¿Qué es una sociedad decente? Se preguntó con insistencia Avishai Margalit hace ya más de dos décadas. En el texto del mismo nombre, el pensador israelí respondió que la sociedad decente es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas.

Y ofrece una distinción en términos éticos: la sociedad civilizada es aquella cuyos miembros no se humillan unos a otros –asuntos sobre los que tradicionalmente se ocupa el derecho privado-; mientras que los Derechos Humanos se ocupan de crear sociedades decentes: aquellas cuyas instituciones no humillan a los ciudadanos.

Es ineludible preguntarse qué significa, humillar. Margalit sugiere que la humillación sólo puede ser atribuible a las acciones u omisiones de los hombres respecto a otros hombres en la convivencia social; es, el tipo de conducta que constituye una buena razón para que una persona considere que se le ha faltado al respeto.

En términos de convivencia democrática, un gobierno humilla a sus ciudadanos cuando sus acciones u omisiones ponen en riesgo la integridad y el mantenimiento corporal de sus ciudadanos. Esto, se traduce en faltas en el derecho a la salud, el derecho a la vivienda digna o el derecho al trabajo.

Traigo a cuenta estas ideas pues, todo indica, que habrá una importante recesión económica en 2020. El famoso economista, Nouriel Roubini ha anticipado una importante recesión económica para el año que viene. Roubini fue de los pocos economistas que reconocieron las señales de la peligrosa burbuja inmobiliaria que llevó al mundo, apenas hace once años, a la Gran Recesión; por ello, es conocido como “Dr. Doom”.

No se trata de la falla de un gobierno, o de los gobiernos de una región; estamos, nuevamente, en medio de un torbellino mundial. En opinión del economista, la tensión económica entre China y Estados Unidos es uno de los factores preponderantes para la tormenta que viene. “Este divorcio se va a poner feo en comparación con el divorcio entre Estados Unidos y la Unión Soviética”.

Esta nueva gran recesión tendrá que ser enfrentada por presidentes populistas. Y eso es, en mi opinión, una prueba definitiva pues impacta directamente en los escenarios electorales y en la idea de país que habían proyectado los gobiernos populistas.

La Gran Recesión de 2008 se enfrentó con medidas de austeridad impuestas por la Troika a la Unión Europea pero, especialmente, a Grecia, Italia y España. Las medidas fueron difíciles para los ciudadanos pues el derecho a la salud, vivienda y empleo fueron vulnerados. Se creó, así, una nueva clase social: el precariado cuyos votos llevaron al poder a los gobiernos populistas que, en las próximas semanas, tendrán que enfrentar una nueva recesión.

Bajo este escenario, es buen momento para recordar que ningún gobierno puede humillar a sus ciudadanos: no pueden faltar medicinas ni recortes en el sistema de salud; la creación de empleos y la desprecarización salarial tendrán que mantenerse; y habrá que adelantar un sistema para proteger la vivienda de los ciudadanos.

Por inverosímil que suene, los españoles irán por cuarta ocasión a las urnas para elegir presidente de gobierno. Confían en que, el 10 de noviembre, se logre una ordenación de fuerzas políticas que permita hacer gobierno.

Al parecer, las fuerzas partidistas únicas son cosa del pasado y los políticos españoles tendrán que aprender nuevas formas de convencer al electorado que, en mi opinión, han de guiarse por los “principios irrenunciables”: las alianzas que no son factibles y las políticas no negociables.

Es decir, la propuesta de alianza —en el intento pasado— entre el PSOE y Vox fue rechazada por los votantes; en ese sentido, para ellos era impensable pactar con un partido de ultraderecha con tal de que Sánchez hiciera gobierno. Para esta contienda, ya se han hecho ofrecimientos con el PSOE dos partidos ideológicamente opuestos: Ciudadanos y el Partido Popular. Y sí, aunque suene inverosímil la derecha extendió la mano a la izquierda. En caso de ganar y hacer gobierno, la administración padecería estrabismo, pues no hay una visión compartida. A esto me refiero con dejar claros los irrenunciables para los votantes.

La falta de acuerdos partidistas ha generado un oneroso desgaste electoral. Por un lado, la organización del día de la votación es cara; hacerlo cuatro veces en cuatro años es, simplemente, un derroche. El único partido que ha ganado con este vacío de poder es Vox que, sigilosamente, crece con sus propuestas de ultraderecha. El PP, el PSOE y Unidas Podemos han tenido variaciones a la baja. Por su parte, Ciudadanos se mantiene.

Hacía tiempo que la división entre izquierdas y derechas no había sido tan marcada; al tiempo que las diferencias entre los partidos de izquierda se han vuelto irreconciliables. La lucha entre Sánchez e Iglesias ha creado una zanja que parece infranqueable.

