierta burla el hackeo en el Banco de México fue una especie de huachicoleo pero millonario. Los montos involucrados en envíos irregulares y sujetos a revisión tras ataques a sistemas cibernéticos de cinco entidades financieras en las últimas semanas ascienden a unos 300 millones de pesos.

Según el gobernador del Banco Central, Alejandro Díaz de León, se tienen registrados cinco participantes con vulneraciones de ciberseguridad.

“Todos los ataques que se han observado han sido dirigidos hacia los bancos, casas de bolsa y otros participantes del sistema de pagos.

Éstos han estado enfocados en los sistemas de los participantes con los que se conectan al SPEI”, detalló en conferencia de prensa.

Sin embargo, estas cantidades millonarias no cuadran con lo reportado por la Asociación de Bancos de México (ABM), ya que en su momento, Luis Robles Miaja, vicepresidente de los banqueros organizados, señaló que las pérdidas por el reciente ataque cibernético a algunos bancos en México son de poco más de 100 millones de pesos y minimizó el tema, ya que señaló que son montos pequeños respecto a lo que se maneja en todo el sistema financiero.

Pero lo que se sabe es que este huachicoleo financiero tenía aproximadamente un mes en la mira de los hackeadores. Ya que el sistema de pagos comenzó a sufrir retrasos por lo que genera más sospecha que este “robo” fue perfeccionando el método de asalto.

Aún falta que se tengan datos más precisos y a lo mejor desciende la cifra de 300 mdp, pero por el momento el boquete es histórico.

Los recursos de los clientes de instituciones financieras están seguros, no estuvieron en peligro y no han sido el objetivo de ataques. Pero no se debe bajar la guardia y ahora también falta que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tome cartas en el asunto y tenga una evaluación de esta situación.

Incluso la Agencia de Investigación Criminal, a través de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas (UICOT) recaba los registros y procedimientos de operación de todos los sistemas involucrados que soportan la operación del sistema SPEI y que fueron vulnerados.

Las negociaciones de un nuevo acuerdo con la Unión Europea (UE) son parte de los planes de expansión y diversificación de los mercados comerciales a los que México comenzó a explorar, a raíz de los sinsabores de Donald Trump.

El paternalismo impulsado por el Gobierno estadounidense e incluso el alejamiento de los acuerdos comerciales es una señal que México ha entendido y debe voltear a otras economías abiertas y con apetito de comercializar. A final de cuentas, lo que se busca es modernizar el TLC y volver a insertarse en la economía global, con más herramientas de desarrollo e impulso económico.

Con este acuerdo concretado con la Unión Europea se refuerza la red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países (TLC), 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIS) con 33 países y nueve acuerdos de alcance limitado.

Las autoridades económicas del país consideran que “la estrategia de diversificación comercial lleva justamente a reducir esta dependencia de la economía de México”. El tratado con la UE es relevante en una coyuntura clave para México, que paralelamente lleva a cabo negociaciones con Estados Unidos y Canadá del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), así como la consolidación de su entrada a mercados asiáticos a través del TPP.

La producción de alimentos de México es otro mercado importante. Y es que con las medidas proteccionistas dentro de la región del Tratado de Libre Comercio con América Latina, las cuales Estados Unidos quiere volver a imponer, es retroceder y va a contribuir a menores flujos comerciales, afectando varios sectores económicos.

Por ello se requiere apostar a la innovación y a la diversificación. Europa es un socio que está activo en el mediano plazo y serán Argentina y Brasil posibles nuevos jugadores importantes en intercambio comercial. Se requiere generar una verdadera alianza de unidad entre los distintos sectores, diversificación de mercado y generar confianza hacia el exterior y para ello se requiere todo un nuevo modelo de economía que tiene que ver con aspectos fiscales, laborales y financieros.

En días recientes, Estados Unidos y China entraron en un proceso de choque comercial con visos de “guerra”. Este concepto bélico aplicado a lo comercial no es más que la adopción por parte de una o varias naciones de barreras comerciales o altas tarifas de pago a los productos de uno o varios países.

A final de cuentas, la Organización Mundial de Comercio (OMC) y sus integrantes deben detener “la caída de las primeras fichas de dominó” en una guerra comercial, pues esto podría derivarse en una profunda recesión mundial.

Frente a tal situación, el director de la OMC, Roberto Azevedo, señaló a través de un cable de prensa que “la organización está claramente preocupada por el anuncio de los planes estadounidenses de (imponer) aranceles sobre el acero y el aluminio. El potencial de escalada es real, como hemos visto en las respuestas iniciales de otros.

Y agregó: “Una guerra comercial no está en el interés de nadie. La OMC estará observando la situación muy de cerca”.

China presentó el jueves formalmente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) una denuncia contra Estados Unidos por los aranceles impuestos a los productos chinos, bajo el alegato de que estas cargas exceden los tipos consolidados de Estados Unidos y son incompatibles con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GAAT, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con las versiones acerca de lo que es una guerra comercial, los economistas por regla general opinan que este tipo de enfrentamiento es muy poco productivo, con una gran influencia negativa sobre el bienestar social y económico de las naciones implicadas; sin embargo, los politólogos consideran la amenaza que supone una guerra comercial como una importante ayuda a la hora de obtener concesiones de otro tipo.

A final de cuentas, el proteccionismo de Donald Trump es lo que ha motivado la guerra comercial. Aunque se advierte que se trata de una medida por parte de Estados Unidos a fin de ejercer presión contra los países y conseguir beneficios comerciales mediante una política de una negociación apretada y llena de beneficios para el país que ataca primero.

Al parecer será este año cuando se concrete, a nivel internacional, el análisis de la regulación de las criptomonedas. En el mundo se trabaja en nuevas leyes para regular esta industria, cuyo propósito es crear una base sólida para el desarrollo y evitar que se especule con estas monedas virtuales.

La decisión se sustenta debido al aumento en el valor del bitcoin, que condujo a grandes aumentos de los “activos” asociados con éste. Pero la necesidad de regularlas crece, ya que las criptomonedas pueden usarse con fines ilícitos, pues están fuera de las jurisdicciones nacionales.

Al menos en el mercado de moneda virtual hay 10 criptomonedas que se manejan, desde la popular bitcoin, hasta ethereum, ripple, dash y, recientemente, Venezuela lanzó el petro.

Hace poco, en la reunión de líderes financieros del G-20 se coqueteó con la idea de regular las monedas virtuales, ya que hay delitos cibernéticos que involucran a esos activos y el temor a que puedan ser utilizados para el crimen ha levantado llamados a acciones concertadas por parte de los reguladores globales.

Por el momento, los analistas descartan que los “criptoactivos”amenacen la estabilidad financiera, pero pueden servir para lavar dinero o financiar el terrorismo y perjudicar a los consumidores que los compran.

La tecnología detrás de esas monedas tiene el potencial de promover la inclusión financiera, pero conlleva riesgos como la evasión fiscal y el financiamiento de actividades ilícitas. A principios de año, un grupo de investigadores financieros de las organizaciones Interpol y Europol de unos 30 países asistió a un taller de criptomonedas a fin de conocer las medidas que es posible tomar para combatir el uso indebido de las monedas virtuales en operaciones hechas por grupos delincuenciales.

Deberán ser los bancos centrales los que tomen cartas en este asunto, ya que se debe entrar en una dinámica estable y de un sistema de pago funcionales para salvaguardar “el valor real” del dinero.