Los videos del 3 de mayo en Puebla constituyen un llamado impostergable para que se dictamine la iniciativa en la materia, que han urgido no solo las fuerzas armadas, sino también los gobernadores, independientemente de su origen partidista.
En los videos de la noche del 3 de mayo en Palmarito Tochapan, Puebla, se aprecian una emboscada y dos homicidios.
Desde luego que aún no se cuenta con los dictámenes de las autoridades competentes sobre la autenticidad de los videos, la narrativa que presentan y el origen de sus imágenes.
Hasta ahora, lo que podemos ver son escenas que dan una idea de la violencia que enfrentan los cuerpos de seguridad del país y, en este caso concreto, los elementos del Ejército.
Se trata de una violencia mortal. Allí no hay avisos ni formalidades. Las balas no dialogan. Surgen los agresores y disparan. Los militares responden. Una emboscada se hace para tomar ventaja, para matar y salir ileso. Los presuntos hauchicoleros están allí para matar militares y los militares para impedir que esa región sea controlada por el crimen.
Los primeros están allí porque quieren; los segundos, porque son soldados. Los primeros pretenden conservar lo que suponen es su derecho a delinquir; los segundos, frenar a la delincuencia organizada; los primeros defienden su ilícito negocio, los segundos a la población, a usted y a mí incluidos.
Las escenas, como tantas otras semejantes, muestran los riesgos inherentes a la dura tarea de combatir a grupos criminales. Supongo que la sensación de estar allí, frente a delincuentes que han probado y reiterado su vocación homicida y su crueldad, es inimaginable para nosotros, ciudadanos comunes. Simplemente está fuera de nuestro alcance recrear lo que, por fortuna, no tenemos que vivir.
Militares y marinos tienen que hacerlo. Una y otra vez. Desde hace años. Y no por su gusto ni porque lo hayan pedido. A mí, que no tengo ni quiero tener la más remota vivencia de un combate, me parece que su trabajo es heroico y merece ser reconocido.
En los videos de Palmarito puede verse cómo un hombre que está en el suelo, bocabajo, aparentemente herido, recibe un disparo en la cabeza, presuntamente realizado por un militar. Si se confirma que así es, ese elemento del Ejército deberá enfrentar las consecuencias penales de su conducta. Es inaceptable que un agente del Estado, independientemente de la institución o corporación de la que forme parte, prive de la vida a una persona sometida. Ello contraviene principios fundamentales de los derechos humanos.
Esa acción corresponde a un militar y deberá ser castigada. Lo mismo que eventuales conductas similares. Ello no debe conducirnos, sin embargo, a condenar a todos los integrantes de las fuerzas armadas ni a éstas como tales. Tampoco debe confundirnos: los enemigos sociales son los delincuentes y, hasta ahora, son las fuerzas armadas las únicas que han sido capaces de hacerles frente.
Llama la atención la cantidad de voces que acusan al Ejército por este hecho, en contraste con las pocas que se refieren al asesinato por la espalda de un militar, lo que puede apreciarse en el mismo video.
Solo como un ejercicio reflexivo, imagine usted qué tanto se estaría diciendo ahora si, en lugar de un delincuente, hubiera sido un soldado quien dispara por la espalda a un presunto criminal. Habría una enorme cantidad de voces indignadas, con razón, por este hecho. Pero como fue un delincuente el que disparó y un militar el que cayó, no hay más que silencio. Normal.
Lo mismo habría ocurrido si un militar hubiera estado en el piso, indefenso, y un delincuente lo hubiera ejecutado. Normal. Ellos son los malos y tienen derecho a actuar así.
Insisto: si soldados u oficiales violentan derechos humanos deben ser sancionados. Las instituciones y sus integrantes deben desempeñarse en el marco de la ley. Pero esta aseveración no implica desconocer la magnitud del desafío que enfrentan las fuerzas armadas ni la violencia que se cierne sobre ellas; tampoco debe llevarnos a desconocer el papel que desempeñan ahora en defensa de nuestra muy lastimada paz. No podemos ser ingratos ni mezquinos con quienes defienden a la población de los criminales.
Por estas y otras razones es que debe legislarse sobre Seguridad Interior, lo que no significa impunidad para nadie sino seguridad jurídica para todos. Quienes hayan leído la iniciativa presentada por los diputados César Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales tendrán claro que en ella no hay una sola frase que implique privilegios ni fueros ni velos de impunidad para las fuerzas armadas.
Basta leer la iniciativa, y no a quienes escriben sobre ella sin haberla leído, para darse cuenta de que no existe en su texto nada que tenga que ver con la restricción o la suspensión de los derechos humanos. Por el contrario, éstos quedan expresamente a salvo en su artículo 9.
Los hechos de Palmarito constituyen un llamado impostergable para que se dictamine la iniciativa de seguridad interior, que han urgido no solo las fuerzas armadas, sino también los gobernadores, independientemente de su origen partidista.
Lo sucedido allí, que debe ser investigado para conocer la verdad de los hechos y para que los responsables sean sancionados, nos recuerda una vez más la holgura con la que actúan los criminales, en tanto que quienes los combaten en defensa de familias, comunidades y ciudades enteras ni siquiera cuentan con un marco legal que les brinde la más mínima seguridad jurídica, marco que a la vez garantizaría también la seguridad y los derechos humanos de la población.
Si se trata de ver por el país, seguramente estos lamentables hechos convocarán a todos aquellos que se preocupan por los derechos humanos para pronunciarse en favor de una Ley de Seguridad Interior.
* Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados @mfarahg