La novedad es la presencia del partido de Iñigo Errejón, Más País, que se presenta como una opción de izquierda institucional y razonable. El nuevo partido ha tenido un lanzamiento espectacular y, en algunas provincias, se calcula que alcanzarían el 10 por ciento de los votos. La irrupción de este nuevo partido se ha nutrido de miembros de Podemos; aunque las encuestas indican que los votos los perdería el Partido Socialista. Más País abandera a los dos movimientos con más eco entre los jóvenes votantes: la política verde  y el feminismo.

Así, los candidatos que estarán en las boletas son: Pedro Sánchez, por el PSOE; Pablo Casado, por el PP; Pablo Iglesias, por Unidas Podemos; Albert Rivera, por Ciudadanos; Santiago Abascal, por Vox; Iñigo Errejón, por Más País.

El desacuerdo político beneficia, solamente, a los radicales. Sólo por ese riesgo es indispensable consensuar con las diferentes fuerzas políticas. Eso, o ganar con contundencia; el problema es que ninguno de los partidos convence.

La llamada con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha sido desastrosa para la administración Trump. Conforme avanza la investigación, se abren más flancos débiles para el mandatario y todo anuncia el principio del fin del delirio político de la mal nombrada “Era Trump”.

En medio de los tirones partidistas, hay dos hechos que, a todas luces, son muy difíciles de explicar. El primero tiene que ver con el almacenamiento clasificado de las llamadas cuando, en principio, no hay motivos legales que lo justifiquen. Al parecer, Trump abusó de su poder presidencial de dos maneras; primero, pidiendo favores políticos a cambio de inversión y apoyo a dos países: Ucrania y Australia. El lunes por la tarde, el  publicó que dos oficiales escucharon la llamada en la que el presidente pedía al primer ministro de Australia que los ayudara a minar la investigación del fiscal especial Mueller, sobre la injerencia rusa en la campaña de 2016. De esta forma, Trump habría utilizado su posición en la Casa Blanca más como una oficina de campaña o como un lobby político internacional con horizonte electoral: esconder los actos de campaña de 2016 y debilitar a sus opositores políticos.

Esto es francamente complicado, pues el presidente comprometió —de facto— la seguridad y la política de su país a cambio de favores personales: sobrepuso el interés personal sobre los intereses de su país. Y eso, que nadie lo dude, excede sus atribuciones, puso en riesgo a la democracia de Estados Unidos y muestra el uso caprichoso del almacenamiento de las intervenciones del presidente.

Por si fuera poco, sabemos que a Trump le gusta mentir; lo ha hecho 80 veces por día desde el día de la inauguración presidencial y, sobre la asistencia a ella, también mintió. Su periodo ha sido el imperio de la posverdad; hasta que dejó de serlo con la solicitud de impeachment y el testimonio del informante. Las piezas, las declaraciones y las evidencias empiezan a asfixiar al presidente que ha usado las amenazas como defensa: habló de “eliminar al informante” y dijo que si iniciaban su juicio político “estallaría una guerra civil”. Y, nuevamente, esas declaraciones son motivos suficientes para solicitar su remoción del cargo.

Otro aspecto difícil es la participación de Mike Pompeo, secretario de Estado, y de Rudolph Giuliani en el intercambio con el presidente de Ucrania y su gabinete. La presencia del abogado personal de Trump en las reuniones oficiales con delegaciones extranjeras es completamente inadecuada. Si, además, se añade la participación de Pompeo, entonces tenemos una fórmula de compadrazgo o de cofradía lejana a las exigencias de la política de Washington.

Giuliani ya ha sido llamado a testificar y tendrá que explicar a la Cámara los motivos y la justificación legal de sus interacciones en el caso Ucrania. Aunque el viejo abogado neoyorkino ya ha adelantado su posición, más cercana a una amenaza que a una respuesta: “no actué por cuenta propia”.

Trump está desesperado; lo dice su lenguaje corporal, sus inhabituales silencios y sus amenazas.

Al final, después de tantas tropelías y desplantes, los miembros de seguridad de la Casa Blanca se han atrevido a decir lo que sabíamos todos: el emperador está desnudo mientras rompe leyes, chantajea, amenaza y abusa de su poder.

Todo indica que la justicia se acerca a cobrar factura y, frente a ella, las lealtades golondrinas emprenderán el vuelo en busca del mejor postor.

La mañana del martes, la Corte Suprema de Reino Unido sorprendió a todos cuando señaló que la decisión del primer ministro, Boris Johnson, de cerrar el Parlamento, es ilegal. De manera unánime, la Corte señaló que el Parlamento debería retomar sus actividades al día siguiente; por si fuera poco, no hay posibilidad jurídica alguna para la apelación.

La decisión de la Corte ocurre en medio de la disputa por el Brexit que tantos dolores de cabeza ha dado a políticos y ciudadanos. Esta misma discusión, sobre la viabilidad y los términos de la salida de la Unión Europea, es la que le ha costado el puesto a James Cameron y a Theresa May. De acuerdo con las declaraciones de Jeremy Corbyn, líder de la oposición, Boris Johnson no será la excepción.

En 26 breves e impecables cuartillas, la Corte se pregunta si era legal y justiciable en un tribunal la solicitud del primer ministro a la reina de suspender las actividades del Parlamento. La figura existe, es viable y se ha utilizado en diferentes ocasiones; sin embargo, la Corte se pregunta si la solicitud y los motivos fueron legales o fue un subterfugio antidemocrático para que el primer ministro impusiera su plan de gobierno e impidiera la acción del Parlamento.

La Corte señaló con contundencia que el primer ministro había actuado de forma ilegal. Ése es un señalamiento vergonzoso y definitivo.

En ese sentido, la resolución de ayer es un sano ejemplo de la división de poderes, pues es la manera de pulverizar los caprichos y preservar los principios constitucionales que animan a los Estados. Así, ningún plan de gobierno puede imponerse sobre el Poder Legislativo ni el Judicial; las subordinaciones sospechosas —mediante el voto por bancadas partidistas o los nombramientos de jueces leales al régimen— son, también, corrosivas por antidemocráticas.

Los países y sus instituciones deben ser más sólidas que los delirios, errores o traspiés de los actores políticos en turno. En ese sentido, los ministros de la Corte preservaron los principios que animan a Reino Unido y actuaron, sin duda alguna, de manera ejemplar.

Boris Johnson acató la resolución pero atajó con una respuesta inaudita: el Brexit debe hacerse, tal y como está previsto, porque también lo ordena una ley. Eso es, en todo caso, debatible, pues el Parlamento tiene el deber de discutir, plantear y repensar un tema tan delicado y con consecuencias entre países y generaciones.

En los próximos días iniciarán las batallas por el poder, el Brexit y el reajuste en el gobierno. Más allá del resultado final, hay que celebrar la valentía y la precisión de la Corte que, en medio de un mundo gobernado por personas que prefieren el carisma a la ley, supo precisar la importancia de la división de poderes y del respeto a las leyes y a las constituciones.

Johnson, cegado por su soberbia, se tropezó con su sombra; no contaba con los otros poderes que alumbran el difícil camino de la democracia.

La noche del 8 de noviembre de 2016 aparece lejana en nuestra memoria. No lo es. El inesperado triunfo de Donald Trump fue el inicio de una cadena de despropósitos, retos al orden constitucional, a las formas políticas, a los medios de comunicación.

La idea un impeachment se puso en la mesa de discusión antes que la invitación a la ceremonia de inauguración presidencial de enero. Los motivos eran simples: Donald Trump no tenía la robustez moral, la compostura política ni la sabiduría de un hombre de Estado. Por todo esto, muchos pensamos que, más temprano que tarde, cometería un error que desencadenaría un proceso de impeachment.

Más allá de las divergencias políticas o los enfoques específicos sobre las soluciones a las crisis de gobierno, la presidencia de Donald Trump ha estado marcada por una laxa comprensión de las responsabilidades que conlleva la Oficina Oval.

Trump “gobernó” a tuitazos; así despidió a colaboradores de alto nivel, atacó a presidentes, desestimó a la prensa. La investigación de Robert Mueller y la injerencia de Rusia en las elecciones no alcanzó para fincar cargos; tampoco el despido de James Comey y la obstrucción a la justicia; ni los pagos a la stripper Stormy Daniels; tampoco los señalamientos de nepotismo. Los demócratas fueron muy cautelosos y supieron esperar un caso fuerte para enfrentar la batalla en el Senado.

Trump no ha actuado conforme a las obligaciones de la investidura presidencial sino con los desplantes, el autoritarismo y el capricho de un régimen cesaropapista, en el que su palabra es la ley, su familia está ungida por la gracia presidencial para asumir misiones diplomáticas de alto nivel, y las doncellas deben agradecer por ser atacadas.

Más allá de las formas, son las reacciones viscerales, el desprecio por las instituciones de gobierno y la falta de estima por las leyes, las que crearon las condiciones para la investigación y posible impeachment, por la solicitud al gobierno de Ucrania de investigar a un rival político, Joe Biden. En ese sentido, la tinta que escribió la solicitud de impeachment salió desde la Casa Blanca y refleja las sombras que oscurecieron la elección anterior. A Donald Trump solamente le tomó dos años, 10 meses y 16 días repetir las huellas de ilegalidad sobre las que ha transitado durante toda su vida.

En palabras del protagonista de la película El secreto de sus ojos: “Uno puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de dios; puede hacer cualquier cosa para ser distinto. Pero hay una cosa que no puede cambiar ni él, ni usted, ni yo, ni nadie… No puede cambiar de pasión”. Y la pasión de Trump es el poder sin límites, por encima de la ley, a pesar de todos… los demócratas sólo necesitaban paciencia y prudencia para esperar el caso ideal y solicitar el impeachment. Y, las tuvieron.

El proceso que inició ayer será un camino difícil, aunque no imposible: los depredadores saben atacar pero se equivocan cuando se tienen que defender. Además, los mil 50 días de delirio han hecho mella en la opinión pública. Trump tendrá que dar cuenta de sus excesos con el arma de sus pasiones; no creo que tenga éxito.